{"id":22819,"date":"2018-02-26T15:37:18","date_gmt":"2018-02-26T20:37:18","guid":{"rendered":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/?p=22819"},"modified":"2019-08-26T15:05:44","modified_gmt":"2019-08-26T20:05:44","slug":"las-politicas-y-programas-de-proteccion-de-los-lideres-sociales-una-cuestion-medular-del-derecho-a-la-vida-desde-la-democracia-participativa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/2018\/02\/las-politicas-y-programas-de-proteccion-de-los-lideres-sociales-una-cuestion-medular-del-derecho-a-la-vida-desde-la-democracia-participativa\/","title":{"rendered":"Las pol\u00edticas y programas de protecci\u00f3n de los l\u00edderes sociales: una cuesti\u00f3n medular del derecho a la vida desde la democracia participativa"},"content":{"rendered":"
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Imagen: Portal Revista Sur<\/p><\/div>\n

Apenas comenzando el 2018, seg\u00fan datos de la Plataforma \u00a1Pacifista! (febrero 17, 2018) van diez asesinatos de l\u00edderes sociales, en diferentes regiones del pa\u00eds, en un ambiente de campa\u00f1a pol\u00edtica y conflictos regionales, que manifiesta un gran riesgo de polarizaci\u00f3n social frente a los Acuerdos de Paz y se complica con el choque de intereses en los territorios.<\/p>\n

Estos datos confirman lo que las comunidades y organizaciones sociales ya conocen, pero resulta casi invisible en la historia de Colombia o se ha connaturalizado como algo normal: el costo en vidas es muy alto cuando se trata de ejercer los derechos a la participaci\u00f3n y defensa de los intereses sociales, en un contexto de regiones diversas, exclusi\u00f3n social y pol\u00edtica, desigualdad, estigmatizaci\u00f3n y persecuci\u00f3n de quienes se atreven a ejercer su autonom\u00eda.<\/p>\n

Las muertes ocurridas en enero han hecho visible a nivel nacional e internacional la persecuci\u00f3n contra l\u00edderes sociales y confirman los niveles de tragedia anunciada ante la situaci\u00f3n de desprotecci\u00f3n, con el asesinato de l\u00edderes como Tem\u00edstocles Machado el pasado 27 de enero; uno de los dirigentes m\u00e1s connotados de las comunidades de Buenaventura y del paro c\u00edvico realizado a finales el 2017.<\/p>\n

Como lo registra El Tiempo (El Mapa de la Verg\u00fcenza, 2018), con base en estudios del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-Indepaz y la Fundaci\u00f3n Ideas para la Paz-FIP, desde el inicio de la implementaci\u00f3n de los Acuerdos de Paz a la fecha, han sido asesinados 205 l\u00edderes sociales en Colombia; es decir, solo entre comienzos de 2016 e inicios de 2018. Las cifras muestran la tragedia humanitaria en los departamentos del Cauca con 41 dirigentes sociales asesinados; Nari\u00f1o con 31, Antioquia con 28; Valle del Cauca con 14, Choc\u00f3 con 12, C\u00f3rdoba con 11 y Putumayo con 10. Pero, los registros muestran que en 23 departamentos y en Bogot\u00e1, estos hechos luctuosos siguen ocurriendo, a pesar de la reticencia gubernamental a reconocer su sistematicidad.<\/p>\n

Es de anotar que, en contextos regionales tan diversos y complejos, los factores de conflicto son m\u00faltiples y los actores de violencia, tambi\u00e9n lo son. Sin embargo, la eliminaci\u00f3n f\u00edsica del contradictor social y pol\u00edtico viene a ser casi una constante desde que Colombia inicia su vida republicana; peor a\u00fan, si \u00e9ste es el vocero de una organizaci\u00f3n o movimiento social campesina, sindical, comunal, de mujeres, de v\u00edctimas, de reclamantes de tierras o de derechos humanos o pol\u00edtica de izquierda. M\u00e1s recientemente, desde el a\u00f1o 2005, el Observatorio de Tierras (www.observatoriodetierras.org<\/strong><\/em><\/span><\/a>) presenta una base de datos de l\u00edderes y lideresas asesinados entre 2005 a 2016, con 500 registros de nombres, pertenencia organizativa, hecho victimizante, fecha de ocurrencia, localizaci\u00f3n, presunto autor, posible motivo y datos relevantes de las muertes ocurridas.<\/p>\n

Prolijo ser\u00eda detallar las circunstancias, contextos territoriales y din\u00e1micas organizacionales donde ocurren los asesinatos. Pero, aunque las noticias aparecen a cuentagotas y casi marginales en la gran prensa, es de destacar que entidades como las mencionadas y otras de car\u00e1cter social y de defensa de los derechos humanos como Codhes, Cinep, Nuevo Arco Iris, Contagio Radio, Marcha Patri\u00f3tica, la Cumbre Agraria, Campesina, \u00c9tnica y Popular, vienen documentando, manifestando y pronunci\u00e1ndose activamente con respecto a estos hechos luctuosos, como lo muestra Colombia Informa (febrero 15, 2018).<\/p>\n

La situaci\u00f3n de riesgo y amenaza en que desarrollan sus actividades los l\u00edderes y lideresas de las organizaciones sociales son tan evidentes ante los hechos victimizantes, que el propio Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, llam\u00f3 la atenci\u00f3n del Consejo de Seguridad de dicho organismo multilateral, ante la inseguridad en las zonas del pa\u00eds afectadas por el conflicto. Esto constituye un severo contraste con la negativa del Ministro de Defensa, Lu\u00eds Carlos Villegas, a reconocer la sistematicidad de los asesinatos y su inclinaci\u00f3n por el abordaje casu\u00edstico e, incluso, centrado en m\u00f3viles pasionales o litigios vecinales, cuyo sentido impide abordar el cuidado de los l\u00edderes sociales desde la prevenci\u00f3n, la protecci\u00f3n, el monitoreo y la evaluaci\u00f3n de pol\u00edticas y programas encaminados a salvaguardar la vida de quienes participan y fungen como dirigentes de las organizaciones y movimientos sociales.<\/p>\n

A mediados de diciembre, el Fiscal General con evidentes titubeos, balbuce\u00f3 el reconocimiento de \u201calg\u00fan grado de sistematicidad\u201d en los asesinatos de l\u00edderes sociales. En este marco, hizo un tenue viraje frente a su posici\u00f3n inicial negatoria de \u201cpatrones comunes en los asesinatos y amenazas de l\u00edderes sociales\u201d (El Espectador, diciembre 19 de 2017). Con bastante esfuerzo, apenas s\u00ed hizo una aproximaci\u00f3n al reconocimiento de la existencia de \u201creductos de autodefensas\u201d comprometidas en estos cr\u00edmenes.<\/p>\n

No sobra recordar, as\u00ed mismo, que el actual Vicepresidente de la Rep\u00fablica, Oscar Naranjo, fue encargado por El Presidente Santos de asumir funciones espec\u00edficas en la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz con las Farc, la sustituci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos y la lucha contra las bandas criminales. En este marco, le ha correspondido junto con el Ministerio del Interior la tarea de estructurar un decreto cuyo objetivo busca fortalecer el sistema de alertas tempranas, ante situaciones de amenaza o advertencia de un crimen contra los defensores de derechos humanos.<\/p>\n

Ante pronunciamiento de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n por \u201cla descalificaci\u00f3n, el hostigamiento y la estigmatizaci\u00f3n\u201d de los defensores de derechos humanos en el pa\u00eds, (El Espectador, 21 de diciembre de 2017), el Vicepresidente se manifest\u00f3 desde Barbacoas \u2013 Nari\u00f1o, prometiendo protecci\u00f3n estatal para los l\u00edderes sociales y defensores de derechos humanos. No obstante, en dicho marco, prioriz\u00f3 el anuncio de la entrada en operaci\u00f3n de un comando especial con centro de operaciones en 13 municipios del Cauca y Nari\u00f1o con la misi\u00f3n de fortalecer la seguridad ciudadana, liderar la erradicaci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito y combatir grupos armados ilegales. Precisamente all\u00ed, su apuesta de seguridad est\u00e1 viviendo una prueba de fuego, en medio de agudos factores y agentes de conflicto que entrelazan grupos que se marginaron del proceso de paz de las Farc, presencia de bandas criminales, autodefensas y del ELN, entrelazado a la presi\u00f3n por la erradicaci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito, mediante m\u00e9todos compulsivos, que contradicen el esp\u00edritu de la erradicaci\u00f3n voluntaria plasmado en los acuerdos Gobierno-Farc.<\/p>\n

Es, en dicho sentido, donde se percibe una paradoja en la concepci\u00f3n de la seguridad y las tareas relacionadas con el cuidado de los defensores de derechos humanos y l\u00edderes sociales. Las tareas de protecci\u00f3n, combinadas con actividades de represi\u00f3n y erradicaci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito en las regiones mencionadas son una muestra del riesgo de colisi\u00f3n entre instancias institucionales nacionales, departamentales y locales, con respecto a la manera como se consolidan los procesos de paz y reconciliaci\u00f3n en los territorios y el modo como operan las din\u00e1micas de relacionamiento con las comunidades. En estas antinomias program\u00e1ticas, prospera el enfoque de seguridad policial y se diluyen las din\u00e1micas preventivas y de protecci\u00f3n de los derechos humanos, que se pretenden desde una ruta metodol\u00f3gica de seguridad colectiva.<\/p>\n

En otra faceta del problema, es de subrayar que en la historia de los procesos de implementaci\u00f3n de las leyes de reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas y restituci\u00f3n de tierras se ha carecido del acompa\u00f1amiento mediante pol\u00edticas y programas de protecci\u00f3n Estatal, encaminados a la prevenci\u00f3n de los asesinatos de l\u00edderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y l\u00edderes de procesos de sustituci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito, entre otros. Generalmente, siempre se act\u00faa a posteriori, con medidas reactivas y de corto plazo.<\/p>\n

Esto, tambi\u00e9n se evidencia en las opciones reduccionistas de justicia para el sometimiento de las bandas criminales. Hasta ahora, ninguna de estas pol\u00edticas viene acompa\u00f1ada de procesos de desarrollo territorial y concertaci\u00f3n, que posibiliten dise\u00f1ar e implementar rutas metodol\u00f3gicas desde la comunidad regional hacia el \u00e1mbito nacional. Tampoco integra estrategias encaminadas a la superaci\u00f3n de factores de exclusi\u00f3n social, de manera sostenible.<\/p>\n

Lo que s\u00ed se evidencia en la acci\u00f3n institucional es el ejercicio parad\u00f3jico y ambivalente de sus diversas instancias e instituciones nacionales y territoriales en materia de pol\u00edticas p\u00fablicas y programas de protecci\u00f3n social. En definitiva, el que no es sist\u00e9mico ni prospectivo es el Estado. M\u00e1xime, cuando la protecci\u00f3n de los l\u00edderes sociales se mantiene centralizada en la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n a cargo del Ministerio del Interior. Los temas de estudios de riesgos, por ejemplo, siguen centralizados y sumergidos en tramitolog\u00eda. Esto sigue evidenci\u00e1ndose en el decreto 2078 emitido el 7 de diciembre de 2017, sobre la ruta de protecci\u00f3n colectiva del derecho a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades.<\/p>\n

Es de esperarse que los procesos de di\u00e1logo y concertaci\u00f3n que se llevan a cabo con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n e instancias del Gobierno Nacional, las organizaciones sociales como la Cumbre Agraria, Campesina, \u00c9tnica y Popular logren establecer de manera incidente e incluyente, protocolos de investigaci\u00f3n, protecci\u00f3n y seguimiento a medidas de protecci\u00f3n, as\u00ed como en materia de protecci\u00f3n del derecho a la protesta social, que respondan a los contextos territoriales y al ejercicio de los derechos consagrados en la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

En este mismo sentido, es de resaltar las experiencias de la Guardia Ind\u00edgena y de los procesos de las guardias campesinas del Catatumbo que, sin armas, sin uniformes de guerra ni ejercicio de escoltas, se ponen al servicio de sus comunidades para mediar en la soluci\u00f3n de conflictos vecinales, proteger a los miembros de la comunidad desde el rol de gestores de paz y protecci\u00f3n ambiental. Este sentido de autoprotecci\u00f3n, como lo muestra La Silla Vac\u00eda (2017), constituye una interesante opci\u00f3n para la construcci\u00f3n de la paz desde abajo y un mecanismo de comunicaci\u00f3n y coordinaci\u00f3n, capaz de reflejar el sentido proactivo y pac\u00edfico de la seguridad colectiva, entendida como seguridad humana y ciudadana, capaz de avanzar en la construcci\u00f3n de pactos territoriales para sacar las armas de la vida pol\u00edtica y de la acci\u00f3n social.<\/p>\n

ALBEIRO CARO FERN\u00c1NDEZ<\/em>
\nCoordinador Programa Territorio, Paz y Desarrollo Corporaci\u00f3n Nuevo Arco Iris, Bogot\u00e1<\/em><\/p>\n

Ver en Revista Sur<\/strong><\/em><\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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