Foto: Giovanni Moreno C.
Un eventual escenario de posconflicto en Colombia debería garantizar soluciones para problemáticas como la tenencia de la tierra, el impacto de la minería a gran escala, la superación de la inequidad y la reparación integral de las víctimas. Estos fueron algunos de los planteamientos, hechos por diferentes sectores de la sociedad civil, durante el Diálogo Social y Político por la Paz – Antioquia Habla, realizado en el recinto de la Asamblea Departamental.
De fondo, el mensaje fue el de construir una paz participativa e incluyente, que tenga en cuenta a los sectores más vulnerables de la población y atienda de las necesidades históricas de la ruralidad colombiana. Una paz que se extienda a todo el país, resolviendo las dificultades coyunturales de cada región y comunidad.
“La salida negociada del conflicto es nuestra apuesta, pero sin condiciones.” Con ese planteamiento Ángela Salazar, representante de la Mesa Departamental de Víctimas de la Sociedad Civil, expresó la necesidad de que el proceso de paz llegue a acuerdos sólidos y de que se cumplan todos los compromisos, en especial el de revelar toda la verdad.
“En Colombia hay un fenómeno particular y es que éste el conflicto armado más largo que se ha tenido en toda América, y hemos empezado a trabajar el tema de la negociación a retazos, pero nunca se ha tocado el tema de una verdad contundente, de esa verdad histórica”, manifestó Ángela Salazar.
Además, esta líder aclaró que el compromiso no sólo debe ser de la guerrilla de las FARC, “sino también del Gobierno que, de igual forma, debe aportarle a esa verdad” y agregó que las víctimas “tener representatividad y participación en esta mesa de diálogo.”
De otro lado, William Carupio, presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), recibió con satisfacción el espacio de diálogo convocado en la región antioqueña, al considerar que es un primer paso para que la sociedad empiece a incidir en el proceso de paz exponiendo los temas que le preocupan.
En su intervención, Carupio habló sobre la necesidad de que se respeten los territorios de los indígenas, los cuales han sido utilizados como espacios de guerra por los diferentes actores armados, poniendo en riesgo la vida de los nativos.
Otra situación que preocupa al presidente de la OIA y que, según él, debería ser analizada en un escenario de pos conflicto, es la incidencia de la minería a gran escala en las comunidades indígenas.
“Cuando se habla de paz también debería incluirse la minería y la afectación que causa en los territorios indígenas”, expresó Carupio al señalar que, en varios de sus territorios, las trasnacionales y las grandes empresas mineras han venido desarrollando sus actividades sin el consentimiento de los indígenas.
Un eventual escenario de posconflicto en Colombia debería garantizar soluciones para problemáticas como la tenencia de la tierra, el impacto de la minería a gran escala, la superación de la inequidad y la reparación integral de las víctimas.
Por su parte, el coordinador regional de la Asociación Tierra y Vida, Carlos Paez, declaró que ve con esperanzas el proceso entre el gobierno y las FARC, porque “creemos es que sí hay una verdadera salida negociada de paz, nosotros como reclamantes vamos a tener una oportunidad mayor de cara a la restitución.”
Sin embargo, el líder de tierras mostró su preocupación por los otros grupos ilegales, principalmente de narcotráfico y bandas criminales, que continuarían delinquiendo en el país, a pesar del proceso con las guerrillas. Por eso le hizo un llamado al gobierno, para que busque la desmovilización de todas las organizaciones armadas; “porque si se desmovilizan unos y se quedan otros, la sociedad civil sigue sintiendo y sufriendo la guerra.”
Para finalizar, Carlos Paez, destacó la importancia del espacio de diálogo regional por la paz, que se abrió Antioquia. “Es que acá está viviendo la gente que ha sido realmente afectada por estos grupos, de una y otra parte, entre el fuego cruzado. Entonces queremos que el gobierno nacional tenga en cuenta las sugerencias que hacemos nosotros como sociedad civil y como víctimas del conflicto.”
Justamente, la participación de la sociedad civil es uno de los aspectos más importantes en la construcción de una paz duradera, en un eventual escenario de pos conflicto. Así lo explicó Diego Herrera Duque, presidente del Instituto Popular de Capacitación, una de las organizaciones que convocó este espacio.
“Si el acuerdo inicial de terminación del conflicto logra llegar a feliz término, se abriría un espacio de discusión frente a las agendas de paz en el país y es fundamental que Antioquia, por la participación que ha tenido en la guerra, tenga una iniciativa política y un liderazgo para asumir este tema en un escenario posterior”, señaló el líder social.
Herrera Duque indicó que además que otra de las intenciones de este diálogo regional por la paz, es “dejar instalada la discusión frente a la posibilidad de desarrollar los concejos territoriales y municipales de paz, que están contemplados en el sistema nacional de paz desde la época del ex presidente Samper y que, pensamos, hoy son una buena oportunidad como mecanismo de interlocución entre gobierno, autoridades y sociedad civil.”
Autoridades regionales deben unirse en torno a la paz
Una alianza entre la Asamblea Departamental de Antioquia y el Concejo Municipal de Medellín para trabajar el tema de la paz, planteó el concejal de la capital Antioqueña, Luis Bernardo Vélez, quien señaló que “este asunto no es sólo de Medellín y el Área Metropolitana sino de toda Antioquia, porque la suerte de la ciudad está ligada al departamento.”
Para el concejal, “este tipo de encuentros deben servir para plantear una agenda común que ponga a conversar a Medellín con los municipios de Antioquia en pleno, al Concejo de la ciudad con la Asamblea Departamental y a los actores sociales, como las mujeres que han sido las mayores víctimas de este conflicto; los discapacitados; los indígenas y los afros…”
El edil hizo énfasis en que es necesario romper las condiciones de pobreza y desigualdad que afectan a la región, y en el general al país, para garantizar una paz duradera porque, según planteó, la guerra no termina con la dejación de las armas.
En ese sentido, Luis Bernardo apoyó la iniciativa de reactivar los concejos departamentales y municipales de paz, “que tendrían que apuntar a definir cuál es el escenario, o el campo favorable, para encontrar en la paz mucha más equidad y justicia social.”