Foto: Beatriz Linares, Olga Gaitán, Armando Otálora.
La Defensoría del Pueblo fue creada por la Constitución Política de 1991 para velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Sin embargo, el defensor saliente, Vólmar Pérez, quien estuvo a cargo de la institución por casi nueve años, dirigió la Defensoría al ostracismo.
Además, brilló por su ausencia en debates neurálgicos para el país como la Ley de Justicia y Paz, las ejecuciones extrajudiciales, la persecución a los líderes de la oposición durante el gobierno de Uribe Vélez y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, solo por mencionar algunos.
Con la elección del nuevo Defensor del Pueblo, prevista para el 21 de agosto próximo en la plenaria de la Cámara de Representantes, hay mucha expectativa porque se tiene la ilusión de que la Defensoría del Pueblo recupere su papel protagónico en el cumplimiento efectivo de los derechos en toda integridad.
Y tal expectativa aumenta cuando, en la actual coyuntura, se tienen varios retos, entre ellos, sacar adelante la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; atender adecuadamente la problemática con las comunidades indígenas; velar por los derechos ambientales donde se desarrollan proyectos minero-energéticos; y allanar un camino para la paz, entre otros aspectos.
La terna presentada por el presidente Juan Manuel Santos ánima la posibilidad de volver a una Defensoría del Pueblo más activa, debido a que los ternados Beatriz Linares, Olga Lucía Gaitán y Armando Otálora han sido valorados positivamente por sus calidades académicas y experiencia profesional en el campo del derecho.
Hay que resaltar que las dos mujeres ternadas, Linares y Gaitán, tienen una mayor y mejor trayectoria en el trabajo de los derechos humanos, mientras que Otálora se destaca por su experiencia como jurista. Este último es el que más suena para ocupar el cargo de Defensor, según lo han dicho distintas voces en los medios de comunicación y en los escenarios políticos.
En próximo martes el país tendrá un nuevo Defensor del Pueblo que reemplazará a Vólmar Pérez, quien estuvo en ese cargo por cerca de 9 años y según algunos analistas, le bajó el perfil a esa entidad. Análisis de Reina Lucia Valencia V.
Otálora cuenta con el apoyo de los partidos Liberal y de la U, y como la decisión la toma la Cámara de Representantes, institución altamente politizada, pues tiene más posibilidades que las otras dos aspirantes. Gaitán, quien fue postulada por varias ONG del país dijo que espera que su nominación y la de Linares no sean tratadas como adorno.
Rodolfo Arango, Doctor en Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional, explicó que la Defensoría del Pueblo tenía una importancia equivalente a la Corte Constitucional.
“La Corte es la que fija unos criterios formales y en abstracto, pero, en el terreno, la Defensoría se encarga de la ejecución y administración de los derechos. Y así funcionó muy bien hasta que ese botín burocrático empezó a ser muy atractivo y, lamentablemente, cayó en manos de los conservadores con Vólmar Pérez y el perfil bajó totalmente”, indicó Arango.
Y es que el botín burocrático del que habla Arango no es de poca monta. La Defensoría del Pueblo tiene una nómina de casi 300 mil millones de pesos al año y una buena parte de su planta la componen cerca de 2.300 defensores públicos en todo el país, muchos de ellos cuotas políticas regionales.
El punto está en que la persona que tiene padrino político sale avante y perpetúa los votos del político en las corporaciones, así como lo indicó Arango. Mientras que los grandes académicos que nunca se preocupan por cultivar ese tipo de relaciones como Gaitán o Linares no tienen chance y sus nombres aparecen como relleno. Y esta situación el país no debería aceptarla porque hay mucho en juego, no sólo el gran fortín burocrático que se pelean los políticos, sino la posibilidad real de que en Colombia se materialice un Estado Social de Derecho.