{"id":11671,"date":"2013-09-27T07:59:22","date_gmt":"2013-09-27T12:59:22","guid":{"rendered":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/?p=11671"},"modified":"2019-08-26T15:09:40","modified_gmt":"2019-08-26T20:09:40","slug":"el-riesgo-de-volver-a-casa-violencia-y-amenazas-contra-desplazados-que-reclaman-restitucion-de-sus-tierras-en-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/2013\/09\/el-riesgo-de-volver-a-casa-violencia-y-amenazas-contra-desplazados-que-reclaman-restitucion-de-sus-tierras-en-colombia\/","title":{"rendered":"\u201cEl riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restituci\u00f3n de sus tierras en Colombia\u201d"},"content":{"rendered":"

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\nNumerosos desplazados internos colombianos han sido v\u00edctimas de asesinato y amenazas de muerte generalizadas por intentar reclamar su tierra, se\u00f1al\u00f3 Human Rights Watch en un informe divulgado en Bogot\u00e1. \u00a0Los abusos contra familias desplazadas que procuran regresar a su hogar casi siempre quedan impunes, al igual que los delitos originales de expulsi\u00f3n y despojo de sus tierras.<\/p>\n

El informe de 203 p\u00e1ginas, titulado: \u201cEl riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restituci\u00f3n de sus tierras en Colombia\u201d, documenta asesinatos, amenazas de muerte y nuevos incidentes de desplazamiento forzado cometidos contra desplazados que estar\u00edan vinculados con su esfuerzo por recuperar sus tierras. Muchas de las personas agredidas reclaman sus terrenos a trav\u00e9s de la Ley de V\u00edctimas, promulgada por el Presidente Juan Manuel Santos en 2011 para restituir millones de hect\u00e1reas de tierras abandonadas y despojadas a desplazados.<\/p>\n

\u201cEl Presidente Santos impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir tierras, pero los actos de violencia e intimidaci\u00f3n contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa m\u00e1s importante en materia de derechos humanos\u201d, observ\u00f3 Jos\u00e9 Miguel Vivanco, Director para las Am\u00e9ricas de Human Rights Watch. \u201cA menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos contra reclamantes de tierras, estas personas seguir\u00e1n siendo asesinadas, amenazadas y desplazadas por exigir lo que es suyo\u201d.<\/p>\n

Desde 1985, los abusos y hechos de violencia asociados al conflicto armado interno colombiano han forzado a m\u00e1s de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado as\u00ed la poblaci\u00f3n de desplazados internos m\u00e1s numerosa del mundo. Se estima que los desplazados de Colombia se han visto obligados a abandonar 6 millones de hect\u00e1reas de tierra, gran parte de las cuales fueron usurpadas por grupos armados, sus aliados y otros terceros, y contin\u00faan en poder de estos.<\/p>\n

Durante un a\u00f1o y medio, Human Rights Watch realiz\u00f3 investigaciones in situ que incluyeron entrevistas con m\u00e1s de 250 reclamantes y l\u00edderes de restituci\u00f3n de tierras y funcionarios p\u00fablicos. Los investigadores documentaron abusos contra v\u00edctimas de los departamentos de Antioquia, Bol\u00edvar, Cesar, Choc\u00f3, C\u00f3rdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, y tambi\u00e9n de Bogot\u00e1, que intentaban recuperar tierras a trav\u00e9s de la Ley de V\u00edctimas y otros mecanismos de restituci\u00f3n.<\/p>\n

Human Rights Watch document\u00f3 17 casos de asesinatos de reclamantes y l\u00edderes de restituci\u00f3n de tierras ocurridos desde 2008, en los cuales perdieron la vida 21 personas, y cuyas circunstancias ofrecen evidencias convincentes de que los ataques se debieron al activismo de las v\u00edctimas.<\/p>\n

Human Rights Watch tambi\u00e9n document\u00f3 m\u00e1s de 80 casos de reclamantes de tierras que hab\u00edan recibido graves amenazas, y m\u00e1s de 30 nuevos casos de desplazamiento, en los cuales los reclamantes debieron abandonar su hogar una vez m\u00e1s tras sufrir abusos vinculados con sus intentos de restituci\u00f3n o activismo.<\/p>\n

A trav\u00e9s de datos oficiales obtenidos mediante solicitudes de informaci\u00f3n, se observ\u00f3 que estos casos documentados de asesinato, amenazas y nuevos desplazamientos conforman un patr\u00f3n mucho m\u00e1s amplio. En agosto de 2013, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n inform\u00f3 que estaba investigando 49 casos de asesinatos de \u201cl\u00edderes, reclamantes o part\u00edcipes en asuntos de restituci\u00f3n de tierras\u201d cometidos en la mitad de los 32 departamentos de Colombia desde el a\u00f1o 2000. Estos casos reportados inclu\u00edan 56 homicidios.<\/p>\n

Desde enero de 2012, m\u00e1s de 500 reclamantes y l\u00edderes de restituci\u00f3n de m\u00e1s de 25 departamentos han informado a las autoridades que recibieron amenazas. Las autoridades han determinado que m\u00e1s de 360 reclamantes y l\u00edderes amenazados se encuentran en una situaci\u00f3n de \u201criesgo extraordinario\u201d debido a sus actividades vinculadas con la restituci\u00f3n de tierras.<\/p>\n

\u201cLas amenazas y los ataques persistentes son absolutamente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi cr\u00f3nica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados que reclaman tierras\u201d, coment\u00f3 Vivanco. \u201cLos fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas contra reclamantes de tierras desplazados y sus l\u00edderes en represalia por sus esfuerzos de restituci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Tambi\u00e9n son excepcionales los casos en que las autoridades judiciales juzgan penalmente a las personas que obligaron en un primer momento a los reclamantes a desplazarse y se apropiaron de sus tierras.<\/p>\n

De las m\u00e1s de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscal\u00eda que se ocupa de estos delitos en toda Colombia, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena.
\nEn enero, esta unidad de la Fiscal\u00eda hab\u00eda conseguido en total apenas cinco condenas en casos de desplazamiento forzado ocurridos en Antioquia, Bol\u00edvar, Cesar, Meta y Tolima, en ese entonces los cinco departamentos de Colombia con mayor cantidad de solicitudes de restituci\u00f3n de tierras, y donde al menos 1,7 millones de personas han sido desplazadas desde 1985, seg\u00fan datos proporcionados por el gobierno.
\nDebido a la falta de justicia por los desplazamientos forzados y despojos, los actores m\u00e1s interesados en conservar el control de las tierras que obtuvieron ilegalmente no est\u00e1n bajo el escrutinio de las autoridades y pueden f\u00e1cilmente frustrar mediante actos de violencia el retorno de los ocupantes originarios, se\u00f1al\u00f3 Human Rights Watch.<\/p>\n

Las autoridades no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares, y esto tambi\u00e9n implica una amenaza directa para la seguridad de los reclamantes de tierras. Dichos grupos heredaron las operaciones delictivas de la coalici\u00f3n paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) luego de que estas participaran en un proceso de desmovilizaci\u00f3n con graves falencias implementado por el gobierno anterior. Hasta el momento, los grupos sucesores del paramilitarismo han sido los autores de gran parte de los ataques y las amenazas contra reclamantes de tierras.<\/p>\n

Asimismo, algunos terceros que se apropiaron de las tierras luego de que fueron expulsados sus ocupantes originarios (a veces en connivencia con paramilitares), al igual que el grupo guerrillero de izquierda denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tambi\u00e9n han atacado y hostigado a reclamantes y l\u00edderes que intentaron recuperar su propiedad.<\/p>\n

El programa de protecci\u00f3n gubernamental, pionero en la regi\u00f3n, ha otorgado medidas de protecci\u00f3n a cientos de reclamantes de tierras y l\u00edderes en riesgo, incluidos chalecos antibalas y escoltas. Si bien son muy importantes, se trata en definitiva de medidas paliativas, puesto que no contribuyen a controlar ni juzgar a los grupos armados, las mafias delictivas ni otros actores que amenazan las vidas de los reclamantes, expres\u00f3 Human Rights Watch.<\/p>\n

Las limitaciones del programa de protecci\u00f3n gubernamental se tornan evidentes si se toma en cuenta que, a menudo, debe reubicar a reclamantes amenazados debido a que las autoridades no pueden garantizar su seguridad en el lugar donde viven. Desde enero de 2012, el programa ha reubicado temporalmente a m\u00e1s de 90 reclamantes de tierras y l\u00edderes de restituci\u00f3n de tierras en nuevas zonas a causa de graves amenazas contra estos.<\/p>\n

Hasta junio de 2013, la Unidad de Restituci\u00f3n, encargada de implementar la Ley de V\u00edctimas, hab\u00eda logrado que se dictaran sentencias de restituci\u00f3n en el 1 por ciento de las m\u00e1s de 43.000 solicitudes de restituci\u00f3n recibidas. Hasta julio, solamente una familia hab\u00eda regresado a vivir en su tierra como resultado de sentencias dictadas en el marco de la Ley de V\u00edctimas, y con el apoyo de la oficina gubernamental encargada de coordinar el retorno de los desplazados, si bien muchos otros beneficiarios de estas sentencias visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas.<\/p>\n

Si Colombia no adopta medidas adicionales para poner freno a los abusos, es probable que el problema se agrave considerablemente, asever\u00f3 Human Rights Watch. Es predecible que el nivel de amenazas y violencia aumente a medida que avancen las miles de solicitudes de restituci\u00f3n en curso, las familias empiecen a retornar a sus hogares y quienes pretenden preservar las tierras que obtuvieron ilegalmente vean afectados sus intereses de manera m\u00e1s directa.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda deber\u00eda trabajar en colaboraci\u00f3n con las autoridades que intervienen en la restituci\u00f3n de tierras para perseguir en\u00e9rgicamente los delitos cometidos contra reclamantes en las zonas donde hay procesos de restituci\u00f3n en curso. Deber\u00edan coordinar sus actividades para poder aprovechar la concentraci\u00f3n de denuncias relativas a casos relacionados. Esto permitir\u00e1 a las autoridades judiciales efectuar investigaciones sistem\u00e1ticas de los desplazamientos forzados, despojos, amenazas, asesinatos y otros abusos contra desplazados que reclaman tierras.<\/p>\n

El gobierno colombiano deber\u00eda adem\u00e1s redoblar los esfuerzos por desarticular a los grupos sucesores de paramilitares, especialmente erradicando los v\u00ednculos corruptos que mantienen con funcionarios locales de algunas regiones, coment\u00f3 Human Rights Watch.<\/p>\n

\u201cEn Colombia, intentar recuperar tu tierra a menudo implica asumir riesgos y vivir atemorizado, mientras que quienes obligan a los campesinos a desplazarse, se apropian de sus tierras y los atacan por intentar recuperarlas pr\u00e1cticamente nunca tienen que rendir cuentas por sus actos\u201d, observ\u00f3 Vivanco. \u201cEl problema no se solucionar\u00e1 con chalecos antibalas y escoltas. S\u00f3lo se podr\u00e1 garantizar verdaderamente la protecci\u00f3n de las v\u00edctimas si se juzga a sus agresores y se rompe el control que las mafias paramilitares a\u00fan ejercen en varias zonas a las cuales intentan retornar familias desplazadas\u201d.<\/p>\n

Los casos documentados por Human Rights Watch sobre amenazas y ataques contra reclamantes y l\u00edderes de restituci\u00f3n incluyen:<\/p>\n

Abusos reiterados \u2014incluidas amenazas de muerte, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y asesinatos\u2014 cometidos desde 2008 contra m\u00e1s de una decena de miembros del cap\u00edtulo en Urab\u00e1 de Tierra y Vida, una asociaci\u00f3n de poblaci\u00f3n desplazada que promueve la restituci\u00f3n de tierras. Uno de esos casos es el del l\u00edder de Tierra y Vida Albeiro V\u00e1ldez Mart\u00ednez, quien retorn\u00f3 a su finca en el corregimiento de Totumo, Antioquia, en noviembre de 2009. Denunci\u00f3 haber sido amenazado por el ganadero que inicialmente hab\u00eda ocupado el predio despu\u00e9s de su desplazamiento, y fue hallado muerto en mayo de 2010. Al mes siguiente, el alcalde devolvi\u00f3 el predio de V\u00e1ldez al ganadero. Hasta el momento no hay imputados en relaci\u00f3n con el asesinato de V\u00e1ldez, y los familiares que persistieron en su intento por recuperar la tierra en Totumo siguieron recibiendo amenazas.<\/p>\n

En 2012 y 2013, las sucesivas amenazas contra l\u00edderes de la Mesa de V\u00edctimas de Carmen de Bol\u00edvar, un comit\u00e9 municipal creado para permitir la participaci\u00f3n de v\u00edctimas en la implementaci\u00f3n de la Ley de V\u00edctimas, oblig\u00f3 a seis de estas personas a abandonar el pueblo, al menos moment\u00e1neamente.<\/p>\n

Ermes Vidal Osorio y Ever Cordero Oviedo, dos reconocidos l\u00edderes de poblaci\u00f3n desplazada de la Mesa de V\u00edctimas de Valencia, C\u00f3rdoba, fueron asesinados con una diferencia de 3 semanas en marzo y abril de 2013. Decenas de familiares de Cordero abandonaron Valencia tras el homicidio.
\nDiversos l\u00edderes que promueven el retorno de desplazados a sus tierras en el sur del departamento de Tolima informaron haber sufrido amenazas graves y frecuentes por parte de las FARC. Por ejemplo, Germ\u00e1n Bernal y otros l\u00edderes desplazados indicaron que durante encuentros obligatorios mantenidos por las FARC en zonas rurales del sur de Tolima, estas anunciaron que se opon\u00edan a que los desplazados regresaran a sus hogares y declararon a sus l\u00edderes como \u201cobjetivos militares\u201d.<\/p>\n

Varios residentes y l\u00edderes que retornaron a territorios colectivos en las cuencas de los r\u00edos Curvarad\u00f3 y Jiguamiand\u00f3 han sufrido numerosos abusos, incluido el secuestro y homicidio de Manuel Ruiz y su hijo de 15 a\u00f1os en marzo de 2012. El orden secuencial en que se produjeron los hechos vinculados con el secuestro plantea graves interrogantes acerca de la posible tolerancia, por parte de polic\u00edas locales, frente a las operaciones de los miembros del grupo sucesor de paramilitares se\u00f1alados como responsables de la muerte de Ruiz y su hijo.<\/p>\n

DATOS Y CIFRAS<\/strong><\/p>\n