Foto: Volmar Pérez, Defensor del Pueblo | tomada de Semana.com
Vólmar Pérez, el actual Defensor del Pueblo, llegó al cargo en septiembre de 2003, en momentos en que, según estudios de la Consultoría para los Derechos Humanos – Codhes – el desplazamiento de colombianos afectados por el conflicto armado se encontraba en un momento crítico en todo el territorio nacional. Desde entonces, y hasta la fecha, no se ha visto un papel activo de la entidad alertando al gobierno nacional sobre la situación de estas personas y sirviendo de garante en el momento de hacerles respetar sus derechos.
Muchas de las críticas que se le hacen a Pérez tienen que ver con supuestas cuotas burocráticas que ha manejado dentro de la entidad y que, según funcionarios de la misma entidad que piden no ser identificados, correspondieron al pago de quienes lo eligieron para su elección en 2003 y su relección en el 2006. Tal es el caso de Diego Gaviria, hermano del exasesor presidencial José Obdulio Gaviria, a quien nombró en el cargo de coordinador de capacitación de defensores públicos.
Pérez asumió el cargo como Defensor del Pueblo el 2 de septiembre de 2003, luego de que Eduardo Cifuentes renunciara para asumir sus labores de director en el área de Derechos Humanos de la Unesco. Luego, fue reelegido en 2006 por la Cámara de Representantes, con 136 votos a favor de un total de 159 representantes a la cámara.
Al actual Defensor del Pueblo también se le cuestiona la distancia que mantuvo con respecto a los grandes escándalos que se dieron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, como los seguimientos ilegales a periodistas, magistrados y políticos de oposición por parte del DAS; los llamados “falsos positivos” cometidos por miembros de la Fuerza Pública; asesinatos y amenazas a líderes de víctimas del conflicto armado; desplazamiento de los pueblos indígenas de sus territorios; situación de hacinamiento y desnutrición de la etnia Embera en Bogotá y despojo de tierras por parte de multinacionales, tan solo para nombrar algunos.
Vólmar Pérez cumple nueve años al frente de la Defensoría del Pueblo y al final de su largo paso por la entidad para la que fue elegido y reelegido, no es mucho lo que se puede destacar de su labor como cabeza de una entidad del Estado. Análisis de Oscar Fernando Sevillano.
Pérez se defiende de este tipo de acusaciones y señalamientos argumentando que durante su período se fortaleció la entidad, haciendo mayor presencia en municipios y departamentos y aumentando el número de investigadores criminales, técnicos en criminalística y defensores públicos.
Sin embargo, tal crecimiento en nómina de la Defensoría del Pueblo no le significó un papel preponderante en lo que tiene que ver con los problemas que padecen los colombianos, entre otras porque, según lo dicen fuentes de la misma entidad, estas personas que se han contratado no cuentan con la suficiente experiencia en materia de atención a población en riesgo o con graves problemas relacionados con la violación de sus derechos fundamentales, lo que impide brindar una atención más eficiente.
Durante los nueve años que Pérez estuvo al frente de la Defensoría del Pueblo se ganó la fama de ser “el Defensor del Puesto”, rótulo con el que se le conoce por fuera de la entidad, y d “el mudo”, como lo llaman dentro de la dependencia, por su reconocido silencio y pasividad frente a la situación de violación a los derechos humanos que afecta a diversos sectores sociales en el territorio nacional. De no ser por el papel que han cumplido las organizaciones de derechos humanos que trabajan en esta materia en Colombia, muy poco se habría conocido de este asunto durante ese periodo.
La pasividad y silencio del actual Defensor del Pueblo ha puesto una vez más en el panorama nacional el debate de si es pertinente que la elección de este tipo de cargos, y de otros como la Procuraduría General de la Nación y las Personerías, esté en las manos de organismos de carácter político como la Cámara de Representantes, Senado y los Concejos.
Es claro que tal como se eligen hoy las cabezas de esas agencias del llamado Ministerio Público se compromete la independencia de esas instituciones las que, finalmente, son puestas al servicio de los intereses de su elector, como lo denunció en 2004 el entonces senador y hoy ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras cuando aseguró que la Defensoría era “un antro de politiquería”.
Diversos sectores del país esperan que la Cámara de Representantes acoja en la próxima elección, programada para el 21 de agosto próximo, las recomendaciones que hizo en días pasados el Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, quien le pidió a esa corporación legislativa que elija como Defensor o Defensora del Pueblo a una persona con independencia para ejercer sus funciones y con un alto perfil ético y moral.
“En nuestra experiencia, las elecciones que han sido producto de un proceso que supera acuerdos partidistas, han llevado a contar con un Defensor del Pueblo más independiente e imparcial”, afirmó Howland en su misiva.