Foto: Desmovilización de la CRS en 1994. /archivo particular
Un grupo de reinsertados de la Corriente de Renovación Socialista, CRS, disidencia del ELN que dejó las armas y se incorporó a la vida civil en abril de 1994, se agruparon en la Sociedad Agropecuaria Horizontes Ltda. Eran once socios que gestionaron ante el Incora de la época la compra de la Finca La Galleta como proyecto productivo al que tenían derecho, en el marco del acuerdo de paz firmado con el gobierno de César Gaviria. La finca, ubicada en el municipio de Montebello, en Antioquia, tenia la finalidad de ser una empresa de producción agropecuaria.
De los once socios, siete se involucraron de manera directa en darle vida a la Finca La Galleta y, con el apalancamiento del Gobierno, sembraron frutas y plantas aromáticas. Fue tal el dinamismo y la buena gestión que la finca generó varios empleos en la vereda.
Pero la violencia los perseguía. El 23 de enero del año 2000, un grupo de paramilitares que vestían uniformes del Ejército Nacional, fuertemente armados y que se desplazaban por la zona rural de Montebello se detuvieron alrededor de las 4:30 a.m. en la finca La Galleta. Primero pintaron insignias y letreros en las paredes, después ingresaron violentamente a las viviendas, sacaron a sus habitantes, los amenazaron, amarraron a varias personas que allí se encontraban y retuvieron a Adolfo Parra López, director del Colegio Rural y Wilfredo Cañaveral, hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal. Además, destruyeron elementos de la finca y se llevaron herramientas, papelería, dinero y un radioteléfono que utilizaban para el servicio de la comunidad. Después, advirtieron sobre el peligro que representaba para los moradores de La Galleta continuar en la zona.
A las 6:30 de la mañana el grupo paramilitar encontró en la vía a José Evelio Gallo Gallo y Uberney Giraldo Castro, reinsertados de la Corriente de Renovación Socialista y socios de la iniciativa productiva y los llevaron a la finca La Galleta, su lugar de residencia. Allí revisaron las vivienda de José Evelio y Uberney, hurtaron algunas de sus pertenencias, pintaron las paredes con consignas de los grupos de autodefensas y se los llevaron junto a otros cuatro secuestrados -quienes se encontraban amarrados con los cordones de sus zapatos- y dos personas más que se encontraban en La Galleta: Jhon Jairo Muñoz Zapata y David Muñoz Zapata.
Posteriormente, en la vereda El Cairo, ubicada ente los municipios de Montebello y Santa Bárbara, le dieron muerte al educador Guillermo Adolfo Parra López y aproximadamente un kilómetro y medio más adelante dejaron en libertad a los hermanos Muñoz Zapata, comunicándoles que a los secuestrados los matarían.
Al parecer, en la cementera El Cairo los paramilitares robaron vehículos a los que quitaron las placas y continuaron su desplazamiento en ellos.
Posteriormente, en el municipio de La Ceja apareció el cadáver del Wilfredo Cañaveral Gutiérrez y más tarde aparecieron imágenes en los medios de comunicación en las que se podía ver a varios miembros del Ejército informando de la muerte en enfrentamiento armado de dos presuntos guerrilleros del ELN en el municipio del Carmen de Viboral. Los cuerpos que se mostraron de esos presuntos miembros del ELN eran José Evelio Gallo Gallo Y Uberney Giraldo Castro.
En esas imágenes, los cadáveres de Uberney Giraldo Castro y Jose Evelio Gallo Gallo vestían prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. En el informe militar se describió el material bélico que presuntamente se les había incautado a ellos: una subametralladora mini-uzi con silenciador, dos proveedores para la misma, granadas de mano y minas antipersona, entre otro material. Según la información presentada por las Fuerzas Militares, los dos hombres “dados de baja” pretendían dinamitar una torre de energía en la vereda La Madera, municipio del Carmen.
El Ejército Nacional adelantó las gestiones pertinentes para que se realizara el levantamiento de los cadáveres por parte de las Fiscalía Seccional, trasladaron los cadáveres a la morgue del Carmen y allí se practicó la inspección por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía. También se realizó el cotejo dactiloscópico con los archivos de la Registraduría. Así se pudo establecer que los fallecidos habían sido torturados y que los cadáveres, efectivamente, pertenecían a los dos desmovilizados.
La Unidad que practicó las diligencias dejó los cadáveres en ese lugar, pero en la noche varios desconocidos violentaron los candados de la morgue y sustrajeron los cuerpos, sin que hasta la fecha se tenga noticia del paradero de éstos. En las paredes del citado lugar dejaron inscripciones del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN.
Tan aberrante situación y crímenes fueron denunciados en la época y era una evidencia concreta de los vínculos entre paramilitares y militares. El caso fue tan escabroso que hizo parte del informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos e igualmente fue mencionado por la Comisionada de Naciones Unidas, Mary Robinson en su informe de 2001 y remarcaba la gravedad del vínculo entre paramilitares y militares. La Sra. Robinson escribió: “La impunidad de que disfrutan los responsables de las acciones paramilitares y la limitada eficacia del Estado a la hora de combatirlos explica en gran medida la fortaleza cada vez mayor de estos grupos”.
La CRS, que hoy no existe y cuyos liderazgos políticos están el Partido Verde, Progresistas y el Polo Democrático, emprendió acciones legales, con la participación del Colectivo José Alvear Restrepo, quien luego de un largo litigio, logró que el juez primero especializado de Antioquia condenara a parte de los culpables por secuestro extorsivo y homicidio agravado. Los condenados a 40 años de prisión fueron los sargentos segundos Sandro Fernando Barrero y Humberto Blandón Vargas, quienes para la época de los hechos estaban adscritos a la Cuarta Brigada, con sede en Medellín. Este fallo fue apelado ante el tribunal superior de Antioquia, quien ratifico el fallo del Juez Primero especializado.
Los hechos de La Finca La Galleta, fueron el inicio de un ciclo de violencia paramilitar que dejo hasta inicios de 2003 a cerca de 30 personas de la comunidad asesinadas.
Los sobrevivientes de la Finca La Galleta fueron indemnizados pero no todos los culpables fueron investigados, pues se considera que en los hechos participaron diez soldados y un Coronel. No obstante recientemente el Tribunal Superior de Antioquia le pidió al Ejército que pida perdón públicamente por las acciones criminales que cometieron sus integrantes y el apoyo para que los sobrevivientes construyan y divulguen la memoria de lo allí ocurrido.
A pesar de la actuación parcial de la justicia, La Galleta sigue sin ser productiva, los problemas legales con la tierra que generó el desplazamiento no se han podido resolver como en otros tantos casos que demuestran las dificultades de la restitución y el retorno.
Bien haría el Ejercito Nacional en acatar las decisiones del Tribunal de Antioquia y cumplir con los temas de verdad y memoria, ahora que estamos conmemorando un año de la expedición de la Ley de Victimas.