Por Albeiro Caro \/ Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI<\/p>\n\n\n\n
Colombia, dada su compleja historia de relaciones turbulentas, se ha caracterizado por ser una sociedad que reacciona apresuradamente, sin previa reflexi\u00f3n, ante los acontecimientos que d\u00eda a d\u00eda la perturban. A menudo se afirma que este es un pa\u00eds sin memoria donde los hechos se atropellan, lo que lleva a cambiar constantemente el foco de atenci\u00f3n. No obstante, como embriones de una nueva sociedad, m\u00e1s dispuesta a transitar por los caminos de la convivencia democr\u00e1tica, emergen movimientos sociales, \u00e9tnicos, culturales, pol\u00edticos y de g\u00e9nero que van construyendo masa cr\u00edtica favorable a la consolidaci\u00f3n de salidas no violentas frente a sus m\u00faltiples conflictos.<\/p>\n\n\n\n
L\u00f3gicamente, en los comportamientos sociales a\u00fan predominan las agendas ocultas, los m\u00f3viles, intereses y objetivos de actores hegem\u00f3nicos en los \u00e1mbitos nacional y territorial, como reflejo de un pa\u00eds fragmentado y desigual. Estos comportamientos son estimulados y adobados a trav\u00e9s del manejo noticioso y editorial de los grandes medios y arropados en escenarios de poder institucional. Es bastante reconocible el juego sensacionalista entrelazado con la proliferaci\u00f3n de la pugnacidad, a trav\u00e9s de las redes sociales, con bots y bodegas, as\u00ed como mediante mensajes tendenciosos enfocados en la colonizaci\u00f3n emocional de sectores recalcitrantes, como mercado cautivo del fanatismo ideol\u00f3gico, en procura de ofuscar la conciencia social y pol\u00edtica, de usufructuar escenarios de poder y de socavar el Estado de Derecho.<\/p>\n\n\n\n
Este contexto sociocultural se erige como barrera, reaparece en diversas coyunturas. Desaf\u00eda la capacidad pedag\u00f3gica y persuasiva de los sectores democr\u00e1ticos, para poder avanzar en la consolidaci\u00f3n de procesos de paz, generalmente fragmentados e intermitentes en la conflictiva historia del pa\u00eds. Salir de la mara\u00f1a de los m\u00faltiples conflictos armados y violentos, que frenan el proyecto de naci\u00f3n, presupone hacer el esfuerzo por entender y evidenciar los distintos contextos hist\u00f3ricos nacionales y territoriales para avanzar hacia la construcci\u00f3n conjunta de una visi\u00f3n compartida del futuro.<\/p>\n\n\n\n
Esto exige hacer el esfuerzo por ahondar en la identificaci\u00f3n de factores incidentes, sus m\u00faltiples causas determinantes en el historial de violencia. As\u00ed mismo, invita a trascender las coyunturas y momentos pol\u00edticos para identificar futuros deseables, indeseables y posibles en la prospectiva de una sociedad capaz de convivir sin eliminar f\u00edsica y\/o moralmente al contradictor ideol\u00f3gico, pol\u00edtico o social.<\/p>\n\n\n\n
A pesar del contexto violento sociocultural y comunicacional, Colombia ha vivido diversas coyunturas de negociaci\u00f3n de conflictos armados; fallidas unas y, relativamente exitosas, otras. Esto le ha permitido forjar experiencias y derivar lecciones de Acuerdos de Paz y reincorporaci\u00f3n a la vida civil de grupos insurgentes, as\u00ed como de sometimiento a la justicia de grupos paramilitares.<\/p>\n\n\n\n
Estas experiencias, pese a la simultaneidad y complejidad conflictiva, han estado dedicadas grupo a grupo (con excepci\u00f3n de las frustradas negociaciones del gobierno Gaviria con los grupos que se mantuvieron en la Coordinadora Guerrillera Sim\u00f3n Bol\u00edvar: FARC, ELN y disidencia del EPL, despu\u00e9s de los Acuerdos de Paz del 91, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente), para mostrar resultados dentro de modelos de negociaci\u00f3n donde se han discutido los factores objetivos (desigualdad social, pobreza y concentraci\u00f3n de la riqueza) y subjetivos de la violencia (existencia, incidencia y capacidad de los grupos armados ilegales).<\/p>\n\n\n\n
Esto se ha dado, predominantemente, dentro de la apropiaci\u00f3n de los enfoques de Naciones Unidas relacionados con procesos de Desarme, Desmovilizaci\u00f3n y Reintegraci\u00f3n (DDR) para grupos insurgentes, as\u00ed como de DDR1 para sometimiento a la justica de grupos que practican la violencia como m\u00e9todo de control territorial y apropiaci\u00f3n de rentas ilegales, sin tener car\u00e1cter pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, diversos actores pol\u00edticos y jur\u00eddicos tienden, a menudo, a la absolutizaci\u00f3n de los modelos de Naciones Unidas o de los acuerdos implantados como si fueran el \u00fanico esquema pertinente de negociaci\u00f3n. Generalmente, se negocia en medio del conflicto y cada hecho violento de confrontaci\u00f3n tensiona la mesa y pone en vilo el proceso de construcci\u00f3n de acuerdos.<\/p>\n\n\n\n
Esto ocurre con el Acuerdo de Paz Gobierno-FARC de 2016 que se pretende extrapolar, por parte de los voceros gubernamentales de entonces, a las negociaciones en curso con el ELN y llevar a los dem\u00e1s grupos al terreno del sometimiento a la justicia, lo que negar\u00eda el car\u00e1cter pol\u00edtico de las disidencias FARC, hoy denominadas Estado Mayor y Segunda Marquetalia, lo que las pondr\u00eda en el mismo escenario que los grupos multicrimen, como el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y las Autodefensas de la Sierra Nevada, entre otras, para su sometimiento jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n
Cada experiencia de acuerdo de paz ha dejado legados y carencias que el tiempo cubre y opaca hechos nuevos. Esto le confiere mayor relevancia al papel de la investigaci\u00f3n y al trabajo de memoria hist\u00f3rica, que afortunadamente avanza con aportes sociales y comunitarios, m\u00e1s all\u00e1 de los espacios acad\u00e9micos, para desentra\u00f1ar lecciones, logros, limitaciones e hitos hist\u00f3ricos.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, se ha podido evidenciar en 1953, como muestra Espinosa [1], en la negociaci\u00f3n del gobierno de Rojas Pinilla con las guerrillas liberales del llano, en medio de la ruptura con el Partido Liberal que les quit\u00f3 su apoyo, dado el contenido social del programa del movimiento insurgente y la ambici\u00f3n personalista de los jefes liberales: la desmovilizaci\u00f3n acordada con base en promesas de amnist\u00eda por delitos pol\u00edticos, las garant\u00edas para la poblaci\u00f3n combatiente, la indemnizaci\u00f3n a las v\u00edctimas, el trabajo para los exguerrilleros, la liberaci\u00f3n de los presos pol\u00edticos, la reconstrucci\u00f3n de pueblos, la dotaci\u00f3n de escuelas y la creaci\u00f3n de cooperativas, con cr\u00e9dito y maquinaria se vio frustrada por el incumplimiento gubernamental y el asesinato, a manos del Das Rural, de cuerpos policiales y de los llamados \u201cP\u00e1jaros\u201d, en tiempos de la Junta Militar, de numerosos excombatientes, empezando por su comandante, Guadalupe Salcedo.<\/p>\n\n\n\n
Esta experiencia de paz fallida y el surgimiento del Frente Nacional, como pacto bipartidista excluyente de la \u00e9lite, llev\u00f3 a la incubaci\u00f3n de otros conflictos armados, como la conversi\u00f3n de las ligas campesinas de Marquetalia, Planadas, el Pato, Riochiquito, Guayabero y Sumapaz, entre otras regiones, en las guerrillas que formaron las FARC EP, posteriormente. Adem\u00e1s, estos factores de exclusi\u00f3n pol\u00edtica, incumplimiento de acuerdos y de despojo de la poblaci\u00f3n rural con la consiguiente migraci\u00f3n a las ciudades condujo al surgimiento de otros grupos, como el ELN, el EPL y, posteriormente, con el fraude electoral de 1970, en favor de Misael Pastrana Borrero y de la continuidad del Frente Nacional, llev\u00f3 al surgimiento del M-19.<\/p>\n\n\n\n
El contexto de expulsi\u00f3n de campesinos de las zonas rurales y el despojo de tierras trajo nuevos escenarios de conflicto, en una econom\u00eda incapaz de proveer opciones masivas de asalariamiento. Esto estimul\u00f3 la colonizaci\u00f3n a la par de la marginalidad urbana, la proliferaci\u00f3n de la econom\u00eda informal y el trabajo por cuenta propia, en medio de la guerra del centavo y la exclusi\u00f3n de las redes formales del estrecho mercado, de la falta de acceso al cr\u00e9dito, lo que trajo el agiotismo que se convirti\u00f3 en el oneroso cr\u00e9dito gota a gota, como parte constitutiva de las econom\u00edas ilegales, de la segregaci\u00f3n urbana y de nuevas formas de criminalidad.<\/p>\n\n\n\n
La experiencia fallida de los Acuerdos de Paz de 1984-85, con la ruptura de la tregua multilateral durante el gobierno de Belisario Betancur, se articul\u00f3 a los procesos del terrorismo estatal y del paramilitarismo. Esto llev\u00f3 a la tragedia de la guerra sucia y al exterminio de todo un Partido Pol\u00edtico, como le ocurri\u00f3 a la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica, simult\u00e1neamente con el asesinato de dirigentes sociales y pol\u00edticos de otras agrupaciones con raigambre popular.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, esto dej\u00f3 una importante lecci\u00f3n, como fue, el reconocimiento de la validez de cambiar la aparentemente inamovible y centenaria constituci\u00f3n de 1886 y de avanzar hacia la democracia participativa, el ejercicio del derecho a la tutela, la acci\u00f3n popular y de grupo y El Estado Social de Derecho, a trav\u00e9s de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Sin este momento hist\u00f3rico, no se puede comprender la Constituci\u00f3n de 1991, a\u00fan con su amplio contenido neoliberal en materia econ\u00f3mica, as\u00ed como las negociaciones emprendidas, de manera secuencial o paralela con, al menos, siete organizaciones guerrilleras y milicianas, como el M-19, el EPL, El PRT, el Quint\u00edn Lame, Las Milicias de la Comuna Nororiental de Medell\u00edn, la CRS y el MIR COAR de Antioquia.<\/p>\n\n\n\n
Pero, tambi\u00e9n, ese car\u00e1cter focalizado, por grupos, permiti\u00f3 reducir los alcances de los Acuerdos de Paz, limitar los procesos de reinserci\u00f3n y las din\u00e1micas territoriales; estas se vieron reducidas a obras p\u00fablicas puntuales del Plan Nacional de Rehabilitaci\u00f3n, votadas en asambleas comunitarias, pero, alejadas de la construcci\u00f3n de tejido social y de la participaci\u00f3n social incidente.<\/p>\n\n\n\n
La desmovilizaci\u00f3n paramilitar, entre 2003 y 2006, permiti\u00f3 diferenciar entre negociaciones pol\u00edticas y sometimiento a la Justicia, gracias a la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sobre la Ley de Justicia y Paz. Ello permiti\u00f3 el sometimiento de los integrantes de las AUC. No obstante, el derecho de las v\u00edctimas a la verdad, a la reparaci\u00f3n y a la no repetici\u00f3n fue escamoteado mediante la extradici\u00f3n de 14 excomandantes, lo que permiti\u00f3 sembrar mantos de impunidad, proteger los intereses de pol\u00edticos, empresarios y terratenientes, as\u00ed como de funcionarios institucionales de las diversas ramas del poder p\u00fablico en los \u00e1mbitos nacional y regional, de oficiales y agentes de la fuerza p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
El paramilitarismo mut\u00f3 conservando sus m\u00e9todos, a la par que se desarrollaron bandas multicrimen, como el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado entrelazadas con la captaci\u00f3n de rentas provenientes del narcotr\u00e1fico, de la miner\u00eda ilegal, de la apropiaci\u00f3n del presupuesto p\u00fablico, en especial de la salud, del tr\u00e1fico de personas, del sicariato, del contrabando, la extorsi\u00f3n y del cr\u00e9dito gota a gota, entre otras actividades ilegales.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Santos y las FARC EP dej\u00f3, como legados importantes la Reforma Rural Integral, el derecho de las v\u00edctimas a la participaci\u00f3n pol\u00edtica mediante circunscripciones especiales, soluciones pac\u00edficas y de salud p\u00fablica frente al problema de las drogas de uso il\u00edcito y el Sistema de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y Voluntad de No Repetici\u00f3n, lo que permiti\u00f3 reconocer como actor principal de la justicia restaurativa a las v\u00edctimas y a la Justicia Especial para la Paz-JEP-, como pilar central del Acuerdo. Esto, a la vez, permiti\u00f3 fortalecer el reconocimiento y compromiso internacional con el proceso de paz en Colombia y dar salida a las restricciones para un entendimiento viable, frente a la incidencia del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional-CPI. As\u00ed, tambi\u00e9n, ha sido posible la comparecencia de excomandantes y excombatientes de las antiguas FARC EP, as\u00ed como de militares implicados en los mal denominados \u201cFalsos Positivos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
A la par, se presentaron las limitaciones en las Sentencias de la Corte Constitucional que permitieron evitar la comparecencia de los terceros civiles implicados en el conflicto armado, lo que permiti\u00f3 blindar a sectores empresariales y de terratenientes implicados en el despojo de tierras y en el financiamiento de grupos paramilitares.<\/p>\n\n\n\n
Un gran diferencial del momento pol\u00edtico actual y del potencial de cambio reside en que el gobierno que lidera el proyecto de Paz Total es de estirpe popular. Esto no tiene precedente en la historia del pa\u00eds. De all\u00ed que la propuesta de paz total no se reduce a la negociaci\u00f3n pol\u00edtica con grupos insurgentes o al sometimiento con grupos armados ilegales. En tal sentido, el factor determinante de los avances reside en la promoci\u00f3n de una sociedad movilizada como sujeto sociopol\u00edtico en procura de la paz. Esto le confiere enorme importancia al papel de las organizaciones sociales y ciudadanas, al di\u00e1logo entre actores territoriales, gremiales, culturales, pol\u00edticos y ambientales para construir agendas de paz y convivencia democr\u00e1tica y cerrar la p\u00e1gina de las m\u00faltiples violencias.<\/p>\n\n\n\n
En su esencia est\u00e1 la importancia de los pactos nacionales y territoriales para lograr reformas estructurales. A la vez, invita a superar los factores de violencia mediante cambios democr\u00e1ticos que propicien la inclusi\u00f3n social mediante acciones afirmativas y propender por el goce efectivo de los derechos humanos, econ\u00f3micos, ambientales, sociales, pol\u00edticos, culturales, \u00e9tnicos y de g\u00e9nero para el conjunto de la sociedad, tanto en el plano nacional como en los territorios. En esta \u00f3ptica reside la importancia del fortalecimiento de la participaci\u00f3n ciudadana y comunitaria y de la construcci\u00f3n social de los territorios, a trav\u00e9s de la participaci\u00f3n incidente en los di\u00e1logos mediante la construcci\u00f3n y fortalecimiento de plataformas capaces de concertar con los gobiernos locales y con el gobierno nacional.<\/p>\n\n\n\n
Esto permite establecer la importancia de superar el mito presente en las negociaciones de paz anteriores, lideradas por gobiernos hegem\u00f3nicos de partidos tradicionales, consistente en plantear que \u201cel modelo no se toca\u201d. Esto, como se puede ver, es la manera de procurar que se mantenga el ordenamiento econ\u00f3mico y social, la hegemon\u00eda de un capital financiero incubado al calor del proteccionismo y la intervenci\u00f3n del Estado y el predominio de las pol\u00edticas neoliberales en las diferentes dimensiones de la vida social que desde sus privilegios insisten en la privatizaci\u00f3n de los bienes y servicios p\u00fablicos y sociales.<\/p>\n\n\n\n
Dicha \u00f3ptica de negociaci\u00f3n pol\u00edtica en los procesos de paz ha permitido reducir los Acuerdos a las din\u00e1micas de reincorporaci\u00f3n a la vida civil y se ha enfocado en cooptar a las dirigencias de los grupos firmantes, para su proyecci\u00f3n personal y desconexi\u00f3n con los territorios. A la par, las desmovilizaciones individuales han servido para estimular las din\u00e1micas contrainsurgentes.<\/p>\n\n\n\n
Mientras tanto, las pol\u00edticas de sometimiento a la justicia se han concebido para tratamientos individuales, con carencia de enfoques territoriales de reparaci\u00f3n y resocializaci\u00f3n. Lo evidente es que tales pol\u00edticas de sometimiento han fracasado y no han logrado resultados. Mientras tanto, los factores de precarizaci\u00f3n social y crecimiento de la desigualdad, aunados a la incidencia de las bandas multicrimen se vuelven atractivas para j\u00f3venes sin opciones e, incluso, para personal de la fuerza p\u00fablica que abandona o se mantiene en el servicio con la consiguiente degradaci\u00f3n del tejido social, \u00e9tico y pol\u00edtico dentro de la cimentaci\u00f3n de la subcultura mafiosa.<\/p>\n\n\n\n
Esto le confiere enorme prioridad a la construcci\u00f3n social de los territorios, precisamente, para potenciar procesos de interlocuci\u00f3n e inclusi\u00f3n social, que permitan desactivar factores de violencia desde la propia din\u00e1mica de del di\u00e1logo, construcci\u00f3n y gesti\u00f3n de agendas territoriales.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, la complejidad del momento y las fuerzas de inercia implantadas en las subculturas de negociaci\u00f3n predominantes, siempre enfatizar\u00e1n en los factores de conflicto y en su tratamiento agresivo, m\u00e1s que en los consensos y en la posibilidad de identificar escenarios de entendimiento que se puedan concretar en ceses de hostilidades, treguas bilaterales y, por qu\u00e9 no, multilaterales.<\/p>\n\n\n\n
Esto se expresa en el tradicional comportamiento de las fuerzas en conflicto que pretenden mostrar poder\u00edo militar en la mesa de negociaci\u00f3n mediante el impulso de acciones violentas, en vez de priorizar las dimensiones humanitarias que deber\u00edan reconocer a las comunidades como los sujetos centrales de la paz total. Aunque se han dado las caravanas y alivios humanitarios, por ejemplo, en el caso del ELN, a menudo la coyuntura se tensiona por nuevos hechos tr\u00e1gicos y din\u00e1micas de propaganda armada que, parad\u00f3jicamente, no suman legitimidad en la mesa de negociaci\u00f3n; por el contrario, colocan el papel de este grupo insurgente por encima de las comunidades cuyo papel participativo e intereses dice prevalecer. A la par, las condiciones del di\u00e1logo se afectan con hechos luctuosos de muerte de integrantes de la fuerza p\u00fablica o de los propios integrantes del grupo insurgente.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n es el caso de grupos como el Clan del Golfo cuyo car\u00e1cter delincuencial es inherente a su g\u00e9nesis y raz\u00f3n de ser. Sin embargo, sus acciones de propaganda y manipulaci\u00f3n del paro minero en el Bajo Cauca, en procura de lograr reconocimiento pol\u00edtico, por el contrario, lo dejan m\u00e1s aislado, a pesar de su capacidad de presi\u00f3n e intimidaci\u00f3n a la comunidad. Este caso es ilustrativo de la importancia de \u201ctocar el modelo\u201d para la transformaci\u00f3n en la v\u00eda de la formalizaci\u00f3n de la miner\u00eda artesanal del oro, de su conexi\u00f3n con la protecci\u00f3n ambiental, con la recuperaci\u00f3n de la econom\u00eda campesina y con la posibilidad de la compra del oro por parte del Banco de la Rep\u00fablica, en la v\u00eda de cortar los circuitos de la econom\u00eda criminal y el lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n
En estos casos se ha puesto en evidencia la importancia de conjugar los distintos instrumentos del Estado de Derecho y de la justicia para controlar territorios, avanzar en procesos de incautaci\u00f3n de precursores qu\u00edmicos, drogas de uso il\u00edcito, bienes de la mafia, dineros procedentes de econom\u00edas ilegales, de naves y propiedades mafiosas, as\u00ed como de captura y judicializaci\u00f3n de jefes de bandas con base en la cooperaci\u00f3n policial y judicial de diversos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, es sintom\u00e1tico que entidades como la Procuradur\u00eda y la Fiscal\u00eda se muestren contrarias al proceso de Paz Total. La Procuradur\u00eda en concepto emitido ante la corte Constitucional pretende tumbar la Ley 2272 de 2022, Ley de Paz Total. Al tiempo, la Fiscal\u00eda ha pretendido desconocer de plano el proyecto de ley de sometimiento a la justicia.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, el Gobierno Nacional ha logrado comprometer a la Fiscal\u00eda en din\u00e1micas de colaboraci\u00f3n, con base en el respeto de sus fueros constitucionales y legales, sin detrimento del avance necesario y en la adaptaci\u00f3n y depuraci\u00f3n de los conceptos y contenidos, de modo que se diferencien los procesos de negociaci\u00f3n de paz de los de sometimiento a la justica, as\u00ed como los de reincorporaci\u00f3n a la vida civil, de los de resocializaci\u00f3n de delincuentes. Esta concertaci\u00f3n es necesaria para lograr, incluso que los factores punitivos y de justicia restaurativa se conjuguen y coloquen de manera adecuada en los diversos casos espec\u00edficos y se implanten en la justicia ordinaria, siempre colocando el papel de las v\u00edctimas al centro, como sujetos prioritarios y a los territorios como escenarios fundamentales de la construcci\u00f3n de la paz con justicia social.<\/p>\n\n\n\n
Como suele decirse en t\u00e9rminos prospectivos, \u201cmirando hacia el futuro, todas y todos somos buenos\u201d. Esto invita a estimular procesos de reflexi\u00f3n y entendimiento nacional y territorial para encontrar y construir escenarios que permitan viabilizar y desbloquear los caminos de la convivencia democr\u00e1tica. En el momento actual, todo depende, tambi\u00e9n, de las formas y maneras como se aborden los procesos de campa\u00f1a pol\u00edtica para gobiernos y cuerpos colegiados de entidades territoriales. All\u00ed se pondr\u00e1 a prueba la capacidad y comprensi\u00f3n de l\u00edderes, lideresas y fuerzas sociopol\u00edticas. Con respecto a la pertinencia y trascendencia de la coyuntura para la Paz Total.<\/p>\n\n\n\n
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