Esta semana el ex senador, ex presidente de Fedegán y ahora ex embajador de Colombia en Perú Jorge Visbal Martelo fue detenido preventivamente por la investigación que lo relaciona con los grupos paramilitares de la Costa Atlántica, tanto cuando era dirigente gremial, como en su paso por la política.
No es la primera vez que el nombre de un embajador colombiano es llamado por la justicia por vínculos con la ilegalidad o por delitos cometidos durante el ejercicio de sus cargos anteriores.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe, muchos de sus aliados y funcionarios más cercanos y cuestionados terminaron premiados con consulados y embajadas. Lo sorprendente es que el actual gobierno no hizo cambios en el servicio diplomático y ya ha acumulado varias renuncias por razones netamente judiciales.
La historia de los diplomáticos enredados con la justicia es larga. Uno de los casos más sonados en el pasado fue el del entonces embajador ante la Comunidad Europea Carlos Arturo Marulanda, quien resultó investigado por vínculos con los paramilitares que en el Cesar, fue capturado en Europa y luego exonerado de los cargos que se le imputaban, aunque hoy el despojo que hicieron los paramilitares en la finca Bellacruz, de la que era propietaria su familia, sigue siendo investigado.
Con la orden de captura al embajador de Colombia en Perú, Jorge Aníbal Visbal Martelo, los nombramientos en la diplomacia nacional vuelven a quedar en tela de juicio.
El ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, estuvo como diplomático en Chile justo cuando su nombre empezó a salir a flote en la investigación por la muerte del alcalde de El Roble, en Sucre. Su nombre también fue asociado por varios testigos, como alias Pitirry y por paramilitares como uno de los auspiciadores de las AUC en Sucre. Hoy se encuentra condenado a 40 años por estos crímenes.
El consulado de Milán, en Italia también fue el controvertido cargo que recibió el ya denunciado y cuestionado ex director del DAS Jorge Noguera, durante el primer gobierno de Uribe. Justamente una portada de la revista Semana en la que se preguntaba cuándo renunciaría este funcionario desató la ira de Uribe, quien dijo en la televisión, en directo, que metía las manos al fuego por Noguera, y que era un hombre de bien. Hoy está condenado por vínculos con paramilitares y por el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis.
La embajada en República Dominicana tampoco ha salido bien librada si se trata de su cuerpo diplomático. El ex embajador en ese país, fue detenido en 2009, después de que varios paramilitares, pero especialmente Ever Veloza lo señalaran como jefe político del Bloque Calima de las AUC y de haber recibido apoyo de los paramilitares para hacerse elegir gobernador del Cauca en 2003. En la embajada lo sucedió el controvertido general en retiro Mario Montoya, quien renunció el año pasado después de que la Fiscalía empezara a investigar en firme el montaje de una falsa desmovilización del grupo Cacique La Gaitana, en la que presuntamente participó Montoya. También ha sido mencionado por paramilitares por supuestas acciones conjuntas en la Operación Orión de Medellín, entre otras.
Aunque no tiene proceso judicial abierto, el ex director de la Policía Rosso José Serrano, nombrado embajador en Austria, fue señalado por Salvatore Mancuso de colaborar con las autodefensas cuando estaba en su cargo.
Sabas Pretel de la Vega, enfrenta un juicio por la llamada Yidis política, que en realidad fue la compra de votos en el Congreso para sacar adelante la relección presidencial. Para comparecer ante la justicia tuvo que renunciar a la embajada de Colombia en Italia, donde se hizo famoso por haberle dicho a un periodista de ese país, quien estaba elogiando el la belleza de el Chocó, que en ese departamento solo hay “mosquitos y negros”.
El nombre de César Mauricio Velásquez, embajador en el Vaticano, también ha estado asociado a la investigación por el complot contra la Corte Suprema que se habría fraguado en Casa de Nariño con un ex paramilitar conocido como Job.
Favores políticos
Colombia no ha logrado tener una carrera diplomática seria, y las representaciones en el exterior son, en buena medida, un botín para pagar favores políticos. Algo que rezaga mucho a Colombia de sus pares en la región y que desdice mucho de un gobierno como el de Santos, que quiere jugar un liderazgo regional e incluso global.
Apenas en noviembre de 2011 la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que le permitiría conocer y someter a evaluación los nombramientos de los embajadores y cónsules ante los gobiernos extranjeros. Habrá que ver si una iniciativa de este tipo es suficiente, o si lo que se requiere es voluntad política para tomarse en serio el ejercicio de las relaciones con otros países.