Foto: Teresita García Romero, Dilian Francisca Toro, Astrid Sanchéz Montes de Oca.
/ Por Oscar Fernando Sevillano*. Más allá del debate que se presentó en días pasados por la llegada de Astrid Sánchez Montes de Oca a ocupar no solamente la curul que quedó vacía luego de la destitución de un heredero de la parapolítica como Eduardo Carlos Merlano, sino también el lugar de uno de sus familiares en el Senado de la República condenado a la cárcel por sus vínculos con organizaciones paramilitares, está el uso de la figura de la mujer para cuidar intereses de grupos familiares que han tenido a sus máximos líderes con problemas judiciales por nexos con las mafias en Colombia.
Un primer ejemplo de este caso lo representaría Teresita García Romero, quien a pesar de no haber realizado un trabajo político electoral en nuestro país, se mostró dispuesta a aspirar al Senado desde el momento en que se enteró de la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a su hermano Álvaro García por ser el autor intelectual de una de las más sangrientas masacres en el departamento de Sucre, argumentando que para aspirar a una curul “contaba con una hoja de vida intachable en el sector público y privado que le permitiría tener la responsabilidad histórica de llevar la representación de el proyecto político que su grupo había iniciado”, dejando en el aire la incógnita de ¿cuál sería ese proyecto que a partir de su reelección llegaría a defender en el Legislativo?
Durante el tiempo que su familiar y mentor político ejerció como congresista, no se vio a esta mujer defender una postura ni presentar un solo proyecto de ley, y más bien a lo largo de la investigación judicial que hizo la CSJ se pudo establecer que el paramilitarismo en el departamento de Sucre donde este grupo político tiene origen, fue conformado por sectores de la clase política local, lo que ha sido demostrado a través de las sentencias proferidas contra varios concejales, alcaldes, diputados y sus tres últimos exgobernadores: Erick Morris, Jorge Anaya y Salvador Arana.
Como segundo ejemplo de este mal uso de la figura de la mujer en la política se encuentra el caso de la senadora Dilian Francisca Toro contra quien cursa una investigación en la CSJ por prestarse a la compra de fincas y haciendas de origen ilícito que, según el Alto Tribunal, fueron adquiridas por la mitad de su valor real y que pertenecían a reconocidos narcotraficantes de los carteles de Cali y del Norte del Valle. La congresista también se encuentra investigada de manera preliminar por sus supuestos vínculos con facciones paramilitares que operaron en el Valle del Cauca.
El papel de la mujer en el Congreso de la República se ha venido desdibujando paulatinamente, una de las razones es porque algunas han llegado a cuidar los intereses de quienes han tenido líos con la justicia y no por mérito propio.
La senadora Toro es prima de Carlos Herney Abadía, uno de los políticos que fue condenado por el proceso 8.000. Hizo fórmula en el año 2006 con Luis Carlos Restrepo, investigado por parapolítica, quien aspiró a la Cámara de Representantes, mientras ella se lanzó al Senado. A pesar de que la congresista aún no tiene condena en su contra, ha dicho que no volverá a aspirar a cargo de elección popular, sin embargo, no sería raro que para el momento en que se inicie una nueva contienda electoral, ésta mueva sus fichas políticas que puedan reemplazarle en el legislativo.
Un tercer ejemplo a destacar es el de Astrid Sánchez Montes de Oca, quien posó para la foto durante su posesión en el cargo como Senadora al lado de Heriberto Arrechea, heredero de Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por sus nexos con grupos paramilitares. Esta mujer es hermana del exsenador Odín, en prisión por sus relaciones con estructuras armadas ilegales de las Auc, y de Patrocinio, exalcalde de Quibdó y exgobernador del Chocó, contra quien se dictó recientemente orden de captura acusado de los delitos de peculado por apropiación en favor de un tercero y celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales durante su gestión como alcalde de la capital chocoana.
Así como estos ejemplos, es posible encontrar más que revelan que la llegada de algunas mujeres a la política no ha sido por mérito propio, sino con el ánimo de evitar que los intereses del grupo familiar al que pertenecen se pierdan por no hacer parte de los círculos de poder.
Este fenómeno político ha sido analizado por algunas congresistas, quienes luchan porque la mujer tenga un papel preponderante en la sociedad y se le reconozcan sus méritos. Una de ella es la Representante a la Cámara Ángela María Robledo. Ella asegura que “la participación de la mujer en Colombia, muchas veces no se hace con inclusión de género como debería ser, sino porque toca llenar ternas, y lo que es peor, cuando en los casos mencionados no se llega a determinado cargo por mérito propio, ni con un discurso ni un trabajo que la haga digna de ocupar un lugar en la sociedad, sino para cuidar los intereses de otros”.
Un caso emblemático es el de Teresita García, quien a pesar de formar parte de la Comisión Legal de la mujer en el Congreso, hasta el momento sus colegas no recuerdan haberle escuchado discurso alguno a favor de su género, lo que estaría revelando que está allí para representar los intereses de su familia y su grupo político, y mantener la capacidad de maniobra en los círculos del poder político en nuestro país.
*Periodista del portal ArcoIris.com.co