{"id":13330,"date":"2014-03-18T10:16:00","date_gmt":"2014-03-18T15:16:00","guid":{"rendered":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/?p=13330"},"modified":"2019-08-26T15:09:22","modified_gmt":"2019-08-26T20:09:22","slug":"ocho-anos-de-justicia-y-paz-un-balance-con-mas-sombras-que-luces","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/2014\/03\/ocho-anos-de-justicia-y-paz-un-balance-con-mas-sombras-que-luces\/","title":{"rendered":"Ocho a\u00f1os de \u201cJusticia y Paz\u201d: un balance con m\u00e1s sombras que luces"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Aunque muestre resultados positivos, este proceso ha sido una operaci\u00f3n de impunidad limitada por las v\u00edctimas y las ONG de derechos humanos. Ad portas de la liberaci\u00f3n de procesados \u2013y de un nuevo proceso de paz- hay que enmendar los errores y la Fiscal\u00eda debe ser m\u00e1s eficiente.<\/p>\n

Transcurridos ocho a\u00f1os desde el inicio del proceso de \u201cJusticia y Paz\u201d bajo el gobierno de \u00c1lvaro Uribe (2002-2010) cabe destacar algunos resultados positivos y sin embargo limitados en su alcance.<\/p>\n

– En primer lugar, sin duda es importante que destacados jefes paramilitares ya no est\u00e9n actuando libremente, y que haya desaparecido su organizaci\u00f3n nacional, conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Pero no por ello ha desparecido el paramilitarismo en el pa\u00eds, y hay muchas preguntas acerca del proceso que condujo al cese parcial de actividades.<\/p>\n

Permanecen intactos los componentes econ\u00f3micos, pol\u00edticos y sociales del paramilitarismo, y parte de sus unidades militares.
\n– En segundo lugar tambi\u00e9n es importante que hoy haya menos paramilitares que antes. Pero su n\u00famero es materia de discusi\u00f3n: seg\u00fan el Ministerio de Defensa, hab\u00eda 12.000 paramilitares en agosto de 2002; sin embargo, seg\u00fan el propio gobierno, se hab\u00edan desmovilizado 36.000. Si estas cifras son ciertas, los paramilitares se habr\u00edan reproducido durante la negociaci\u00f3n. Y si no son ciertas, estar\u00edamos ante un gran enga\u00f1o. Las dos hip\u00f3tesis son graves.<\/p>\n

– En tercer lugar, las muertes, desapariciones y otras violaciones atribuidas a paramilitares han disminuido, pero no han cesado. Seg\u00fan un reciente informe del programa Somos Defensores, en el 2013 se registraron 78 asesinatos y una desaparici\u00f3n forzada de defensoras y defensores de derechos humanos, adem\u00e1s de 39 atentados, 209 amenazas y 22 detenciones arbitrarias. 15 de los asesinatos fueron atribuidos a paramilitares, 8 a grupos guerrilleros, 50 a desconocidos y 5 a fuerza p\u00fablica.<\/p>\n

– En cuarto lugar, de manera parcial, el proceso con los paramilitares permiti\u00f3 conocer algunos aspectos de su organizaci\u00f3n y funcionamiento, lo cual es valioso para impedir su reproducci\u00f3n, aunque no basta para erradicar totalmente el paramilitarismo.<\/p>\n

– En quinto lugar, los procesos penales contra parapol\u00edticos se nutrieron, en algunos aspectos, de las revelaciones efectuadas por paramilitares en sus confesiones bajo la Ley 975 de 2005, aunque no se iniciaron como consecuencia de las negociaciones del gobierno con los grupos paramilitares. Estos procesos tuvieron su origen en una denuncia formulada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por la doctora Clara L\u00f3pez Obreg\u00f3n.<\/p>\n

– Al verse afectadas por la negociaci\u00f3n con los paramilitares, muchas personas y organizaciones de v\u00edctimas tomaron conciencia de sus derechos y se apropiaron de los avances internacionales al respecto. La sociedad colombiana, en general, y el sistema judicial en particular, tuvieron logros importantes en ese sentido. Este es un sexto aspecto positivo del proceso \u201cde justicia y paz\u201d.<\/p>\n

Pese a lo anterior, no es un proceso de paz<\/strong><\/p>\n

\"Jard\u00edn<\/a>

Jard\u00edn de la Memoria en el municipio de San Carlos, en el oriente antioque\u00f1o. Foto: Agencia Prensa Rural<\/p><\/div>\n

Ante todo, porque no se desmantel\u00f3 la organizaci\u00f3n mafiosa, sino tan solo parte de su componente militar: permanecen intactos los componentes econ\u00f3micos, pol\u00edticos y sociales del paramilitarismo, y parte de sus unidades militares.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la desmovilizaci\u00f3n parcial de los paramilitares no ha significado el fin de sus abusos. La Comisi\u00f3n Colombiana de Juristas ha registrado m\u00e1s de 4.500 personas muertas o desaparecidas por obra de los paramilitares desde cuando el Presidente de la Rep\u00fablica anunci\u00f3, el 1 de diciembre de 2002, que hab\u00eda iniciado formalmente las negociaciones con las AUC, y que ellas estar\u00edan condicionadas a que no hubiera ni un muerto m\u00e1s. El Alto Comisionado Gubernamental para la Paz, Luis Carlos Restrepo, declar\u00f3 c\u00ednicamente que \u201cel cese del fuego [era] una met\u00e1fora que se debe [r\u00eda] manejar con mucha flexibilidad\u201d.<\/p>\n

Desde mayo de 2008 el gobierno decidi\u00f3 extraditar a Estados Unidos a cerca de treinta jefes paramilitares. Tales extradiciones constituyen la principal evidencia de que esta negociaci\u00f3n con los paramilitares no ha sido un proceso de paz.<\/p>\n

Ni tampoco de justicia<\/strong><\/p>\n

En 2006 el gobierno present\u00f3 a la Fiscal\u00eda un listado de 3.600 jefes paramilitares que deber\u00edan ser procesados bajo la ley 975 de 2005. De ellos menos de mil han comparecido ante fiscales. Eso significa que hay 2.600 jefes paramilitares en libertad \u2013pr\u00f3fugos- sin que exista ninguna pol\u00edtica o estrategia para perseguirlos.<\/p>\n

La apreciaci\u00f3n de la mayor\u00eda de la gente sobre la aplicaci\u00f3n de justicia para cr\u00edmenes cometidos por paramilitares en Colombia se concentra en esos mil procesados, es decir, menos del 3 por ciento de los paramilitares supuestamente desmovilizados (o el 9 por ciento de los 12.000 paramilitares que hab\u00eda en 2002). El restante 97 o 91 por ciento est\u00e1 en total impunidad, sin investigaci\u00f3n judicial ninguna, por decisi\u00f3n del gobierno, a trav\u00e9s de una pol\u00edtica de hechos cumplidos.<\/p>\n

Ni de verdad, ni de reparaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

\"Funeral<\/a>

Funeral de v\u00edctimas asesinadas por paramilitares en Arauca Foto: Alcald\u00eda de Arauca<\/p><\/div>\n

Se ha conseguido una verdad limitada, mediante confesiones de algunos de estos mil paramilitares. Gracias a ellas se ha podido conocer la forma como se cometieron algunos delitos, encontrar cad\u00e1veres de personas desaparecidas, y saber algo acerca de las organizaciones paramilitares y de sus c\u00f3mplices.<\/p>\n

Pero ha sido notoria la pasividad de la Fiscal\u00eda para investigar, sobre la base de la escasa verdad revelada, a los innumerables c\u00f3mplices en los m\u00e1s altos niveles del gobierno o de los organismos de seguridad, as\u00ed como de notables empresarios nacionales e internacionales.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la reforma de la ley 975 mediante la ley 1592 de 2012 elimin\u00f3 el incidente de reparaci\u00f3n integral. Este era uno de los pocos elementos rescatables de la ley 975, pues permit\u00eda que las v\u00edctimas intervinieran en el proceso para exigir reparaci\u00f3n por los da\u00f1os. Esa posibilidad desapareci\u00f3, y las v\u00edctimas tendr\u00e1n que conformarse con reclamar ante la Unidad de Atenci\u00f3n a V\u00edctimas, que es una dependencia gubernamental, una reparaci\u00f3n cuyo monto m\u00e1ximo es de aproximadamente 24 millones de pesos.<\/p>\n

Qu\u00e9 hacer ahora<\/strong><\/p>\n

A partir de agosto empezar\u00e1n a quedar en libertad varios de los mil paramilitares procesados. Estas liberaciones se dar\u00e1n porque se cumplen ocho a\u00f1os desde cuando fueron privados de su libertad en 2006, pues ese es el per\u00edodo m\u00e1ximo de c\u00e1rcel aplicable en virtud de la reducci\u00f3n de la pena autorizada por la ley 975.<\/p>\n

No todos las personas que ser\u00e1n liberadas desde agosto, ni la mayor\u00eda de ellas, tendr\u00e1n sentencia condenatoria y reducci\u00f3n de pena para entonces. La Fiscal\u00eda est\u00e1 trabajando en la imputaci\u00f3n de cargos para obtener sentencias en relaci\u00f3n con 13 jefes paramilitares (y tres casos de guerrilla), a los cuales ha asignado prioridad.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda deber\u00eda esclarecer por lo menos qui\u00e9nes conformaban la junta directiva de las AUC, y cu\u00e1les eran los funcionarios y los empresarios que los apoyaban.
\nLa Fiscal\u00eda reconoce que los procesados que ser\u00e1n dejados en libertad no han sido objeto de programas de resocializaci\u00f3n, a diferencia de los paramilitares que est\u00e1n por fuera de la ley 975, quienes han recibido atenci\u00f3n cuidadosa por parte de la Alta Consejer\u00eda para la Reintegraci\u00f3n, en cumplimiento de la Ley 1424 de 2010, que regula la situaci\u00f3n de los paramilitares que supuestamente no hayan cometido cr\u00edmenes graves.<\/p>\n

En los pocos meses que quedan para agosto, urge entonces poner en pr\u00e1ctica programas de resocializaci\u00f3n para estas personas, de tal forma que puedan reintegrarse sin riesgo para ellos, ni para quienes hayan sido sus v\u00edctimas, ni para terceros. Si es jur\u00eddicamente inevitable que recuperen su libertad, el Estado deber\u00eda por lo menos hacer lo necesario para impedir que ello cause cualquier da\u00f1o.<\/p>\n

Cuando se reform\u00f3 la ley 975 a trav\u00e9s de la Ley 1592 de 2012 se habr\u00eda podido evitar este desenlace si se hubieran separado la sentencia plena y la sentencia de reducci\u00f3n de pena, en vez de dictarlas en un solo momento. Pero se prefiri\u00f3 eliminar el incidente de reparaci\u00f3n, con el falso argumento de que ese incidente estaba demorando los procesos. Se prohibi\u00f3 a las v\u00edctimas entonces reclamar reparaci\u00f3n judicialmente a los paramilitares procesados por la ley 975 para conformarse con la reparaci\u00f3n administrativa, lo cual es abiertamente inconstitucional. Es de esperar que la Corte Constitucional as\u00ed lo declare.<\/p>\n

Como ser\u00eda de esperar tambi\u00e9n que la Fiscal\u00eda asigne prioridad, adem\u00e1s de los 16 casos mencionados, al cumplimiento de la orden de investigaci\u00f3n impartida por la Sala de Justicia y Paz de Medell\u00edn el 4 de septiembre de 2013 por graves hechos atribuidos a \u00c1lvaro Uribe V\u00e9lez, anteriores a su desempe\u00f1o como presidente. Urge tambi\u00e9n resocializaci\u00f3n en ese caso.<\/p>\n

Y adem\u00e1s la Fiscal\u00eda deber\u00eda esclarecer por lo menos qui\u00e9nes conformaban la junta directiva de las AUC, y cu\u00e1les eran los funcionarios y los empresarios que los apoyaban, para neutralizarlos y desmantelar de verdad el paramilitarismo. Ese ser\u00eda el mejor aprovechamiento posible de la ley 975 para que efectivamente mereciera el nombre de \u201cley de justicia y paz\u201d.<\/p>\n

Tomado de:\u00a0http:\/\/razonpublica.com\/index.php\/conflicto-drogas-y-paz-temas-30\/7446-ocho-a%C3%B1os-de-%E2%80%9Cjusticia-y-paz%E2%80%9D-un-balance-con-m%C3%A1s-sombras-que-luces.html<\/a><\/p>\n

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