Foto: tomada de camara.gov.co
Con el paso de la reforma judicial en el Congreso de la República, los herederos de la parapolítica ganaron una batalla que perdió en varias ocasiones el gobierno anterior, cuando quiso enviar el salvavidas a los congresistas que fueron enviados a la cárcel por orden de la Corte Suprema de Justicia y en algunos casos por la Fiscalía General de la Nación, por vínculos con el paramilitarismo.
La batalla de los congresistas por evitar la acción judicial no es nueva. En el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuando se inició el proceso judicial de la parapolítica, estos trataron de eludir la acción de la Corte Suprema de Justicia amparándose en el mismo exmandatario, quien en primer lugar trató de cambiar la tipificación de los delitos que se les imputaba, declarándolos delitos excarcelables o modificando sus consecuencias judiciales. En segundo lugar hundiendo en el 2007, una iniciativa de la excongresista y excandidata a la Alcaldía Mayor de Bogotá Gina Parody, en la que proponía establecer una serie de responsabilidades políticas, una de ellas la figura de la Silla Vacía a los partidos y movimientos que presentaran en sus listas a personas que la justicia les demostrase vínculos con actores armados. Y en tercer lugar presentando a consideración del legislativo una reforma a la justicia a través de la cual buscó la posibilidad de quitarle a la Corte Suprema de Justicia la competencia de investigar a los congresistas, dejándole esta tarea a la Fiscalía General de la Nación y el juzgamiento a la primera. Al final esta idea fue retirada por el entonces Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, por el impedimento que manifestaron la mayoría de los miembros de la bancada para votar el proyecto, debido a que estos se encontraban con procesos judiciales abiertos.
Al devolver la reforma de la justicia al Congreso Santos evita pagar el costo que esta le traerá al gobierno. Pero no está claro que pueda hacerlo y el referendo sigue su rumbo.
Finalmente la administración de Uribe Vélez presentó una reforma política aprobada en octubre de2008, en la que se creó la figura de la Silla Vacía estableciendo sanciones a los directores y a los partidos políticos que no sean cuidadosos en la selección de sus candidatos y que resulten incursos en actividades delictivas, junto con la devolución de los recursos percibidos por reposición de gastos electorales, la pérdida de la curul en el momento de la orden de captura y la cancelación de la personería jurídica.
Aún así, los congresistas que se vieron inmersos en líos judiciales por parapolítica no se resignaron a perder el poder que les daba una curul en la Cámara de Representantes o en el Senado de la República, y promovieron candidatos que en las elecciones de 2010 utilizarían todo su botín electoral para sucederlos en esas curules que estos dejarían vacías si llegaban a ser condenados, o de recuperárselas en cuerpo ajeno, si sobre ellos ya existía una pena.
Es así como para el período 2010 -2014, Colombia eligió un Congreso de la República con 34 personas que heredaron curules contaminadas por la parapolítica, entre las que se encuentran las que pertenecían a Álvaro García, Juan Carlos Martínez, Luis Alberto Gil, Zulema Jattín, Oscar Suarez Mira, Juan Manuel López Cabrales, etc.. Todos los herederos de estos exparlamentarios, junto con sus colegas, entre ellos, los que tienen investigaciones previa y formales abiertas, se encargaron de darle aprobación a la Reforma Judicial que hoy no solo los blinda a ellos mismos de las acciones que por sus actuaciones podría abrir la Corte Suprema de Justicia, sino que además les envía un salvavidas a quienes pusieron todo su aparato electoral a su favor y que hoy día se encuentran en espera de la decisión judicial por sus supuestas relaciones con el paramilitarismo.
Un ejemplo es el de Habib Merheg, quien heredó su curul a su hermano Juan Sammy Merheg, el que a su vez participó en la aprobación de la nueva norma constitucional, que dice que los procesos penales vigentes de los congresistas, que no estén con resolución acusatoria, serán cobijados con los nuevos beneficios, por lo tanto el primero, solo sería capturado cuando exista una resolución de acusación en su contra, además de que tendría derecho a una doble instancia. Lo anterior sin contar que si se abre un proceso en su contra por pérdida de investidura en el Consejo de Estado, este tendría que ser aprobado con dos votos más de los catorce que se requieren con el régimen actual. Esta sanción será difícil de ejecutar contra un Congreso que les ha servido a las Cortes en bandeja de plata el aumento de sus períodos y la edad de jubilación.
Los que legislaron a su favor
La hoy cuestionada reforma a la justicia, para su debida aprobación tanto en Senado como en Cámara, no solo contó con el manoseo de los herederos de la parapolítica en el legislativo, sino además con quienes teniendo investigaciones previas y formales en curso por este misma razón participaron en este debate, como la senadora Dilian Francisca Toro, Héctor Julio Alfonso López, Armando Benedetti, Mauricio Lizcano, Antonio Guerra de la Espriella, Musa Besaile, Manuel Antonio Carebilla, etc..
Teniendo en cuenta estos dos antecedentes, cabe la pregunta de si el gobierno nacional no previó que gran parte del Congreso de la República podría verse impedido éticamente para legislar en un proyecto de reforma judicial o si este esta es una jugada más en extraño ajedrez que Santos está armado para sacar a Uribe del paso, pero quedándose con los uribistas. Y por eso su reacción tardía no convence.
/ Oscar Fernando Sevillano