Tres hechos marcan el momento por el cual atraviesa la seguridad en Medellín: un importante informe de la Personería sobre la situación de los DD.HH en la ciudad, la renuncia del secretario de seguridad y la baja en 18 puntos en la popularidad del alcalde.
No puede ocultarse que cuando nos ocupamos de la seguridad en Medellín, estamos frente a un problema de marca mayor el cual debería encontrarse en el centro de las preocupaciones de los gobernantes de la ciudad y por lo tanto el núcleo duro de cualquier plan de desarrollo. Así creímos entenderlo cuando se nos propuso el eslogan de “Medellín un hogar para la vida”. Cuando veníamos de una administración como pocas, conocedora de la conflictividad urbana y quien al final reconoció que una de sus mayores falencias había sido precisamente la seguridad en la ciudad, pensamos que nos encontrábamos en el momento para que se diera un vuelco en el enfoque a la seguridad.
El informe de la Personería, aunque flojo en propuestas, es revelador sobre una realidad que no puede esconderse, no obstante los esfuerzos por maquillar una imagen para vender a extraños pero en nada creíble para quienes diariamente se ven impedidos en su derecho a movilizarse por fronteras que cada vez se achican, y para quienes sufren de la extorsión en sus ya múltiples expresiones.
En los últimos 8 años Medellín ha innovado, no se pueden negar los progresos en educación, transporte y los esfuerzos que se han hecho en inclusión social, pero en la seguridad poco se ha avanzado. El modelo centrado en mejorar el aparato coercitivo del Estado consistente en colocar entre rejas a los jefes de las estructuras armadas y por lo tanto judicializarlos, está demostrando que si no es un fracaso es por lo menos insuficiente. Las razones son muy simples: el aparato coercitivo y de justicia del Estado en buena parte o esta intimidado o hace parte de las estructuras mafiosas, el habitante raso ha terminado por convivir con la protección violenta y desconfiar de la protección legal y el narcotráfico no ha dejado de tener un peso relevante en la economía, mantiene su capacidad corruptora y muta a una velocidad que supera con creces la mal llamada inteligencia estatal.
Un informe de la Personería prende las alarmas sobre el aumento de la extorsión en varias zonas de la ciudad y la expansión del poder de las bandas criminales a los municipios cercanos.
Es una caricatura por lo tanto imaginar que una realidad como ésta se pretenda enfrentar con tecnología, como llenar la ciudad de cámaras y que ante los incrementos en los indicadores de violencia la respuesta no sea otra que el aumento del pie de fuerza.
Está condenada al fracaso una política de seguridad que no tenga en consideración:
Un Estado local con el monopolio de la fuerza pero también creíble y confiable. Es imprescindible que el ciudadano sienta la cercanía del Estado lo cual implica que realmente le disputa el dominio territorial a la ilegalidad no sólo desde la presencia policial. Medellín debería pensar en descentralizar el poder del Alcalde en personajes a la manera de alcaldías menores u otra modalidad que por zonas garanticen la presencia del aparato judicial, policial y de desarrollo que de verdad atienda y resuelva los problemas que agobian diariamente al ciudadano y que garanticen una participación ciudadana eficaz y no manipulada por el gobernante de turno. También deben crearse mecanismos eficaces que coloquen barreras reales a los nexos del aparato coercitivo, judicial y económico con la ilegalidad expresada en las estructuras mafiosas.
Una nueva ciudadanía para la legalidad. Es indispensable que el aparato educativo y una activa estrategia de opinión pública, esté alineado con el propósito de crear una generación que crea en el valor de la legalidad. Es urgente que por tratarse de procesos de largo aliento, se trabaje más temprano que tarde en los valores de la democracia, en ser convincentes de que la legalidad paga y no a la inversa como ha sido la lógica hasta el presente.
Es indispensable que la política de seguridad sea no sólo un problema de Medellín, sino metropolitano y departamental. Cualquier decisión que sea pensada sólo desde Medellín será inocua. Las estructuras mafiosas se configuran con una idea de expansión que va más allá de escalas territoriales como el municipio. Un paso importante al respecto, sería que la seguridad se mirada desde una perspectiva metropolitana y en eso la Alcaldía debería jugar un papel destacado en buscar acuerdos a partir de lo que permite la ley de ordenamiento territorial.
Una política de empleo digno. Si bien la pobreza no conlleva per se a la violencia, es indispensable que ante los altos índices de desempleo en Medellín se trabaje para romper la lógica de la informalidad que en la actualidad hace parte de la base social de las estructuras mafiosas. Con un empleo digno se le gana terreno a la legalidad y se le quita piso a uno de los factores generadores de inseguridad.
Finalmente, es necesario que Medellín juegue un papel de liderazgo ante el país y el mundo en el debate sobre drogas ilícitas y las rentas mafiosas. Nos sobra autoridad moral para proponer salidas a una realidad que está carcomiendo a la sociedad, que ha frustrado a muchas generaciones y que no deja sino corrupción, descomposición social y muerte. La coyuntura nacional es más que propicia al respecto.
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