Por Walter Aldana
Con 75 votos a favor y dos en contra, el Senado aprobó en sexto debate el proyecto de acto legislativo que reforma el Sistema General de Participaciones previsto en los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.
La reforma prevé aumentar los recursos que la Nación transfiere a los departamentos y municipios con un incremento anual del 2,6% durante los próximo diez años, lo cual significará que las transferencias por el Sistema General de Participaciones pasen del 23% de los ingresos corrientes de la Nación actualmente al 46,5%.
De aprobarse la reforma en la Comisión Primera y en la plenaria de la Cámara de Representantes el acto legislativo significará un acto de justicia con aquellos departamentos y municipios que, si bien no participan en forma significativa en el Producto Interno Bruto, sí realizan un importante aporte con mayor riqueza de biodiversidad ambiental del país. Esos territorios se verán beneficiados con el aumento de los recursos de inversión en los bienes y servicios a favor de sus pobladores. Ello significará el cumplimiento de un compromiso del gobierno del Cambio con los territorios más olvidados.
Algunas voces se han opuesto a la reforma argumentando que existe corrupción en las regiones, como si ese no fuera un mal endémico que carcome los recursos de las grandes ciudades y de la Nación misma. La inequidad del Sistema General de Participaciones se muestra en las extensiones de la patria donde el nivel de satisfacción de las necesidades es menor que en las grandes ciudades; esas extensiones de la otra Colombia donde los aeropuertos y las autopistas de cuarta y quinta generación no llegan, donde las oportunidades de generación de ingresos son mínimas, lo cual llevó a parte de sus pobladores a cultivar hoja de coca, marihuana y amapola.
En departamentos como nuestro amado, rebelde y digno Cauca nos estremece saber que una alcaldía menor de Bogotá, tiene más de $ 1 billón de presupuesto anual, aunque sí muchos más pobladores, quienes tienen un alto porcentaje de necesidades básicas satisfechas, contrariamente a nuestros municipios, casi todos de categoría quinta y sexta, donde los dineros de libre inversión son mínimos. Un ejemplo: Guapi, en nuestro litoral Pacífico, no cuenta con más de $40 mil millones para inversión y el 68% de sus pobladores tienen sus necesidades básicas insatisfechas (NBI).
El Senador Ariel Ávila, ponente del proyecto de acto legislativo, sustentó la necesidad de su aprobación señalando que la reforma significa “cumplir una promesa de la Constitución del 91 en relación al Sistema General de Participaciones” en tres aspectos: el aumento de las transferencias de la Nación a los municipios y departamentos; derrotar el “apartheid geográfico” al que están sometidas varias regiones, y “superar el histórico de pobreza monetaria” con relación al promedio nacional, que sitúa al Cauca entre los cinco departamentos con mayores índices de pobreza.
Agregó el senador Ávila que “hoy se están transfiriendo $50 billones y se deberían estar transfiriendo $106 billones”, y que “el peso del Sistema General de Participaciones en los ingresos corrientes de la Nación es decreciente, cuando debería tener más peso.”
Se perfiló la Constitución del 91 como un contrato social, se definió a Colombia como un estado social de derecho, a diferencia de la Constitución de 1886; se colocó el énfasis en el ciudadano y sus derechos, pero los gobiernos siguientes poco hicieron por cumplirlo. Hubo de llegar el proyecto del cambio con sus reformas para que uno de los tres pilares del programa presentado por el presidente Petro fuese la “justicia social”, de la cual hace parte esta reforma constitucional.
Bienvenidas las apuestas por la equidad y el resarcimiento a las regiones olvidadas. Alcanzar el desarrollo material y espiritual de quienes vivimos en estas latitudes es el interés del proyecto político “Colombia potencia mundial de la vida”.