Foto: archivo Semana.
/ Por Oscar Sevillano*. A pesar de las críticas y observaciones que recibió la reforma constitucional que da vida al Fuero Penal Militar en Colombia, el Senado de la República con una votación de 54 votos a favor y 5 en contra, le dio aprobación en último debate, en la noche del martes pasado.
Luego de surtir los ocho debates que le corresponde por ser una reforma constitucional, el proyecto aprobado recientemente, pasa ahora a conciliación con la Cámara por los cambios que sufrió durante su trámite.
Según el texto aprobado, los delitos que comprometan los derechos humanos como crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, violencia sexual, ejecución extrajudicial, tortura y desplazamiento forzado pasaran a manos de la justicia ordinaria, y el resto de infracciones al Derecho Internacional Humanitario serán de conocimiento de la Justicia Penal Militar.
También se crea un Tribunal de Garantías que vigile y preste asesoría a los militares involucrados en delitos durante el servicio y que estén siendo procesados penalmente.
Quedó establecido además que la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Justicia Penal Militar, contará con un año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública, y trasladar a la Justicia Penal Militar, aquellos donde no se cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria. Así mismo, se podrá verificar si algún proceso específico que cursa en la Justicia Penal Militar podría ser de competencia de la Justicia Ordinaria.
Se creará además una comisión técnica que se desplazará al lugar de los hechos, con el fin de buscar pruebas para determinar si el caso debe ir a la justicia ordinaria o a la penal militar.
Se fortalece el fuero carcelario para miembros de las fuerza pública, es decir que no podrán estar en la misma celda o patio con delincuentes condenados, y en ese sentido tendrán que tener penales exclusivos o ser recluidos en guarniciones militares vigiladas.
Se crea la defensoría técnica, adscrita al ministerio defensa para que todos los miembros de la fuerza pública tengan un abogado pago por el estado para su defensa ante la justicia penal militar u ordinaria según corresponda.
*Periodista del Portal ArcoIris.com.co