La visi\u00f3n de lo ocurrido se ha pretendido reducir, por parte de connotados pol\u00edticos, editorialistas, comunicadores vinculados a los grandes medios, articulistas y sectores ciudadanos, a la falsa dicotom\u00eda entre secuestro y \u201ccerco Humanitario\u201d, a ra\u00edz de la captura de 79 integrantes del ESMAD y 8 empleados de la Empresa, por parte de la Guardia Campesina Losada-Guayabero y las declaraciones emitidas el 03 de marzo, sin contexto, desde el lugar de los hechos por parte de Alfonso Prada, Ministro del Interior. Dichas declaraciones fueron explicadas en rueda de prensa del 06 de marzo, por parte del mismo funcionario gubernamental, para plantear que los voceros de la Guardia Campesina denominan as\u00ed a un mecanismo de protecci\u00f3n aplicado por ellos, con el fin de evitar que los miembros de la Polic\u00eda fueran v\u00edctimas de nuevas agresiones por parte de los manifestantes. L\u00f3gicamente, ser\u00e1n los organismos judiciales quienes adelanten las investigaciones pertinentes, al tiempo que se cumplen los Acuerdos y Compromisos derivados de la negociaci\u00f3n con el Gobierno Nacional. Pero, tambi\u00e9n, es de esperarse que los medios y los articulistas profundicen en el reconocimiento de las complejidades del conflicto colombiano, contribuyan a desestigmatizar al movimiento campesino y avancen en la comprensi\u00f3n de los derechos humanos en una sociedad que necesita reconciliarse y entender el significado del Estado Social de Derecho consagrado en la constituci\u00f3n de 1991.<\/p>\n\n\n\n
Quienes catalogan los hechos como un secuestro, entre ellos y ellas notables periodistas, en medio de la copiosa avalancha noticiosa pretenden sembrar la indignaci\u00f3n y la calificaci\u00f3n sin contexto geogr\u00e1fico y social, sin siquiera hacer un esfuerzo de acercamiento mental al territorio; eluden los antecedentes hist\u00f3ricos y el an\u00e1lisis del conflicto. Para ello, se valen de declaraciones de los agentes liberados para destacar sus vivencias, el mal trato verbal y las precarias condiciones vividas durante 30 horas, as\u00ed como el temor propio y de sus familias ante los hechos ocurridos. Este enfoque les permite implantar en la llamada \u201copini\u00f3n p\u00fablica\u201d la percepci\u00f3n de la Guardia Campesina como un grupo delincuencial.<\/p>\n\n\n\n
En estas condiciones, la calificaci\u00f3n de secuestro de los hechos ocurridos permite soslayar el an\u00e1lisis y reflexi\u00f3n desde el C\u00f3digo Penal, de las normas sobre Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario \u2013 DIH- y evita establecer las din\u00e1micas del conflicto antes, durante y despu\u00e9s de los hechos luctuosos, su desenlace y proyecciones, a partir de la negociaci\u00f3n realizada con el Gobierno Nacional.<\/p>\n\n\n\n
L\u00f3gicamente, el delito de secuestro est\u00e1 tipificado en la normatividad colombiana. El C\u00f3digo Penal, consagrado en la Ley 599 de 2000 [2<\/a>], con sus actualizaciones normativas, lo contempla en su T\u00edtulo III y establece, en su Art\u00edculo 170, circunstancias de agravaci\u00f3n punitiva relacionada con la afectaci\u00f3n de servidores p\u00fablicos y particulares, con la afectaci\u00f3n de bienes, la muerte de personas y lesiones personales. No obstante, tambi\u00e9n, el Art\u00edculo 171 del C\u00f3digo Penal establece atenuantes punitivas al dejar voluntariamente en libertad a las v\u00edctimas. Incluso, el T\u00edtulo XVIII puede ser m\u00e1s preciso frente a la problem\u00e1tica, al referirse a la rebeli\u00f3n, la sedici\u00f3n y la asonada. En particular, el Art\u00edculo 469 se refiere a la Asonada como acto tumultuario orientado a exigir violentamente a la autoridad la ejecuci\u00f3n u omisi\u00f3n de un acto propio de sus funciones. Al tiempo, el Art\u00edculo 472 hace referencia expl\u00edcita a la seducci\u00f3n, usurpaci\u00f3n y retenci\u00f3n ilegal de mando y se agrava con la retenci\u00f3n de servidor p\u00fablico, seg\u00fan lo concibe el Articulo 473, en la circunstancia de la acci\u00f3n punitiva, lo que conlleva al incremento de un tercio de la pena. Sin embargo, su penalizaci\u00f3n es significativamente m\u00e1s benigna que el hecho de secuestro. No obstante, como se puede observar, por los antecedentes hist\u00f3ricos y el contexto de los hechos ocurridos en la Inspecci\u00f3n de Los Pozos, el conflicto rebasa lo planteado en el C\u00f3digo Penal y no se logra encajar en dichas tipificaciones.<\/p>\n\n\n\n En lo que se refiere al concepto de \u201cCerco Humanitario\u201d, aunque no est\u00e1 contemplado en el Derecho Internacional Humanitario, s\u00ed ha venido practic\u00e1ndose en Colombia, en el contexto de diversas situaciones conflictivas de interacci\u00f3n entre agentes estatales y comunidades, especialmente rurales. Una muestra de esto se puede apreciar en la cuenta de Leonardo Gonz\u00e1lez Peraf\u00e1n de Indepaz @Leonardogonzalez [3<\/a>]. En ella, con fecha del 07 de marzo de 2023 muestra una experiencia de Tib\u00fa en Norte de Santander, en sucesos ocurridos el 27 y 28 de octubre de 2021. Ver imagen a continuaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n La experiencia que se muestra se refiere a un cerco humanitario realizado por comunidades de alrededor de 14 veredas del Municipio de Tib\u00fa, con respecto a la intervenci\u00f3n de 300 militares que llegaron el 27 de octubre de 2021 con el prop\u00f3sito de aplicar erradicaci\u00f3n forzada a los cultivos de uso il\u00edcito de los campesinos. El sentido de la acci\u00f3n realizada desde las organizaciones de ASCAMAT fue el de prevenir el asesinato de campesinos, como ya hab\u00eda ocurrido en 2020 en los municipios de C\u00facuta y Sardinata.<\/p>\n\n\n\n Esto, con m\u00e1s detalle, lo evidencia Indepaz [4<\/a>], particularmente desde el Observatorio de cultivos y cultivadores declarados il\u00edcitos OCDI GLOBALINDEPAZ. En una b\u00fasqueda del concepto de \u201ccerco humanitario\u201d se encuentran alrededor de 36 resultados correspondientes a hechos espec\u00edficos ocurridos en diversas regiones del pa\u00eds. A trav\u00e9s del buscador de la P\u00e1gina Web de Indepaz se encuentran art\u00edculos que conciben los cercos humanitarios como acciones c\u00edvicas de detenci\u00f3n de acciones de grupos de la fuerza p\u00fablica, con el objeto de evitar la erradicaci\u00f3n forzada de cultivos de uso il\u00edcito, de garantizar la integridad f\u00edsica y moral de los agentes de seguridad estatal y de protecci\u00f3n de la comunidad.<\/p>\n\n\n\n En este marco, se muestra una denuncia del 5 de octubre de 2017, presentada por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana \u2013 COCCAM- [5<\/a>], organizaci\u00f3n que agrupa a cultivadores de 17 departamentos. En su comunicado se\u00f1ala que en hechos ocurridos en la Vereda Puerto rico del Municipio de Tumaco fueron asesinadas ocho personas, entre ellas, menores de edad y 52 resultaron heridas, todas campesinas. Estas personas participaban de un cerco humanitario encaminado a impedir erradicaciones violentas por parte de la Fuerza P\u00fablica. Los campesinos se\u00f1alan a la Polic\u00eda y al Ej\u00e9rcito de haber disparado. No obstante, la Fuerza P\u00fablica, mediante comunicado dijo que fueron las disidencias de las Farc quienes lanzaron cinco cilindros bomba en contra de la Fuerza P\u00fablica y la multitud y que luego atacaron con fusiles. Sin embargo, dicho comunicado fue desmentido por parte de la Asociaci\u00f3n de Juntas de Acci\u00f3n Comunal de los R\u00edos Mira, Nulpe y Mataje \u2013 ASOMINUMA y la comunidad, pues no hubo heridos dentro de la Fuerza P\u00fablica o erradicadores; en cambio, las v\u00edctimas, heridas y muertas, son todas de la comunidad.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed mismo, en el Municipio La Monta\u00f1ita, Vereda los Alpinos, el 2 de febrero de 2017, los habitantes, mediante cerco humanitario, impidieron la erradicaci\u00f3n forzosa de cultivos de uso il\u00edcito por parte de 14 agentes antinarc\u00f3ticos. La comunidad pidi\u00f3 la erradicaci\u00f3n voluntaria de la hoja de coca, conforme al Acuerdo final de Paz. Los Polic\u00edas salieron el 3 de febrero gracias a la mediaci\u00f3n de la Defensor\u00eda del Pueblo.<\/p>\n\n\n\n El denominado \u201ccerco humanitario\u201d se ha venido constituyendo en un mecanismo c\u00edvico que busca neutralizar el accionar represivo de la Fuerza P\u00fablica, proteger la integridad personal de sus agentes y para buscar mecanismos de di\u00e1logo con autoridades del orden territorial y nacional y con instancias de protecci\u00f3n de los derechos humanos, tales como las Personer\u00edas y la Defensor\u00eda del Pueblo.<\/p>\n\n\n\n Seguramente esta figura no es encontrable, todav\u00eda, en el lenguaje de la legislaci\u00f3n internacional, en relaci\u00f3n con la tipificaci\u00f3n y manejo de conflictos entre el Estado y las comunidades. Al respecto, cabe decir que, como siempre, el hecho precede al derecho en todos los campos de la actividad humana. Generalmente las ideas marginales que se \u201cescriben en los bordes\u201d, despu\u00e9s entran a formar parte de la caja de herramientas de negociaciones complejas, as\u00ed sea para contextos y sociedades espec\u00edficas. Lo m\u00e1s importante tiene que ver con la definici\u00f3n de protoc\u00f3los de intervenci\u00f3n y relacionamiento entre los organismos del Estado y las comunidades territoriales, con base en el respeto de los derechos humanos, para tramitar los conflictos de manera pac\u00edfica, garantizar la equidad social y el afianzamiento del Estado Social de Derecho.<\/p>\n\n\n\n Al respecto, el Comit\u00e9 Internacional de la Cruz Roja \u2013CICR- [6<\/a>], en su labor de capacitaci\u00f3n en derechos humanos y uso de la fuerza, ha planteado insistentemente valiosas recomendaciones a la Fuerza P\u00fablica en Colombia. Entre ellas, recalca que son los cuerpos policiales los encargados de manejar disturbios, manifestaciones y protestas. Al tiempo, resalta que el sistema Interamericano de Derechos Humanos es reticente a la participaci\u00f3n de las fuerzas militares en estos contextos. Sin embargo, se\u00f1ala que no existe una prohibici\u00f3n expl\u00edcita para que las fuerzas militares participen en estas actividades. No obstante, insiste en la importancia de comprender las reglas que rigen dichas intervenciones.<\/p>\n\n\n\n En ese orden de ideas, el CICR resalta que en Colombia la Polic\u00eda Nacional no es la \u00fanica instituci\u00f3n competente para mantener el orden p\u00fablico, en situaci\u00f3n de protesta social, de manifestaciones y disturbios. Al respecto, reconoce que las fuerzas Armadas pueden apoyar a la Polic\u00eda mediante la \u201cAsistencia Militar\u201d. En tal sentido, alude al Art\u00edculo 170 del c\u00f3digo de Polic\u00eda (Ley 1801 de 2016), para el uso de la \u201cAsistencia Militar\u201d como mecanismo temporal y excepcional en situaciones de graves alteraciones de la seguridad y la convivencia o para afrontar calamidades p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n Al tiempo, precisa que en situaciones de conflicto armado los militares est\u00e1n sujetos a la normatividad del DIH. No obstante, cuando apoyan a la Polic\u00eda Nacional en el restablecimiento del orden, en situaciones de protesta social desbordada, no se aplica el DIH. Es decir, ni el uso de la fuerza y, menos a\u00fan, las armas de fuego, operan como primera medida de control o reacci\u00f3n, incluso, si se trata de un disturbio con alto nivel de violencia.<\/p>\n\n\n\n La Polic\u00eda Nacional y las Fuerzas Militares, en contextos de manifestaciones sociales, est\u00e1n sujetas a las reglas del uso de la fuerza basados en principios de legalidad, necesidad, precauci\u00f3n y proporcionalidad. Dichos principios rigen la actuaci\u00f3n de la Fuerza P\u00fablica, incluso, en situaciones de presencia de miembros de grupos armados, en medio de una manifestaci\u00f3n civil.<\/p>\n\n\n\n Esto quiere decir que, en el caso colombiano, la Fuerza P\u00fablica debe regirse por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por el C\u00f3digo de Polic\u00eda y por los reglamentos y protocolos de la Polic\u00eda Nacional para el uso de la fuerza.<\/p>\n\n\n\n Esto significa que, incluso, a\u00fan en presencia de combatientes dentro de una multitud de civiles que promueven los disturbios, estos combatientes \u201cpodr\u00edan ser objeto de ataques directos, conforme a las normas del DIH sobre conducci\u00f3n de hostilidades, pero, este tipo de situaciones no convierte a los civiles que participan en los disturbios en participantes directos de las hostilidades\u201d.<\/p>\n\n\n\n Esto implica, tambi\u00e9n, como recalca el CICR, que las armas de fuego solo pueden ser usadas de manera excepcional y en \u00faltima instancia. Todo ello reclama que las Fuerzas Armadas que apoyen operaciones de mantenimiento del orden est\u00e9n debidamente equipadas y capacitadas, con armas menos letales que las armas de fuego y cuenten con el debido entrenamiento, lo que incluye la formaci\u00f3n en Derechos Humanos y los protoc\u00f3los para el manejo adecuado de contextos de protesta social.<\/p>\n\n\n\n Es de anotar que la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda Nacional actualiz\u00f3 en septiembre 25 de 2022, mediante Instructivo 009 [7<\/a>], los lineamientos Institucionales para el Restablecimiento del Orden. Al respecto, se refiere a la Asonada como un delito tipificado en la Ley 599 de 2000. Plantea que la actuaci\u00f3n violenta de los participantes es lo que la califica como delito. En tal sentido, establece que se debe actuar con el Protocolo de la Unidad de Di\u00e1logo y mantenimiento del Orden \u2013 UDMO, en cuyo caso no descarta el uso de la violencia.<\/p>\n\n\n\n No obstante, en el caso de la protesta en la Inspecci\u00f3n de Los Pozos, en San Vicente del Cagu\u00e1n, seg\u00fan informa El Colombiano [8<\/a>] la manifestaci\u00f3n campesina fue convocada como una protesta pac\u00edfica, pero se torn\u00f3 violenta cuando la Polic\u00eda intervino. El Canal 2, como se ha referenciado, plantea que la violencia se desat\u00f3 con la muerte del campesino Reinel Ar\u00e9valo y muestra fotos donde denuncia la presunta tenencia de armas cortas y proveedores de fusil por parte del ESMAD.<\/p>\n\n\n\n Al desatarse la violencia, fueron incendiados varios tanques de almacenamiento de combustible y la Guardia Campesina rode\u00f3 a los Polic\u00edas con sus bastones. Luego, estos agentes y los empleados fueron llevados a la sede de la Junta de Acci\u00f3n Comunal.<\/p>\n\n\n\n Como se ha visto, los medios de comunicaci\u00f3n y la oposici\u00f3n de derecha pretendieron que la respuesta a la movilizaci\u00f3n de m\u00e1s de cuatro mil campesinos procedentes de los departamentos del Caquet\u00e1, Guaviare y Meta, agrupados en 64 organizaciones campesinas, fuera mediante el uso de la fuerza. No obstante, el Presidente Petro y su equipo de gobierno respondieron mediante mecanismos de di\u00e1logo e instalaci\u00f3n del Plan de Mando Unificado por la Vida, lo que llev\u00f3 a la intervenci\u00f3n de los Ministros de Defensa, de Gobierno, de Minas y Energ\u00eda, de Ambiente, de Transporte y el Alto comisionado de Paz, en los procesos de di\u00e1logo con los voceros de la comunidad.<\/p>\n\n\n\n Fueron tres d\u00edas de di\u00e1logos y exploraci\u00f3n de alternativas, para ponerse al d\u00eda frente a compromisos y requerimientos plantados por la comunidad.<\/p>\n\n\n\n Los Acuerdos de Los Pozos [9<\/a>] se consideran un triunfo del movimiento campesino de Caquet\u00e1, Meta y Guaviare, con tradici\u00f3n desde los a\u00f1os 80, 90, 2013 y 2021. El Acuerdo entre el gobierno y las organizaciones campesinas consta de diez puntos que se resumen en:<\/p>\n\n\n\n No cabe duda que este conflicto y su soluci\u00f3n negociada por m\u00e9todos pac\u00edficos ha generado molestia en los tradicionales de la \u00e9lite colombiana, m\u00e1xime porque se trata de una zona hist\u00f3rica del conflicto armado colombiano, donde se asientan comunidades disruptivas frente a los poderes tradicionales y que avanzan en din\u00e1micas de construcci\u00f3n de su territorio mediante el desarrollo de la Zona de Reserva Campesina. Se hubiera preferido, por parte de los voceros de la \u00e9lite, que la respuesta hubiera sido represiva, a la manera tradicional de tratamiento militar de la protesta social, lo que hubiera provocado un abismo entre el nuevo gobierno del cambio y la comunidad, dando al traste con las propuestas democr\u00e1ticas.<\/p>\n\n\n\n Aunque el Gobierno no descarta la presencia de miembros de las disidencias en la movilizaci\u00f3n campesina, el actuar prudente, conforme a las pautas del Derecho Internacional Humanitario, de las recomendaciones del CICR y de la apreciaci\u00f3n del contexto complejo en el que se desenvuelve la pol\u00edtica de paz territorial, la negociaci\u00f3n con las comunidades contribuye a la construcci\u00f3n de un ambiente propicio para avanzar en los di\u00e1logos de paz en dicha regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n De otra parte, la Procuradora se ha pronunciado r\u00e1pidamente, de manera inusitada, para cuestionar a los Ministros del Interior y Defensa y ha iniciado investigaciones disciplinarias frente a la demora y la pertinencia en el tratamiento del conflicto con los campesinos, olvidando que la misma funcionaria, Margarita Cabello en su calidad de Ministra de Justicia, fue incapaz de gestionar pac\u00edficamente el conflicto de la poblaci\u00f3n privada de la libertad en marzo de 2020, en medio de la pandemia, lo que provoc\u00f3 la masacre de la C\u00e1rcel Modelo donde murieron alrededor de 24 internos y fueron heridos m\u00e1s de 83.<\/p>\n\n\n\n En dicho ambiente de pugnacidad de los medios y de los voceros de ultraderecha, el Presidente Petro se ha puesto al frente en la defensa de los acuerdos con las comunidades campesinas y ha defendido su papel de comandante de las Fuerzas Armadas y Jefe de Estado, como responsable de haber dado la orden de dar un tratamiento pac\u00edfico a la protesta y entrar en una din\u00e1mica de negociaci\u00f3n que, a todas luces, salv\u00f3 vidas y evit\u00f3 una nueva masacre en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Fuentes:[1<\/a>] Canal 2. @canal2co \u00bfDotaci\u00f3n del Esmad en San Vicente del Cagu\u00e1n? Marzo 3 de 2023.<\/p>\n\n\n\n https:\/\/twitter.com\/canal2co\/status\/1631775402497646593?s=20<\/a>[2<\/a>] C\u00f3digo Penal. Ley 599 de 200. Funci\u00f3n P\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n https:\/\/www.funcionpublica.gov.co\/eva\/gestornormativo\/norma.php?i=6388<\/a>[3<\/a>] Peraf\u00e1n Gonz\u00e1lez Leonardo. Los Cercos Humanitarios son acciones reconocidas. Marzo 7 de 2023.<\/p>\n\n\n\n https:\/\/twitter.com\/leonardonzalez\/status\/1633149171011076101?s=20<\/a>[4<\/a>] Indepaz.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/www.sur.org.co\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/l1.png\")
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