{"id":13867,"date":"2014-05-02T10:28:15","date_gmt":"2014-05-02T15:28:15","guid":{"rendered":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/?p=13867"},"modified":"2019-08-26T15:09:16","modified_gmt":"2019-08-26T20:09:16","slug":"riosucio-intenta-sanar-heridas-viejas-bajo-nuevos-fuegos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/2014\/05\/riosucio-intenta-sanar-heridas-viejas-bajo-nuevos-fuegos\/","title":{"rendered":"Riosucio intenta sanar heridas viejas bajo nuevos fuegos"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Con el conflicto armado encima aun y sufriendo los efectos nocivos de la fumigaci\u00f3n, la miner\u00eda y la extracci\u00f3n ilegal de madera, la comunidad de este municipio chocoano exige que le reparen los da\u00f1os sufridos desde hace casi dos d\u00e9cadas, y le respeten el derecho que tiene sobre sus territorios colectivos.<\/p>\n

Han pasado cuatro meses desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenara al Estado colombiano por no haber evitado que las comunidades afrodescendientes de la regi\u00f3n del r\u00edo Cacarica en Riosucio, en Choc\u00f3, fueran desplazadas y despojadas en 1997. (Lea: Estado no protegi\u00f3 comunidades durante Operaci\u00f3n G\u00e9nesis). Y sin embargo hoy, 17 a\u00f1os despu\u00e9s, las gentes de esos pueblos siguen viviendo con miedo, en medio del fuego cruzado, esta vez entre guerrillas y Ej\u00e9rcito, y empresarios inescrupulosos les siguen robando la madera de sus territorios.<\/p>\n

Seg\u00fan la sentencia de la Corte, el Estado tiene hasta diciembre de este 2014 para restituir los derechos territoriales de los Consejos Comunitarios Afrodescendientes y reparar a las v\u00edctimas que dej\u00f3 la Operaci\u00f3n G\u00e9nesis. Esta fue una ofensiva militar terrestre y a\u00e9reo realizada por tropas especiales de la Brigada 17 del Ej\u00e9rcito bajo el mando del entonces general Rito Alejo Del R\u00edo, hoy retirado y pagando una condena de 25 a\u00f1os por su complicidad con los paramilitares. (Lea: El contubernio entre Rito Alejo del R\u00edo y los paramilitares).<\/p>\n

En esta operaci\u00f3n, hoy ya estableci\u00f3 la justicia que tambi\u00e9n participaron miembros de las Autodefensas Campesinas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1 (Accu), lo que ocasion\u00f3 un gran desplazamiento de las comunidades de la regi\u00f3n del Cacarica.<\/p>\n

No le est\u00e1 quedando f\u00e1cil a Colombia cumplir con esta orden judicial porque en el Cacarica sigue viva la violencia. El \u00faltimo 9 abril, cuando se conmemoraba el D\u00eda Nacional de la Memoria la Solidaridad con las V\u00edctimas del Conflicto Armado, fue asesinado en Turbo, Antioquia, Jes\u00fas Ad\u00e1n Quinto, desplazado de la comunidad de Cacarica y l\u00edder de un sector del campesinado afro de la regi\u00f3n. En enero anterior, otro l\u00edder de la zona, Marco Vel\u00e1squez, recibi\u00f3 amenazas.<\/p>\n

La advertencia sobre lo que ocurre en el bajo Atrato la hizo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en ingl\u00e9s), una organizaci\u00f3n no gubernamental estadounidense que le hace seguimiento al conflicto armado en algunas regiones del pa\u00eds, en uno de sus \u00faltimos reportes tras visitar Choc\u00f3.<\/p>\n

Wola considera que la sentencia de la Corte a favor de las v\u00edctimas de la Operaci\u00f3n G\u00e9nesis represent\u00f3 un avance en el reconocimiento de sus derechos. No obstante, dijo Gimena S\u00e1nchez, coordinadora del Programa Andino de esta organizaci\u00f3n, \u201cseguimos muy preocupados por la seguridad de los miembros de las comunidades de Cacarica\u201d.<\/p>\n

Marino C\u00f3rdoba, l\u00edder de Riosucio desplazado en 1996 por la violencia y quien estuvo asilado por amenazas contra su vida durante diez a\u00f1os, cuenta que la situaci\u00f3n actual no dista mucho de la de los tiempos de los paramilitares: \u201cLo que est\u00e1 pasando no solo se puede ver como consecuencia del conflicto armado\u201d, dijo. \u201cLo es tambi\u00e9n por el inter\u00e9s que hay en las tierras, por la explotaci\u00f3n de los recursos naturales. Ha habido una aprovechamiento irracional de nuestras riquezas\u201d.<\/p>\n

La vieja codicia por la tierra
\nAl comenzar los a\u00f1os noventa hab\u00eda 23 comunidades afro asentadas en la cuenca del r\u00edo Cacarica que se dedicaban al cultivo de ma\u00edz y pl\u00e1tano. Despu\u00e9s llegaron empresas diversas a explotar la madera. Con el transporte de los troncos por los r\u00edos Salaqu\u00ed, La Larga y Cacarica, los afluentes se fueron taponando y con su desv\u00edo, varias de las comunidades no solo se quedaron sin el acceso al agua sino que perdieron las dos cosechas.<\/p>\n

Como les ocurri\u00f3 a otras comunidades como, por ejemplo a los ind\u00edgenas de la regi\u00f3n del Alto Andagueda (Lea: El oro, la maldici\u00f3n del territorio Ember\u00e1 en el Choc\u00f3), los afros del Cacarica sab\u00edan que la mejor forma para blindarse era solicitar al antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) el t\u00edtulo colectivo de su territorio, seg\u00fan se los permit\u00eda la Ley 70 de 1993.<\/p>\n

Seg\u00fan el registro del Ministerio del Interior, el gobierno ha reconocido 47 consejos comunitarios en Riosucio, pero solo once tienen t\u00edtulos colectivos. El 13 de diciembre de 1996 el Incora adjudic\u00f3 los t\u00edtulos a cuatro consejos comunitarios del municipio: Cuenca del R\u00edo Domindog\u00f3, Cuenca del R\u00edo Taparal, en el corregimiento que lleva ese mismo nombre, Cuenca del R\u00edo Chintad\u00f3 y Cuenca del R\u00edo Truand\u00f3, en el corregimiento de La Nueva. Era el resultado de su empe\u00f1o y estaban satisfechos.<\/p>\n

Pero no alcanzaron a celebrar mucho; el 20 de diciembre, 150 paramilitares llegaron por el r\u00edo Atrato en cuatro lanchas r\u00e1pidas al pueblo. Con listas en mano, secuestraron a Edison Rivas Cuesta, Jos\u00e9 Lisneo Asprilla Murillo, Benjam\u00edn Arboleda Chaverra, quien era el alcalde; a Robinson Mart\u00ednez Moya y a Francisco Armando Mart\u00ednez, seg\u00fan ha documentado la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscal\u00eda. A excepci\u00f3n Mart\u00ednez, todos fueron asesinados.<\/p>\n

La justicia tambi\u00e9n ha determinado que las autodefensas contaron con la complicidad del comando de polic\u00eda de Choc\u00f3 y el puesto de polic\u00eda de Riosucio para poder hacer este ataque sin obst\u00e1culos.<\/p>\n

Un habitante de la regi\u00f3n que tuvo que desplazarse entonces con su familia por miedo a que les sucediera algo fue Mario C\u00f3rdoba. \u201cDesde hac\u00eda varios a\u00f1os preve\u00edamos un desplazamiento que iba a ser generado de pronto por las empresas, porque ac\u00e1 adem\u00e1s siempre han querido construir el canal interoce\u00e1nico\u201d, dijo C\u00f3rdoba a VerdadAbierta.com. \u201cNunca nos imaginamos que ese desplazamiento fuera realizado por los paramilitares y el Ej\u00e9rcito\u201d.<\/p>\n

Aunque la violencia paramilitar ya se hab\u00eda sentido en el Urab\u00e1 desde 1994, en febrero de 1997 integrantes de la Fuerza \u00c1rea, la Brigada 17 y paramilitares de las Accu arremetieron contra las comunidades de Ca\u00f1o Seco, Tamboral y Arenales, en la cuenca del r\u00edo Salaqu\u00ed y forzaron el desplazamiento de entre cuatro y cinco mil personas de las cuencas de los r\u00edos Cacarica, Jiguamiand\u00f3, Curvarad\u00f3, Domingod\u00f3, Truand\u00f3 y Salaqu\u00ed. Este grupo de las Accu, m\u00e1s tarde se conoci\u00f3 como el Bloque Elmer C\u00e1rdenas.<\/p>\n

En desarrollo de esa operaci\u00f3n, fue asesinado Marino L\u00f3pez, de la comunidad de Bijao, en la cuenca del r\u00edo Cacarica, cuyo cuerpo fue desmembrado por los paramilitares. El general (r) Del R\u00edo Por tambi\u00e9n fue condenado por este crimen (Lea El crimen que envi\u00f3 a la c\u00e1rcel al ‘Pacificador del Urab\u00e1’).<\/p>\n

La Defensor\u00eda del Pueblo document\u00f3 que los campesinos se desplazaron hacia el corregimiento de Bocas del Atrato en Turbo, al corregimiento de Pavarand\u00f3, en Mutat\u00e1 (Antioquia), a distintos municipios del Valle del Cauca y la Costa Caribe, incluso, algunos se asentaron en la frontera con Panam\u00e1.<\/p>\n

Las comunidades de Curvarad\u00f3 y Jiguamiand\u00f3, en el Carmen del Dari\u00e9n, municipio vecino a Riosucio, se desplazaron y abandonaron sus tierras a finales de la d\u00e9cada de 1990 por miedo a ser asesinados. Con los campos vac\u00edos, varios empresarios (algunos asociados a los propios paramilitares) aprovecharon para englobar ilegalmente terrenos destinados para reforma agraria y desarrollar all\u00ed cultivos de palma africana de grandes extensiones. En 2011, la Superintendencia de Notariado y Registro advirti\u00f3 que personas ajenas a la regi\u00f3n y a los territorios colectivos explotaban 17 mil hect\u00e1reas despu\u00e9s de haber \u2018firmado\u2019 contratos con campesinos fallecidos, falsificado documentos u obligado a los parceleros a vender. (Ver \u201cPalmicultores se asociaron para delinquir\u201d)<\/p>\n

En Riosucio, el problema no fue con palmeros sino con las empresas madereras. C\u00f3rdoba recuerda que la comunidad ven\u00edan gan\u00e1ndoles el pulso cuando el 26 de abril de 1999 el antiguo Incora le entreg\u00f3 al Consejo Comunitario de la Cuenca del R\u00edo Cacarica el t\u00edtulo colectivo de sus tierras. Pero la violencia arreci\u00f3 y la situaci\u00f3n fue aprovechada por las empresas. En la actualidad, los afros sienten indignaci\u00f3n porque \u00e9stas siguen explotando madera en sus territorios, sin prestarle atenci\u00f3n al hecho de que la Ley 70 proh\u00edbe cualquier explotaci\u00f3n de los territorios colectivos, sin permiso de sus due\u00f1os, las juntas de los Consejos Comunitarios. En la regi\u00f3n hay cuatro Consejos Comunitarios con t\u00edtulos y los territorios de sus pobladores, como v\u00edctimas que fueron, merecen protecci\u00f3n prioritaria.<\/p>\n

Tampoco se fueron de Riosucio los actores armados. Muchos j\u00f3venes que fueron integrantes del Bloque \u00c9lmer C\u00e1rdenas han seguido delinquiendo como criminales comunes o se unieron a la banda \u2018los Urabe\u00f1os\u2019. Tambi\u00e9n las Farc siguen intentando controlar el territorio con su frente 57 y el Ej\u00e9rcito las est\u00e1 combatiendo fuertemente. Con frecuencia, la comunidad cercada por todos los lados, es tildada por el Ej\u00e9rcito o por los otros actores armados de pertenecer o auxiliar a la filas enemigas.<\/p>\n

El desplazamiento de los a\u00f1os 90 dej\u00f3 a una comunidad fracturada. Una parte se organiz\u00f3 para reclamar justicia y verdad. Otros han tomado el riesgo de regresar al territorio por cuenta propia e intentan sobrevivir en medio del agudo conflicto.<\/p>\n

En la actualidad, la Direcci\u00f3n de Asuntos \u00c9tnicos de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras documenta en Riosucio los casos de los Consejos Comunitarios de Pedeguita Mancilla y La Larga Tumarad\u00f3, donde pese a ser reconocidos por el Ministerio del Interior y tener t\u00edtulos colectivos de sus tierras, las comunidades solicitan la restituci\u00f3n de sus derechos territoriales. Al igual que en Cacarica, las empresas madereras explotan tierras de las dos comunidades afro.<\/p>\n

La r\u00e9plica
\nEl caso de Riosucio refleja una tragedia que se extiende a otras zonas del departamento. Seg\u00fan el informe de Wola, el 30 de diciembre de 2013 el Frente 34 de las Farc deton\u00f3 un explosivo en un barco del muelle de la comunidad de Tagachi, en el Medio Atrato, donde murieron dos miembros de la fuerza p\u00fablica.<\/p>\n

Al comenzar este 2014, el grupo guerrillero volvi\u00f3 al pueblo y despu\u00e9s de reunir a los habitantes los amenazaron con volarlo todo si permit\u00edan el ingreso del Ej\u00e9rcito al territorio. \u201cLa comunidad vive con la angustia de que vengan los soldados y que esto pueda terminar en represalias contra ellos. Esta situaci\u00f3n parece ser com\u00fan en varios pueblos del Atrato\u201d, se\u00f1ala el informe.<\/p>\n

La militarizaci\u00f3n es un tema que preocupa a las comunidades. Seg\u00fan el documento de las ong, Colombia est\u00e1 implementando en diferentes regiones del pa\u00eds la estrategia Espada de Honor, que busca confrontar y derrotar militarmente a las Farc. En el caso del Choc\u00f3, \u00e9sta ha sido llamada Fuerza Conjunta Tit\u00e1n y ha destinado 2 mil 500 nuevos uniformados para el departamento.<\/p>\n

El aumento de soldados y de polic\u00edas en el territorio ha generado varios problemas. Se han establecido nuevas bases o estaciones demasiado cerca de iglesias, colegios y centros comunitarios, poniendo as\u00ed en riesgo a la poblaci\u00f3n civil. La presi\u00f3n de lealtad absoluta de guerrilla y de fuerza p\u00fablica sobre la poblaci\u00f3n civil se ha intensificado, aumentando as\u00ed la zozobra y el miedo de ser tildado como auxiliador de uno u de otro. El aumento de la tropa tambi\u00e9n ha incidido en el aumento del embarazo adolescente.<\/p>\n

Otro de los problemas que advierte Wola a partir de una visita a terreno a varias comunidades de las cuencas de los r\u00edo Atrato, San Juan y Condoto, son las minas antipersona que impiden que las comunidades cultiven con tranquilidad sus tierras. Tambi\u00e9n est\u00e1 afectando la supervivencia de los habitantes, las fumigaciones para la erradicaci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos. \u201cChoc\u00f3 es ahora el segundo departamento donde m\u00e1s se fumiga. El da\u00f1o a la seguridad alimentaria, medio ambiente y salud de las comunidades es problem\u00e1tico\u201d, indica el documento.<\/p>\n

La miner\u00eda ilegal y sin controles est\u00e1 as\u00ed mismo teniendo efectos nocivos sobre el diverso ecosistema chocoano y sobre la salud de la poblaci\u00f3n por la contaminaci\u00f3n y desv\u00edo de curso de los r\u00edos. Wola advierte que en la zona visitada hay por lo menos unas 80 minas explotadas por 153 m\u00e1quinas de extracci\u00f3n, donde \u201cla miner\u00eda es principalmente ilegal y tiene nexos con todos los grupos armados\u2026 El gobierno solo est\u00e1 interviniendo en la formalizaci\u00f3n de t\u00edtulos mineros pero no est\u00e1 asegurando que se practique de forma sostenible\u201d.<\/p>\n

Wola asegura que entre 1997 y 2013 el 40 por ciento de la poblaci\u00f3n chocoana, 140 mil personas, fue expulsada de su tierra. Al drama se le suman 2 mil 500 amenazas de muerte contra los habitantes y 777 desaparecidos. En 2013 fueron registrados diez desplazamientos masivos y 32 combates. \u201cLos retornos que se han dado son sin ayuda, sin condiciones \u00f3ptimas de seguridad y sin asistencia integral para que sean duraderos. Los l\u00edderes siguen bajo la amenaza de los grupos\u201d, sostiene el informe.<\/p>\n

Con este panorama, las comunidades le piden al gobierno girar los ojos hacia el Choc\u00f3 para recuperar sus tierras y tener la tranquilidad de vivir a ellas. Lo que ha ocurrido durante las \u00faltimas dos d\u00e9cadas es un eterno retorno sin garant\u00edas.<\/p>\n

Tomado de:\u00a0http:\/\/www.verdadabierta.com\/victimas-seccion\/reconstruyendo\/5319-riosucio-intenta-sanar-heridas-viejas-bajo-nuevos-fuegos<\/a><\/p>\n

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