Imagen: cortesía Kienyke.com
Guillermo Asprilla, que por un fallo de la Procuraduría fue retirado de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, hace un balance en materia de seguridad de la ciudad. Asprilla reconoce que falta aún mucho por hacer y dice que hay tintes políticos en el fallo que lo destituyó. Asegura que está haciendo carrera el uso de organismos de control para desconocer la voluntad popular que se expresa en las urnas.
¿Cómo se llegó a los resultados que muestra hoy Bogotá en materia seguridad?
Pusimos la seguridad en un lugar privilegiado de nuestras prioridades, enfrentándonos al prejuicio de que gobiernos de izquierda no saben manejar el tema. El primer paso fue la política de desarme que sorprendió a un país con tradición de violencia y que venía de ocho años en los cuales el Estado alcanzó a apoyar incluso los mecanismos de autodefensa personal. También comprendimos que para conseguir resultados excelentes era necesario construir una relación respetuosa, fructífera y productiva con la Policía Nacional.
Afortunadamente Bogotá tiene un comandante extraordinario, con una capacidad de planificación notable. Esta primera orden del Alcalde, el desarme, se hubiera quedado en el papel si la Policía no la acompaña con acciones eficaces
¿También es sorprendente la baja en el número de homicidios?
Bogotá salió del ranking de las ciudades más peligrosas del mundo y es hoy un modelo a estudiar por parte de centros urbanos que tienen problemas similares. No conozco antecedentes sobre un resultado de esta magnitud en tan corto tiempo.
¿Cuál es la máxima meta?
Llevar la cifra a un dígito, o sea, menos de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. Así, Bogotá pasará a ser más segura que la mayor parte de ciudades del mundo por su tamaño, incluidas las de Europa y América del Norte. Es una estrategia múltiple que se basa en tres actores: ciudadanía, administración y Policía.
Por decisión de la Procuraduría usted debe dejar su cargo. ¿Cómo explica una sentencia que lo suspende del servicio público por 12 años?
Fue necesario que la Procuraduría forzara al máximo sus argumentaciones y contraviniera principios del derecho disciplinario para pronunciar esta sentencia y la decisión de sancionarme a como diera lugar. Es más evidente cuando esto se examina frente al Tribunal Contencioso de Cundinamarca, que en primera instancia falló a mi favor (27 contra 3) sobre una acción de pérdida de investidura que me interpusieron por los mismos hechos. El Tribunal dijo que mi conducta estaba ajustada a la ley y que no había cometido violación al régimen de incompatibilidades. Es un caso absolutamente escandaloso porque contraría todos los precedentes judiciales sobre la materia con argumentos peregrinos y exóticos.
¿Qué le quita peso al fallo?
La sanción resulta tan endeble jurídicamente y tan débil que la propia Procuraduría señaló que no pudo probar dolo.
Me absolvió de la misma imputación en mi cargo de Secretario de Gobierno, pero resolvió condenarme como concejal de Bogotá y deduzco que la motivación no fue el cumplimiento de los fines y principios de la ley disciplinaria sino otras razones que pueden ser, como dijo el Alcalde Petro, enviar un mensaje político a Bogotá Humana.
¿Se ha actuado de forma similar en otros procesos?
La Procuraduría parece estar actuando selectivamente, un ejemplo es el Canal Capital y su gerente Hollman Morris, injuriado por el concejal Marco Fidel Ramírez, quien en sesión plena del Concejo le ofendió diciendo que debía dirigir un prostíbulo. La reacción de la Procuraduría no ha sido investigar a quien injurió sino iniciarle un proceso al propio Morris por la transmisión de un concierto. Es una extraña forma de proceder.
¿Se configura un poder desbordado?
Es cierto. Por ejemplo, en el mundo es inaceptable que, después de los avances en derechos humanos, una autoridad con semejante poder manifieste actitudes homofóbicas y las haga públicas en el ejercicio de su labor. Lleva a un franco abuso del derecho.
¿Quieren derribar el gobierno Progresista de Bogotá, vienen por la cabeza del Alcalde?
No es descartable que organismos de control decidan tomar el atajo de decisiones arbitrarias para impedir que se cumpla la voluntad popular que eligió a Petro. En parte ese riesgo está anunciado. Hay un grado de acuciosidad inusitado y de actividad a veces sorprendente.
¿No cree que es consecuencia de proponer rupturas y cambios al modelo?
Nuestros funcionarios deben ser líderes de una gran transformación en la administración pública. De ellos se espera un alto nivel de compromiso y total transparencia. No somos y no podemos ser un gobierno de trámite, nuestro papel es ser un gobierno de ruptura para bien de la gente.
¿Cómo enfrentar estos suprapoderes?
Esto no se había percibido claramente en la arquitectura constitucional. Que desde los organismos de control se pretendiera desconocer o atacar la voluntad popular expresada en las urnas. Habrá que hacer modificaciones constitucionales y extremar la vigilancia ciudadana sobre estas entidades.
¿Se siente víctima?
La sanción me impide, además, ser profesor de una universidad pública. Soy un hombre de la Universidad Nacional, allí me formé como estudiante y como docente. Es dramático que una decisión de estas me impida siquiera realizar esa labor que fue tan satisfactoria para mi espíritu durante tantos años. Es un daño colateral que muestra hasta qué punto es desproporcionada esa decisión.
¿Cuál es su balance de la marcha por la paz del nueve de abril?
La paz es otra gran tarea pendiente. Lo del nueve de abril es la expresión multitudinaria del hastío de una guerra interminable y sin esperanza, el cansancio espiritual que le ha producido a la gente esta situación de violencia y de crimen. Padecemos una guerra sin gloria a la que hay que poner término.
¿Hay enemigos del diálogo?
Sí, es una particularidad de este período de conversaciones. Antes los enemigos de la paz estaban agazapados, hoy pretenden crear públicamente un frente civil por la guerra, una especie de unidad contra la paz y lo hacen abiertamente. Detrás del conflicto hay intereses políticos que se construyeron dentro de la guerra, por la guerra y para la guerra y que hoy son cuestionados por la ciudadanía.
¿Qué va a hacer?
Seguir en la actividad política con los principios que han inspirado la construcción del proyecto de Bogotá Humana y que han guiado nuestra lucha durante décadas.
¿Vuelve a la militancia en Progresistas?
Mi interés es respaldar al gobierno de Bogotá Humana donde sea necesario.
¿Extrañará su paso por la administración distrital?
La función pública es exigente por el esfuerzo personal, la dedicación y el compromiso, pero es gratificante. Satisface salvar vidas con decisiones acertadas o cambiar el rumbo de asuntos que, en la sociedad, parecían destinados a ser permanentes.
¿Qué opina del Concejo?
Es una corporación diversa y múltiple donde hay actores de distintos pensamientos, comportamientos y partidos. Un buen número de concejales se preocupa por la ciudad, hace su labor con una gran ética pública. Pero un pequeño grupo que tiene mucho poder le ha hecho daño al Concejo, ha banalizado el control político y considera que su credencial permite dañar la honra de los funcionarios. Prefieren que no se haga el cable en Ciudad Bolívar o San Cristóbal, más rutas de Transmilenio o metro ligero, con la mezquina idea de que no lo haga Petro. Antepone sus rencores al progreso.
¿Se va tranquilo?
Sí, pero con gran expectativa. Espero que lo que hemos planteado nos permita tomar rumbo hacia una ciudad y un país mejores. Estoy inconforme con el accidente histórico que me deja por fuera del servicio público, pero mi trabajo continuará en cualquier otra instancia y en muchos otros espacios.
*Entrevista publicada en el periódico Humanidad