As\u00ed lo determin\u00f3 el Consejo de Estado al considerar que estas acciones generan una responsabilidad del Estado. <\/p>\n
La Secci\u00f3n Tercera del Consejo de Estado determin\u00f3 que las Fuerzas Militares no pueden destruir los archivos hist\u00f3ricos que hagan referencia al desarrollo de las operaciones militares que adelantan.<\/p>\n
Esta decisi\u00f3n se tom\u00f3 al condenar al Ej\u00e9rcito por los perjuicios causados a un soldado voluntario del Batall\u00f3n de Contraguerrillas de la Octava Brigada, durante la toma guerrillera al puesto de Calamar en San Jos\u00e9 del Guaviare registrada en septiembre de 1994.<\/p>\n
Seg\u00fan las pruebas recolectadas por el tribunal de lo contencioso administrativo se pudo constatar que un capit\u00e1n del Ej\u00e9rcito lleg\u00f3 a la base militar y orden\u00f3 la destrucci\u00f3n de todos los archivos del batall\u00f3n correspondientes a los a\u00f1os 1994, 1995 y 1996 al catalogarlos como \u201cbasura\u201d.<\/p>\n
En este sentido se indic\u00f3 que esta acci\u00f3n impidi\u00f3 que el demandante acreditara lo ocurrido en el enfrentamiento militar con la guerrilla.<\/p>\n
Ante esto se consider\u00f3 La destrucci\u00f3n de los archivos militares que conten\u00edan la informaci\u00f3n oficial de lo ocurrido en materia de orden p\u00fablico y conflicto. <\/p>\n
armado se interpreta como un indicio grave en contra de la misma instituci\u00f3n, \u201cque hace prosperar las pretensiones de la demanda\u201d, pues se est\u00e1 frente a una falla del servicio, se\u00f1ala el fallo.<\/p>\n
En el proceso se pudo establecer que por esta actuaci\u00f3n el militar no fue investigado ni penal o disciplinario al responsable, adem\u00e1s no se tom\u00f3 ninguna acci\u00f3n por trasladar o recuperar desde otros archivos o centros de documentaci\u00f3n el material probatorio destruido.<\/p>\n
Para el Consejo de Estado este tipo de actuaciones evidencian una actuaci\u00f3n negligente por parte del Ej\u00e9rcito. Adem\u00e1s, demuestran la omisi\u00f3n de procurar por la custodia y conservaci\u00f3n de sus archivos, que conducen al respeto de derechos constitucionales como el de petici\u00f3n, el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y bases de datos, debido proceso administrativo, acceso a la justicia y reconstrucci\u00f3n de la memoria hist\u00f3rica.<\/p>\n
En la Sentencia, la Sala record\u00f3 que la reconstrucci\u00f3n de la verdad es una forma de reparaci\u00f3n simb\u00f3lica que contribuye a sanar las heridas en una sociedad, por lo que la reconstrucci\u00f3n de la memoria hist\u00f3rica se afecta cuando el Estado minimiza la importancia de sus archivos y permite su desaparici\u00f3n, pues all\u00ed \u201creposan los materiales que contienen el trasegar administrativo, jur\u00eddico, pol\u00edtico, econ\u00f3mico, cultural y social de una comunidad organizada que, sin conocimiento y sin forma de rastrear su cultura y su historia, hacen bien dif\u00edcil, sino imposible, la constituci\u00f3n de unidad como Naci\u00f3n y con ello el quiebre del inter\u00e9s general, de la libertad y de la paz\u201d.<\/p>\n
Por: Elespectador.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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