/ Por Virginia M. Bouvier*. Una década después de que la última ronda de conversaciones entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) terminara en Caguán, la paz se asoma de nuevo en el horizonte de Colombia. Para muchos, el anuncio del proceso de paz de Colombia de hace unos meses constituyó una auténtica sorpresa.
Ahora sabemos que el Gobierno colombiano entró en contacto con las FARC poco después de que Santos tomara posesión de su cargo y que, entre febrero y agosto de 2012, las partes mantuvieron, a lo largo de seis meses, conversaciones exploratorias secretas en Cuba, lo que actualmente se conoce como Fase Uno de las tres fases previstas de las conversaciones de paz. La Fase Dos se inició el 18 de octubre con la puesta en marcha de la Mesa de Conversación en Noruega y su reanudación en La Habana. Una vez que las partes lleguen a un acuerdo de paz para poner fin al conflicto, seguirá la tercera y última fase de implementación y consolidación de la paz.
Visto en retrospectiva, las señales de que se aproximaba un proceso de paz no podían ser más claras. Tanto las FARC como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), más pequeño, habían hecho público su deseo de entablar negociaciones de paz con el Gobierno y ello durante más de dos años. En enero de 2012, el líder de FARC Timoleón Jiménez, alias «Timochenko,» emplazó Santos a tratar la agenda que había quedado pendiente desde las conversaciones de paz de Caguán una década atrás. Los líderes del ELN se han hecho eco de las llamadas al diálogo, aunque hasta ahora, otros temas y prioridades han impedido su participación en las mesas de negociación de La Habana.
Por su parte, el presidente Santos ha hablado,desde que accedió al cargo,de la necesidad de reconciliación en Colombia. En su discurso de toma de posesión, Santos anunció que tenía guardada la llave de la paz en su bolsillo y que la utilizaría cuando las condiciones fueran las adecuadas. Esto significó un cambio sustancial respecto a la era del anterior presidente, Álvaro Uribe, que negaba la existencia de un conflicto armado en Colombia.
Las partes, discretamente, se han involucrado en un proceso gradual de adquisición de compromisos que ha servido para desarrollar la confianza mutua en el proceso. El Gobierno avanzó una agenda legislativa que abordaba una serie de prioridades clave para las FARC en cuestiones agrarias y una enmienda constitucional destinada a proporcionar un marco para las futuras negociaciones. Levantó las órdenes de arresto relativas a los miembros del equipo negociador de las FARC y legalizó la Marcha Patriótica, facilitando una plataforma potencial para que los futuros ex-miembros de las FARC puedan integrarse en la vida civil. Por su parte, las FARC anunciaron que dejarían de secuestrar y que liberarían a los rehenes del ejército y la policía que aún estaban en sus manos y, el 19 de noviembre, declararon un alto el fuego unilateral que se prolongará hasta el 20 de enero de 2013.
El Gobierno colombiano entró en contacto con las FARC poco después de que Santos tomara posesión de su cargo y entre febrero y agosto de 2012, las partes mantuvieron, a lo largo de seis meses, conversaciones exploratorias.
La sociedad civil carece de representantes oficiales en las conversaciones de paz y algunos sectores reivindican un lugar en la mesa de negociaciones. Sin embargo, sería engañoso sugerir que la sociedad civil no ha jugado un papel importante en este proceso de paz. En efecto, ya en el preámbulo del acuerdo marco firmado por las partes el 26 de agosto se especifica que las Mesas de Conversación son la respuesta al «clamor de la población por la paz». Y este clamor ha ido creciendo.
En los últimos dos años, Colombianos y Colombianas por la Paz, una alianza de la sociedad civil liderada por la exsenadora Piedad Córdoba, ha entablado un «diálogo epistolar» sobre temas humanitarios y de paz con las FARC y el ELN. Han hecho lo mismo académicos, excombatientes y líderes religiosos. También ha habido organizaciones de mujeres, comunidades indígenas y afro-colombianas, líderes sindicales, campesinos, grupos de víctimas, periodistas, defensores de los derechos humanos, trabajadores de la cultura y artistas, así como políticos, que han intensificado su llamamiento por la paz,al igual que una serie de movimientos sociales y nuevas plataformas, incluyendo la Ruta Social por la Paz, Mujeres por la Paz, y la Mesa Nacional de Unidad Agraria.
El acuerdo marco prevé tres vehículos generales para canalizar la participación civil: las consultas con expertos, el establecimiento de un mecanismo para la recepción de propuestas por vía electrónica o en persona y las «consultas directas», a ser posible conducidas por una tercera parte. Estos mecanismos están en proceso de ser definidos. En estos momentos, una serie de grupos de la sociedad civil están apoyando las conversaciones, presionando para que se establezcan un alto el fuego y acuerdos humanitarios y esperando participar en la implementación de los acuerdos.
Sin embargo, aún está pendiente involucrar a la sociedad civil más amplia. Pese a que la popularidad del presidente Santos se disparó tras su anuncio de las conversaciones, la anterior experiencia de Caguán sigue muy presente en la mente de los colombianos. Al igual que le ocurría al personaje de tiras cómicas Charlie Brown, el cual una y otra vez trataba de chutar el balón pero Lucy se lo quitaba, los colombianos temen que la paz que desean tan desesperadamente les sea arrebatada en el último momento. Ello podría suceder, pero esta vez hay buenas razones para esperar un desenlace distinto.
En primer lugar, los equipos ya han trabajado juntos y han logrado establecer un acuerdo que detalla el camino a seguir. La agenda acordada incluye seis puntos y está más focalizada y es más factible de alcanzar que las agendas anteriores. En segundo lugar, ambas partes parecen haber aceptado que una victoria militar no es posible. En tercer lugar, se trata de un proceso serio y bien diseñado y las partes coinciden en que el objetivo es poner fin al conflicto. En cuarto lugar, ambas partes están trabajando a partir de las lecciones aprendidas en el pasado. Entre otras cosas, han mantenido una notable discreción y, en gran medida, están evitando la tentación de negociar a través de la prensa, algo que resultó desastroso en el anterior proceso de paz. Además, el equipo negociador del Gobierno incluye representantes de las fuerzas armadas, la policía y el sector empresarial, grupos que en los anteriores procesos de paz dificultaron las cosas.
En quinto lugar, ambas partes han respetado los acuerdos alcanzados hasta el momento. En sexto lugar, el contexto internacional es más favorable para la paz hoy que en Caguán. La lucha armada en América Latina está desacreditada y se ha demostrado que el cambio mediante las urnas es posible. Finalmente, la comunidad internacional, a través de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, está jugando un papel discreto y constructivo que ayuda a que el proceso avance. No cabe duda de que habrá retrasos, baches y choques en el camino, pero las perspectivas de paz son más halagüeñas de lo que han sido durante muchos años.
*Encargada del Programa para América Latina, Instituto para la Paz de Estados Unidos