Por Albeiro Caro \/ Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI<\/p>\n\n\n\n
A comienzos de 2020, Michel Forst, relator especial de la ONU para los derechos humanos, denunci\u00f3 que el gobierno de Iv\u00e1n Duque hab\u00eda impedido su ingreso al pa\u00eds para culminar la elaboraci\u00f3n de su informe relacionado con los cr\u00edmenes en contra de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.<\/p>\n\n\n\n
Por aquellos d\u00edas, tambi\u00e9n la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU denunciaba en su informe que la situaci\u00f3n, con todo y Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las FARC EP, era la peor desde 2014 y resaltaba el incumplimiento por parte del Estado en la labor de protecci\u00f3n de la vida e integridad de las personas que lideran las causas sociales desde las regiones.<\/p>\n\n\n\n
De hecho, los respectivos informes resaltaban que, en el a\u00f1o 2019 seg\u00fan datos oficiales, el n\u00famero de personas comprometidas en procesos de liderazgo social asesinadas ascend\u00eda a 107. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al seguimiento e investigaci\u00f3n en temas de derechos humanos reportaban que las cifras pod\u00edan ascender al doble o al triple de lo registrado por parte de los organismos estatales, como muestra Pardo en BBC News [1<\/a>].<\/p>\n\n\n\n De hecho, en sucesivos informes elaborados por Indepaz, particularmente en el Informe consolidado de 2021 [2<\/a>] se establece que desde el 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma del Acuerdo de Paz al 31 de diciembre de ese a\u00f1o, se presentaron 21 asesinatos. En 2017 fueron 207. En 2018, 298. En 2019, 279. En 2020, fueron 310 y en 2021 fueron 171 l\u00edderes y lideresas sociales asesinados. A 19 de julio de 2022, con el asesinato de Mar\u00eda Piedad Aguirre en Tumaco, departamento de Nari\u00f1o, barrio Los \u00c1ngeles California, quien era miembro de la organizaci\u00f3n Caminos de Mujer \u2013 CCA y del proceso de comunidades Negras -PCN- donde se destacaba como sabedora de la cultura ancestral, Indepaz [3<\/a>] reporta que el n\u00famero de personas l\u00edderes asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 se eleva a 1.331 personas y, a la fecha en 2022, esta cifra ya est\u00e1 en 104 personas asesinadas.<\/p>\n\n\n\n Es conocido el esfuerzo del gobierno saliente por minimizar las cifras de asesinatos mediante el subterfugio de reportar \u00fanicamente cifras consolidadas de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a partir de reportes suministrados por la Fiscal\u00eda, en procura de restringir el papel de las organizaciones de derechos humanos y centros de investigaci\u00f3n que reciben la informaci\u00f3n directamente desde las organizaciones y de las comunidades.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed mismo, como lo expresara de manera pol\u00e9mica el presidente Duque en su discurso de instalaci\u00f3n del nuevo Congreso de la Rep\u00fablica el 20 de julio de 2022, el gobierno que culmina siempre pretendi\u00f3 reducir la causa de los asesinatos a los conflictos derivados de la problem\u00e1tica del narcotr\u00e1fico. Al paso, ha pretendido negar la sistematicidad de estos cr\u00edmenes y desdibujar otros temas cr\u00edticos como la lucha por la tierra, los conflictos ambientales y la persecuci\u00f3n por parte de grupos de poder que ven afectados sus intereses y privilegios con la lucha social de las y los l\u00edderes sociales y comunitarios, quienes son perseguidos por ejercer su derecho a la defensa de su territorio, por oponerse al reclutamiento forzado de menores de edad y de j\u00f3venes, por ejercer el derecho a la protesta y por demandar el derecho a la verdad, a la reparaci\u00f3n y a la justicia social.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n es de subrayar, si fuera el caso, que el narcotr\u00e1fico empeor\u00f3 en la era Duque y su estrategia de militarizaci\u00f3n de las regiones para ejecutar procesos de erradicaci\u00f3n forzada, en contrav\u00eda de lo suscrito en el Acuerdo de Paz, fue un fracaso como muestra Infobae [4<\/a>]: La Oficina de Pol\u00edtica de Control de Drogas de la Casa Blanca estableci\u00f3 que en 2021 el n\u00famero de hect\u00e1reas con cultivos de coca se elev\u00f3 a 234.000, mientras que en 2018, a\u00f1o de la posesi\u00f3n de Duque, fue de 208.000.\u00a0 Para Camilo Gonz\u00e1lez, Presidente de Indepaz, esto representa un incremento del 12%; as\u00ed en 2020 el n\u00famero de hect\u00e1reas cultivadas con coca estuviera en 245.000. Indepaz resalta que las zonas m\u00e1s afectadas con dichos cultivos son el Magdalena Medio, el Bajo Cauca Antioque\u00f1o y el Guaviare. Advierte, as\u00ed mismo el Presidente de Indepaz que, despu\u00e9s de una erradicaci\u00f3n forzada de 320.000 hect\u00e1reas, decenas de miles de peque\u00f1os productores fueron lanzados a la resiembra y a la miseria. A la par de la persistencia en hect\u00e1reas sembradas con coca, tambi\u00e9n se presenta un incremento en el rendimiento de cultivos por hect\u00e1rea con un aumento de un 22% en la producci\u00f3n de coca\u00edna en 2021 y del 30% en el per\u00edodo 2018-2021 con los consiguientes rendimientos econ\u00f3micos para los narcotraficantes, como reflejo de la devaluaci\u00f3n, mientras persiste la guerra contra los campesinos.<\/p>\n\n\n\n Como afirma Hern\u00e1ndez en El Pa\u00eds [5<\/a>], \u201cColombia es el pa\u00eds m\u00e1s peligroso del mundo para los l\u00edderes sociales\u201d. El cronista muestra a Tumaco como epicentro del horror. Evidencia el proceso de exterminio de los activistas; en particular, de los ind\u00edgenas Aw\u00e1. Expone la disputa de grupos armados ilegales, los cultivos de coca de la regi\u00f3n que representa la segunda en \u00e1rea cultivada, despu\u00e9s de Tib\u00fa en el Catatumbo. En Tumaco, los consejos comunitarios de comunidades negras y los cabildos ind\u00edgenas, que cuentan con autoridades \u00e9tnicas ancestrales reconocidas por el Ministerio del Interior, en un contexto de propiedad colectiva de la tierra, el ejercicio del liderazgo comunitario es un rol especial y peligroso.<\/p>\n\n\n\n Los enfrentamientos armados, los confinamientos por la guerra y los campos minados configuran un escenario donde el Estado nunca lleg\u00f3, a pesar del Acuerdo de Paz. Es el caso del departamento del Choc\u00f3, escenario de cruentos enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas y el ELN por rutas ilegales, la miner\u00eda ilegal y de narcocultivos donde tambi\u00e9n opera la fuerza p\u00fablica contra el ELN y las comunidades, especialmente de poblaciones afro e ind\u00edgenas que quedan confinadas, desplazadas y se ven afectadas por el reclutamiento forzado de menores.<\/p>\n\n\n\n Los territorios fueron copados por grupos residuales y paramilitares que iniciaron la disputa por el control sobre cultivos de uso il\u00edcito y rutas del narcotr\u00e1fico. Mientras tanto, l\u00edderes sociales y docentes denunciaron el abandono estatal, la pobreza, el hambre, la carencia de agua potable, la precariedad de la infraestructura educativa, la carencia de bibliotecas, la falta de energ\u00eda el\u00e9ctrica, de conectividad y la ausencia de protecci\u00f3n social por parte del Estado.<\/p>\n\n\n\n Entre 2017 y 2018, tres estructuras se enfrentaron con violencia causando la muerte de civiles. En las riberas del r\u00edo Mira se ubicaba alias \u201cel Guacho\u201d con un grupo residual de 30 milicianos que tom\u00f3 el nombre de columna \u00d3liver Sinisterra, mientras alias \u201cdon Y\u201d tom\u00f3 el nombre de Guerrillas Unidas del Pac\u00edfico y se enfrentaron en la zona rural, mientras en la zona urbana se enfrentaban grupos comandados por alias \u201cEl Pollo\u201d y alias \u201cEl Tigre\u201d.<\/p>\n\n\n\n Fueron los l\u00edderes comunitarios quienes bajo todo riesgo debieron enfrentar la situaci\u00f3n. Mediante gesti\u00f3n de contactos con los jefes de las bandas se logr\u00f3 que estos firmaran un acuerdo de no agresi\u00f3n, a ra\u00edz de lo cual dejaron de matar en la ciudad. No obstante, se activaron las casas de pique.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, con apoyo del Programa Somos Defensores, la Corporaci\u00f3n Regional Yariguies, Grupo de Estudios Sociales Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (CRY-GEAM), junto con la Fundaci\u00f3n Conflict Responses (CORE) y Extinction Rebellion Colombia, como muestra Verdad Abierta [6], mediante la construcci\u00f3n de un sistema de informaci\u00f3n de violaciones contra Lideresas y L\u00edderes Ambientales en Colombia, documenta casos de agresi\u00f3n por intervenci\u00f3n en proyectos econ\u00f3micos, obras o acciones de inter\u00e9s p\u00fablico o privado relacionadas con hidrocarburos, miner\u00eda, deforestaci\u00f3n, cultivos de uso il\u00edcito, laboratorios, ganader\u00eda, monocultivos y humedales.<\/p>\n\n\n\n Al respecto, documenta 42 casos de agresi\u00f3n traducidos en 11 asesinatos, 19 amenazas, 4 desplazamientos forzados y 8 atentados sufridos por 37 lideresas y l\u00edderes ambientales durante los primeros cinco meses de 2022. El monitoreo se realiz\u00f3 en 18 departamentos destacando a La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Quind\u00edo, Valle del Cauca, Cauca, Nari\u00f1o y Putumayo donde hay presencia de grupos armados ilegales y actividades extractivas de miner\u00eda e hidrocarburos, monocultivos y cultivos de uso il\u00edcito. El informe destaca los hechos en Santander (23), Cauca (16) y Antioquia (4), con afectaci\u00f3n de poblaci\u00f3n ind\u00edgena (7 casos), campesinos (2), afro (1) y ambiental (1).<\/p>\n\n\n\n Los casos relevantes de perpetradores de violencia est\u00e1n impunes en 35 casos. En algunos de los informes, los hechos se atribuyen, en tres casos, a las Autodefensas Gaitanistas (AGC), con amenazas colectivas en el Magdalena Medio. Pero, tambi\u00e9n, la Fuerza P\u00fablica est\u00e1 presuntamente involucrada en el asesinato de dos defensores ambientales, en procesos de defensa del territorio contra la erradicaci\u00f3n forzada de cultivos de uso il\u00edcito. Tambi\u00e9n, la Columna Jaime Mart\u00ednez est\u00e1 involucrada en dos asesinatos en el departamento del Cauca. En Cauca y Nari\u00f1o las disidencias de las FARC, columnas Jaime Mart\u00ednez y Dagoberto Ramos violentan a las comunidades ind\u00edgenas. Tambi\u00e9n lo hacen las \u00c1guilas Negras Bloque Sur Occidental.<\/p>\n\n\n\n La Guardia Ind\u00edgena, la Asociaci\u00f3n de Cabildos Ind\u00edgenas del Norte del Cauca (ACIN); los consejeros mayores del Consejo Regional Ind\u00edgena del Cauca (CRIC) y las Autoridades Ind\u00edgenas de Colombia (AICO) son los m\u00e1s afectados por la violaci\u00f3n de derechos humanos por parte de actores armados, legales e ilegales.<\/p>\n\n\n\n Entre sus objetivos primarios, las comunidades ind\u00edgenas defienden su territorio y luchan por detener la expansi\u00f3n de los cultivos de uso il\u00edcito y los laboratorios de procesamiento, as\u00ed como el impacto de la contaminaci\u00f3n con precursores qu\u00edmicos.<\/p>\n\n\n\n La violencia sistem\u00e1tica, como afirma el informe, afecta los procesos organizativos y la renovaci\u00f3n de los liderazgos sociales. Tambi\u00e9n afecta la econom\u00eda extractivista, particularmente, la intenci\u00f3n del gobierno saliente de adelantar pruebas de fracking en el Magdalena Medio. En ello incide el blanqueamiento de capitales y el presunto lavado de activos del narcoparamilitarismo y de las guerrillas mediante contratos de cualquier tipo de bienes y servicios con empresas petroleras y alcald\u00edas municipales de la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Se ha presentado intimidaci\u00f3n contra la protesta social y los liderazgos comunitarios en Puerto Wilches. Tal es el caso de las amenazas en contra del Colectivo J\u00f3venes Unidos por Puerto Wilches y del Comit\u00e9 por la Defensa del Agua y el Territorio (Aguawil) que han provocado el exilio de la lideresa Yuvelis Morales.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n, en el Valle del Cauca, los asesinatos de l\u00edderes y lideresas sociales, como muestra Verdad Abierta [7<\/a>], tienen relaci\u00f3n con el inter\u00e9s de los grupos armados ilegales y redes del crimen organizado de explotar el control de diversas rentas il\u00edcitas, dada la privilegiada posici\u00f3n geogr\u00e1fica, la diversidad topogr\u00e1fica y el puerto mar\u00edtimo por donde se mueven importaciones y exportaciones. Tambi\u00e9n, por ser Cali un centro receptor de comunidades desplazadas de Nari\u00f1o, Cauca, Valle del Cauca y Choc\u00f3, para arribar a una ciudad donde siguen bajo amenaza. Tambi\u00e9n, en raz\u00f3n de las conflictividades propias del Valle, heterog\u00e9neas seg\u00fan los diversos municipios donde confluyen miner\u00eda formal e ilegal, rutas de tr\u00e1nsito de mafias, microtr\u00e1fico, lavado de activos y conflictividades propias de los territorios, en la lucha social y cultural, por mejores condiciones de vida, de trabajo e inclusi\u00f3n social, como se expres\u00f3 a trav\u00e9s del estallido social del a\u00f1o 2021.<\/p>\n\n\n\n Como se puede evidenciar a trav\u00e9s de los resultados, el gobierno Duque fue incapaz de garantizar la protecci\u00f3n de personas defensoras de derechos humanos, de lideresas y l\u00edderes sociales, as\u00ed como de excombatientes, firmantes de los Acuerdos de Paz. El Plan de Atenci\u00f3n Oportuna fue un fracaso.<\/p>\n\n\n\n Compete al nuevo gobierno en cabeza de Gustavo Petro el garantizar la protecci\u00f3n de las comunidades y procurar la implementaci\u00f3n integral del Acuerdo de Paz.<\/p>\n\n\n\n De hecho, los nombramientos de Leonor Zalabata, lideresa social Arhuaca como embajadora ante la ONU; de Patricia Tob\u00f3n, abogada Embera y Comisionada de la Verdad como Directora de La Unidad de V\u00edctimas y de Giovani Yule, soci\u00f3logo Nasa, como director de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, ponen en evidencia la disposici\u00f3n del nuevo gobierno de Gustavo Petro de empoderar a las comunidades en la gesti\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas de reparaci\u00f3n y consolidaci\u00f3n del proceso de paz.\u00a0 De inmediato, voceros del uribismo como Paloma Valencia y Christian Garc\u00e9s intentaron objetar, especialmente, el nombramiento de Giovani Yule, dados los conflictos por la tierra en el departamento del Cauca y su papel de liderazgo en la lucha por la tierra. En un claro ejercicio de di\u00e1logo nacional, Yule ha manifestado la disposici\u00f3n a avanzar por los caminos del apego a las normas constitucionales y legales para avanzar en el cumplimiento de la misi\u00f3n institucional encomendada a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras cuya agenda es crucial en el cumplimento del Acuerdo de Paz. Tal disposici\u00f3n, tambi\u00e9n le concierne a la ahora oposici\u00f3n uribista para que el cumplimiento de la ley y del Acuerdo de Paz sea una realidad, especialmente, en el \u00e1mbito del acceso a la tierra para los campesinos y comunidades \u00e9tnicas.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n es vital la implementaci\u00f3n del Punto 3.4 del Acuerdo de Paz que se refiere al desmantelamiento de los grupos armados ilegales, bandas criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo. As\u00ed mismo, debe contar con m\u00e9todos de protecci\u00f3n colectiva de las comunidades territoriales y mejorar la capacidad de respuesta a las Alertas Tempranas que emite la Defensor\u00eda del Pueblo, en relaci\u00f3n con los diversos factores de riesgo en contra de los derechos humanos de las personas y comunidades.<\/p>\n\n\n\n Hasta ahora, el gobierno Duque se ufana de capturas, extradici\u00f3n y bajas en contra de cabecillas de organizaciones criminales. Parad\u00f3jicamente, ello no ha repercutido en mejoramiento de la protecci\u00f3n de las comunidades ni en reparaci\u00f3n de v\u00edctimas ni satisfacci\u00f3n del derecho a la verdad y a la reparaci\u00f3n. La estrategia militar y judicial fragmentada, negacionista de la sistematicidad y centrada en los cabecillas mantiene en actividad el dispositivo militar, a la par que degrada y prolonga la violencia con sus catastr\u00f3ficos efectos en los territorios. Son evidentes sus secuelas de abandono de las comunidades en materia social, de afectaci\u00f3n de los derechos humanos, de p\u00e9rdida del tejido y cohesi\u00f3n social, lo que favorece el control territorial a los grupos armados, de las \u00e9lites y de los micropoderes que se amparan en la violencia para garantizar su hegemon\u00eda.<\/p>\n\n\n\n En tal sentido, se vuelve prioritario el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz. En especial, la implementaci\u00f3n de la Reforma Rural Integral, la Reforma Pol\u00edtica y el ejercicio del Derecho a la Protesta Social, el desmantelamiento de las bandas criminales mediante soluciones colectivas de sometimiento a la justicia y la negociaci\u00f3n del Acuerdo de Paz con el ELN. As\u00ed mismo, entra en el orden del d\u00eda la Soluci\u00f3n Integral al problema de las drogas de uso il\u00edcito cambiando el enfoque hacia el tratamiento de salud p\u00fablica del consumo y la sustituci\u00f3n voluntaria mediante el fortalecimiento del PNIS.<\/p>\n\n\n\n En este marco, el gobierno entrante y el ELN han planteado su disposici\u00f3n a reiniciar los di\u00e1logos y pactar inicialmente, ceses al fuego con el acompa\u00f1amiento de Naciones Unidas y de los pa\u00edses garantes y avanzar hacia el acuerdo pol\u00edtico retomando los protocolos pactados durante el Gobierno Santos.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n, como muestra Contagio Radio [8<\/a>] mediante carta del 19 de julio, l\u00edderes de grupos paramilitares activos afirmaron su disposici\u00f3n a dejar las armas, aportar a la verdad, acogerse a la justicia restaurativa, a la no repetici\u00f3n de la violencia, a contribuir en la protecci\u00f3n del medio ambiente contra las pr\u00e1cticas ilegales y contribuir a la paz de Colombia. Tal disposici\u00f3n fue manifestada por voceros de las AGC, los Caparros, los Rastrojos, los Shottas de Buenaventura, la Inmaculada de Tulu\u00e1 y los Grupos Mexicanos de Quibd\u00f3. As\u00ed mismo, invitaron a otras organizaciones ilegales a vincularse a este prop\u00f3sito.<\/p>\n\n\n\n En su comunicaci\u00f3n, aseguran que la peor mafia es la corrupci\u00f3n y destacan que la narco econom\u00eda ha sido fundamental para alimentar el dolor de la poblaci\u00f3n colombiana. Al tiempo, cuestionan la extradici\u00f3n, a la que ven como un mecanismo v\u00e1lido cuando haya ausencia de verdad e incumplimiento con la justicia, la reparaci\u00f3n y la no repetici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Al respecto, parece existir un ambiente favorable para encontrar caminos hacia la paz integral. El reto est\u00e1 en saber deslindar los procesos de negociaci\u00f3n de Acuerdos Pol\u00edticos de Paz con la insurgencia, de los relacionados con el sometimiento colectivo a la justicia con las bandas delincuenciales. Frente a ellas, paralelo a los procesos judiciales, es necesario valorar los relacionados con la reintegraci\u00f3n de sus integrantes de base en los territorios urbanos y\/o rurales, dentro de las comunidades donde habitan, con el fin de avanzar en estrategias y mecanismos de inclusi\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n Fuentes.[1<\/a>] Pardo, Daniel. ONU en Colombia | \u201cLos asesinatos de l\u00edderes sociales son cr\u00edmenes pol\u00edticos\u201d: Michel Forst, relator especial para los derechos humanos. BBC News. Marzo 4 de 2020.<\/p>\n\n\n\n Recuperado de : https:\/\/www.bbc.com\/mundo\/noticias-america-latina-51745651<\/a>[2<\/a>] OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTIVIDADES. Indepaz. Instituto de estudios para el desarrollo y la paz. Enero 19 de 2022.<\/p>\n\n\n\n Recuperado de: https:\/\/indepaz.org.co\/cifras-de-la-violencia-en-las-regiones-2021\/<\/a>[3<\/a>] Indepaz. @Indepaz. Julio 16 de 2022.<\/p>\n\n\n\n Recuperado de:<\/p>\n\n\n\n https:\/\/twitter.com\/Indepaz\/status\/1549930387815759872?s=20&t=H7Il3A2Prkm2Mfm0NGgqZg<\/a>[4<\/a>] Infobae. Presidente de Indepaz asegura que el narcotr\u00e1fico empeor\u00f3 en la presidencia de Iv\u00e1n Duque. Julio 17 de 2022.<\/p>\n\n\n\n Recuperado de: https:\/\/www.infobae.com\/america\/colombia\/2022\/07\/17\/presidente-de-indepaz-asegura-que-el-narcotrafico-empeoro-en-la-presidencia-de-ivan-duque\/<\/a>[5<\/a>] Hern\u00e1ndez Bonilla, Juan Miguel. Colombia: Un l\u00edder social asesinado cada dos d\u00edas. Mayo 14 de 2022. Tumaco.<\/p>\n\n\n\n Recuperado de: https:\/\/elpais.com\/america-colombia\/2022-05-15\/la-guerrilla-se-fue-y-el-estado-nunca-llego-un-lider-social-asesinado-cada-dos-dias.html<\/a>[6] Verdad Abierta. En Colombia es letal defender la tierra, el territorio y la naturaleza. Junio 13 de 2022.<\/p>\n\n\n\n Recuperado de: https:\/\/verdadabierta.com\/en-colombia-es-letal-defender-la-tierra-el-territorio-y-la-naturaleza\/<\/a>[7<\/a>] Verdad Abierta. Valle del Cauca: 60 l\u00edderes sociales asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz. Junio 12 de 2022.<\/p>\n\n\n\n Recuperado de: https:\/\/verdadabierta.com\/lideres-sociales-asesinados-en-valle-del-cauca\/<\/a>[8<\/a>] Contagio Radio. AGC, Caparrapos y Rastrojos est\u00e1n dispuestos a la paz y llaman al nuevo gobierno a parar la violencia. Julio 20 de 2022.<\/p>\n\n\n\n