/ Por Orlando Parada Díaz*. El Alcalde Gustavo Petro cumplió diez meses al frente de la administración distrital y en su propio balance de gestión defiende importantes logros alcanzados este año en materia de seguridad, uno de los temas que más preocupan a los capitalinos. Pero alejados de cualquier discusión ideológica, cabe preguntarnos qué tanta ha sido esa mejoría, cuáles son las causas que la originan y quiénes son los responsables del supuesto éxito, no sea que algún sector institucional gane indulgencias con avemarías ajenas.
Como punto de partida, veamos la tasa de homicidio que es el parámetro internacional para medir la inseguridad en distintas entidades territoriales y rescatemos la disminución alcanzada en los últimos meses al pasar de 22 a 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual, nos acerca con lúgubre entusiasmo a las mil doscientas muertes anuales.
Esta cifra es muestra de la poca ambición del gobierno distrital que se propuso llegar a la meta de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes al finalizar el año 2015 manteniéndonos lejos de ciudades como Buenos Aires y Santiago de Chile, a quienes fácilmente doblamos en los guarismos, por mencionar sólo dos ciudades del vecindario latinoamericano. Esta situación explica el llamado del Presidente de la República para que Bogotá efectúe un verdadero esfuerzo y disminuya el homicidio a porcentajes de un solo dígito.
Aunque hay voces muy optimistas por la reducción del homicidio y una sensible mejoría en la percepción de los ciudadanos en torno a su seguridad, lo cierto es que la reciente encuesta de victimización elaborada por la Cámara de Comercio de Bogotá nos trae un panorama desalentador que debe orientar una respuesta integral y sincronizada por parte de todas las entidades responsables de la seguridad de los bogotanos.
No de otra manera podemos registrar que en el último año un diez por ciento del universo encuestado fue víctima directa de un delito, lo que puesto en el escenario de la ciudad deja al desnudo la alarmante situación de que a diario los capitalinos se ven afectados por más de dos mil acciones criminales, casi todas ellas relacionadas con el delito de hurto, en donde uno de cada dos episodios ocurre con violencia.
A esta alarmante situación que supera los 800 mil delitos anuales, si incluimos los dirigidos contra menores de edad, se suma que tan solo el 24 por ciento de los casos fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales, que en el 90 por ciento de los casos no identifican al responsable o por falta de pruebas no profieren sanción alguna
Sostener que la tendencia a la baja del homicidio en Bogotá y el aumento de la percepción de seguridad entre los ciudadanos representan sustanciales avances en la materia, es indiscutible, pero nos deja en un escenario de contradicción porque lo que ganamos en la disminución de un delito y en la confianza colectiva, no es consecuente con el aumento de la criminalidad y el pobre papel que sigue cumpliendo la justicia en nuestro país
Esta paradoja solo se explica si aceptamos el argumento de que la disminución en el homicidio es producto de una estrategia del gobierno del Presidente Santos y una tendencia nacional que se extiende por todo el territorio colombiano, brindando mayores réditos a ciudades como Bogotá donde se implementan acciones adicionales como la restricción al porte de armas legales, el toque de queda para menores de edad en fechas críticas y la prohibición de vender licores en determinados establecimientos públicos.
Gobierno Distrital se propuso llegar a la meta de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes al finalizar el año 2015, manteniéndonos lejos de ciudades como Buenos Aires y Santiago de Chile.
El factor sicológico que lleva a los ciudadanos a sentirse más seguros, aun cuando la tasa de criminalidad se incremente, es resultado de la puesta en marcha del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria, que se soporta en 1.033 cuadrantes y en el incremento del pie de fuerza policial, lo cual acerca la institución a las personas y garantiza una cobertura territorial más efectiva.
Las medidas planteadas desde la Alcaldía Mayor en materia de seguridad se han caracterizado más por aspectos mediáticos que por su efectividad. Se siguen comprando equipos que técnicamente no responden a las necesidades del servicio de vigilancia, como los monociclos eléctricos que se almacenaron por no cumplir con las especificaciones exigidas por la Policía Nacional, se disminuyen los recursos de inversión en seguridad con un recorte de 400 mil millones de pesos en comparación con el cuatrienio anterior, no ha hecho nada por recuperar grandes inversiones en estructuras de seguridad como las torres vigilantes, que facilitarían la vigilancia policial y la denuncia ciudadana y aún sirven de escaparate a los vendedores ambulantes, es difusa la estrategia de lucha contra el microtráfico, no hay claridad de cómo enfrentar el terrorismo más allá de verlo como meros actos de venganzas, no hay liderazgo para direccionar la recuperación de las ollas más representativas de la ciudad como son la Calle del Bronx y Cinco Huecos
El delito tiene muchas caras y es necesario hacer frente a todas sus manifestaciones, que van más allá de los homicidios y en los cuales aún se encuentran panoramas desalentadores, como son los escenarios planteados por el microtráfico, el cual afecta la ciudad con más de 500 ollas concentradas en Suba (30%) y el centro (15%), generando territorios vedados como la calle del Bronx en el cual se asientan los principales 6 ganchos (estructuras organizadas dedicadas al narcomenudeo), que operan a través de más de 70 redes en toda la ciudad y se articulan con organizaciones narcotraficantes de Antioquia y el Eje cafetero. Esta situación ha traído consigo el incremento del sicariato en la ciudad, el cual se duplicó en relación al mismo periodo del año pasado
Otras cifras que dejan ver los vacíos de una política de seguridad integral desde la administración distrital son las referentes a hurtos.
De acuerdo a la encuesta, Bogotá Cómo Vamos, el hurto sigue siendo el delito más frecuente (a personas en 77%, a residencias 10%, a vehículos 5% y en transporte público 4%), los cuales son ejecutados principalmente por pandillas integradas por miembros entre los 15 y 25 años, las que si bien han venido en tendencia a la baja desde 2000 llegando a 132 a la fecha, no dejan de ser un riesgo para la ciudad y su potencial conexión con las redes de narcotráfico, como ya se ha dado en otros lugares del continente, o a grupos terroristas que ya tienen redes de apoyo en cinco localidades de la ciudad.
La falta de integralidad se subsanaría si se crea un órgano especializado: la Secretaría de la Seguridad, que sigue siendo una promesa incumplida por parte del Alcalde.
La misión de esta entidad sería la de velar por la seguridad y tranquilidad de las personas, garantizando el mantenimiento del orden público, la intervención directa a las causas y manifestaciones del delito y el respeto de los derechos humanos en esta materia. Debe tenerse presente que en la misma encuesta de la CCB, 72% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con la creación de dicho organismo.
Como se observa, el Alcalde Mayor aún sigue en deuda con la ciudad, la seguridad es uno de los fines esenciales del Estado y no puede seguir a merced de los caprichos de un mandatario que carece de criterios y directrices claros y de largo plazo para el abordaje de las problemáticas en esta materia, las cuales se han complejizado en la última década, haciéndose indispensable especializar el abordaje de la seguridad en la ciudad y elevar la coordinación entre las entidades responsables de garantizarla.
* Orlando Parada Díaz, concejal de Bogotá por el Partido de la U.