{"id":24668,"date":"2022-03-31T15:33:48","date_gmt":"2022-03-31T20:33:48","guid":{"rendered":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/?p=24668"},"modified":"2022-03-31T15:34:10","modified_gmt":"2022-03-31T20:34:10","slug":"colombia-esclava-del-narcotrafico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/2022\/03\/colombia-esclava-del-narcotrafico\/","title":{"rendered":"Colombia esclava del narcotra\u0301fico"},"content":{"rendered":"\n

Por Harold Ruiz \/ Observatorio del Conflicto CNAI<\/em><\/p>\n\n\n\n

El conflicto colombiano presente oduce la mayor violencia por el actuar del narcotr\u00e1fico, el neo paramilitarismo, la guerrilla y agentes del Estado.<\/p>\n\n\n\n

Esto nos coloca como uno de los pa\u00edses m\u00e1s violentos del mundo, donde la tragedia humanitaria provoca los mayores \u00edndices de desplazamiento, confinamiento, una masacre cada dos d\u00edas, el asesinato sistem\u00e1tico de l\u00edderes sociales y de firmantes de la paz.<\/p>\n\n\n\n

Sumado a la tragedia humanitaria que vive el pa\u00eds como consecuencia del conflicto armado, se constituye la corrupci\u00f3n que ha acompa\u00f1ado a la clase pol\u00edtica tradicional, que combinando su terror y miedo se alza con los recursos p\u00fablicos sin ning\u00fan pudor o recato de verg\u00fcenza. El gobierno autoritario e incapaz del binomio Uribe-Duque se vendieron como el gobierno que no recurrir\u00e1 a la mermelada y con bombos y platillos acu\u00f1aron la frase de que \u201cel que la hace la paga\u201d, que a la postre fue flor de un d\u00eda. Cada d\u00eda lo afirmado por Marcelo Odebrecht de que \u201cyo no he corrompido a nadie, ellos ya eran corruptos cuando los conoc\u00ed\u201d es la muestra de del talante de la clase gobernante en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Es costumbre cada d\u00eda enterarnos de la existencia de los carteles, el del cemento o el de los pa\u00f1ales, el de la hemofilia, o lo m\u00e1s criminal como el robo diario de los alimentos de los ni\u00f1os con los contratos del PAE. Se pueden robar miles de millones y cuando los \u201cinvestigan\u201d terminan pagando irrisorias penas y con arresto domiciliario.<\/p>\n\n\n\n

miedo en las comunidades. A esto se suma la inoperancia del Estado que no hace presencia social en los territorios, limit\u00e1ndose tan solo a una presencia militar que se les pasan los insumos qu\u00edmicos, la gasolina, el cemento, con lo que se producen las m\u00e1s de 1.300 toneladas de coca\u00edna al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 22 de la Constituci\u00f3n refiere que \u201cla paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento\u201d, entendiendo que la paz no es s\u00f3lo la ausencia de guerra, sino que implica un tratamiento dial\u00f3gico y negociado de los conflictos, que implica adem\u00e1s la construcci\u00f3n de escenarios de igualdad de oportunidades, de educaci\u00f3n para desterrar pr\u00e1cticas violentas de interacci\u00f3n y en fin, del emprendimiento de acciones que vivifiquen los principios, derechos, libertades y garant\u00edas que la Constituci\u00f3n reconoce y consagra.<\/p>\n\n\n\n

Entendiendo que la paz no es un derecho de aplicaci\u00f3n inmediata, sino que requiere del desarrollo de ciertas condiciones, se precisa de acciones continuas. En esa direcci\u00f3n, el Estado colombiano, despu\u00e9s de un cruento conflicto armado interno, suscribi\u00f3 el Acuerdo Final para la Terminaci\u00f3n del Conflicto y la Construcci\u00f3n de una Paz Estable y Duradera con las Farc-ep el 26 de noviembre del a\u00f1o 2016.<\/p>\n\n\n\n

Remontando la historia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En Colombia los cultivos de uso il\u00edcitos de coca, amapola y marihuana se tipificaron como delito mediante la Ley 30 de 1986. Se cre\u00f3 la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes mediante el Decreto 949 de 1990, encarg\u00e1ndola de la funci\u00f3n de implementar las pol\u00edticas antidrogas y de desarrollar la pol\u00edtica de la aspersi\u00f3n de los mismos; la CNE expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 0001 del 11 de febrero de 1998, mediante la cual se dio v\u00eda libre para asperjar los cultivos de uso il\u00edcitos en el pa\u00eds en cabeza de la Polic\u00eda Anti narc\u00f3ticos y autoriz\u00f3 el uso del herbicida de Round up glifosato mezcl\u00e1ndolo con el surfactante Cosmoflux.<\/p>\n\n\n\n

La pol\u00edtica de aspersi\u00f3n de los cultivos de uso il\u00edcito ha generado el rechazo de las comunidades expuestas por la afectaci\u00f3n a la vida humana, a los sistemas, ecosistemas y cuencas hidrogr\u00e1ficas. Sin embargo, los cultivos l\u00edcitos desde que se comenz\u00f3 a erradicar con aspersi\u00f3n a\u00e9rea utilizando el herbicida glifosato, se han incrementado de manera significativa, al igual que el protagonismo de grupos armados y la presi\u00f3n ejercida por estos contra la institucionalidad estatal y contra comunidades que viven en constante temor y miedo. Son v\u00edctimas de la persecuci\u00f3n constante de los actores ilegales que controlan la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de los cultivos de uso il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En enero de 1992 el CNE (Consejo Nacional de Estupefacientes), decidi\u00f3 autorizar la aspersi\u00f3n a\u00e9rea controlada de cultivos il\u00edcitos de coca y amapola, mediante el empleo del agente qu\u00edmico Glifosato como \u00faltimo mecanismo de control ante el incremento de los cultivos de uso il\u00edcitos. Aunque se pensaba que los resultados de erradicar los cultivos de uso il\u00edcito iban a ser exitosos, las consecuencias fueron adversas, toda vez que se increment\u00f3 el crecimiento de la producci\u00f3n, la demanda y el tr\u00e1fico de estupefacientes.<\/p>\n\n\n\n

El Gobierno Nacional, preocupado por el contexto nacional, se comprometi\u00f3 a adoptar las medidas adecuadas para erradicar el cultivo de uso il\u00edcito. Una de las principales estrategias de lucha frontal contra la agricultura al margen de la ley fue el denominado \u201cPlan Colombia\u201d, un programa de cooperaci\u00f3n entre el gobierno de Estados Unidos y el colombiano, basado en la erradicaci\u00f3n de cultivos con glifosato, la destrucci\u00f3n de plantas para el procesamiento de drogas y las incautaciones del producto final.<\/p>\n\n\n\n

La pol\u00edtica de aspersi\u00f3n de los cultivos de uso il\u00edcitos afecta a las comunidades ind\u00edgenas, afro, raizales y ROM. Estas se han visto afectados por los nocivos efectos del herbicida glifosato en sus territorios colectivos, tanto de ind\u00edgenas como de afrocolombianos; el gobierno Nacional ha omitido el deber constitucional emanado del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la ley 21 de 1991, que garantiza el derecho fundamental a la participaci\u00f3n de los grupos \u00e9tnicos, mediante la consulta previa e informada.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, los impactos de las aspersiones colombianas no se han limitado al lado colombiano de la frontera. Las aspersiones realizadas por Colombia a lo largo o cerca de la l\u00ednea de frontera han causado considerables efectos nocivos en pa\u00edses como Ecuador. Por lo anterior, en el a\u00f1o 2008, la Rep\u00fablica del Ecuador present\u00f3 ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una demanda contra Colombia por las fumigaciones a\u00e9reas con el herbicida glifosato sobre plantaciones de coca en la frontera com\u00fan.<\/p>\n\n\n\n

Cinco a\u00f1os despu\u00e9s de presentada la mencionada demanda, Colombia opt\u00f3 por aceptar la culpa, revisar su pol\u00edtica de fumigaciones en la frontera, reconociendo a modo de indemnizaci\u00f3n el pago de 15 millones de d\u00f3lares a Ecuador y varias acciones que se consignan en el acuerdo suscrito entre los dos pa\u00edses. Despu\u00e9s de un arreglo amistoso, Ecuador retiro la demanda interpuesta contra Colombia ante la corte de La Haya.<\/p>\n\n\n\n

La mol\u00e9cula de \u201cglifosato\u201d fue patentada por primera vez por la compa\u00f1\u00eda estadounidense Stauffer Chemical en 1964, este era utilizado para la limpieza y descalcificaci\u00f3n de calderas comerciales y tuber\u00edas, eliminaba minerales como el calcio, magnesio, manganeso, cobre y zinc. En 1974 fue patentado por la multinacional Monsanto, quien lo registr\u00f3 con el nombre comercial de Roundup\u00ae, un herbicida y agente inhibidor de la bios\u00edntesis de amino\u00e1cidos arom\u00e1ticos en las c\u00e9lulas vegetales para la eliminaci\u00f3n de malezas no deseadas en el sector agr\u00edcola y forestal.<\/p>\n\n\n\n

Se ha demostrado que en la aplicaci\u00f3n de glifosatos, se es posible encontrar plantas resistentes a su acci\u00f3n. Tal como lo se\u00f1ala Orozco y Garc\u00e9s (2007) \u201cse origina, por un lado, un incremento en la dosis del producto y, por otro, lleva a que el banco de semillas del suelo cambie. En \u00faltimas, en el suelo quedan las semillas que originan plantas tolerantes, lo que conduce a la formaci\u00f3n de una vegetaci\u00f3n secundaria con una composici\u00f3n diferente, que obviamente llevar\u00e1 a una profunda transformaci\u00f3n del ecosistema\u201d (p. 23).<\/p>\n\n\n\n

Los efectos nocivos del uso del herbicida glifosato se discute en el mundo y es pertinente destacar que en Estados Unidos, el Tribunal de San Francisco, en el caso Monsanto vs Dewayne Johnson, bas\u00e1ndose en el estudio realizado por la OMS (Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud), concluy\u00f3 que el herbicida glifosato s\u00ed representa un peligro sustancial, pues existe evidencia suficiente para vincular a las etiquetas comerciales de glifosato RoundUp y RangerPro. Y conden\u00f3 a la Multinacional estadounidense Monsanto, quien fabrica estos herbicidas, a desembolsar 289 millones de d\u00f3lares para indemnizar a Dewayne Johnson, un jardinero y agricultor norteamericano que contrajo c\u00e1ncer luego de pulverizar con el plaguicida glifosato entre los a\u00f1os 2012 y 2014.<\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n de la Justicia estadounidense representa la primera gran condena contra el gigante de los transg\u00e9nicos y los pesticidas, y tambi\u00e9n pa\u00edses europeos como Francia, entre otros, han anunciado la prohibici\u00f3n del uso del glifosato y ha recopilado abundante informaci\u00f3n cient\u00edfica sobre sus efectos nocivos para la salud y el medio ambiente por el uso del herbicida glifosato.<\/p>\n\n\n\n

Aspectos legales frente al uso glifosato en Colombia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el pa\u00eds y frente a las devastadoras consecuencias del uso de la aspersi\u00f3n a\u00e9rea con glifosato, el Consejo de Estado, en Sentencia del 20 de febrero del 2014, determin\u00f3 que \u201cde acuerdo con los anteriores estudios cient\u00edficos referenciados, tenemos que la fumigaci\u00f3n a\u00e9rea con glifosato es una actividad que engendra un riesgo para el ambiente, por lo cual al Estado le asiste un deber de guarda materia sobre este tipo de sustancias que opera, obligaci\u00f3n que se origina del poder de instrucci\u00f3n, direcci\u00f3n y control del cual est\u00e1 investido\u201d.<\/p>\n\n\n\n

De igual manera, se ha demostrado que con la aspersi\u00f3n a\u00e9rea con glifosato se afecta gravemente la salud de la poblaci\u00f3n civil, pues la OMS y el programa de monograf\u00edas de la Agencia Internacional de Investigaci\u00f3n en C\u00e1ncer, de marzo de 2015, clasific\u00f3 cinco plaguicidas seg\u00fan su nivel cancer\u00edgeno: glifosato, malation, diazinon, tetrachlorvinifos y paration. Respecto de la toxicidad de estas sustancias se concluy\u00f3 que \u201cel herbicida glifosato y los insecticidas ranatatton y diazinon fueron clasificados como probablemente carcinog\u00e9nicos para humanos y los insecticidas tetrachlorvinifos y paration, como posiblemente carcinog\u00e9nicos para humanos\u201d. Tambi\u00e9n el Laboratorio de Gen\u00e9tica Humana de la Universidad de los Andes, realiz\u00f3 un estudio con el fin de comprobar la eficacia de la \u201cprueba del cometa\u201d como herramienta para evaluar la citotoxicidad y la genotoxicidad del glifosato puro en cultivos de c\u00e9lulas humanas. Los resultados obtenidos comprobaron que el glifosato,enaltasconcentraciones puede alterar la estructura del ADN en diferentes Upas de c\u00e9lulas humanas en cultivos invitro, y que este efecto puede observarse mediante la prueba del cometa\u201d. El glifosato causa enfermedades como el c\u00e1ncer, Alzheimer, autismo, enfermedad renal cr\u00f3nica, da\u00f1os en la piel, entre otras. Igualmente el uso de este herbicida genera la contaminaci\u00f3n de r\u00edos y mantos acu\u00edferos y otros da\u00f1os ambientales.<\/p>\n\n\n\n

Como consecuencia de los da\u00f1os que genera la aspersi\u00f3n de los cultivos de uso il\u00edcito la Corte Constitucional mediante sentencia T-236 de 2017, al estudiar el Programa de Erradicaci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos mediante Aspersi\u00f3n A\u00e9rea con el herbicida Glifosato, determin\u00f3: \u201cLas autoridades administrativas no han adoptado medidas suficientes de protecci\u00f3n contra el riesgo de las aspersiones a\u00e9reas y terrestres por medio del glifosato (. . .) esta Sala encuentra que los programas de aspersi\u00f3n con glifosato, debido a sus caracter\u00edsticas especiales, plantean riesgos significativos para la salud humana. Dichos riesgos no han sido regulados razonablemente por las autoridades administrativas y la regulaci\u00f3n existente no ha sido aplicada de manera diligente\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por lo anterior, \u201cla Corte adoptar\u00e1 medidas dirigidas a reducir provisionalmente los riesgos, las cuales tendr\u00e1n vigencia hasta que se dicte una nueva regulaci\u00f3n que cumpla los par\u00e1metros constitucionales\u201d (…) \u201cLa Corte considera que los riesgos de las aspersiones con glifosato hacia la salud humana son inciertos. Sin embargo, con lo ya revisado, la Corte cuenta con elementos para concluir provisionalmente que el glifosato es una sustancia t\u00f3xica<\/p>\n\n\n\n

que dependiendo del nivel de exposici\u00f3n puede causar c\u00e1ncer u otras afectaciones a las c\u00e9lulas humanas\u201d.
Por otra parte, cuenta con elementos para afirmar, tambi\u00e9n de manera provisional, que el uso del glifosato podr\u00eda estar relacionado con el aumento de afectaciones de salud en los municipios donde se utiliza. Finalmente la Corte en su parte resolutiva de la sentencia citada decide, \u201cORDENAR al Consejo Nacional de Estupefacientes no reanudar el Programa de Erradicaci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos mediante Aspersi\u00f3n A\u00e9rea con glifosato (PECIG), por las razones expuestas en esta sentencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Adicionalmente, la Corte establece algunos par\u00e1metros que se deben tener en cuenta antes de reanudar la erradicaci\u00f3n de cultivos mediante la aspersi\u00f3n a\u00e9rea con glifosato: \u201cCUARTO- El Consejo Nacional de Estupefacientes solo podr\u00e1 modificar la decisi\u00f3n de no reanudar el PECJG, cuando haya dise\u00f1ado y se haya puesto en marcha, por medio de las medidas legales y reglamentarias que sean pertinentes, un proceso decisorio con las siguientes caracter\u00edsticas m\u00ednimas: 1-. La regulaci\u00f3n debe ser dise\u00f1ada y reglamentada por un \u00f3rgano distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicaci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos, e independiente de esas mismas entidades. 2-. La regulaci\u00f3n debe derivarse de una evaluaci\u00f3n del riesgo a la salud y otros riesgos, como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y t\u00e9cnicamente fundado. Este proceso de evaluaci\u00f3n deber\u00e1 realizarse de manera continuada. 3-. El proceso decisorio deber\u00e1 incluir una revisi\u00f3n autom\u00e1tica de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos. La legislaci\u00f3n o reglamentaci\u00f3n pertinente deber\u00e1 indicar las entidades con la capacidad de expedir dichas alertas, pero como m\u00ednimo deber\u00e1 incluirse a las entidades nacionales y del orden territorial del sector salud, las autoridades ambientales y las entidades que conforman el Ministerio P\u00fablico. 4-. Investigaci\u00f3n cient\u00edfica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicaci\u00f3n, que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deber\u00e1 contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad, de acuerdo con los par\u00e1metros fijados en el apartado 5.4.3.4 de esta providencia. 5-. Los procedimientos de queja deber\u00e1n ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluaci\u00f3n del riesgo. 6-. En todo caso, la decisi\u00f3n que se tome deber\u00e1 fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de da\u00f1o para la salud y el medio ambiente\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La Corte Constitucional reitera las condiciones que debe cumplir el Gobierno de Colombia para poder reanudar el programa de erradicaci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos mediante el mencionado m\u00e9todo con el herbicida glifosato, y enfatiza cuando refieren los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia T-236 de 2017, en el sentido de que: 1-. Las caracter\u00edsticas dispuestas constituyen criterios que el Consejo Nacional de Estupefacientes ha de tener en cuenta para decidir acerca de la reanudaci\u00f3n del PECIG, y deben ser cumplidas de buena fe y atendiendo a sus finalidades. 2-. La previsi\u00f3n del numeral 6\u00b0 del ordinal cuarto de la parte resolutiva de la Sentencia T 236 de 2017, en cuanto expresa que la decisi\u00f3n debe fundarse en \u201cevidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de da\u00f1o para la salud y el medio ambiente\u201d, ha de entenderse en los t\u00e9rminos del apartado final del numeral 5.4.3.6.<\/p>\n\n\n\n

De la parte motiva de la sentencia, es decir, que \u201cno equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de da\u00f1o, tampoco equivale a establecer que la ausencia de da\u00f1o es absoluta o que la actividad no plantea ning\u00fan riesgo en absoluto, en consecuencia, al momento de decidir acerca de la reanudaci\u00f3n del PECIG, el Consejo Nacional de Estupefacientes deber\u00e1 considerar y ponderar toda la evidencia cient\u00edfica y t\u00e9cnica disponible en lo que se refiere, por un lado, la minimizaci\u00f3n de los riesgos para la salud y el medio ambiente, y por otro, a la soluci\u00f3n al problema de las drogas il\u00edcitas, conforme a los instrumentos de pol\u00edtica p\u00fablica. 3-. La decisi\u00f3n deber\u00e1 tomarse dentro del marco de la pol\u00edtica p\u00fablica que se deriva del Punto cuarto del Acuerdo Final para la Terminaci\u00f3n del Conflicto y la Construcci\u00f3n de una Paz Estable y Duradera, en los t\u00e9rminos del Acto Legislativo 2 de 2017, del Decreto Ley 896 de 2017 y dem\u00e1s instrumentos de implementaci\u00f3n y desarrollo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Los cultivos de uso il\u00edcito en el Acuerdo de Paz<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La implementaci\u00f3n del punto 4 del Acuerdo de Paz (Drogas l\u00edcitas) consider\u00f3, especialmente, que las drogas han alimentado y financiado el conflicto armado interno, y que el fen\u00f3meno ha afectado m\u00e1s que todo a las comunidades donde la oferta estatal es precaria. Por tanto, el acuerdo busca dise\u00f1ar un plan que atienda a las causas y a las consecuencias del fen\u00f3meno del narcotr\u00e1fico a partir de estrategias que mejoren la calidad de vida de las comunidades implicadas, prevenir el fortalecimiento de las organizaciones criminales vinculadas al problema de las drogas il\u00edcitas, y la consideraci\u00f3n del consumo como un problema de salud p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

El acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional desarrolla el punto 4 con base en tres pilares: primero, la sustituci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos; segundo, la prevenci\u00f3n del consumo de drogas, y tercero, la soluci\u00f3n al problema de la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de narc\u00f3ticos, esto es, producci\u00f3n, consumo y narcotr\u00e1fico respectivamente.<\/p>\n\n\n\n

En el primer pilar las partes reconocen que los cultivos il\u00edcitos son generadores de violencia, y que con ella no pueden existir las condiciones necesarias para la construcci\u00f3n de la paz, por lo que se acord\u00f3 la creaci\u00f3n del Programa Nacional Integral de Sustituci\u00f3n de Cultivos de Uso Il\u00edcito y Desarrollo Alternativo (PNIS), a cargo de la Presidencia de la Rep\u00fablica. En \u00e9l se propone la utilizaci\u00f3n voluntaria de econom\u00edas alternativas por parte de la comunidad, con el acuerdo de sustituci\u00f3n voluntaria y no resiembra celebrado entre el Gobierno Nacional, el municipal y las poblaciones afectadas.<\/p>\n\n\n\n

Con el programa los campesinos se comprometen a la erradicaci\u00f3n voluntaria y concertada, a la no resiembra y a la no involucraci\u00f3n en cadenas de narcotr\u00e1fico. Por su parte, el Gobierno Nacional se compromete a implementar el Plan de Atenci\u00f3n Inmediata y un plan de acci\u00f3n social, en el PNIS, que consiste en llevar la oferta de desarrollo del Estado a las comunidades afectadas por el fen\u00f3meno de las drogas il\u00edcitas, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria del campesinado.<\/p>\n\n\n\n

Este pilar se enmarca en un enfoque de desarrollo rural con inversi\u00f3n estatal ya consagrado en el primer punto de los acuerdos, sobre todo con los PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial) integrado al punto cuatro con el PNIS de manera particular en los criterios de priorizaci\u00f3n de los territorios para la implementaci\u00f3n m\u00e1s urgente del programa.<\/p>\n\n\n\n

La ejecuci\u00f3n del PNIS se har\u00e1 a trav\u00e9s de una planeaci\u00f3n participativa de las poblaciones por medio de la instalaci\u00f3n de asambleas comunitarias, quienes ser\u00e1n las responsables de priorizar las necesidades, lo cual servir\u00e1 como insumo para la creaci\u00f3n del Plan de Sustituci\u00f3n de Cultivos de Uso Il\u00edcito (PISDA), herramienta para determinar la oferta institucional que se necesita en el territorio afectado.<\/p>\n\n\n\n

El Estado deber\u00e1 garantizar su cumplimiento, lo cual se ver\u00e1 facilitado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de delegados de las comunidades. La idea es entonces firmar el acuerdo de sustituci\u00f3n y no resiembra, para implementarlo de la mano con el Plan de Atenci\u00f3n Inmediata, que generar\u00e1 tambi\u00e9n desarrollo social. Y por \u00faltimo, ejecutar el cronograma que desde las asambleas comunitarias establecieron los campesinos cultivadores. Es importante tener en cuenta que se dar\u00e1 un tratamiento penal diferencial a los cultivadores para facilitar el apoyo a las comunidades que est\u00e1n inmersos en la cadena del narcotr\u00e1fico gracias a la exclusi\u00f3n y la pobreza.<\/p>\n\n\n\n

Hasta que no llegue la oferta estatal, no pueden comprometerse con la sustituci\u00f3n y no resiembra. Tambi\u00e9n habr\u00e1 un plan de formalizaci\u00f3n masiva de la propiedad a trav\u00e9s de la implementaci\u00f3n de un catastro nacional rural. Se tiene en cuenta adem\u00e1s la sostenibilidad y la recuperaci\u00f3n ambiental, as\u00ed como obras de infraestructura social de r\u00e1pida ejecuci\u00f3n; todo para la correcta ejecuci\u00f3n del PNIS.<\/p>\n\n\n\n

En el segundo pilar se acord\u00f3 el Programa Nacional de Intervenci\u00f3n Integral frente al consumo de drogas Il\u00edcitas, con el fin de fortalecer las capacidades del Estado en la atenci\u00f3n, prevenci\u00f3n y no criminalizaci\u00f3n de los adictos. El programa contempla que el consumo sea tratado como problema de salud p\u00fablica, que debe tener como principios un enfoque de derechos humanos, un enfoque diferencial y uno de g\u00e9nero, adem\u00e1s de la participaci\u00f3n comunitaria, la convivencia y el fundamento en la evidencia. Dentro de este punto, se concert\u00f3 el Sistema Nacional de Atenci\u00f3n al Consumidor de Drogas Il\u00edcitas, el cual contiene planes de acci\u00f3n participativos, con enfoque territorial y poblacional.<\/p>\n\n\n\n

En el gobierno de Juan Manuel Santos se vincularon 98 mil familias de peque\u00f1os productores de cultivos de uso il\u00edcito al programa del PNIS, priorizando como lo determina la agenda acordada la sustituci\u00f3n voluntaria, que se constituye como el m\u00e1s avanzado programa de est\u00edmulos a los peque\u00f1os productores, campesinos, ind\u00edgenas y afrodescendientes que contemplan en su plan de atenci\u00f3n inmediata familiar la entrega de est\u00edmulos econ\u00f3micos por $36 millones por n\u00facleo familiar, un mill\u00f3n mensual por 12 meses para el sostenimiento del n\u00facleo familiar por el primer a\u00f1o, un proyecto de seguridad alimentaria por $1.800.000 y dos proyectos productivos de ciclo y largo plazo por $19 millones, al igual que la prestaci\u00f3n de asistencia t\u00e9cnica; estos est\u00edmulos requieren como contraprestaci\u00f3n por los beneficiarios sustituir voluntariamente sus cultivos de uso il\u00edcito; de la misma manera contempl\u00f3 un plan de atenci\u00f3n social con intervenci\u00f3n en \u00e1reas de atenci\u00f3n a ni\u00f1os, j\u00f3venes y adultos mayores en temas de salud, educaci\u00f3n, proyectos de infraestructura y productivos.<\/p>\n\n\n\n

Balance a 5 a\u00f1os de una implementaci\u00f3n fragmentada<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Bajo los preceptos de la comunidad internacional, se ha implementado la erradicaci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito sin haber alcanzado el debilitamiento real de la econom\u00eda ilegal de las drogas. Pese a la aplicaci\u00f3n de las acciones antinarc\u00f3ticos, el narcotr\u00e1fico se ha mantenido, e incluso ha llegado a diversificarse y adaptarse a las condiciones de la globalizaci\u00f3n de la econom\u00eda. Por esta raz\u00f3n, se presume que la tradicional guerra contra las drogas ha sido insuficiente para enfrentar esta problem\u00e1tica de car\u00e1cter mundial, e incluso se ha llegado a afirmar que esta guerra ha fracasado, siendo necesaria la b\u00fasqueda de alternativas y el cambio de paradigma frente al tratamiento del narcotr\u00e1fico (Ram\u00edrez, 2017).<\/p>\n\n\n\n

La estrategia perteneciente a la lucha contra las drogas sobre la que se han depositado menores esfuerzos institucionales en Colombia, ha sido la sustituci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito. Eso se ha sumado a que en el pa\u00eds la erradicaci\u00f3n ha incidido en la afectaci\u00f3n del medio ambiente y de las comunidades que habitan las zonas con presencia de cultivos de uso il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n

Esta \u00faltima es la menos represiva de las estrategias antinarc\u00f3ticos y es, tambi\u00e9n, la que menos atenci\u00f3n ha recibido en el escenario nacional, ocupando un lugar secundario frente al peso de las estrategias de erradicaci\u00f3n. No obstante, en el marco de la presidencia de Juan Manuel Santos, se inclin\u00f3 la mirada hacia la adopci\u00f3n de esta estrategia como eje central en el tratamiento de los cultivos il\u00edcitos en Colombia. Esto ocurri\u00f3 luego de aceptar que, tras d\u00e9cadas de privilegiar las acciones represivas, no se ha contado con resultados contundentes y sostenibles que impacten verdaderamente el negocio ilegal de las drogas.<\/p>\n\n\n\n

En esa direcci\u00f3n, la sustituci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito, por primera vez, tom\u00f3 un lugar relevante en la agenda pol\u00edtica nacional, y aunque programas destinados a sustituir cultivos de uso il\u00edcito ya hab\u00edan sido implementados en Colombia desde los a\u00f1os ochenta. En esta ocasi\u00f3n la sustituci\u00f3n de cultivos fue concebida como una herramienta adecuada para propiciar el cambio de enfoque que requiere la pol\u00edtica antinarc\u00f3ticos.<\/p>\n\n\n\n

Uno de los principales valores agregados del Punto 4 del Acuerdo de Paz fue partir de lecciones aprendidas en Colombia y en otros pa\u00edses del mundo sobre erradicaci\u00f3n y sustituci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito. Cerca de 40 a\u00f1os de experiencia nacionales demuestran que el principal obst\u00e1culo en la soluci\u00f3n del problema de las drogas en Colombia ha sido la falta de articulaci\u00f3n entre las pol\u00edticas de seguridad (que han privilegiado la erradicaci\u00f3n forzada) con las de desarrollo alternativo (que han estado hist\u00f3ricamente desfinanciadas), as\u00ed como la ausencia de pol\u00edticas de Estado que puedan trascender la voluntad de cada Gobierno.<\/p>\n\n\n\n

La persistencia del narcotr\u00e1fico en la realidad nacional e internacional proyecta sus impactos en todos los contextos, como lo reconocen los organismos especializados en el seguimiento del fen\u00f3meno, cuando constatan que \u201cel narcotr\u00e1fico es uno de los problemas con mayor afectaci\u00f3n a la seguridad de la Rep\u00fablica de Colombia en tanto produce de forma ilegal m\u00e1s del 70 por ciento de la coca\u00edna del mundo\u201d (UNODC, 2019).<\/p>\n\n\n\n

Ante la magnitud gigantesca del problema, por primera vez se incluy\u00f3 en un pacto de paz la discusi\u00f3n sobre las drogas il\u00edcitas y sus posibles soluciones, habl\u00e1ndole al pa\u00eds sobre la necesidad de abordar este tema de manera estructural, proponiendo la implementaci\u00f3n de estrategias de mediano y largo plazo que buscan tomar en cuenta la multidimensionalidad del tema, como se puede ver en el Punto 4 del Acuerdo firmado entre las Farc y el Estado colombiano, que comprende tres subtemas claves:<\/p>\n\n\n\n

  • Sustituci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito.<\/li>
  • Prevenci\u00f3n del consumo y salud p\u00fablica.<\/li>
  • Soluci\u00f3n a la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de narc\u00f3ticos.<\/li><\/ul>\n\n\n\n

    Entonces, es imperativo realizar un an\u00e1lisis cr\u00edtico del impacto de la implementaci\u00f3n del Punto 4 del Acuerdo de Paz de La Habana, con \u00e9nfasis en la sustituci\u00f3n de los cultivos il\u00edcitos, que permita entregar insumos para la construcci\u00f3n de una nueva pol\u00edtica de Estado, frente a las miles de hect\u00e1reas cultivadas de coca, marihuana y amapola, cambiando la fracasada estrategia de lucha contra las drogas en la que Colombia y el resto del mundo se han embarcado desde hace m\u00e1s de 40 a\u00f1os, bajo las directrices del gobierno de los Estados Unidos y su agencia antinarc\u00f3ticos \u2013DEA-, as\u00ed como del sistema de Naciones Unidas, ONU.<\/p>\n\n\n\n

    Una propuesta de pol\u00edtica p\u00fablica para Colombia sobre el narcotr\u00e1fico, debe basarse a nivel nacional en el \u201cAcuerdo final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera\u201d y en los Actos Legislativos, leyes, decretos, normas, jurisprudencia y conceptos legales que se dictaron, emitieron o decretaron y los documentos t\u00e9cnicos de la Comisi\u00f3n Asesora del Gobierno de Juan Manuel Santos, que establecieron sus lineamientos, para poder realizar una actualizaci\u00f3n o modificaci\u00f3n sustancial de las pol\u00edticas p\u00fablicas desarrolladas durante los gobiernos de Juan Manuel Santos en su etapa final (2016-2018) y el tiempo transcurrido del gobierno Duque (2018-2021).<\/p>\n\n\n\n

    A nivel internacional debe partir de la nueva pol\u00edtica del gobierno de Joe Biden, en la lucha contra las drogas para Colombia, siendo este el punto del cual partimos para la elaboraci\u00f3n de estas consideraciones.<\/p>\n\n\n\n

    Sustituci\u00f3n voluntaria en el marco de la nueva pol\u00edtica de Joe Biden<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Plantea un cambio en la medici\u00f3n de los indicadores de \u00e9xito en lo relacionado con las etapas iniciales del Ciclo Econ\u00f3mico del Narcotr\u00e1fico, que son los cultivos y la producci\u00f3n de la pasta base, por primera vez no habla de modo espec\u00edfico de hect\u00e1reas erradicadas ni de aspersi\u00f3n con glifosato; su \u00e9nfasis se enfoca en la seguridad y desarrollo de zonas rurales para reducir la dependencia econ\u00f3mica a la hoja de coca, la regulaci\u00f3n de los t\u00edtulos de propiedad de las tierras, facilitar el acceso a la justicia, la formalizaci\u00f3n del suelo para otras<\/p>\n\n\n\n

    actividades productivas con esfuerzos adicionales en inversi\u00f3n y control de los territorios de siembra, la protecci\u00f3n del medio ambiente y las selvas tropicales. Esto abre una posibilidad a la Sustituci\u00f3n Voluntaria de Cultivos en el marco de pol\u00edticas de desarrollo e inversi\u00f3n rural.<\/p>\n\n\n\n

    En gracia de discusi\u00f3n y teniendo en cuenta el diagn\u00f3stico de los expertos, es posible considerar que una nueva pol\u00edtica frente a las drogas en Colombia debe partir del principio de mitigar los da\u00f1os para alcanzar metas realistas en materia de control del n\u00famero de cultivos de uso il\u00edcito, y de reducci\u00f3n de los niveles de criminalidad y violencia generados por la cadena del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

    Por lo tanto, es pertinente plantear de nuevo el debate sobre si el Estado colombiano y la sociedad est\u00e1n preparados para discutir la implementaci\u00f3n como pol\u00edtica p\u00fablica de un programa de legalizaci\u00f3n controlada de cultivos de hoja de coca en el pa\u00eds, combinada con la sustituci\u00f3n voluntaria y, en casos extremos, con la erradicaci\u00f3n forzada, teniendo en cuenta los \u00e9xitos alcanzados en este campo por la Rep\u00fablica de Bolivia. Resultados que son validados por la UNODC desde el a\u00f1o 2014.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    El Plan Nacional Integral de Sustituci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos, a\u00fan si se implementara con todos los componentes y los recursos que mandat\u00f3 el Acuerdo de Paz de La Habana, es insuficiente en sus metas para resolver de fondo un problema de las dimensiones macroecon\u00f3micas que representa la econom\u00eda ilegal de los cultivos de uso il\u00edcito en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

    En aras de contribuir a este an\u00e1lisis es importante evaluar comparativamente los informes de monitoreo que UNODC realiz\u00f3 para Colombia y Bolivia en los a\u00f1os 2019 y 2020, como se resume a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

    En Colombia, el promedio de rendimiento anual de la hoja de coca fresca por tonelada es de 5,700 tm\/ha\/a\u00f1o, para el a\u00f1o 2018, y de 5,8 tm\/ha\/a\u00f1o para el a\u00f1o 2019. En Bolivia, el promedio anual de coca secada es de 1.137 kg\/ha\/a\u00f1o, en la regi\u00f3n del Norte de La Paz; en la regi\u00f3n del Tr\u00f3pico de Cochabamba el factor de rendimiento promedio anual utilizado fue de 2.047 kg\/ha\/a\u00f1o. Lo que significa que la productividad por hect\u00e1rea en Colombia es 2.5 veces m\u00e1s que en Bolivia (UNODC, 2019), de acuerdo con los informes de monitoreo de UNODC de los a\u00f1os 2019 en Colombia y de Bolivia del 2020.<\/p>\n\n\n\n

    En otros indicadores de Colombia, la UNODC registra en su informe que la sustituci\u00f3n voluntaria de cultivos il\u00edcitos (PNIS) fue para el a\u00f1o 2018 de 31.7218ha y para el 2019 de 6.765ha, con una reducci\u00f3n del 79%; mientras que la erradicaci\u00f3n forzada pas\u00f3 de 59.978ha en el a\u00f1o 2018 a 99,0977ha en el a\u00f1o 2019, con un incremento del 58% (UNODC, 2019), lo que se explica por la agresiva decisi\u00f3n del gobierno Duque de incrementar la erradicaci\u00f3n forzada, debilitando, a trav\u00e9s de la desfinanciaci\u00f3n y la ausencia de concertaci\u00f3n con las comunidades campesinas, la erradicaci\u00f3n voluntaria, programa bandera del Punto 3.1 del Acuerdo de Paz.<\/p>\n\n\n\n

    En este contexto, el gobierno Biden plantea una nueva pol\u00edtica antidrogas para Colombia, la cual presenta continuidades, pero tambi\u00e9n algunos cambios que es necesario analizar con detalle; por ejemplo, enfatiza en el consumo como un problema de salud p\u00fablica y no ahonda en su criminalizaci\u00f3n, busca armonizar la lucha antidrogas con la preservaci\u00f3n del medio ambiente y con el bienestar de la gente al plantear la integralidad desde lo socioecon\u00f3mico hasta lo ambiental. Sin embargo, decididamente no es una estrategia para regular el consumo con una visi\u00f3n m\u00e1s liberal del tema. La pol\u00edtica en su conjunto se basa en tres puntos:
    \u2022 El primero abarca aspectos sustanciales del Ciclo Econ\u00f3mico del Narcotr\u00e1fico; si bien plantea seguir reduciendo la oferta, tal como se viene ejerciendo, no habla de aspersi\u00f3n; enfatiza en la destrucci\u00f3n de los laboratorios, los esfuerzos contra el lavado de activos y la judicializaci\u00f3n de los delincuentes.<\/p>\n\n\n\n

    \u2022 El segundo aspecto se centra en el apoyo a los Acuerdos de Paz y destaca el deber de dar garant\u00edas de seguridad a los l\u00edderes sociales objeto de amenazas y asesinatos; su \u00e9nfasis se enfoca en la seguridad y el desarrollo de zonas rurales para reducir la dependencia econ\u00f3mica de la hoja de coca, la regulaci\u00f3n de los t\u00edtulos de propiedad de las tierras, el acceso a la justicia, la formalizaci\u00f3n del suelo para otras actividades productivas con esfuerzos adicionales en inversi\u00f3n y control de los territorios de siembra, y un cambio en la medici\u00f3n de los indicadores de \u00e9xito.<\/p>\n\n\n\n

    \u2022 Protecci\u00f3n del Medio Ambiente, en concreto selva tropical: Estados Unidos recalc\u00f3 que esta lucha contra las drogas debe tener un enfoque de protecci\u00f3n ambiental y las acciones nocivas que los delincuentes suelen realizar contra el ecosistema. Incluso se menciona una restauraci\u00f3n de selvas tropicales, la eliminaci\u00f3n de cultivos de coca y la f\u00e9rrea oposici\u00f3n a los \u201csantuarios para los grupos armados ilegales\u201d, as\u00ed como eliminar zonas de siembra y laboratorios.<\/p>\n\n\n\n

    De acuerdo con expertos como (Vargas, Puyana, & Arenas, 2021), la nueva estrategia sobre drogas que ha sido anunciada desde la Casa Blanca, se inscribe en el marco de nuevos planteamientos de la administraci\u00f3n Biden, se nutre de algunas recomendaciones de la Comisi\u00f3n Hemisf\u00e9rica de Drogas del Congreso de Estados Unidos y de una cumbre entre equipos de los dos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

    Un aspecto a resaltar es que la erradicaci\u00f3n forzada, en la cual se emplean unidades del Ej\u00e9rcito, la Polic\u00eda, civiles contratados y el ESMAD, conlleva protestas y graves afectaciones a derechos humanos de comunidades que exigen ser incluidas en planes de sustituci\u00f3n. De hecho, actualmente ese m\u00e9todo es la mayor fuente de tensi\u00f3n entre comunidades y fuerza p\u00fablica en decenas de municipios y tambi\u00e9n socava la confianza en el Acuerdo de Paz, como lo advirti\u00f3 en reciente informe el International Crisis Group (Vargas, Puyana, & Arenas, 2021, p. 6).<\/p>\n\n\n\n

    Finalmente, de acuerdo con Vargas, Puyana, & Arenas, 2021, la propuesta o recomendaciones para una nueva agenda bilateral entre el gobierno colombiano y los E.E.U.U, frente al tratamiento del problema de la lucha contra las drogas, se destacan cuatro:<\/p>\n\n\n\n

    1. Las administraciones de los dos pa\u00edses deber\u00edan desincentivar el uso de la fuerza en la estrategia dirigida a comunidades y no exigir como prerrequisito la erradicaci\u00f3n previa de cultivos para la inversi\u00f3n social en los territorios. El \u00e9nfasis debe estar en respaldar esfuerzos de organizaciones sociales y gobiernos locales en un claro prop\u00f3sito de fortalecer la democracia local.<\/p>\n\n\n\n

    2. Los gobiernos de los dos pa\u00edses deber\u00edan atender la secuencia correcta establecida en los Principios Rectores de Desarrollo Alternativo y por la Corte Constitucional. Primero es la sustituci\u00f3n voluntaria de cultivos, lo que implica ampliar los programas de sustituci\u00f3n privilegiando los acuerdos con comunidades, con alta participaci\u00f3n y con establecimiento de plazos razonables que vayan atados al logro de medios de vida sostenibles.<\/p>\n\n\n\n

    3. El gobierno Biden deber\u00eda reflejar en futuros presupuestos para Colombia m\u00e1s \u00e9nfasis en los asuntos relacionados con el Acuerdo de Paz, por ejemplo, con m\u00e1s recursos para programas de acceso a tierras, para que lleguen m\u00e1s all\u00e1 de los tres municipios donde actualmente est\u00e1; m\u00e1s recursos para construir infraestructuras y mejorar v\u00edas terciarias, as\u00ed como m\u00e1s aporte para respaldar cadenas productivas de manera sostenible y con acceso a mercados, entre otros temas.<\/p>\n\n\n\n

    4. Los gobiernos de EEUU y Colombia deber\u00edan revisar los resultados de la operaci\u00f3n Artemisa, la cual aumenta la ilegitimidad institucional de control ambiental y acrecienta conflictos socio ambientales, para dar lugar a una pol\u00edtica que ponga el \u00e9nfasis en la din\u00e1mica de apropiaci\u00f3n de bald\u00edos y en las estructuras de negocios sobre la tierra que se afincan en las regiones en el marco de operaciones de lavado de activos, lo cual est\u00e1 relacionado directamente con la defensa del medio ambiente (Vargas, Puyana, & Arenas, Cambio de ret\u00f3rica o una oportunidad para la paz. 2021, p. 8-9).<\/p>\n\n\n\n

    El auge del neoliberalismo como paradigma econ\u00f3mico en la d\u00e9cada de 1990, que traz\u00f3 desde Washington las agendas de paz y seguridad para Am\u00e9rica Latina, ha impactado el dise\u00f1o de pol\u00edticas p\u00fablicas en la regi\u00f3n y las estrategias de construcci\u00f3n de paz orientadas a la resoluci\u00f3n de conflictos. Desde el modelo de paz liberal, como referente hegem\u00f3nico del capitalismo en la b\u00fasqueda de seguridad humana, se han materializado los mecanismos de apertura econ\u00f3mica, liberalizaci\u00f3n y b\u00fasqueda de rentabilidad, por lo que estrategias como el Programa Nacional Integral de Sustituci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos (PNIS) en el caso del pos acuerdo colombiano, han seguido el rumbo delineado desde el Norte.<\/p>\n\n\n\n

    El Acuerdo de paz en Colombia se acerca a la formulaci\u00f3n de una nueva concepci\u00f3n h\u00edbrida y contextualizada de la paz frente al problema de las drogas y los cultivos de uso il\u00edcito que incluye el reconocimiento de las causas hist\u00f3ricas que facilitaron la vinculaci\u00f3n de poblaciones<\/p>\n\n\n\n

    vulnerables con las econom\u00edas ilegales, una visi\u00f3n descentralizada de las pol\u00edticas con un enfoque transversal a la Reforma Rural Integral (RRI) apalancada por la creaci\u00f3n de espacios y acuerdos locales para la implementaci\u00f3n del PNIS, el reconocimiento a las particularidades \u00e9tnicas y sociales de las comunidades cocaleras y un enfoque de salud p\u00fablica en lo referente a la prevenci\u00f3n y no estigmatizaci\u00f3n de los cultivadores y consumidores.<\/p>\n\n\n\n

    Asimismo, el Acuerdo dej\u00f3 plasmada una visi\u00f3n internacional del fen\u00f3meno, enfatizando en el enfoque de corresponsabilidad entre pa\u00edses productores y consumidores en la formulaci\u00f3n de una pol\u00edtica antidroga menos punitiva, considerando los errores precedentes de intentos de erradicaci\u00f3n desde la criminalizaci\u00f3n y la militarizaci\u00f3n de las zonas cocaleras.<\/p>\n\n\n\n

    Lamentablemente, en el marco de los lineamientos democr\u00e1ticos, atenci\u00f3n y desarrollo de proyectos productivos a trav\u00e9s de la asignaci\u00f3n monetaria focalizaci\u00f3n neoliberal de recursos y la l\u00f3gica de la participaci\u00f3n legitimadora, el PNIS ha reproducido homog\u00e9neamente la concepci\u00f3n neoliberal sobre el rol del Estado en la superaci\u00f3n de la problem\u00e1tica de los cultivos de uso il\u00edcitos en Colombia. Por una parte, la pol\u00edtica de focalizaci\u00f3n del gasto ha evidenciado los desfases t\u00e9cnicos, presupuestales y temporales, as\u00ed como la l\u00f3gica asistencialista del programa de sustituci\u00f3n pac\u00edfica de los cultivos de uso il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

    Por otra parte, la participaci\u00f3n legitimadora, que tambi\u00e9n ha operado como principio rector de la democracia de la paz neoliberal, ha evidenciado una visi\u00f3n centralista y burocr\u00e1tica que busca legitimar pol\u00edticas a trav\u00e9s de procesos participativos que se distancian de la idea de un pos acuerdo construido desde las bases sociales y entendido como conjunto de reformas orientadas a la construcci\u00f3n de una paz contextualizada y territorial.<\/p>\n\n\n\n

    Una aproximaci\u00f3n al problema de los cultivos de uso il\u00edcito a partir de mecanismos de la paz h\u00edbrida aparece como alternativa a los desaf\u00edos que sugiere la fallida estrategia de sustituci\u00f3n del PNIS. Surgen, no obstante, amplios interrogantes sobre la pertinencia de abordar las diversas realidades cocaleras desde un solo enfoque de pol\u00edtica p\u00fablica, cuando las causas del cultivo son tan diversas como los territorios en los que se presentan. Reflexionar sobre c\u00f3mo evaluar de mejor forma esas pol\u00edticas y sus aspectos metodol\u00f3gicos constituye una tarea pendiente para plantear soluciones al problema de las drogas il\u00edcitas en el contexto del pos acuerdo colombiano.<\/p>\n\n\n\n

    \"\"<\/figure>\n\n\n\n

    El enfoque neoliberal en el modelo de sustituci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    La implementaci\u00f3n de programas para la sustituci\u00f3n voluntaria de cultivos de uso il\u00edcito est\u00e1 formulada desde un enfoque de focalizaci\u00f3n del gasto de corte neoliberal. Esto evidencia el fortalecimiento de la visi\u00f3n del Estado que en las \u00faltimas d\u00e9cadas ha prevalecido frente a programas de subsidio a la demanda, en este caso, las familias vinculadas al PNIS como receptoras de recursos del Estado para que puedan acceder individualmente al mercado de bienes y servicios l\u00edcitos. Lo anterior, en una evidente desarticulaci\u00f3n con el subsidio a la oferta, que en este caso har\u00eda referencia a la tierra o al programa de inversiones de la RRI que se ve representado en el punto 1 del Acuerdo de Paz.<\/p>\n\n\n\n

    Los cultivos de uso il\u00edcito han sido uno de los principales factores atizadores del conflicto armado colombiano durante los \u00faltimos a\u00f1os. Por esa raz\u00f3n, el punto 4.1 del Acuerdo Final se ocupa de ellos y define una ambiciosa pol\u00edtica de Estado dirigida a combatir este flagelo a partir de una \u00f3ptica integral, participativa y con enfoque territorial, \u00e9tnico, ambiental y de g\u00e9nero, orientada a la transformaci\u00f3n estructural de las zonas de plantaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    Este cap\u00edtulo plantea que, pese a ser objeto de m\u00faltiples objeciones pol\u00edticas, econ\u00f3micas y jur\u00eddicas, y a que desde sus inicios ha padecido numerosas dificultades para su puesta en marcha, por sus diversos e importantes componentes, el Plan Nacional Integral de Sustituci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos (PNIS) constituye la v\u00eda \u00f3ptima para enfrentar el problema de los cultivos de uso il\u00edcito, saldar la deuda estatal con los territorios de la periferia nacional afectados por este flagelo y ayudar a las comunidades all\u00ed asentadas a salir de la trampa de la ilegalidad que las oprime y les niega toda posibilidad de desarrollo ajeno a las organizaciones criminales que controlan esas zonas del pa\u00eds (H\u00e9ctor Santaella Quintero, Universidad Externado de Colombia).<\/p>\n\n\n\n

    Los mecanismos de distribuci\u00f3n de recursos a trav\u00e9s del PNIS siguen el mismo modelo que se ha dado en el marco de la descentralizaci\u00f3n administrativa en relaci\u00f3n con las denominadas transferencias monetarias condicionadas\u201d (Chaves y Hoyos, 2019, junio 24-26). Una pol\u00edtica social dise\u00f1ada por la banca multilateral a finales de la d\u00e9cada 1980, que r\u00e1pidamente se adopt\u00f3 en casi todos los Estados latinoamericanos como uno de los engranajes centrales de las pol\u00edticas sociales neoliberales.<\/p>\n\n\n\n

    Las 130.000 familias que firmaron acuerdos colectivos durante el gobierno del presidente Santos y las 99.000 familias vinculadas al PNIS quedaron en el limbo con el gobierno de Iv\u00e1n Duque. Los campesinos cumplieron con el PAI (Plan de Atenci\u00f3n Inmediata), que en la pr\u00e1ctica entr\u00f3 a sustituir los Pisda contemplados en el programa inicial. Arrancaron su sustento derivado de las matas de coca, pero el gobierno ni siquiera cumpli\u00f3 con la totalidad de lo firmado. Obviamente tampoco cumplieron con el componente de seguridad alimentaria, ni mucho menos con los proyectos productivos de corto y mediano plazo.<\/p>\n\n\n\n

    En la pr\u00e1ctica no se sustituy\u00f3 a cabalidad ni una sola hoja de coca como estaba contemplado en el Acuerdo de Paz. El fracaso llev\u00f3 a la resiembra masiva y al aumento de las hect\u00e1reas de cultivos de coca en todo el pa\u00eds, unas 250.000 hect\u00e1reas, incluyendo las \u00e1reas protegidas para la conservaci\u00f3n. A esto se suma la debilidad institucional del PNIS, que actualmente funciona con apenas 139 funcionarios a nivel nacional para la atenci\u00f3n de las casi cien mil familias inscritas: \u201cla proporci\u00f3n entre funcionarios y personas a atender es rid\u00edculamente baja (m\u00e1s o menos un funcionario para cada 710 usuarios). Es absurdo suponer que con esto se pueda llevar a cabo una empresa de transformaci\u00f3n territorial\u201d (Guti\u00e9rrez, Machuca & Cristancho, 2019, p\u00e1g. 147).<\/p>\n\n\n\n

    Los cuestionamientos que surgen hoy frente al futuro de la implementaci\u00f3n y el cumplimiento a las familias vinculadas al PNIS corresponden a las fallas de origen, entre las que se encuentran: el \u00e9nfasis en la entrega de los subsidios a las familias y las deudas sobre la inversi\u00f3n en bienes y servicios p\u00fablicos; la falta de claridad sobre el financiamiento de la pol\u00edtica de sustituci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito; la falta de coordinaci\u00f3n entre la erradicaci\u00f3n forzada y la sustituci\u00f3n sin una secuencia adecuada para su despliegue; la cooptaci\u00f3n de los espacios participativos y los intermediarios; y la inseguridad jur\u00eddica para los beneficiarios y funcionarios.<\/p>\n\n\n\n

    Otros problemas relevantes son la evidente desconexi\u00f3n del PNIS con la RRI; la ausencia de indicadores y metas vinculadas a la transformaci\u00f3n de los territorios; la falta de claridad sobre los criterios de priorizaci\u00f3n y focalizaci\u00f3n territorial y la ausencia de una hoja de ruta para la implementaci\u00f3n del PNIS. Un factor que, por ejemplo, ha debilitado la legitimidad de los programas en las zonas cocaleras que se evidencia en la suspensi\u00f3n del programa a 13.350 familias en 2019 debido a cuestiones como inconsistencias en el puntaje en el Sistema de Identificaci\u00f3n de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (Sisb\u00e9n), irregularidades en registro, documentaci\u00f3n e incumplimiento por parte de las familias de los compromisos adquiridos (Garz\u00f3n, G\u00e9lvez y Bernal, 2019, p. 20).<\/p>\n\n\n\n

    Otra de las falencias evidentes en la articulaci\u00f3n de ambos programas radica en la formulaci\u00f3n de sus temporalidades, pues mientras la RRI est\u00e1 pensada a diez a\u00f1os, el PNIS ten\u00eda dos a\u00f1os para ejecutarse y se centraba espec\u00edficamente en la erradicaci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos (Garz\u00f3n y \u00c1lvarez, 2017, p. 20). Dicha incompatibilidad temporal es contradictoria, puesto que el tiempo de soluci\u00f3n del problema de los cultivos de uso il\u00edcito no puede ser menor al de la RRI, de lo contrario, el enfoque de soluci\u00f3n no es estructural, sino que termina privilegiando el tratamiento punitivo y asistencialista, como en efecto se vive actualmente en la totalidad de los territorios del pa\u00eds. La falta de cohesi\u00f3n entre el PNIS y la RRI tambi\u00e9n evidencia que, aunque el PNIS se plante\u00f3 en permanente relaci\u00f3n con la RRI y los programas de transformaci\u00f3n del campo colombiano, el tema de la sustituci\u00f3n de cultivos sigue siendo abordado desde un enfoque antinarc\u00f3ticos.<\/p>\n\n\n\n

    Las dificultades en la implementaci\u00f3n del PNIS y el incumplimiento de los plazos evidencian, asimismo, que se ha tardado m\u00e1s tiempo del estipulado y que, a cinco a\u00f1os de la firma del Acuerdo, 73.817 (89,8%) de las 99.097 familias inscritas en el programa recibieron un primer pago de COL$1.000.000 estipulados por 12 meses, pero en el a\u00f1o 2020 tan solo 49.768 (60,5%) de las familias recibieron la totalidad de los pagos. Los departamentos de menor cumplimiento en los pagos son justamente aquellos donde el cultivo ha aumentado: Norte de Santander, con 71% de cumplimiento a 532 familias, de las 3.000 inscritas; y Cauca, con 18,6% de cumplimiento a 1.057 familias, de 5.691 inscritas (UNODC, 2020).<\/p>\n\n\n\n

    En cuanto al componente asistencialista del programa, el Servicio de Asistencia T\u00e9cnica Integral lleg\u00f3 ocho meses despu\u00e9s del primer pago, el componente de auto sostenimiento llegar a m\u00e1s del 98% de las familias que firmaron . De acuerdo con estimaciones del propio programa, los tr\u00e1mites administrativos y operativos ocasionaron que la hoja de ruta se acabara implementando en cuatro a\u00f1os y no en dos, como se comprometi\u00f3 el Gobierno con las comunidades. Estas brechas de implementaci\u00f3n han tenido significativas consecuencias para el proceso de sustituci\u00f3n. Sin la contrataci\u00f3n de la asistencia t\u00e9cnica no se puede avanzar en los dem\u00e1s componentes y por eso las familias est\u00e1n terminando el ciclo de pagos sin contar a\u00fan con un proyecto productivo que pueda garantizar los ingresos b\u00e1sicos para su subsistencia.<\/p>\n\n\n\n

    Al respecto, en el Informe de resultados del proceso de selecci\u00f3n de organizaciones para la implementaci\u00f3n del servicio de asistencia t\u00e9cnica integral, recogen los principios de producci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre la poblaci\u00f3n afectada por cultivos il\u00edcitos como forma de generaci\u00f3n de datos para la gobernanza internacional de los conflictos, propia de la concepci\u00f3n de la paz neoliberal. Pero m\u00e1s all\u00e1 de esta estrategia, la posibilidad de una transformaci\u00f3n participativa derivada del punto 4 del Acuerdo paz no ha logrado, a grandes rasgos, revitalizar el v\u00ednculo sociedad\u2013Estado, en el cual las necesidades locales y las iniciativas contextualizadas y participativas deber\u00edan priorizarse.<\/p>\n\n\n\n

    En este sentido, la implementaci\u00f3n del punto 4 sobre los cultivos de uso il\u00edcito a trav\u00e9s del PNIS ha sido desalentador, pues aunque se firmaron alrededor de treinta acuerdos colectivos y participativos en todo el pa\u00eds para la sustituci\u00f3n de cultivos, en los que las comunidades de manera voluntaria expresaron la intenci\u00f3n de sustituir sus cultivos, siempre y cuando las condiciones de desarrollo y oportunidades integrales posibiliten la sostenibilidad del programa (Tob\u00f3n y Sierra, 2018), a d\u00eda de hoy tales acuerdos no se han llevado a cabo en su mayor\u00eda, debido al incumplimiento de los principios b\u00e1sicos de concertaci\u00f3n y participaci\u00f3n donde las comunidades reclaman: a) falta de voluntad pol\u00edtica del Gobierno; b) falta de proyectos integrales que vayan m\u00e1s all\u00e1 de los proyectos productivos que le garanticen a la poblaciones otros bienes y servicios p\u00fablicos concurrentes para superar las causas asociadas al cultivo il\u00edcito; c) falta de concertaci\u00f3n y participaci\u00f3n de las comunidades ind\u00edgenas y afro descendientes, junto con el reconocimiento de sus particularidades culturales y contextuales; y d) desarticulaci\u00f3n entre las entidades del Gobierno, entre otros aspectos (Tob\u00f3n y Sierra, 2018).<\/p>\n\n\n\n

    Casos exitosos de sustituci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Como contrapunto comparativo, llaman la atenci\u00f3n diez casos exitosos de sustituci\u00f3n de coca en distintos territorios del pa\u00eds. Aunque sus contextos, din\u00e1micas y resultados son variables, se evidencia un punto com\u00fan de todos los casos: hay una perspectiva participativa del proceso, donde son las comunidades las que encuentran soluciones y posteriormente pueden vincularse a otros \u00e1mbitos de la institucionalidad (Andr\u00e9s Berm\u00fadez y Juan Garz\u00f3n 2020).<\/p>\n\n\n\n

    Ha sido evidente, por ejemplo, la ineficacia de un enfoque diferencial que bien podr\u00eda sustentar la concepci\u00f3n de una paz h\u00edbrida, localizada y contextual que, por ejemplo, en el caso de las comunidades ind\u00edgenas vinculadas al programa y que conviven en algunos de los territorios de mayor siembra, suscitan m\u00e1s preguntas que respuestas frente al cumplimiento de estrategias participativas y diferenciales. Uno de los casos m\u00e1s evidentes ha sido el de la comunidad ind\u00edgena Aw\u00e1 en Nari\u00f1o, quienes se negaron a participar del programa pues no se respet\u00f3 su derecho a la consulta previa ni se ajust\u00f3 la iniciativa a su cosmovisi\u00f3n originaria (El Turbi\u00f3n, 2019, abril 16).<\/p>\n\n\n\n

    El otro gran desaf\u00edo de la implementaci\u00f3n del Acuerdo de paz en el tema de sustituci\u00f3n de cultivos y la l\u00f3gica de la participaci\u00f3n legitimadora ha sido el recrudecimiento de la violencia en los territorios comprometidos con el programa, pues con la salida de las FARC\u2013EP de las zonas cocaleras las disputas por el control del mercado de la coca se han trasladado a otros actores armados al margen de la ley. A este complejo escenario se suma la tentativa de rearme de algunos sectores de las FARC\u2013EP.<\/p>\n\n\n\n

    En cuanto al campesinado, representado en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), en 2018 denunciaban incumplimientos a las comunidades vinculadas a la sustituci\u00f3n de cultivos de uso il\u00edcito por dificultades en los desembolsos monetarios, la lenta implementaci\u00f3n de los planes de acci\u00f3n inmediata (PAI) y los programas de asistencia t\u00e9cnica, adem\u00e1s de los problemas de financiaci\u00f3n. Adicionalmente, denunciaban la falencia de las instancias de participaci\u00f3n que se proponen en el Decreto reglamentario del programa e incumplimientos en la hoja de ruta acordada para su implementaci\u00f3n. De igual forma, denunciaban amenazas y asesinatos, puesto que entre 2017 y 2018 fueron asesinados 47 de sus miembros (Coccam, 2018, marzo 6).<\/p>\n\n\n\n

    El PNIS en cifras<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Como resultado del proceso de concertaci\u00f3n e inscripci\u00f3n de familias adelantado por el Programa, a la fecha de 2020 se han vinculado 99.097 familias beneficiarias al PNIS, correspondiendo a 36,4% de mujeres titulares y 63,6% hombres, de las cu\u00e1les 67.597 son cultivadores de il\u00edcitos, 14.645 campesinos que no cultivan il\u00edcitos, pero habitan en zonas afectadas por el narcotr\u00e1fico y 16.855 son recolectores de hoja de coca. Estas familias est\u00e1n ubicadas en 56 municipios de 14 departamentos, se concentra el 65% de los cultivos il\u00edcitos del pa\u00eds seg\u00fan el censo SIMCI 2019.<\/p>\n\n\n\n

    A partir de la informaci\u00f3n recolectada por el equipo de monitoreo de UNODC en campo a trav\u00e9s de encuestas de caracterizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica de L\u00ednea Base, se estim\u00f3 que el 29,1% de las familias PNIS tiene jefatura femenina. Adem\u00e1s, mientras el 91% de todos los hogares presentaba alg\u00fan nivel de inseguridad alimentaria, el 12,6% presentaba inseguridad alimentaria severa. Los hogares con jefatura femenina presentaron mayor incidencia de la inseguridad alimentaria moderada severa (56,6%) frente a los hogares con jefatura masculina (47,7%), present\u00e1ndose una diferencia de 8,9 puntos porcentuales.<\/p>\n\n\n\n

    Entre los compromisos adquiridos por el Gobierno con las familias beneficiarias, se estableci\u00f3 un componente de transferencia econ\u00f3mica condicionada denominada Asistencia Alimentaria Inmediata AAI-, correspondiente a pagos mensuales en efectivo por $1.000.000 durante 12 meses, para el sostenimiento econ\u00f3mico de las familias vinculadas al programa. En la actualidad, 74.818 familias en 14 departamentos est\u00e1n recibiendo AAI, lo que equivale al 90,9% de las familias cultivadoras del total de familias vinculadas al PNIS. El PNIS realiza las transferencias de forma bimensual, por lo que el pago total del componente se realiza en 6 ciclos de pagos por 2\u2019000.000: el 37,3% corresponde a mujeres inscritas y el 62,7% a hombres inscritos. En 53 municipios de 14 departamentos 58.940 familias ya recibieron la totalidad de los pagos, que representan el 71,7% de las familias cultivadoras y no cultivadoras.<\/p>\n\n\n\n

    El seguimiento de las transformaciones socioecon\u00f3micas de los territorios intervenidos se realiza por medio de la recolecci\u00f3n de informaci\u00f3n primaria a trav\u00e9s de encuestas a beneficiarios y entrevistas a l\u00edderes comunitarios en tres momentos; en Misi\u00f3n 1 (L\u00ednea Base), Misi\u00f3n 3 (Seguimiento) y Misi\u00f3n 4 (L\u00ednea Final). A 31 de diciembre de 2020 se han llevado a cabo 338 misiones, de las cuales 88 corresponden a Misi\u00f3n 1 (Caracterizaci\u00f3n), 188 a Misi\u00f3n 2 (verificaci\u00f3n censal de cultivos il\u00edcitos en los predios comprometidos) y 62 a Misi\u00f3n 3 (Seguimiento).<\/p>\n\n\n\n

    La primera misi\u00f3n de monitoreo realizada por UNODC tiene el prop\u00f3sito de establecer un diagn\u00f3stico de la condici\u00f3n inicial de los cultivos il\u00edcitos comprometidos en el Programa en los territorios focalizados en cuanto a \u00e1rea y ubicaci\u00f3n estimada mediante la metodolog\u00eda de Diagn\u00f3stico Territorial Inicial-DTI (ver Anexo 3). Para los municipios monitoreados a 31 de diciembre de 2020, UNODC realiz\u00f3 el diagnostico de 60.266 hect\u00e1reas de cultivos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

    Una vez el PNIS realiza el primer pago y en concordancia con lo establecido en el acuerdo individual de sustituci\u00f3n, las familias tienen entre 30 y 60 d\u00edas para la erradicaci\u00f3n voluntaria y de ra\u00edz de sus lotes con cultivos il\u00edcitos. A 31 de diciembre de 2020, UNODC verific\u00f3 (Misi\u00f3n 2) 38.370 hect\u00e1reas de cultivos il\u00edcitos pertenecientes a 57.210 familias (84.6% de las familias cultivadoras inscritas), evidenciando la erradicaci\u00f3n voluntaria de 37.693 hect\u00e1reas de cultivos il\u00edcitos y la permanencia de 676 hect\u00e1reas, para un cumplimiento del 98%.<\/p>\n\n\n\n

    Para verificar el compromiso de no resiembra de cultivos il\u00edcitos adquirido por las familias en el acuerdo individual, UNODC verifica una muestra de lotes de cultivos il\u00edcitos comprometidos y verificados como erradicados voluntariamente con el fin de estimar el \u00e1rea que persiste con cultivos il\u00edcitos ya sea por resiembra o rebrote.<\/p>\n\n\n\n

    A 31 de diciembre de 2020, UNODC verific\u00f3 una muestra de 5.116 hect\u00e1reas (en 48 municipios de 13 departamentos en los que ha pasado un a\u00f1o del primer pago), representativa para 22.917 hect\u00e1reas de cultivos il\u00edcitos erradicados voluntariamente y evidenci\u00f3 la persistencia de 181 hect\u00e1reas, que corresponde al 0,8%.<\/p>\n\n\n\n

    De acuerdo con el Art\u00edculo 308 de la Ley 2811 de 1974, \u201ces \u00e1rea de manejo especial la que se delimita para la administraci\u00f3n, el manejo y la protecci\u00f3n del ambiente y los recursos naturales renovables\u201d. Las \u00e1reas de manejo especial consideradas para este an\u00e1lisis fueron las Reservas Forestales establecidas por la Ley 2 de 1959, los Parques Nacionales Naturales, los Resguardos Ind\u00edgenas y los Territorios Colectivos de Comunidades Afro descendientes.<\/p>\n\n\n\n

    En este sentido, la Direcci\u00f3n de Sustituci\u00f3n de Cultivos Il\u00edcitos dise\u00f1\u00f3 los lineamientos metodol\u00f3gicos para habilitar y viabilizar acciones de sustituci\u00f3n y desarrollo alternativo en \u00e1reas ambientalmente estrat\u00e9gicas bajo un enfoque diferencial, \u00e9tnico, ambiental, con perspectiva de g\u00e9nero, familia y territorio, mediante la resoluci\u00f3n No. 56 de Octubre de 2020.<\/p>\n\n\n\n

    En el marco de las labores realizadas en la segunda misi\u00f3n de verificaci\u00f3n de \u00e1reas con presencia de cultivos il\u00edcitos, del total del \u00e1rea verificada UNODC identific\u00f3 la presencia 23.967 lotes dentro de \u00e1reas de manejo especial, que equivalen a 11.642 hect\u00e1reas, en donde 11.464 hect\u00e1reas fueron de manera voluntaria y 178 hect\u00e1reas se mantuvieron en pie.<\/p>\n\n\n\n

    Para las \u00e1reas constituidas en la Ley 2 de 1.959, se verific\u00f3 un total de 14.399 lotes correspondientes a 7.085 hect\u00e1reas de cultivos il\u00edcitos, de las cu\u00e1les se erradicaron de forma voluntaria 6.980 hect\u00e1reas. Dentro de las \u00e1reas declaradas como Parques Nacionales Naturales, se verificaron 2.697 lotes equivalentes a 1.913 hect\u00e1reas, de las que se han erradicado 1.887 hect\u00e1reas.<\/p>\n\n\n\n

    Asimismo, en cuanto a los territorios pertenecientes a grupos \u00e9tnicos, se verificaron 1.817 lotes dentro de los l\u00edmites de Resguardos Ind\u00edgenas, que corresponden a 800 hect\u00e1reas y de las cuales 783 han sido erradicadas. En las delimitaciones geogr\u00e1ficas de los Territorios Colectivos de Comunidades Afro descendientes, se han verificado 8.227 lotes con cultivos il\u00edcitos que corresponden a 3.234 hect\u00e1reas, de las cuales 3.174 hect\u00e1reas han sido erradicadas y verificadas por UNODC. Los proyectos de seguridad alimentaria est\u00e1n orientados a complementar una dieta nutricional adecuada a trav\u00e9s de la producci\u00f3n de alimentos en cantidad y calidad suficientes; ello implica la producci\u00f3n de alimentos sanos, por lo tanto, se desarrollar\u00e1n huertas bajo principios de agricultura limpia y amigable con el ambiente.<\/p>\n\n\n\n

    Respecto al componente de Auto sostenimiento y Seguridad Alimentaria, a 31 de diciembre de 2020, se ha avanzado en el proceso de adquisici\u00f3n y entrega de materiales e insumos para beneficiar a 64.276 familias17, que corresponden al 78,2% de las familias cultivadoras y no cultivadoras, en 14 departamentos y 55 municipios.<\/p>\n\n\n\n

    La implementaci\u00f3n del componente de proyectos productivos para la generaci\u00f3n de ingreso r\u00e1pido y a largo plazo por medio del cual se busca generar ingresos<\/p>\n\n\n\n

    para la sostenibilidad de las econom\u00edas de las familias beneficiarias y apoyar los procesos de sustituci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos, con cultivos l\u00edcitos de acuerdo con la preferencia de cada n\u00facleo familiar y las condiciones y potencialidades de la zona. A la fecha de corte, 5.516 familias cuentan con proyectos productivos en implementaci\u00f3n en 23 municipios de 11 departamentos, que corresponden al 6,7% de las familias con derecho a este componente.<\/p>\n\n\n\n

    Mediante el contrato celebrado con la Organizaci\u00f3n de los Estados Iberoamericanos (OEI), se est\u00e1n atendiendo 3.724 familias en 12 municipios de 8 departamentos, de las cuales el 42,5% corresponde a mujeres inscritas y el 57,5% a hombres, para el establecimiento de proyectos productivos de ciclo corto. Entre los proyectos concertados con los beneficiarios se destacan el pl\u00e1tano, el cacao, la naranja, el ma\u00edz, la porcicultura y la avicultura, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

    El modelo de atenci\u00f3n para recolectores descrito en el punto 4 del Acuerdo Final, contempla un apoyo de asistencia alimentaria y \u201copciones de empleo temporal para los recolectoras y recolectores (de cultivos il\u00edcitos) asentados y no asentados en la regi\u00f3n: la identificaci\u00f3n de obras comunitarias y otras fuentes de empleo que surjan en el marco de la implementaci\u00f3n de la Reforma Rural Integral RRI\u201d.<\/p>\n\n\n\n

    A 31 de diciembre de 2020 se han fortalecido 34 organizaciones que est\u00e1n implementando actividades en proyectos comunitarios y\/o ambientales. Asimismo, se han vinculado un total de 5.701 recolectores de hoja de coca en 33 municipios de 13 departamentos, de los cu\u00e1les el 27,1% corresponde a mujeres y el 72,9% a hombres y corresponden al 33,8% del total de recolectores inscritos en el Programa.<\/p>\n\n\n\n

    Los recolectores vinculados pasaron a ser gestores comunitarios en sus territorios, en donde reciben ingresos mensuales a trav\u00e9s de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios con las organizaciones del territorio y se garantiza su vinculaci\u00f3n al Sistema General de Seguridad Social durante la vigencia de los contratos.<\/p>\n\n\n\n

    Adem\u00e1s, se pusieron en marcha, con la participaci\u00f3n del SENA, procesos de reconversi\u00f3n laboral en donde por medio de cursos de formaci\u00f3n t\u00e9cnica se desarrollan nuevas competencias laborales y se generan capacidades para el desempe\u00f1o de nuevos oficios que demande el mercado laboral local. Estos procesos han ayudado al fortalecimiento del tejido social de las comunidades beneficiarias a trav\u00e9s de la participaci\u00f3n, seguimiento y control social de los proyectos ejecutados.<\/p>\n\n\n\n

    Los gestores comunitarios han realizado el mantenimiento de 15.305 kil\u00f3metros de v\u00edas terciarias o caminos de herradura, el mantenimiento de 3.451 escuelas y se han ejecutado proyectos de reforestaci\u00f3n en 329 hect\u00e1reas, entre otras actividades, lo cual gener\u00f3 un ahorro a los municipios de $70.224.486.43820.<\/p>\n\n\n\n

    Lectura cr\u00edtica y recomendaciones de entidades expertas frente al PNIS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    El impulso de programas de desarrollo alternativo como el PNIS parece ser la v\u00eda m\u00e1s eficaz de que dispone el Estado para tender puentes con comunidades de las que ha estado ausente. Ello no supone descartar por completo las v\u00edas coercitivas. Impone, s\u00ed, racionalizar su uso, regularlo, emplearlo de manera responsable, articulada y de buena fe, y no de cualquier modo, en cualquier tiempo ni territorio, ni sobre cualquier poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

    La utilizaci\u00f3n de la fuerza frente a la poblaci\u00f3n vulnerable puede resultar contraproducente para la legitimidad del Estado y el proceso de construcci\u00f3n de paz y de confianza en las zonas de cultivos. Mecanismos como la aspersi\u00f3n a\u00e9rea con glifosato pueden suponer unos costos ambientales, sociales y pol\u00edticos tan extraordinarios que no deber\u00edan ser asumidos.<\/p>\n\n\n\n

    Adem\u00e1s de lo pactado en el Acuerdo Final entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, la Corte Constitucional se\u00f1ala la necesidad de \u201cuna pol\u00edtica p\u00fablica de Estado cuya implementaci\u00f3n y desarrollo constituye compromiso y obligaci\u00f3n de buena fe para todas las autoridades del Estado, con el fin de garantizar el derecho a la paz, respetando su autonom\u00eda\u201d (Corte Constitucional. Sentencia C-630, 2017), as\u00ed como los procedimientos participativos que contempla los fines sociales, ecol\u00f3gicos, econ\u00f3micos, culturales y pol\u00edticos que persigue, los principios que declara y los medios que prev\u00e9, plegarse al cumplimiento del Punto 4.1 (ejecuci\u00f3n del PNIS). Como soluci\u00f3n integral y definitiva a dicho problema parece la mejor salida posible a uno de los mayores y m\u00e1s graves dilemas de este pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

    Asumirlo significa entender que no es una soluci\u00f3n r\u00e1pida ni sencilla: cuesta dinero, toma tiempo, exige confianza y trabajo mancomunado y continuo de las autoridades y las comunidades. Requiere, adem\u00e1s, ajustes urgentes en todos los puntos en los que ha registrado deficiencias (seguridad, coordinaci\u00f3n administrativa, descentralizaci\u00f3n territorial, participaci\u00f3n ciudadana, enfoque de g\u00e9nero, financiaci\u00f3n, vac\u00edos legales, control de la arbitrariedad administrativa, indicadores adecuados de seguimiento del cumplimiento de metas, etc.).<\/p>\n\n\n\n

    Sin embargo, como ha quedado patente en estas l\u00edneas, es la \u00fanica v\u00eda que al menos procura ocuparse de los muchos problemas de fondo que subyacen al complejo dilema de los cultivos de uso il\u00edcito en Colombia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Por Harold Ruiz \/ Observatorio del Conflicto CNAI El conflicto colombiano presente oduce la mayor violencia por el actuar del narcotr\u00e1fico, el neo paramilitarismo, la guerrilla y agentes del Estado. Esto nos coloca como uno de los pa\u00edses m\u00e1s violentos del mundo, donde la tragedia humanitaria provoca los mayores \u00edndices de desplazamiento, confinamiento, una masacre […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":24672,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[1,44,16,638,31,19,18],"tags":[],"class_list":["post-24668","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","category-arcanos","category-conflicto-armado","category-conflictos","category-documentos","category-tierras","category-victimas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24668","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24668"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24668\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24672"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24668"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24668"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/arcoiris.com.co\/v3\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24668"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}