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Ley de Víctimas no las cobija. Se han disparado las peticiones por acciones de bacrim.
En un fallo sin precedentes que abre la puerta para que las miles de víctimas que han dejado las bandas criminales en los últimos años puedan acceder a la reparación por vía administrativa, un juez de Medellín le ordenó la la Unidad de Víctimas que reconozca el desplazamiento masivo intraurbano generado por un ‘combo’ de esa ciudad y que afectó a 18 familias.
La Ley de Víctimas establece que la reparación administrativa solo procede para víctimas del conflicto: guerrillas, paramilitares y, eventualmente, actores estatales. El accionar criminal de las bandas, como lo denunció un informe de la Federación Nacional de Personeros revelado por este diario hace tres semanas, está dejando en algunas zonas más víctimas que las mismas Farc y el Eln.
Las 18 familias -unas 50 personas- tuvieron que salir de la zona de Pan de Azúcar en abril del año pasado, tras el asesinato de cuatro personas a cargo de una banda criminal. En diciembre, la Unidad de Víctimas les notificó que no tenían derecho a la reparación porque fueron afectados por una ‘bacrim’ y no por un grupo en medio del conflicto.
La Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín tutelaron y lograron que el juez ordenara la inclusión de esas personas en el registro de víctimas.
«Las ‘bacrim’, conformadas con posteridad a la desmovilización de las autodefensas, son verdaderos grupos armados ilegales, con la capacidad militar y la organización suficiente para asolar a la población tanto rural como urbana y que han extendido sus acciones a lo largo y ancho del territorio nacional», dijo el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.
Se disparan solicitudes por Bacrim
Un informe de la Federación Nacional de Personeros -que son la puerta de entrada al sistema de reparación en todos los municipios del país- señala que en departamentos como Bolívar y Córdoba, de cada diez personas que llegan a buscar ayuda del Estado, al menos tres denuncian haber sido víctimas de las bandas.
Por su lado, la Unidad de Víctimas reporta que el año pasado 12.165 personas declararon haber sido víctimas de bandas.
Hay reportes como los de Buenaventura, donde la violencia de esos grupos es el principal azote para la población civil. La Personería de esa ciudad registró 17 desplazamientos forzados entre septiembre y noviembre del 2012, con unas siete mil personas afectadas. De ellas, 6.750 se vieron obligadas a huir por amenazas o vendettas entre ‘Rastrojos’, ‘Urabeños’ y ‘la Empresa’.
En otros municipios del Valle como El Dovio y Obando, los personeros dicen que todas las declaraciones tomadas entre el 2012 y lo que va del 2013 corresponden a víctimas de esos grupos. Muchas de ellas venían de departamentos vecinos, como Caquetá y Cauca, pero la situación tiene directa relación con que esa zona, norte del Valle, fue por años escenario de la guerra entre ‘Machos’ y ‘Rastrojos’.
REDACCIÓN JUSTICIA