{"id":13433,"date":"2014-03-26T15:59:32","date_gmt":"2014-03-26T20:59:32","guid":{"rendered":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/?p=13433"},"modified":"2019-08-26T15:09:20","modified_gmt":"2019-08-26T20:09:20","slug":"comunidades-etnicas-reclaman-titulos-sobre-12-millones-de-hectareas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/2014\/03\/comunidades-etnicas-reclaman-titulos-sobre-12-millones-de-hectareas\/","title":{"rendered":"Comunidades \u00e9tnicas reclaman t\u00edtulos sobre 1,2 millones de hect\u00e1reas"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Los ind\u00edgenas y los afros cuentan con dos decretos ley para solicitar la restituci\u00f3n de sus derechos territoriales. La Direcci\u00f3n de Asuntos \u00c9tnicos se encarga de documentar sus casos.<\/p>\n

Llegar a manglares, ca\u00f1os, bosques y zonas lim\u00edtrofes no es tarea f\u00e1cil. Menos cuando all\u00ed grupos guerrilleros o bandas criminales intentan imponer sus dictaduras, buscan hacerse a recursos valiosos o manejan negocios ilegales. No obstante, investigadores de la Direcci\u00f3n de Asuntos \u00c9tnicos de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras documentan casos de 17 comunidades ind\u00edgenas y afros, que han solicitado que se les reconozcan oficialmente sus derechos territoriales sobre un mill\u00f3n 200 mil hect\u00e1reas de tierra que en alg\u00fan momento la guerra les arrebat\u00f3 o los forz\u00f3 a abandonarla.<\/p>\n

A diferencia de los campesinos, los ind\u00edgenas y los afros no hablan de restituci\u00f3n de tierras sino de reconocimiento de derechos territoriales, dice Luis Azc\u00e1rate, director de Asuntos \u00c9tnicos de la Unidad porque, como explica la cartilla pedag\u00f3gica de esta dependencia, no es solo la tierra lo que reclaman, \u201cel territorio parte de una relaci\u00f3n social y cultural que los grupos han construido hist\u00f3ricamente\u201d. Eso significa que para estas comunidades su espacio no solo tiene que ver con la cantidad de hect\u00e1reas sino con los h\u00e1bitos que han generado en ese espacio: vivir, cultivar, preservar la naturaleza, pescar o celebrar un ritual.<\/p>\n

Los procesos de restituci\u00f3n que adelanta la Unidad de Restituci\u00f3n con campesinos han sido m\u00e1s \u00e1giles que los que lleva en favor de comunidades \u00e9tnicas. La mayor\u00eda de los casos fallados por los jueces son individuales, excepto por algunas demandas en las que el gobierno ha solicitado la restituci\u00f3n colectiva de parcelas para grupos de adjudicatarios del antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) a quienes los violentos les quitaron sus predios.<\/p>\n

Hasta febrero de 2014, los jueces especializados de tierras hab\u00edan proferido 386 sentencias que devolvieron 20 mil hect\u00e1reas a campesinos reclamantes.<\/p>\n

El proceso con comunidades \u00e9tnicas comenz\u00f3 en 2013 y aunque hasta el momento no ha habido ninguna sentencia, la Unidad ya ha presentado ante los jueces especializados tres demandas de reconocimiento de los derechos territoriales. Estas demandas se basan en los Decretos Ley 4633 y 4635, que cobijan a las comunidades ind\u00edgenas y afros de forma respectiva. Una es para el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera en Tumaco, Nari\u00f1o que reclama 46 mil hect\u00e1reas, y les enfrentan oposici\u00f3n ante la justicia empresarios de palma africana (Lea: Comunidades afro, tras tierras ancestrales en Nari\u00f1o)<\/p>\n

Las otras dos demandas corresponden al resguardo Alto And\u00e1geda en Bagad\u00f3, Choc\u00f3, donde el pueblo Embera Kat\u00edo reclama 50 mil hect\u00e1reas en territorio donde la miner\u00eda ilegal est\u00e1 haciendo estragos; y la m\u00e1s reciente, radicada a principios de marzo de 2014, es de la comunidad Nuevo Espinal, en Barrancas, Guajira por la cual los ind\u00edgenas Way\u00fau reclaman 703 hect\u00e1reas de terrenos, parte de los cuales hoy sirven a grupos criminales de corredor para sus tr\u00e1ficos il\u00edcitos y movimientos.<\/p>\n

La Direcci\u00f3n de Asuntos \u00c9tnicos estima que entre junio y julio de 2014 el juez de tierras fallar\u00e1 sobre el caso del Alto And\u00e1gueda, y en agosto, del Nuevo Espinal. Sobre la primera demanda, la del Bajo Mira, el juez la rechaz\u00f3 argumentando que \u00e9sta no se ajustaba a la Ley 1448 o Ley de V\u00edctimas, que permite la restituci\u00f3n a campesinos despojados por el conflicto. La Unidad apel\u00f3 la decisi\u00f3n argumentando que las reclamaciones de esta comunidad se ajustan al Decreto Ley 4635, que permiten la restituci\u00f3n de derechos territoriales a comunidades afro. Ahora, la Unidad de Restituci\u00f3n espera una decisi\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura.<\/p>\n

Aunque la Direcci\u00f3n reconoce que documentar regiones como el Urab\u00e1 donde la miner\u00eda y las bandas criminales tienen azotadas a las comunidades o como Puerto Gait\u00e1n, Meta, donde antiguos hacendados y actuales empresarios no est\u00e1n interesados en que haya un proceso de reconocimiento de los grupos \u00e9tnicos, aseguran que bajo riesgo hacen todo el esfuerzo para documentar los casos y presentarlos ante los jueces especializados.<\/p>\n

La demanda que involucra el territorio m\u00e1s grande (688 mil hect\u00e1reas) est\u00e1 siendo estudiada por la Unidad de Restituci\u00f3n y es la presentada por la comunidad ind\u00edgena Sikuani del territorio Alto \u00danuma en Puerto Gait\u00e1n, otro municipio donde los grupos violentos han controlado territorio desde hace 30 a\u00f1os.<\/p>\n

Solicitaron protecci\u00f3n
\nTodas las solicitudes de comunidades ind\u00edgenas y afro para reconocimiento de derechos territoriales son estudiadas por la Direcci\u00f3n de Asuntos \u00c9tnicos de la Unidad, dice Azc\u00e1rate. Sin embargo, explica, el orden de prioridad para tramitarlas es el que recomienden los propios representantes de los grupos \u00e9tnicos.<\/p>\n

Con los ind\u00edgenas, este proceso se realiza en la Mesa Permanente de Concertaci\u00f3n y con los afrodescendientes, la Unidad establece di\u00e1logos a trav\u00e9s de organizaciones como Proceso de Comunidades Negras (PCN) o la Asociaci\u00f3n de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes). Cuando las condiciones de seguridad lo permitan, la Unidad documenta los casos en terreno, completa los documentos necesarios y cuando tiene listo el reclamo lo presenta en una demanda de restituci\u00f3n ante un juez.<\/p>\n

En este proceso algunas comunidades pueden correr el riesgo de ser desplazadas o despojadas y en ese caso, el gobierno solicita al juez medidas cautelares, es decir, medidas de protecci\u00f3n mientras comienzan los juicios. Estas medidas impiden que las tierras sean comercializadas. Hasta marzo de 2014, los jueces especializados han brindado estas medidas a cinco grupos \u00e9tnicos: a los afros de Bajo Mira y Frontera, a los ind\u00edgenas Embera Kat\u00edo del Choc\u00f3 as\u00ed como a los consejo comunitario Renacer Negro en Timbiqu\u00ed, en Cauca; Alto Mira y Frontera en Tumaco, Nari\u00f1o; y las comunidades ind\u00edgenas Saliva, Sikuani y Amor\u00faa que integran la comunidad Kanalitojo en Puerto Carre\u00f1o, Vichada. En total, 192 mil hect\u00e1reas han sido protegidas y 6 mil familias han sido beneficiadas con las medidas.<\/p>\n

La Direcci\u00f3n de Asuntos \u00c9tnicos, informa que en la actualidad est\u00e1 documentando once solicitudes de comunidades ind\u00edgenas ubicadas en Ungu\u00eda, Choc\u00f3; Codazzi y Becerril, en Cesar; en Mapirip\u00e1n y la ya citada de los Sikuani en Puerto Gait\u00e1n, en Meta; y en la zona de Telemb\u00ed, que comprende cuatro resguardos y dos territorios en Ricaurte, Nari\u00f1o. Estas reclamaciones suman unas 775 mil hect\u00e1reas.<\/p>\n

Esa Direcci\u00f3n tambi\u00e9n documenta seis casos de reclamaciones de comunidades afro en Tumaco, Nari\u00f1o; Su\u00e1rez y Timbiqu\u00ed, en el Cauca; y Riosucio, Bagad\u00f3, Llor\u00f3 y Atrato, en el Choc\u00f3. Las solicitudes suman 323 mil hect\u00e1reas.<\/p>\n

A diferencia de los casos de comunidades campesinas, en las que algunos empresarios o particulares les han propuesto alianzas productivas o contratos de arrendamiento sobre las tierras reclamadas; con los grupos \u00e9tnicos esto es inconstitucional al considerarse que dichos acuerdos pueden legitimar un despojo y vulnerar el derecho de consulta previa. Las normas que protegen a estas comunidades advierten que \u201clos derechos territoriales de los grupos \u00e9tnicos son inembargables, imprescriptibles e inalienables\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan la Direcci\u00f3n de Asuntos \u00c9tnicos, empresarios o particulares pueden llegar a estos acuerdos s\u00f3lo despu\u00e9s de que un juez de restituci\u00f3n haya emitido un fallo y adem\u00e1s se garantice la intermediaci\u00f3n del Ministerio del Interior como garante de la negociaci\u00f3n. \u201cAqu\u00ed se aplica la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos, pero este es un proceso en que debe haber consulta previa con la mediaci\u00f3n del Ministerio\u201d, explic\u00f3 un funcionario de la instituci\u00f3n.<\/p>\n

En la actualidad, la Direcci\u00f3n de Asuntos \u00c9tnicos tiene sedes regionales en los departamentos de Cesar, Magdalena, Antioquia, Choc\u00f3, Valle, Cauca, Nari\u00f1o, Putumayo, Meta, Norte de Santander y Tolima.<\/p>\n

Tomado de:\u00a0http:\/\/www.verdadabierta.com\/lucha-por-la-tierra\/5291-comunidades-etnicas-reclaman-titulos-sobre-1-2-millones-de-hectareas<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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