{"id":13673,"date":"2014-04-14T16:22:00","date_gmt":"2014-04-14T21:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/?p=13673"},"modified":"2019-08-26T15:09:17","modified_gmt":"2019-08-26T20:09:17","slug":"protegiendo-territorios-etnicos-a-punta-de-demandas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/2014\/04\/protegiendo-territorios-etnicos-a-punta-de-demandas\/","title":{"rendered":"Protegiendo territorios \u00e9tnicos a punta de demandas"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>La Unidad de Restituci\u00f3n ha pedido medidas de protecci\u00f3n a favor de varias comunidades ind\u00edgenas y afrodescendientes y, casi siempre los jueces las han otorgado. Pero la presi\u00f3n de grandes empresas o de criminales para despojarlos es grande.<\/p>\n

Casi cuatro a\u00f1os han transcurrido desde la posesi\u00f3n de Juan Manuel Santos ante los cabildos koguis, arhuacos, kankuamos y wiwas, en el coraz\u00f3n del mundo, como llaman los ind\u00edgenas a la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero, al parecer, las piedras sagradas (tumas) y el bast\u00f3n de mando de madera de palma macana que entregaron las autoridades espirituales no fueron suficientes para conseguir que el gobierno les garantizara los derechos a los pueblos ind\u00edgenas y a las comunidades negras, palenqueras, raizales y afrodescendientes.<\/p>\n

El saldo est\u00e1 particularmente en rojo, en materia de restituci\u00f3n y restablecimiento de derechos territoriales.<\/p>\n

La Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, creada por la Ley de V\u00edctimas ha investigado los casos y ha presentado tres demandas ante los jueces de tierras pidiendo la restituci\u00f3n de territorios colectivos de comunidades ind\u00edgenas o afrodescendientes. Una de estas demandas buscaba restablecer los derechos territoriales del Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera en el municipio costero de Tumaco, Nari\u00f1o. Les correspond\u00eda a al juez especializado en restituci\u00f3n de tierras en Pasto determinar si Palmas de Tumaco, el grupo empresarial Mayaguez del Valle del Cauca y narcotraficantes se apropiaron irregularmente de terrenos titulados a los afrodescendientes (Lea: Comunidades afro, tras tierras ancestrales en Nari\u00f1o). El juez sin embargo no acept\u00f3 la demanda alegando la ausencia de un \u201cinforme t\u00e9cnico predial\u201d y la plena identificaci\u00f3n de los linderos del territorio (Auto del 14 de marzo de 2014 del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Pasto).<\/p>\n

Seg\u00fan expertos en la materia, al tomar esta decisi\u00f3n, el juzgado, desconoci\u00f3 que los decretos que reglamentan la reparaci\u00f3n de los grupos \u00e9tnicos tienen el mismo car\u00e1cter de la Ley 1448 de 2011. En ellos se consagran particularidades espec\u00edficas para esos grupos, como la no exigencia de los requisitos por los que se rechaz\u00f3 la demanda.<\/p>\n

Desde 2009, la Corte Constitucional se refiri\u00f3 a las presiones de actores legales e ilegales para apropiarse y ocupar territorios colectivos de ind\u00edgenas y afrodescendientes. Orden\u00f3 entonces al gobierno adoptar medidas especiales y rutas institucionales de protecci\u00f3n. (Autos 004 y 005 de 2009). No obstante, cinco a\u00f1os despu\u00e9s, el gobierno no ha cumplido los mandatos judiciales. Contin\u00faan los desplazamientos masivos de ind\u00edgenas y de afrodescendientes en varias regiones del pa\u00eds, seg\u00fan lo han advertido el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensor\u00eda del Pueblo, y las organizaciones humanitarias.<\/p>\n

Ante estas carencias, la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras ha pedido a la justicia que dicte medidas de protecci\u00f3n (cautelares) en cuatro regiones espec\u00edficas a donde las comunidades \u00e9tnicas corren el riesgo de ser despojados. De \u00e9stas cinco, los jueces han fallado en cuatro casos favorablemente en Choc\u00f3, Vichada, Cauca y Nari\u00f1o.<\/p>\n

Uno de los fallos busca proteger los derechos de los pueblos ind\u00edgenas Embera-Kat\u00edo en Bagad\u00f3, Choc\u00f3, en el del resguardo Alto Andagueda, una zona rica en minas de oro y golpeada por a\u00f1os por la violencia (Lea: El oro, la maldici\u00f3n del territorio Ember\u00e1 en Choc\u00f3) All\u00ed, el gobierno le suspendi\u00f3 las concesiones mineras a Anglo Ashanti que le hab\u00eda aprobado en 2012. D\u00edas despu\u00e9s de la medida cautelar, dictada en enero de 2013, bombardeos de la fuerza p\u00fablica, en conflicto con las Farc, causaron la huida de miles de ind\u00edgenas de esa comunidad. (Descargue el documento).<\/p>\n

Otra de las medidas cautelares dictadas por los jueces fue para proteger los territorios de los Saliva, Sikuani y Amor\u00faa en Puerto Carre\u00f1o, Vichada. Ordenaron al Incoder abstenerse de titular tierras a personas que no pertenecieran a la comunidad ind\u00edgena en los asentamientos de la Comunidad Kanalitojo, Puerto Colombia en Puerto Gait\u00e1n, Vichada. (Descargue el documento).<\/p>\n

En ese departamento, han salido a la luz p\u00fablica ya varios casos en los que, en el pasado, el Incoder adjudic\u00f3 parcelas a campesinos en territorios ancestralmente ocupados por ind\u00edgenas y \u00e9stos, a su vez, han vendido en forma simult\u00e1nea y masiva a terceros, que han resultado ser grandes empresas nacionales o extranjeras. Los casos de Cargill y Riopaila han sido denunciados por congresistas y organizaciones no gubernamentales por violar la prohibici\u00f3n legal a comprar m\u00e1s de una Unidad Agr\u00edcola Familiar de terrenos que han sido adjudicados por reforma agraria.<\/p>\n

La tercera medida cautelar fue para proteger los territorios colectivos del Consejo Comunitario Renacer Negro en Timbiqu\u00ed, en la costa caucana sobre el Pac\u00edfico. El juez de tierras suspendi\u00f3 la ejecuci\u00f3n de los t\u00edtulos mineros otorgados all\u00ed a las empresas Cerromatoso (productora de n\u00edquel en Montel\u00edbano, C\u00f3rdoba) y Vtorantim Metais Colombia. Tambi\u00e9n dispuso el retiro de la maquinaria de una misteriosa empresa rusa que explota ilegalmente oro. (Descargue el documento).<\/p>\n

La cuarta medida de protecci\u00f3n fue para impedir que una comunidad afrodescendiente fuera desalojada de territorios colectivos del Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera en Tumaco. El juez de tierras suspendi\u00f3 el fallo de otro juez que hab\u00eda dictaminado que la empresa Palmas de Tumaco ten\u00eda derechos sobre esos territorios. (Descargue el documento).<\/p>\n

En la mayor\u00eda de estos casos los jueces han advertido sobre la coincidencia en las regiones entre la expulsi\u00f3n forzada de comunidades \u00e9tnicas y la existencia de megaproyectos econ\u00f3micos de monocultivos, explotaci\u00f3n minera, tur\u00edstica o portuaria, por un lado; o de cultivos de coca, cocinas, laboratorios y rutas del narcotr\u00e1fico, por otro.<\/p>\n

La quinta petici\u00f3n de medidas cautelares que present\u00f3 la Unidad de Restituci\u00f3n buscaba que se suspendiera el proceso de la empresa Palmeiras contra el Incoder, por haber ordenado (Resoluci\u00f3n Incoder 025 de 2006) que le devolvieran al Consejo Comunitario de Alto Mira y Fronteras, 800 hect\u00e1reas sembradas de palma aceitera. No obstante, el juez de tierras rechaz\u00f3 la petici\u00f3n. (Descargue el documento).<\/p>\n

Recientemente, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional, reiter\u00f3 \u201cla gravedad de la crisis humanitaria\u201d que afrontan las comunidades afrocolombianas en Nari\u00f1o. En ese departamento, como en otros, la violencia y el desplazamiento se est\u00e1n agudizando por el aumento de actividades mineras y de proyectos de monocultivo de palma aceitera a gran escala, sin que se adopten mecanismos efectivos de protecci\u00f3n de los territorios colectivos (Auto 073 de 2014).<\/p>\n

Tomado de:\u00a0http:\/\/www.verdadabierta.com\/lucha-por-la-tierra\/5304-protegiendo-territorios-etnicos-a-punta-de-demandas<\/a><\/p>\n

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