{"id":13998,"date":"2014-05-12T15:05:20","date_gmt":"2014-05-12T20:05:20","guid":{"rendered":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/?p=13998"},"modified":"2019-08-26T15:09:15","modified_gmt":"2019-08-26T20:09:15","slug":"el-contexto-juridico-de-la-reconciliacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/2014\/05\/el-contexto-juridico-de-la-reconciliacion\/","title":{"rendered":"El contexto jur\u00eddico de la reconciliaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>En los \u00faltimos a\u00f1os, fue expedida una serie de leyes, que busca establecer las bases para la reconciliaci\u00f3n en el pa\u00eds. La reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas, la recuperaci\u00f3n de la memoria, la reincorporaci\u00f3n a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley y normas para la operaci\u00f3n de la justicia transicional son algunos de los aspectos regulados en estas normas, que recogen m\u00e1s de treinta a\u00f1os de avances institucionales en ese camino.<\/p>\n

Normas y programas institucionales<\/p>\n

Desde los a\u00f1os ochenta, el Estado colombiano ha hecho esfuerzos institucionales constantes por promover la reconciliaci\u00f3n, como una estrategia aut\u00f3noma (y en algunos casos complementaria) a las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales.<\/p>\n

Estos esfuerzos se han traducido en la creaci\u00f3n de entidades y programas y en la expedici\u00f3n de leyes y decretos orientados a la rehabilitaci\u00f3n de zonas afectadas por la violencia, la reincorporaci\u00f3n de miembros de grupos armados ilegales a la vida civil, la recuperaci\u00f3n de la memoria y la atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas, entre los principales esfuerzos institucionales.<\/p>\n

Durante el Gobierno de Virgilio Barco fue creada la Consejer\u00eda Presidencial para la Reconciliaci\u00f3n, Normalizaci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n y se cre\u00f3 el Plan Nacional de Rehabilitaci\u00f3n, con el fin de fortalecer la presencia estatal en las zonas m\u00e1s marginadas del pa\u00eds.<\/p>\n

El prop\u00f3sito, que se ha mantenido durante los gobiernos posteriores, a pesar de cambios de nombre y variaci\u00f3n de los enfoques de las entidades, ha sido legitimar al Estado y recuperar su autoridad en todo el territorio nacional, como una forma de aislar a los grupos armados ilegales y dejarlos sin base social.<\/p>\n

La Constituci\u00f3n de 1991 recogi\u00f3 los esfuerzos hechos por el Plan Nacional de Rehabilitaci\u00f3n y cre\u00f3 nuevos mecanismos de participaci\u00f3n, descentralizaci\u00f3n y defensa de los derechos humanos, orientados a buscar una sociedad m\u00e1s incluyente y con mayores espacios de reconciliaci\u00f3n.<\/p>\n

Pese a estas reformas institucionales, la crisis humanitaria provocada por el conflicto armado se agudiz\u00f3 en los a\u00f1os posteriores. El n\u00famero de desplazados por a\u00f1o lleg\u00f3 a ser de m\u00e1s de 300 mil personas en 1998, seg\u00fan cifras de la Corporaci\u00f3n para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.<\/p>\n

Para dar una respuesta institucional a la poblaci\u00f3n desplazada, fue expedida la Ley 387 de 1997, que cre\u00f3 el Sistema Nacional de Atenci\u00f3n Integral a la Poblaci\u00f3n Desplazada por la Violencia y estableci\u00f3 responsabilidades para entidades del Estado de todos los niveles, de acuerdo con tres etapas: ayuda humanitaria, estabilizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica y retorno o restablecimiento.<\/p>\n

Simult\u00e1neamente, el pa\u00eds inici\u00f3 acercamientos con las Farc con el prop\u00f3sito de llevar a cabo una nueva negociaci\u00f3n de paz.<\/p>\n

En este contexto fue expedida la Ley 418 de 1997, que buscaba dotar al Gobierno de \u201cinstrumentos para la b\u00fasqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia\u201d.<\/p>\n

La norma permit\u00eda al Gobierno nombrar representantes autorizados para propiciar acercamientos con los grupos armados ilegales y firmar acuerdos para obtener soluciones al conflicto armado o lograr la efectiva aplicaci\u00f3n del derecho internacional humanitario.<\/p>\n

Tambi\u00e9n conten\u00eda disposiciones para la atenci\u00f3n de las v\u00edctimas del conflicto, la protecci\u00f3n de los menores de edad contra los efectos del conflicto y mecanismos de justicia transicional.<\/p>\n

Con el fracaso del proceso de paz del Cagu\u00e1n, los esfuerzos del Gobierno del Presidente \u00c1lvaro Uribe se orientaron a la desmovilizaci\u00f3n de los miembros de los grupos paramilitares, la mayor\u00eda de estos organizados bajo las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.<\/p>\n

En este marco, fue expedida la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz.<\/p>\n

Esta norma, que despu\u00e9s ser\u00eda reformada por la Ley 1592 de 2012, ten\u00eda como objetivo facilitar la reincorporaci\u00f3n a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley y garantizar parcialmente a las v\u00edctimas los derechos de verdad, justicia y reparaci\u00f3n.<\/p>\n

Bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos, se pusieron en marcha una serie de iniciativas para reformar el proceso de Justicia y Paz y enmarcarlo dentro de una iniciativa m\u00e1s amplia de construcci\u00f3n de paz.<\/p>\n

En 2010, fue aprobada por el Congreso la Ley 1424, que promueve la reintegraci\u00f3n de los desmovilizados con la condici\u00f3n de que contribuyan al esclarecimiento de la verdad sobre los cr\u00edmenes cometidos por las estructuras a las cuales pertenecieron.<\/p>\n

En el 2011, se expidi\u00f3 la Ley de V\u00edctimas y Restituci\u00f3n de Tierras, que cre\u00f3 un Registro \u00danico de V\u00edctimas y un Sistema Nacional de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y promueve una respuesta, que busca ser integral, del Estado a esta poblaci\u00f3n que vaya m\u00e1s all\u00e1 del enfoque asistencialista.<\/p>\n

La misma ley dio un plazo de 10 a\u00f1os, que se cumplen en 2021, para que el Estado cumpla con esa obligaci\u00f3n de reparar integralmente a todas las v\u00edctimas.<\/p>\n

En 2012, paralelamente con el inicio de un nuevo proceso de negociaci\u00f3n con las Farc, el Congreso aprob\u00f3 el Marco Jur\u00eddico para la Paz (Acto Legislativo 01 de 2012), que consagra en el \u00e1mbito constitucional las condiciones que deben tener los instrumentos de justicia transicional que sean creados para promover la terminaci\u00f3n del conflicto.<\/p>\n

Jurisprudencia<\/p>\n

La Corte Constitucional tambi\u00e9n ha sido protagonista de los cambios institucionales que buscan alcanzar una reconciliaci\u00f3n entre los colombianos.<\/p>\n

A trav\u00e9s de la sentencia T-025 de 2004, la Corte declar\u00f3 la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado.<\/p>\n

El fallo enumera todos los derechos que son violados como consecuencia del desplazamiento forzado y establece las obligaciones que tienen las instituciones del Estado con el fin de restablecerlos, como la entrega de una ayuda humanitaria, el acceso efectivo a los servicios de salud, la probabilidad cierta de retornar o reubicarse de manera voluntaria y el apoyo del Estado para encontrar alternativas de ingresos que le permitan vivir dignamente, entre los principales.<\/p>\n

En desarrollo de este fallo, la Corte Constitucional ha expedido m\u00e1s de un centenar de autos de seguimiento (el expediente tiene m\u00e1s de 1\u2019500.000 folios) y debi\u00f3 crear una sala especial, que a\u00fan contin\u00faa constatando los avances, rezagos o retrocesos en la superaci\u00f3n del Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento y verificando el cumplimiento de las \u00f3rdenes dictadas por la corporaci\u00f3n.<\/p>\n

Tomado de:\u00a0http:\/\/www.reconciliacioncolombia.com\/contexto\/detalle\/5<\/a><\/p>\n

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