Foto: Giovanni Moreno C.
Sobre algunas regiones del país parece que avanza una “guerra” contra las organizaciones de víctimas o sociales que promueven la restitución de tierras.En los últimos años han sido asesinados 68 líderes de estas organizaciones, sin embargo el mayor número de estos se han producido entre 2010 y 2012, y si bien la violencia no es masiva, tampoco se detiene.
Estos niveles de violencia han llevado a que se desarrolle un fuerte debate sobre las garantías de la restitución, la seguridad de las víctimas, y la protección de estas una vez se restituyan los predios. En todo caso, investigaciones recientes desarrollados por la Corporación Nuevo Arco Iris muestran un panorama, bastante más complicado. Además de los riesgos físicos de las víctimas, se encuentran dos tipos adicionales de riesgos: los jurídicos y organizacionales. En lo que sigue, analizaremos los riesgos de la restitución diferenciando algunas particularidades regionales.
El debate alrededor de los riesgos para la restitución ha girado, principalmente, en torno a la seguridad de las víctimas, y es que la preocupación es inmensa. En lo corrido del año 2012 han sido asesinadas 3 personas: Manuel Ruíz y su hijo, así como Jairo Martínez, quienes representaban a comunidades en procesos de restitución de tierras. Los datos indican que son Antioquia, particularmente el Urabá, así como la Costa Atlántica las zonas más afectadas. El siguiente cuadro muestra las zonas donde han sido asesinadas estas personas.
Cuadro No. 1
Llama la atención, que las zonas donde mayor número de asesinatos se han cometido, son aquellas donde el gobierno manifiesta que las guerrillas han sido derrotadas y obligadas a abandonar el territorio, y además donde se nota un avance en términos de seguridad derivado en gran parte del supuesto éxito de la desmovilización paramilitar. Así, en este punto, la pregunta es qué es lo que está sucediendo en estas regiones, y quienes son los que cometen este tipo de asesinatos. La corporación Nuevo Arco iris logró determinar dos modalidades.
Por un lado, una buena cantidad de testaferros de las antiguas AUC, y en general personas que se vincularon y beneficiaron con la expansión y consolidación de las AUC, han acudido a los Urabeños para que estos torpedeen el proceso de restitución, y actúen contra lo que ellos dicen que son guerrilleros disfrazados de víctimas. Las amenazas de este grupo se han extendido por 6 zonas del país, las más complicadas el Urabá chocoano y antioqueño, así como Córdoba. En este último departamento solo se han presentado 500 reclamaciones de predios cuando los desplazamientos superaron las 5000 mil familias. El miedo es generalizado.
Adicional a las amenazas de los Urabeños, en algunas regiones del país se han creado los llamados ejércitos anti-restitución, que son grupos de sicarios que se encuentran al servicio de agentes supuestamente legales.
Sí se pregunta por quienes fueron los grandes beneficiados con el despojo y abandono de predios que se produjo durante los años más intensos del conflicto armado, llama la atención que no fueron comandantes guerrilleros ni paramilitares, e incluso el número de testaferros es bajo comparado con la magnitud del despojo. Por el contrario se ha encontrado que la mayoría de la tierra despojada está en manos de los llamados “terceros de buena fe”, es decir, algunos palmeros, ganaderos, entre otros, todos ellos personas que se encuentran en la legalidad.
Algunos de estos sectores que se encuentran en la línea de la legalidad, han optado por crear grupos de seguridad privada que se opongan a la restitución.Estos grupos denominados “ejércitos anti-restitución” operarían en tres departamentos del país. Se debe aclarar en todo caso, que estos grupos no son ejércitos, sino más bien grupos de pistoleros e intermediarios entre la legalidad e ilegalidad.