“Distrito y Nación, totalmente coordinados en materia de seguridad” titula la nota en el portal Web de la Alcaldía de Bogotá sobre el Consejo Distrital de Seguridad realizado el pasado lunes 4 de junio presidido por el presidente Santos en compañía del Fiscal encargado Jorge Perdomo, la Directora del CTI, Maritza Escobar, el Director de la Policía Nacional general Óscar Naranjo y el Alto Consejero para la Seguridad Ciudadana Francisco José Lloreda, entre otros. El titular recoge las palabras textuales del presidente en su discurso de cierre del evento, realizado en la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá: “Quiero dar una señal de total armonía entre la política del Alcalde y la política de la Presidencia, y por supuesto con las demás entidades. Aquí lo que estamos —y hemos reiterado— es totalmente coordinados para ofrecerles a los bogotanos una mejor seguridad y trabajar conjuntamente para que eso sea así, para ser más eficaces”. El alcalde Petro por su parte atestaba en Twitter que “90 nuevas patrullas y 100 efectivos más de la DIJIN (Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, entrarán a Bogotá”.
El tono de las declaraciones de ambos mandatarios no podía ser más distante del que prevaleció luego del Consejo Distrital de Seguridad que convocó el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos en el mes de junio de 2008, en ausencia del alcalde Samuel Moreno, quien a la postre puntualizó: “Sería muy grave y en esto quiero ser clarísimo, yo tengo un mandato ciudadano, yo tengo la obligación constitucional y legal de velar por la seguridad de la ciudadanía y yo no voy a permitir que el tema de la seguridad en Bogotá se vaya a politizar, sería muy grave… ese es el mensaje clarito que les quiero dar”.
Las principales razones para reafirmar el compromiso de “coordinación permanente con la Alcaldía” que aludió el presidente fueron el atentado terrorista realizado hace unas semanas contra el ex ministro Londoño y la insatisfactoria respuesta de las autoridades al llamado de ayuda que alcanzó a lanzar por celular Rosa Elvira Cely al ser agredida brutalmente en uno de los parques emblemáticos de la ciudad, el cual culminó con su muerte casi 12 horas después.
En respuesta a estos incidentes el presidente anunció la decisión del Consejo Distrital de Seguridad de fortificar el “Plan Candado” con la construcción de nueva infraestructura y el emplazamiento de cámaras de video vigilancia para mejorar el control de las entradas a la ciudad (por done entran los explosivos utilizados en los atentados), así como el refuerzo de los 768 cuadrantes de vigilancia policial que actualmente operan en la ciudad con los policiales apuntados por el alcalde en Twitter. También subrayó la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema integrado de emergencias y seguridad que opera en la ciudad, denominado “NUSE 123”, cuyo deficiente funcionamiento quedó en evidencia en el caso Cely, pues según el mandatario “en muchas ciudades eso se ha venido politizando y la politiquería ha hecho que ahí los encargados en responder a esos llamados de la ciudadanía del ’1, 2 ,3’ sean personas inexpertas, personas que rotan con mucha frecuencia.”
Las medidas anunciadas no representan mayor novedad, pues hacen parte del recetario que se viene pregonando desde hace más de una década para solucionar los problemas de seguridad de la capital. El “Plan Candado” data de cuando la ciudad era sitiada por numerosos frentes y columna de la FARC y asediada por las “pescas milagrosas” en las carreteras y el secuestro en sus propias calles. Era la época en la que Bogotá registraba atentados de la magnitud del ocurrido en el Club El Nogal y el número total de tales atentados fluctuaba entre 60 y 130 al año. El incremento del pie de fuerza policial en Bogotá, por su parte, es una consigna que se reitera todos los años y que capitalizan las autoridades distritales y nacionales con periódicas ceremonias en la Plaza de Bolívar de entrega de nuevos policías y vehículos y dotaciones para ellos. En cuanto a las reformas para acabar con la “politiquería” que entorpece el funcionamiento de servicios públicos de los cuales pende la vida de personas, de eso se viene hablando desde que se inauguró la República.
Por consiguiente es admisible concluir que la política nacional de seguridad ciudadana de la administración Santos se resume en la fórmula incremental de “más de lo mismo”. Si nos atenemos a las estadísticas de delitos presentadas, según las cuales en Bogotá el homicidio y las lesiones se ha reducido en un 23% en lo corrido del año mientras los hurtos lo han hecho en un 27%, no habría por qué pensar o hacer algo distinto. Lo nuevo en el caso de Bogotá es que, después de muchos años de distanciamiento entre la Administración Distrital y el Gobierno Nacional, ahora ambas partes se presentan públicamente comprometidas con los mismos objetivos, estrategias e instrumentos.
Este quizás sea el elemento novedoso de la política nacional de seguridad ciudadana, y no cabe duda que potencialmente puede tener un impacto importante sobre la credibilidad de la ciudadanía en las autoridades. Puede ser sumamente efectiva, sobre todo si el problema de seguridad central de ciudades como Bogotá es de percepción de seguridad ciudadana. Pero si no es así, y hoy la ciudad se enfrenta a un conjunto de amenazas a su seguridad que ha evolucionado y se ha transformado cualitativamente a lo largo de los últimos diez años, entonces la actual política nacional de seguridad ciudadana puede llevar la capital rumbo a un desnucadero.
/ Bernardo Pérez Salazar