Por Albeiro Caro \/Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI<\/p>\n\n\n\n
El pasado 2 de abril, en el marco de la Resoluci\u00f3n 53\/22 de Julio del 2023 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la experta internacional Antonia Urrejola, present\u00f3 durante la 50\u00b0 Reuni\u00f3n y 55\u00b0 Per\u00edodo Ordinario de Sesiones de dicha instancia de Naciones Unidas, su Informe publicado el 26 de marzo pasado, referente a los Obst\u00e1culos a la Implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia [1<\/a>]. En particular, se refiri\u00f3 a los anunciados en marzo de 2023, por la Jurisdicci\u00f3n Especial Para la Paz \u2013 JEP a la determinaci\u00f3n de sus consecuencias para el pleno disfrute de los derechos humanos y a la formulaci\u00f3n de recomendaciones para superarlos. Tambi\u00e9n, aclara que el mandato conferido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no consiste en una investigaci\u00f3n encaminada a determinar eventuales responsabilidades penales y, tampoco, se refiere al an\u00e1lisis exhaustivo del estado de la implementaci\u00f3n del Acuerdo.<\/p>\n\n\n\n Su intervenci\u00f3n ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas [2<\/a>] se centr\u00f3 en la identificaci\u00f3n de obst\u00e1culos estructurales y con mayores consecuencias en materia de derechos humanos. Para la preparaci\u00f3n del Informe, la Experta realiz\u00f3 dos visitas a Colombia y llev\u00f3 a cabo m\u00e1s de 80 entrevistas con autoridades estatales, exfuncionarios gubernamentales involucrados en la implementaci\u00f3n del Acuerdo, representantes de la sociedad civil, v\u00edctimas y excombatientes de las Farc EP, firmantes del Acuerdo.<\/p>\n\n\n\n En su Informe, valora avances en la implementaci\u00f3n de la Reforma Rural Integral y en justicia transicional. Resalta que el 80% de los excombatientes se mantienen en la din\u00e1mica de implementaci\u00f3n, a pesar de los riesgos persistentes para su vida. Al tiempo, aunque reconoce los avances de la Justicia Transicional, tambi\u00e9n destaca que el hecho de no tener competencia obligatoria sobre los terceros civiles o agentes estatales no integrantes de la fuerza p\u00fablica, limita la verdad sobre las redes que involucraron a \u00e9stos y permitieron hechos atroces; esto afecta la estructuraci\u00f3n de macrocasos y, por tanto, exhorta a la justicia ordinaria para que avance de manera prioritaria en la investigaci\u00f3n y juzgamiento de los terceros civiles part\u00edcipes del conflicto.<\/p>\n\n\n\n Entre los aspectos estructurales relevantes que obstaculizan la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz, rese\u00f1a:<\/p>\n\n\n\n En lo que se refiere a la denuncia presentada por la JEP, en marzo de 2023, esta jurisdicci\u00f3n manifest\u00f3 que habr\u00eda existido una obstaculizaci\u00f3n a su papel, por parte de la Fiscal\u00eda General de Colombia, en el caso judicial de \u201cJes\u00fas Santrich\u201d. Recuerda que la detenci\u00f3n de Santrich se llev\u00f3 a cabo en abril de 2018, por parte de la Fiscal\u00eda, con fines de extradici\u00f3n a los Estados Unidos, por la presunta comisi\u00f3n del delito de narcotr\u00e1fico. El Acuerdo de Paz defini\u00f3 que los comparecientes ante la JEP se beneficiar\u00edan de la garant\u00eda de no extradici\u00f3n, por hechos anteriores a la firma del Acuerdo, es decir, a noviembre de 2016. En tal sentido, la JEP deb\u00eda determinar si dicha garant\u00eda aplicaba en el caso de Jes\u00fas Santrich, para lo cual deb\u00eda conocer la fecha de los presuntos hechos del delito. Sin embargo, entre 2018 y 2019, durante m\u00e1s de un a\u00f1o, la JEP solicit\u00f3 sin \u00e9xito a la Fiscal\u00eda y en reiteradas ocasiones, la remisi\u00f3n del expediente y las pruebas relacionadas con el caso, que tuviera a su disposici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La Experta de Naciones Unidas refiere en su Informe que la detenci\u00f3n de Santrich se dio luego de acciones investigativas y de inteligencia del Ej\u00e9rcito, de la Fiscal\u00eda y de la DEA, a partir de 2017, cuando el Delegado en Contra de la Criminalidad Organizada de la Fiscal\u00eda hab\u00eda autorizado el uso de t\u00e9cnicas de investigaci\u00f3n que combinaron la acci\u00f3n de un agente encubierto y una entrega vigilada de coca\u00edna, lo cual en su concepto est\u00e1 dentro del marco de la cooperaci\u00f3n judicial internacional. Sin embargo, con base en la informaci\u00f3n recopilada por la Experta y su Equipo, se podr\u00eda haber recurrido a la figura del \u201cagente provocador\u201d, t\u00e9cnica de la cooperaci\u00f3n judicial internacional que est\u00e1 prohibida en Colombia.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed mismo, varias personas integrantes de la JEP, durante el tiempo de aquella cooperaci\u00f3n judicial Fiscal\u00eda-DEA, recibieron invitaciones de personas extranjeras para concretar reuniones fuera de la oficina, con el prop\u00f3sito de tratar temas alusivos a ex integrantes de las Farc EP, comparecientes ante la JEP.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de m\u00e1s de un a\u00f1o de la captura de Santrich y frente a la carencia de pruebas, la JEP decidi\u00f3 otorgarle a Santrich la garant\u00eda de no extradici\u00f3n. Con base en ello, la Experta Internacional encuentra que pudo haber existido una obstaculizaci\u00f3n al papel de la JEP, por parte de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica de Colombia, al no haber entregado a la JEP en el tiempo oportuno la informaci\u00f3n pertinente para definir sobre la garant\u00eda de no extradici\u00f3n. Al tiempo, se\u00f1ala que este caso no se puede leer de manera independiente del contexto pol\u00edtico en el que ocurri\u00f3: la hostilidad al Acuerdo de Paz, luego de la elecci\u00f3n en 2018 de un Presidente y de un Congreso de la Rep\u00fablica opuestos al Acuerdo. Ello tuvo consecuencias en el ataque a varias instituciones y mecanismos creados por el Acuerdo. Esto, fue relevante en lo relacionado con el caso de la JEP, la objeci\u00f3n a la ley estatutaria de la JEP, la reducci\u00f3n del presupuesto, la incidencia negativa en contra de la justicia transicional, por parte del gobierno y de los partidos mayoritarios en el debate p\u00fablico, as\u00ed como en el uso abusivo de la acci\u00f3n penal, por parte de la Fiscal\u00eda, como se evidencia en el caso Santrich.<\/p>\n\n\n\n Al respecto, hace referencia a los distintos se\u00f1alamientos en contra de la JEP, aunados a las dificultades creadas frente a la solicitud de extradici\u00f3n de Santrich crearon un manto de duda frente a la idoneidad e imparcialidad por parte de la JEP. A la vez, reforzaron la estigmatizaci\u00f3n de la JEP y de los firmantes del Acuerdo, con afectaci\u00f3n de su proceso de reincorporaci\u00f3n a la vida civil. La Experta concluye que dichos obst\u00e1culos relacionados se pueden superar con voluntad pol\u00edtica, una mejor coordinaci\u00f3n interinstitucional, una mejor asignaci\u00f3n y uso adecuado de recursos y una firme lucha en contra de la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Finalmente, presenta 22 recomendaciones, entre las que destaca:<\/p>\n\n\n\n El informe, seguramente contribuye a resaltar el valor de la memoria del proceso de paz y permite destacar elementos estructurales y coyunturales, hist\u00f3ricos, de la implementaci\u00f3n del Acuerdo. En este contexto, adquiere relevancia la centralidad de las v\u00edctimas, el papel de la JEP como piedra angular de la implementaci\u00f3n del Acuerdo y su legitimaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, en este caso, tambi\u00e9n es relevante la memoria de la din\u00e1mica de la dirigencia y de los excombatientes que iniciaron el proceso de reincorporaci\u00f3n, el juego de sus responsabilidades, sus conflictos internos, sus intereses, sus derechos pol\u00edticos, jur\u00eddicos y su din\u00e1mica social, as\u00ed como sus expectativas y temores. As\u00ed mismo, pesan los intereses y percepciones del Equipo Negociador del Acuerdo de 2016, por parte del Gobierno Santos y del propio expresidente, cuya visi\u00f3n absolutista se constituye hoy en restricci\u00f3n de nuevos enfoques propicios para despejar nuevos escenarios de di\u00e1logo y negociaci\u00f3n con los actuales grupos, de alguna manera interesados en procesos de paz.<\/p>\n\n\n\n En lo que respecta al entrampamiento de Jes\u00fas Santrich y de la JEP, el hecho se constituye en una grave afectaci\u00f3n del proceso de paz y en uno de los motivos por los cuales, presuntamente, varios exdirigentes de las FARC EP, entre ellos Jes\u00fas Santrich e Iv\u00e1n M\u00e1rquez, optaron por el retorno a las armas, con la creaci\u00f3n del Segunda Marquetalia; pero esto, todav\u00eda no logra articularse y despejarse plenamente a trav\u00e9s del Informe de Antonia Urrejola y su Equipo de Investigaci\u00f3n. Tambi\u00e9n, es pertinente la memoria del proceso, su din\u00e1mica actual, el esclarecimiento de las restricciones pol\u00edticas, jur\u00eddicas, sociales y militares que dificultan el di\u00e1logo entre excombatientes en proceso de reincorporaci\u00f3n, entre disidencias, con el Gobierno y con la sociedad, as\u00ed como sus proyecciones en la v\u00eda de soluciones pol\u00edticas, sociales y jur\u00eddicas pertinentes.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed sea pol\u00e9mico el reconocimiento pol\u00edtico de la Segunda Marquetalia, en raz\u00f3n de la legislaci\u00f3n derivada del Acuerdo de Paz de 2016, que excluye de los beneficios de la JEP a quienes abandonaron el proceso, las motivaciones que los inspiran siguen siendo pol\u00edticas, como lo reconoce el exministro Yesid Reyes [3<\/a>] y podr\u00edan volver a realizar una negociaci\u00f3n pol\u00edtica de paz con el gobierno nacional. Sin embargo, esto sigue siendo un reto jur\u00eddico en un nuevo escenario de di\u00e1logo sociopol\u00edtico. A ello pueden coadyuvar las investigaciones que adelante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n siguiendo las recomendaciones de la Experta de Naciones Unidas. No obstante, esto implica m\u00e1s de un a\u00f1o de investigaci\u00f3n, mientras que la negociaci\u00f3n debe avanzar, a partir de mediados de abril de 2024.<\/p>\n\n\n\n De otra parte, obran factores de desventaja para la Segunda Marquetalia, tales como los rudos golpes a su dirigencia que incluyen las muertes de Santrich, Henry Castellanos (Roma\u00f1a) y el Paisa, la captura de Viyarmil Serna Andrade, alias Villa o El Viejo, comandante del frente Diomer Cort\u00e9s en el sur del pa\u00eds, as\u00ed como la ratificaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, de la condena de Iv\u00e1n M\u00e1rquez a 41 a\u00f1os por su responsabilidad en la toma guerrillera del 14 y 15 de julio del 2000 en Roncesvalles (Tolima), en la que murieron un civil y 13 agentes de la Polic\u00eda. A esto se suma la muerte de nueve integrantes de la Segunda Marquetalia, en combates con el Ej\u00e9rcito y la Polic\u00eda en el departamento de Nari\u00f1o, este tres de abril.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, a pesar de ser un grupo golpeado y el que menos crece (5% en 2023) ya cuenta con cerca de dos mil combatientes, con presencia en 89 municipios, especialmente, en Nari\u00f1o, Putumayo y en Venezuela [4<\/a>].<\/p>\n\n\n\n En este contexto, en los pr\u00f3ximos d\u00edas podr\u00edan iniciar los di\u00e1logos sociopol\u00edticos, como fue expresado en la declaraci\u00f3n conjunta entre el Gobierno Nacional y la Segunda Marquetalia [5<\/a>]. La declaraci\u00f3n suscrita por Otty Pati\u00f1o, Alto Consejero Comisionado de Paz del gobierno Nacional e Iv\u00e1n M\u00e1rquez, por la Segunda Marquetalia, plantea dar continuidad a los di\u00e1logos iniciados con el Exalto Comisionado de Paz, Danilo Rueda e Iv\u00e1n M\u00e1rquez. Plantea iniciar con el desescalamiento del conflicto y abordar temas socioambientales, especialmente en las fronteras. Tambi\u00e9n, el Grupo armado se compromete a no realizar secuestros extorsivos.<\/p>\n\n\n\n Cabe resaltar que la propuesta de Constituyente del presidente Petro [6<\/a>] se convierte en una oportunidad para un tratamiento integral de la justicia restaurativa; para la superaci\u00f3n de restricciones a los procesos de soluci\u00f3n pol\u00edtica y jur\u00eddica de los procesos de negociaci\u00f3n, as\u00ed como para el goce efectivo del derecho a la paz. En este escenario se podr\u00edan viabilizar las salidas pol\u00edticas y sociojur\u00eddicas pertinentes, como se evidencia en los puntos uno y nueve, relacionados con el cumplimiento del Acuerdo de Paz, en el tema de verdad como eje de justicia y la propuesta de un sistema judicial para la reconciliaci\u00f3n y como punto final de la era de violencia, con base en la verdad y el perd\u00f3n. Todo depende de la capacidad de comprensi\u00f3n, apropiaci\u00f3n y movilizaci\u00f3n de los sectores sociales, en relaci\u00f3n con dicha propuesta, as\u00ed como de los caminos que asuma el constituyente primario; en definitiva, depende de la correlaci\u00f3n de fuerzas y de la convergencia social y pol\u00edtica democr\u00e1tica en escenarios de coalici\u00f3n y entendimiento nacional. De lo contrario, los procesos de paz y las soluciones relacionadas con la justicia y la equidad social seguir\u00e1n siendo fragmentadas, recortadas y con riesgo de involuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Fuentes:[1<\/a>] Informing humanitarians worldwide 24\/7. Asistencia t\u00e9cnica y fomento de la capacidad en Colombia \u2013 Informe de la Experta Internacional en Derechos Humanos (A\/HRC\/55\/18). UN HRC.Marzo 26 de 2024.<\/p>\n\n\n\n https:\/\/reliefweb.int\/report\/colombia\/asistencia-tecnica-y-fomento-de-la-capacidad-en-colombia-informe-de-la-experta-internacional-en-derechos-humanos-ahrc5518<\/a>[2<\/a>] Consejo de Derechos Humanos. 50\u00b0 Reuni\u00f3n \u2013 55\u00b0 Per\u00edodo Ordinario de Sesiones de Derechos Humanos. Televisi\u00f3n web de la ONU. Abril 2 de 2024.<\/p>\n\n\n\n\n
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