Foto: Hernando H. Tapasco, representante a la Cámara. | tomada de lapatria.com
Hernando Hernández Tapasco, Representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo por la circunscripción indígena, tiene serias preocupaciones sobre la agenda legislativa que se debe discutir en el Congreso en lo que resta del año. Asuntos relacionados con la tierra y la minería hacen parte de sus inquietudes.
Este indígena de la etnia Embera-Chami situada en el Resguardo Caño Momo – Loma Prieta del municipio de Rio Sucio, en Caldas, aseguró que el gobierno de Juan Manuel Santos está más interesado en fortalecer la agroindustria que en respaldar iniciativas productivas de indígenas y campesinas, y en sacar adelante la locomotora minero-energética sin consultar a las comunidades.
¿Cuáles son los temas más relevantes para las comunidades indígenas en la actual agenda legislativa?
En este tercer periodo se vienen temas preocupantes para comunidades indígenas, uno de ellos es la Ley de Tierras y Desarrollo Rural. Como está concebida, es continuar con lo que se ha denominado restitución de tierras, devolverle la tierra a quienes se las quitaron de forma violenta, pero no está pensando en redistribuir y adelantar programas de dotación de tierras a comunidades indígenas o campesinas que aún no las poseen. En términos productivos, el Gobierno piensa fortalecer el aspecto productivo de la tierra, pero a través del monocultivo, fortaleciendo la agroindustria; no veo planteamientos para respaldar iniciativas campesinas e indígenas de seguridad y soberanía alimentaria, y abastecer los mercados internos. En ese sentido, creo que el Gobierno va a continuar con la política de importar alimentos y no de producirlos aquí mismo. Es una iniciativa desfavorable para lo que han planteado indígenas y campesinos en el país.
Además, se quiere adelantar la discusión de ese proyecto en el Congreso sin consulta previa. El Gobierno ha dicho que sólo consulta los aspectos que tienen que ver con los indígenas, pero no consulta la ley general con ellos sino sólo lo que los afecten, pero todos los aspectos de esa ley afectarán a los indígenas, afrodescendientes y raizales.
¿Qué otro proyecto le preocupa a los indígenas?
Otra iniciativa que va a tener que ver con los indígenas es la Ley de Minas o Código Minero. Ya hay un borrador y se le ha anunciado a los indígenas que se va a presentar esa iniciativa. Es preocupante porque eso lo que busca es permitir que avance la locomotora minero-energética sin respetar los pueblos indígenas, permitiendo que las multinacionales ingresen a territorio de las mismas comunidades sin tener en cuenta los impactos que esto trae. Me imagino que es una iniciativa que continuará con perseguir y criminalizar a lo que se llama pequeña o artesanal minería en el país para dejarle las puertas abiertas a las multinacionales, que serían las únicas que tendrían el aval de extraer los recursos naturales no renovables en el país.
¿Qué opina sobre la situación del Cauca?
Lo del Cauca es histórico, profundo, estructural. Es un problema que se vive hace más de 40 años. Yo, que conozco la región, no veo que se haya recrudecido en los últimos días. Inclusive en los 8 años del gobierno Uribe, fue muy tenso lo que se vivió entre insurgencia y las fuerzas armadas del estado, se mantuvo oculto para demostrar que la seguridad democrática estaba dando logros.
Al representante a la Cámara por la circunscripción indígena Hernando Hernández Tapasco, le preocupa la agenda legislativa en el Congreso de la República, particularmente en temas de tierras y minería. En entrevista con Arco Iris expuso sus puntos de vista.
En concreto, lo que piden las comunidades de esta región es que se acabe la guerra, que cesen los hostigamientos y que se dejen de violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; que no se involucre la sociedad civil de la guerra; que ambos bandos se retiren de los cascos urbanos, de los centros poblados; que no se ocupen vienes civiles ni se destruyan bienes materiales; que no recluten los jóvenes para la guerra; y, finalmente, al Estado se le pide que no utilice a la gente en las redes informantes.
Desde la perspectiva indígena, ¿cuál es su balance de los dos primeros años de gobierno del presidente Santos?
Hay un cierto aire de desconcierto entre nosotros, los sectores indígenas, porque no vemos avance, ni cumplimiento, ni seriedad respecto a los acuerdos que hicimos inicialmente en el Plan Nacional de Desarrollo. Nada se ha materializado. No se ha cumplido en aspectos que tienen que ver con solucionar temas de territorio, derechos sociales, derechos humanos y derechos nacionales e internacionales.
No vemos cumplimiento en lo que tiene que ver con acuerdos referentes a la ley de víctimas, con el decreto especial para atender a las víctimas de conflicto y de la violencia; de eso no se viene cumpliendo absolutamente nada.
Con lo que tiene que ver con aspectos planteado al principio por el Presidente sobre temas de seguridad, eso cada vez se profundiza más porque el conflicto sigue presente en muchas partes de Colombia, sigue afectado comunidades campesinas e indígenas.
Lo que tiene que ver con locomotoras minero-energéticas y de la agroindustria son temas que vienen desfavoreciendo a comunidades indígenas porque se viene entregando licencias ambientales, se entregan tierras de las comunidades a multinacionales vulnerando y violando el derecho a la consulta previa.
¿Por último, cuál es su opinión respecto a la disputa del ex presidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos?
Sin lugar a duda hay diferencias entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el del expresidente Álvaro Uribe, pero creo que son más diferencia de forma y de estilo, de hacer la política direccionada. Respecto a lo que tiene que ver con relaciones internacionales, sin lugar a duda Santos la ha resuelto de una manera diplomática tratando fundamentalmente de arreglar los problemas que había dejado Uribe con los países vecinos como Venezuela y Ecuador; pero mantiene de fondo lo fundamental que son las relaciones económicas entre los estados. Pienso también que no hay diferencia en lo que tiene que ver con implementación de modelo económico que se le impone a nuestro país.