Por Albeiro Caro \/ Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo -CNAI<\/p>\n\n\n\n
El reciente Informe Trimestral del Secretario General de Naciones Unidas, relacionado con la Verificaci\u00f3n del Acuerdo de Paz en Colombia, tiene connotaciones especiales: se refiere al trimestre comprendido entre el 28 de junio y el 28 de septiembre de 2022. Es decir, incluye la culminaci\u00f3n del Gobierno Duque y la entrada en escena del Gobierno Petro, a partir del 7 de agosto. El Informe destaca las acciones del nuevo gobierno encaminadas a la b\u00fasqueda de la denominada \u201cPaz Total\u201d. Esta consiste en la apertura de di\u00e1logos con todos los actores armados: con la insurgencia, especialmente con el ELN como actor pol\u00edtico, y con las bandas y grupos multicrimen, como el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas, para su sometimiento o acogimiento a la justicia. No obstante, el espectro de di\u00e1logos y negociaciones es mucho m\u00e1s amplio y diverso teniendo en cuenta las particularidades relacionadas con la violencia armada en las distintas regiones del pa\u00eds y la naturaleza de las organizaciones involucradas.<\/p>\n\n\n\n
Este claro viraje de la pol\u00edtica de paz en Colombia contrasta, de manera elocuente, con los magros avances, con el legado de despojos dejado por el anterior gobierno y con su impresentable posici\u00f3n en la arena internacional.<\/p>\n\n\n\n
El contexto nacional del Informe<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Informe Trimestral de la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n se present\u00f3 en cumplimiento de la Resoluci\u00f3n 2603 de 2021 del Consejo de Seguridad, que dispuso prorrogar el Mandato de la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n de Naciones Unidas en Colombia y de la 2366 de 2017 que solicit\u00f3 al Secretario General informar acerca de la ejecuci\u00f3n del Mandato cada 90 d\u00edas. El Representante Especial, Carlos\u00a0Ruiz\u00a0Massieu, ha transmitido el respaldo de Naciones Unidas en los esfuerzos emprendidos por el nuevo gobierno hacia la paz.<\/p>\n\n\n\n Entre los principales acontecimientos, el Informe destaca la posesi\u00f3n de Gustavo Petro como Presidente de la Rep\u00fablica y de Francia M\u00e1rquez como Vicepresidenta; resalta el llamado a la sociedad colombiana para construir un acuerdo nacional en apoyo a los cambios urgentes y, como prioridades, el compromiso con la paz, lo que incluye la implementaci\u00f3n del Acuerdo firmado entre el Gobierno Santos y las FARC- EP. As\u00ed mismo, subraya la voluntad del nuevo gobierno para transitar hacia las energ\u00edas limpias, para proteger el Amazonas y su propuesta de nuevo enfoque global frente a las drogas de uso il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n Valora las visitas presidenciales a diferentes regiones afectadas por el conflicto anunciando, la intenci\u00f3n de lograr la \u201cPaz Total\u201d, de proteger a los l\u00edderes sociales y a las comunidades vulnerables.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n destaca los nombramientos de \u00c1lvaro Leyva Dur\u00e1n y Danilo Rueda en los cargos de Ministro de Relaciones Exteriores y de Alto Comisionado de Paz respectivamente, con base en sus trayectorias, esfuerzos y experticias en la b\u00fasqueda de la paz y el trabajo con las comunidades afectadas por el conflicto. Para el Gobierno Petro, el concepto de Paz Total incluye la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, la reanudaci\u00f3n de las negociaciones con el ELN, con base en la disposici\u00f3n de este grupo insurgente para retomar los di\u00e1logos, para lo cual se realiz\u00f3 en agosto la reuni\u00f3n en La Habana entre el Ministro de Relaciones Exteriores, el Alto Comisionado de Paz y la delegaci\u00f3n del ELN, con el acompa\u00f1amiento internacional del Jefe de la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n de la ONU, Carlos Ruiz Massieu y de Iv\u00e1n Cepeda, presidente de la Comisi\u00f3n de Paz del Senado y Monse\u00f1or H\u00e9ctor Fabio Henao, intermediario de relaciones entre la Iglesia Cat\u00f3lica y el Gobierno Colombiano.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed mismo, el concepto de Paz total incluye la exploraci\u00f3n de acuerdos de sometimiento o acogimiento a la justicia para poner fin a la violencia de otros actores ilegales a cambio de beneficios jur\u00eddicos. El pilar de estos esfuerzos es el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparaci\u00f3n y a la no repetici\u00f3n. Con base en estas propuestas fundamentales el Clan del Golfo y grupos disidentes de las antiguas FARC-EP han manifestado su disposici\u00f3n a dialogar. En contraprestaci\u00f3n, el Presidente Petro ha pedido a todos los actores que demuestren su voluntad y les llama a un cese al fuego multilateral para crear un entorno propicio para dialogar. El Informe destaca las reuniones sostenidas por el Alto Comisionado de Paz, con acompa\u00f1amiento de la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n y del Gobierno de Noruega, con el grupo disidente de FARC-EP que no firm\u00f3 el Acuerdo de Paz.<\/p>\n\n\n\n El Informe exalta la composici\u00f3n m\u00e1s diversa del nuevo Congreso y la presencia de los 16 Representantes de las zonas afectadas por el conflicto elegidos por las circunscripciones transitorias especiales de paz, nacidas del Acuerdo Final. Tambi\u00e9n hace notar el mayor porcentaje de composici\u00f3n parlamentaria femenina en la historia colombiana, al ascender al 29,4% frente 18,9% de 2018 y la entrada de un 60% de personas nuevas al Congreso: ocho ind\u00edgenas y 31 afrocolombianas. Resalta, as\u00ed mismo, que el 75% de los legisladores, incluidos los del Partido Comunes, se han unido a la coalici\u00f3n de gobierno.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n destaca los proyectos de ley presentados por el gobierno, entre ellos: la reforma tributaria, del campesino como sujeto especial de derechos con protecci\u00f3n constitucional especial, de la creaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n agraria prevista en el Punto 1 del Acuerdo final, la modificaci\u00f3n de la Ley Estatutaria de Orden P\u00fablico para facilitar el di\u00e1logo con los grupos armados ilegales y con las organizaciones criminales. Al respecto, valora que esta \u00faltima reforma apunta a priorizar los temas de la paz en los planes de desarrollo y facultar a las autoridades de los entes territoriales para participar en di\u00e1logos humanitarios, entre otros, con actores ilegales. As\u00ed mismo, se tramita un proyecto de ley para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. Tambi\u00e9n el proyecto de ley de presupuesto para 2023, con m\u00e1s recursos para la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz.<\/p>\n\n\n\n Valoraci\u00f3n de elementos relevantes de la implementaci\u00f3n integral del Acuerdo de Paz<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00a0<\/strong>El Informe destaca la implementaci\u00f3n integral del Acuerdo de Paz como una oportunidad para que el nuevo gobierno aborde las desigualdades hist\u00f3ricas de la sociedad colombiana y los factores de la persistente violencia en el pa\u00eds, como elementos entrelazados.<\/p>\n\n\n\n Al respecto, retoma los puntos nodales del Acuerdo de Paz y enuncia las iniciativas adoptadas por el nuevo gobierno.<\/p>\n\n\n\n Reforma Rural Integral<\/strong><\/p>\n\n\n\n Destaca como prioridad gubernamental la implementaci\u00f3n del Punto 1 del Acuerdo Final. Tanto en relaci\u00f3n con la adjudicaci\u00f3n de tierras, a partir de las propiedades administradas por la Sociedad de Activos Especiales, como la aceleraci\u00f3n del Catastro Multiprop\u00f3sito y la adjudicaci\u00f3n y titulaci\u00f3n de tierras. Por su fecha de elaboraci\u00f3n, el Informe no alcanz\u00f3 a registrar la desaparici\u00f3n de propiedades que estaban en el inventario de bienes incautados a las mafias, ni el acuerdo con Fedegan para la compra de tres millones de hect\u00e1reas de tierras de buena calidad y los mecanismos financieros para lograrlo. Tampoco alcanz\u00f3 a referirse a los fondos para subsidiar a los peque\u00f1os productores en la compra de insumos agr\u00edcolas, en la lucha contra la inflaci\u00f3n, entre otros aspectos relacionados con el alza de precios en la coyuntura internacional. El Informe se refiere a las investigaciones judiciales relacionadas con el presunto desv\u00edo de recursos de regal\u00edas provenientes de la producci\u00f3n de hidrocarburos que iban destinados a la implementaci\u00f3n de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET y terminaron en indebida apropiaci\u00f3n privada.<\/p>\n\n\n\n El gobierno, tambi\u00e9n, asume las sentencias y pronunciamientos de la Corte Constitucional en relaci\u00f3n con el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras, la creaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n especial agraria y el catastro multiprop\u00f3sito para la consolidaci\u00f3n de las propiedades rurales. El gobierno busca mecanismos para superar las restricciones del Fondo de Tierras, el fortalecimiento de la implementaci\u00f3n de los PDET y su articulaci\u00f3n con otros componentes del Acuerdo Final.<\/p>\n\n\n\n Participaci\u00f3n Pol\u00edtica<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00a0<\/strong>El Informe destaca el papel que vienen cumpliendo los 16 representantes de las circunscripciones transitorias especiales de paz, entre quienes se cuentan tres mujeres, en la legislaci\u00f3n relacionada con el Acuerdo Final y el desarrollo de los territorios afectados por el conflicto. Tambi\u00e9n, han apoyado el proyecto de la Defensor\u00eda del Pueblo para reivindicar los derechos de las comunidades afrocolombianas y han dialogado con el Ministerio de Hacienda con miras a la inclusi\u00f3n de las regiones afectadas por el conflicto en el presupuesto de 2023.<\/p>\n\n\n\n Al tiempo, el gobierno ha presentado una propuesta de reforma pol\u00edtica encaminada a la paridad de g\u00e9nero en el Congreso y lograr que las campa\u00f1as pol\u00edticas se financien exclusivamente con fondos p\u00fablicos. Es de anotar que los debates apenas comienzan y el Informe no logra registrar que el tema de financiaci\u00f3n p\u00fablica no fue plenamente acogido por los sectores acostumbrados a la financiaci\u00f3n privada proveniente del gran capital. Tambi\u00e9n se ha presentado un proyecto de reforma al c\u00f3digo electoral que incluye disposiciones pendientes relacionadas con participaci\u00f3n pol\u00edtica y forman parte del Acuerdo Final.<\/p>\n\n\n\n Soluci\u00f3n al Problema de las Drogas Il\u00edcitas<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00a0<\/strong>Al respecto, el Informe destaca la disposici\u00f3n del nuevo gobierno de revisar el enfoque frente esta cuesti\u00f3n, tanto a nivel nacional como internacional y cumplir el Acuerdo final. Esto incluye priorizar la sustituci\u00f3n voluntaria frente a la erradicaci\u00f3n forzosa y a reforzar el Programa Nacional Integral de sustituci\u00f3n de cultivos de Uso Il\u00edcito \u2013 PNIS-. Dicho programa tiene una cobertura de 56 municipios, con 99.097 familias vinculadas; el 35,7% de ellas encabezadas por mujeres. Destaca la erradicaci\u00f3n voluntaria de 46.008 ha, seg\u00fan datos de UNDOC, con un \u00edndice de cumplimiento del 98% por parte de las familias y una tasa de resiembra del 5,4% en solo 4 municipios. Entre los grandes desaf\u00edos del Programa est\u00e1n la inseguridad, el rezago de los proyectos productivos, la fragilidad de su sostenibilidad, la carencia de fondos, en especial, de los proyectos de largo plazo. Adem\u00e1s, diversos actores de la sociedad civil y del Congreso piden que el Programa trascienda el enfoque de familias y se articule con otros elementos del Acuerdo final como los PDET.<\/p>\n\n\n\n Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y No Repetici\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00a0<\/strong>El Informe destaca la apertura de tres nuevos casos en la JEP, como respuesta a la solicitud de las v\u00edctimas y cerca de mil informes de la sociedad civil y entes estatales. Estos se relacionan con cr\u00edmenes de guerra de miembros de las antiguas FARC-EP no investigados en los casos establecidos previamente; otro caso se refiere a cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad, tampoco investigados hasta ahora en la JEP, cometidos por miembros de la fuerza p\u00fablica y agentes del Estado en relaci\u00f3n con paramilitares y terceros. El tercer caso se refiere a los cr\u00edmenes cometidos, presuntamente, por las FARC-EP, la Fuerza P\u00fablica, agentes del Estado y terceros, en contra de comunidades y territorios \u00e9tnicos. Tambi\u00e9n, como respuesta a las insistentes solicitudes de organizaciones de v\u00edctimas y de mujeres, se abrir\u00e1 el caso de cr\u00edmenes relacionados con violencia de g\u00e9nero y sexual.<\/p>\n\n\n\n El Informe destaca, as\u00ed mismo, el trabajo y el legado de la Comisi\u00f3n de la Verdad, con sus 50 eventos en el pa\u00eds y visitas al exterior para presentar el Informe Final cuyas conclusiones y recomendaciones requieren \u201cdecisiones \u00e9ticas y pol\u00edticas\u201d relacionadas con el Acuerdo Final. Al tiempo, resalta la creaci\u00f3n del Comit\u00e9 de Seguimiento y Monitoreo de las recomendaciones, con mandato a siete a\u00f1os para una estrategia de di\u00e1logo entre las instituciones del Estado y la sociedad civil.<\/p>\n\n\n\n El Informe resalta, as\u00ed mismo, los trabajos de la Unidad de B\u00fasqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Sus logros en la recuperaci\u00f3n de 511 cuerpos y la devoluci\u00f3n de 155 de ellos a sus familias, entre otros luctuosos aspectos.<\/p>\n\n\n\n Mecanismos de di\u00e1logo sobre la implementaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Informe retoma la importancia de la Comisi\u00f3n de Seguimiento, Impulso y Verificaci\u00f3n a la Implementaci\u00f3n del Acuerdo Final- CSIVI. Valora el compromiso del Gobierno Petro en implementarla y la disposici\u00f3n de los excombatientes a trabajar en este y otros mecanismos Ad Hoc para temas clave. La fecha de elaboraci\u00f3n del Informe no alcanz\u00f3 a registrar que la CSIVI ya fue instalada por el gobierno, el pasado 2 de octubre. As\u00ed mismo, el Informe llama a reactivar la mesa t\u00e9cnica tripartita sobre los bienes de las FARC EP, cuya \u00faltima reuni\u00f3n fue en junio de 2020, lo que no ha permitido avanzar en la entrega de bienes para reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n El Informe destaca que, por su parte, la mesa t\u00e9cnica tripartita sobre minas antipersonal concluy\u00f3 su proyecto piloto en diez municipios de Antioquia, C\u00f3rdoba, Nari\u00f1o y Tolima. Al respecto, 46 excombatientes, incluidas seis mujeres, proporcionaron informaci\u00f3n relacionada con 100 posibles campos minados y destaca la preparaci\u00f3n para iniciar actividades en el sur del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n En relaci\u00f3n con la cantidad de excombatientes, la mesa tripartita para tr\u00e1nsito a la legalidad registra 13.623 excombatientes acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esta cifra incluye 3.143 mujeres. Est\u00e1 pendiente de identificar 157 personas y 137 est\u00e1n pendientes de la adopci\u00f3n de determinaciones relacionadas con su acreditaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Tareas de la Misi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n En relaci\u00f3n con los excombatientes, el Informe aborda los temas de la reincorporaci\u00f3n en sus dimensiones socioecon\u00f3micas, pol\u00edticas, de seguridad y de componentes transversales relacionados con los enfoques de g\u00e9nero y \u00e9tnicos y de seguimiento.<\/p>\n\n\n\n Al respecto, destaca que, pese al avance de la reincorporaci\u00f3n, el proceso sigue siendo amenazado por grandes desaf\u00edos, especialmente relacionado con la inseguridad. Subraya que el \u00e9xito en el largo plazo depende de las garant\u00edas de seguridad de los excombatientes y que se aborde la sostenibilidad e integralidad del proceso, as\u00ed como el fortalecimiento de sus v\u00ednculos con otros elementos del Acuerdo Final.<\/p>\n\n\n\n En tal sentido, destaca el acceso a la tierra y a la vivienda como cuestiones clave del asentamiento permanente de los excombatientes y construir sus vidas en comunidades de acogida. Se\u00f1ala que el gobierno solamente ha adquirido tierras para 10 de los 24 antiguos espacios territoriales de capacitaci\u00f3n y reincorporaci\u00f3n \u2013 ETCR-, todav\u00eda sin otorgamiento de t\u00edtulos de propiedad a los excombatientes. Cuatro antiguos espacios territoriales siguen a la espera de ser trasladados (dos en Cauca, uno en Putumayo y otro en Antioquia). De la Sociedad de Activos Especiales solamente se han adjudicado dos predios a excombatientes. En vivienda, est\u00e1n en \u00faltima etapa de estudio de viabilidad 13 antiguos ETCR. Fuera de estos espacios sigue siendo un desaf\u00edo el acceso a vivienda.\u00a0 De otro lado, solamente 23 excombatientes han recibido la asignaci\u00f3n \u00fanica de dos mil d\u00f3lares para invertir en mejora o compra de vivienda.<\/p>\n\n\n\n Destaca que, actualmente, 10.502 excombatientes, entre quienes se cuentan 2.547 mujeres, viven fuera de los ETCR, en 611 municipios. Un tercio vive en aproximadamente 75 nuevas \u00e1reas de reincorporaci\u00f3n, tanto en entornos rurales como urbanos. El nuevo gobierno busca reconocer los antiguos y nuevos espacios, de manera formal, mediante decreto.<\/p>\n\n\n\n Gracias al apoyo de la cooperaci\u00f3n internacional, el 72% de los excombatientes acreditados participan en proyectos productivos. El Consejo Nacional de Reincorporaci\u00f3n ha aprobado 121 proyectos colectivos para 3.963 excombatientes, que incluyen 1.105 mujeres. La Agencia Nacional para la Reincorporaci\u00f3n y la Normalizaci\u00f3n ha aprobado 4.832 proyectos individuales para beneficio de 5.828 excombatientes de quienes 1.402 son mujeres. En el trimestre del Informe, el Consejo aprob\u00f3 un proyecto colectivo para 34 excombatientes, incluyendo a cinco mujeres y la Agencia aprob\u00f3 466 proyectos individuales para 544 excombatientes, entre quienes se cuentan 95 mujeres. El Informe advierte acerca de las dificultades relacionadas con las iniciativas de generaci\u00f3n de ingresos, acceso a mercados y asistencia t\u00e9cnica, como temas sensibles de la sostenibilidad de los proyectos en el largo plazo. El PNUD, la OIM y la Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n mediante evaluaci\u00f3n conjunta encuentran que solamente un tercio de los proyectos est\u00e1n en v\u00eda de ser sostenibles. Por ello, la Misi\u00f3n invita a acordar estrategias de sostenibilidad vinculante para proyectos colectivos y a elaborar mecanismos de seguimiento para proyectos individuales.<\/p>\n\n\n\n El Informe establece la existencia de 177 cooperativas de excombatientes, 45 de ellas representadas por mujeres. Se\u00f1ala que el 15% de los excombatientes tienen empleo formal y recoge con benepl\u00e1cito el anuncio de la Ministra de Trabajo acerca de la intenci\u00f3n del Gobierno de apoyar cooperativas de excombatientes, as\u00ed como explorar opciones de empleo, especialmente, para mujeres. El Informe destaca, tambi\u00e9n, los temas relacionados con esquemas de salud.<\/p>\n\n\n\n En cuanto a Instituciones de reincorporaci\u00f3n, El Consejo Nacional de Reincorporaci\u00f3n sigue siendo el principal mecanismo de di\u00e1logo. Se valora la participaci\u00f3n en \u00e9l de ministerios clave y la celebraci\u00f3n de sesiones descentralizadas. El sistema Nacional de Reincorporaci\u00f3n est\u00e1 en suspenso mientras se reanuda la labor del Consejo. Es de resaltar que el nuevo gobierno prorrog\u00f3 en agosto hasta diciembre 31 de 2022, las condiciones flexibles para que los excombatientes accedan a asignaci\u00f3n mensual.<\/p>\n\n\n\n El Informe resalta, adem\u00e1s, que pese a la persistencia de la violencia, los planes de acci\u00f3n para la reincorporaci\u00f3n dirigidos por el Consejo Nacional de Reincorporaci\u00f3n en Arauca, Putumayo y Caquet\u00e1 donde la inseguridad ha perturbado los trabajos de los excombatientes, las autoridades locales y las comunidades ha aumentado el apoyo de las instituciones estatales en el otorgamiento de permisos, certificaciones, mejoramiento de infraestructura y aceleraci\u00f3n de la construcci\u00f3n de viviendas.<\/p>\n\n\n\n Se sigue trabajando en una estrategia para que 1.712 j\u00f3venes incluyendo 656 mujeres cuenten con oportunidades econ\u00f3micas, mejoramiento de su liderazgo y participaci\u00f3n. Al respecto, tambi\u00e9n se llama a reforzar el papel de apoyo de las autoridades regionales. Igualmente, en reincorporaci\u00f3n comunitaria donde se destacan iniciativas en 77 municipios.<\/p>\n\n\n\n En reincorporaci\u00f3n pol\u00edtica se destaca que este es el segundo per\u00edodo legislativo en el que el partido fundado despu\u00e9s de la dejaci\u00f3n de armas tiene esca\u00f1os en el Congreso. A la vez, el Informe registra la divisi\u00f3n pol\u00edtica presente en las filas de los excombatientes, sin que ello signifique el abandono del Acuerdo de Paz. Aunque el Informe no profundiza en el tema y solamente registra los aspectos formales de la legalidad de las decisiones tomadas durante la segunda Asamblea Nacional de los Comunes, en enero de 2021, es de anotar que las divisiones pol\u00edticas al seno de las organizaciones que suscriben Acuerdos de Paz son cuestiones l\u00f3gicas dentro de la din\u00e1mica de reorganizaci\u00f3n social y pol\u00edtica nacional e internacional.<\/p>\n\n\n\n El Informe tambi\u00e9n incluye las nuevas medidas del Gobierno Petro para tratar el problema de la violencia persistente en las regiones. Registra el cambio en la c\u00fapula militar y policial con la misi\u00f3n de contribuir a la \u201cpaz total\u201d, desde el enfoque de la seguridad humana. Esto incluye el plan de protecci\u00f3n de defensores de derechos humanos y excombatientes, elaborado con apoyo de Naciones Unidas. Prioriza 65 municipios de 14 departamentos y activa mecanismos de garant\u00edas de seguridad con base en el Acuerdo Final, a los que denomina \u201cPuestos de Mando Unificado por la Vida\u201d que se enfocan en la coordinaci\u00f3n de respuestas preventivas con participaci\u00f3n de entidades estatales, autoridades locales, sociedad civil y acompa\u00f1amiento de organismos internacionales. A la fecha del Informe se reportan 23 PMU.<\/p>\n\n\n\n El informe confiere relevancia a la Comisi\u00f3n Nacional de Garant\u00edas de Seguridad para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y criminales, sin que se haya podido pasar durante el gobierno anterior del reglamento interno y del plan de acci\u00f3n. Tambi\u00e9n registra que en el mes de julio fueron asesinados 11 excombatientes. La Misi\u00f3n registra que desde la firma del Acuerdo final han sido asesinados 342 excombatientes, entre quienes se cuentan 11 mujeres, 48 afrocolombianos y 28 ind\u00edgenas. Tambi\u00e9n ha habido intento de asesinato en contra de 105 v\u00edctimas, incluyendo a 8 mujeres y han sido dados por desaparecidos 27 excombatientes.<\/p>\n\n\n\n La JEP sigue trabajando en los macrocasos y es de destacar que el Acuerdo Final establece que la JEP puede reconocer los trabajos, obras de contenido reparador o restaurador que se realicen para reparar v\u00edctimas, antes de la imposici\u00f3n de sanciones para lo cual estas obras deben estar documentadas. A la fecha del Informe se reporta que la JEP ha recibido 185 solicitudes de certificaci\u00f3n de esta naturaleza, lo que se refiere a solicitudes de 183 excombatientes de FARC-EP y a 2 miembros de la Fuerza P\u00fablica. Se han certificado 138 de tales trabajos y otras actividades relacionadas con 1.839 excombatientes en 11 departamentos.<\/p>\n\n\n\n Cuestiones transversales<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00a0<\/strong>Al respecto se destacan, en temas de g\u00e9nero, el Gabinete Ministerial Paritario y el anuncio del Ministerio de la Igualdad. El Informe llama a la revitalizaci\u00f3n de la implementaci\u00f3n de las disposiciones de g\u00e9nero del Acuerdo Final y a la protecci\u00f3n de las mujeres y las ni\u00f1as, dada la persistencia de la violencia sexual relacionada con la presencia de grupos armados ilegales.<\/p>\n\n\n\n En asuntos \u00e9tnicos, tambi\u00e9n se destaca el nombramiento en altos cargos del Estado a hombres y mujeres afrocolombianos e ind\u00edgenas. Al tiempo, el Informe registra como cr\u00edtica la situaci\u00f3n humanitaria en los territorios \u00e9tnicos de todo el pa\u00eds, as\u00ed como la expansi\u00f3n de la agricultura, del sector energ\u00e9tico y de las industrias extractivas. Al respecto, se\u00f1ala que, tras una visita a Nari\u00f1o, la Misi\u00f3n, el ACNUDH y la Uni\u00f3n Europea llamaron la atenci\u00f3n a las autoridades para que aborden de manera urgente la situaci\u00f3n del pueblo ind\u00edgena Aw\u00e1.<\/p>\n\n\n\n Igualmente, el Informe llama la atenci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n de excombatientes ind\u00edgenas y afrocolombianos. Sobre la situaci\u00f3n de ni\u00f1os y ni\u00f1as incluidos inicialmente en el Programa \u201cCamino diferencial de vida\u201d y su apoyo y acompa\u00f1amiento psicosocial, educativo y de proyectos productivos. Registra que 151 de 288 excombatientes considerados en 2020-2021 como ni\u00f1os al momento de la acreditaci\u00f3n, han sido reconocidos como v\u00edctimas y pueden acceder a reparaci\u00f3n. De ellos, 18 han fallecido.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n se refiere a los j\u00f3venes para promover su participaci\u00f3n. Se parte del Consejo Nacional de Juventud y de fortalecer los mecanismos electorales en consejos municipales, como lo plantea la Corte Constitucional.<\/p>\n\n\n\n El Informe concluye valorando el impulso renovado y un enfoque claro del nuevo gobierno en la consolidaci\u00f3n de la paz, a partir del di\u00e1logo como principal mecanismo para resolver el conflicto social y armado, as\u00ed como la prioridad de la protecci\u00f3n de las comunidades vulnerables y de los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n Fuente:<\/p>\n\n\n\n Misi\u00f3n de Verificaci\u00f3n de las Naciones Unidas en Colombia. Informe del Secretario General. 27 de septiembre de 2022.<\/p>\n\n\n\n