Por Albeiro Caro<\/p>\n\n\n\n
A comienzos de octubre de 2024 fue presentado el Informe \u201cEL CAMINO DEL CAMBIO \u2013 Avances y tropiezos de la paz, los derechos humanos y la democracia. Segundo a\u00f1o del Gobierno de Gustavo Petro y Francia M\u00e1rquez\u201d [1<\/a>]. Este es un Segundo Informe en lo que va corrido del Gobierno actual, del trabajo conjunto que realizan La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), la Coordinaci\u00f3n Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y A\u00adfines (Alianza). Esta labor interpreta la posici\u00f3n de m\u00e1s de 500 organizaciones sociales y miembros de la sociedad civil.<\/p>\n\n\n\n El objetivo del Informe consiste en evaluar desde la \u201cperspectiva de derechos humanos los avances, obst\u00e1culos y desaf\u00edos del Estado colombiano en su conjunto, as\u00ed como de cada una de las ramas del poder p\u00fablico, en el cumplimiento de sus responsabilidades\u201d. Ver Resumen Ejecutivo [1<\/a>].<\/p>\n\n\n\n El Segundo Informe se concentra en seis temas relevantes: 1) La pol\u00edtica social. 2) El derecho a la vida, 3) Las regiones urgen un cambio. 4) Los otros poderes del Estado, los derechos humanos y el cambio. 5) Las conclusiones y recomendaciones, a partir de retomar y evaluar las recomendaciones planteadas en el Primer Informe, a la par que presenta nuevas recomendaciones, con base en el Segundo Informe. 6) Los movimientos sociales y los derechos humanos. Estos temas son abordados mediante la presentaci\u00f3n de ensayos elaborados por distintos autores y por organizaciones sociales.<\/p>\n\n\n\n Desde hace 21 a\u00f1os, esta alianza organizanizativa, elabora balances peri\u00f3dicos y plantea recomendaciones a las instituciones estatales con respecto a la protecci\u00f3n, implementaci\u00f3n y garant\u00edas para el ejercicio de los derechos humanos en el pa\u00eds [2<\/a>].<\/p>\n\n\n\n Ser\u00eda de esperarse que, trat\u00e1ndose de temas de gesti\u00f3n p\u00fablica abordados desde el enfoque de derechos humanos, de su goce efectivo, en el Informe se pudiera enfatizar en aspectos sustantivos, en dimensiones ontol\u00f3gicas y en din\u00e1micas relacionales interinstitucionales y con la sociedad civil, los movimientos y las organizaciones sociales, en la concepci\u00f3n de la pol\u00edtica p\u00fablica, as\u00ed como en la concreci\u00f3n y desarrollo de la gesti\u00f3n p\u00fablica y su correspondiente evaluaci\u00f3n. En dicho sentido, es de resaltar la pertinencia del informe y su trascendencia para el ejercicio gubernamental del Gobierno del Cambio, donde ser\u00eda deseable un abordaje desde el control de gesti\u00f3n estrat\u00e9gico enfocado en el an\u00e1lisis de procesos, resultados e impactos. Por ser una expresi\u00f3n relevante de la voz de la comunidad, el informe se constituye en una expresi\u00f3n significativa del control social, que trasciende los tradicionales ejercicios de rendici\u00f3n de cuentas institucionales.<\/p>\n\n\n\n El Informe objeto de an\u00e1lisis, a la vez que reconoce en el segundo a\u00f1o del Gobierno Petro, \u201cun potente giro\u201d en las pol\u00edticas de protecci\u00f3n y defensa de los derechos humanos, pone en evidencia una \u201cdeuda social acumulada\u201d y una f\u00e9rrea oposici\u00f3n pol\u00edtica y social. En esa postura obstruccionista de la oposici\u00f3n, se puede afirmar que imperan narrativas de posverdad, las cuales se difunden para bloquear los cambios, para confundir y estigmatizar con el prop\u00f3sito de afianzar la validaci\u00f3n social de privilegios y desigualdades hist\u00f3ricas.<\/p>\n\n\n\n El Segundo Informe identifica en sus conclusiones una contradicci\u00f3n flagrante entre la apuesta estrat\u00e9gica de protecci\u00f3n de los derechos humanos, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, en su defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la pobreza, frente al desconocimiento de los derechos impuesto por d\u00e9cadas de hegemon\u00eda neoliberal, que se resiste a renunciar a sus privilegios, mediante la violencia y el ejercicio autoritario y excluyente del poder.<\/p>\n\n\n\n Esto, lo contextualiza en la actual din\u00e1mica internacional de crisis mundial, de conflictos armados y de lucha del gobierno por adaptarse al cambio clim\u00e1tico. Reconoce, en la agenda p\u00fablica nacional el adelanto de un debate pol\u00edtico frente a los derechos humanos y valora la vigencia e incidencia de cambios sociales profundos iniciados a partir del estallido social, con relevos generacionales en las organizaciones y el reconocimiento de la tragedia de violaci\u00f3n de los derechos humanos, por lo que resalta la importancia de la convergencia entre las distintas organizaciones sociales, desde los ejercicios de la autonom\u00eda y la independencia, en favor de las transformaciones sociales, para la construcci\u00f3n de la paz, la justicia social, ambiental y la consolidaci\u00f3n democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n En tal sentido, es procedente analizar el informe teniendo en cuenta factores estructurales, coyunturales y culturales del contexto, as\u00ed como de la din\u00e1mica subjetiva del propio Gobierno, de las instituciones, de los partidos y movimientos, incluyendo a la coalici\u00f3n gubernamental. Estos factores se convierten en restricciones, oportunidades de mejora o en escenarios plausibles para viabilizar el ejercicio gubernamental, incidir en la calidad de la gesti\u00f3n p\u00fablica, en sus logros, resultados e impactos, para estimular la participaci\u00f3n social y comunitaria, hacia el goce efectivo de los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n Vale decir que el Gobierno Duque y sus antecesores, le dejaron al actual Gobierno un legado de \u201ccampos minados\u201d: Esto se expresa en el bajo nivel de implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc en 2016, lo que dej\u00f3 como herencia la proliferaci\u00f3n de grupos armados ilegales en zonas donde el Estado no hace presencia, en la disputa por el control territorial y la apropiaci\u00f3n de rentas. Tambi\u00e9n, la corrupci\u00f3n e impunidad en delitos en contra de la administraci\u00f3n p\u00fablica, el robo del erario incluyendo los fondos asignados a la paz, la afectaci\u00f3n persistente de los derechos humanos, que se extendi\u00f3 mediante la criminalizaci\u00f3n de la protesta social y la eliminaci\u00f3n f\u00edsica de liderazgos confluyeron en din\u00e1micas de degradaci\u00f3n social de la convivencia.<\/p>\n\n\n\n La p\u00e9rdida de soberan\u00eda y seguridad alimentaria, con la entrega de Mon\u00f3meros Colombo Venezolanos al Gobierno espurio de Juan Guaid\u00f3, cuyo detrimento patrimonial simboliza el hundimiento de la oposici\u00f3n venezolana, trajo el consiguiente impacto en los precios de los fertilizantes, con menoscabo de los intereses de los agricultores colombianos y su reflejo en la inflaci\u00f3n, en medio del impacto global del conflicto armado en Ucrania. La recuperaci\u00f3n de Mon\u00f3meros, por parte del Gobierno Petro, constituye un logro significativo que se refleja en la reducci\u00f3n de los precios de los fertilizantes, favoreciendo el dinamismo de la agricultura, a pesar de los problemas estructurales del campo colombiano.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n, en materia econ\u00f3mica, se evidencia lo relacionado con la deuda externa de corto plazo con el FMI, por valor de 5.375 millones, con el pretexto de la pandemia, para pagar en ocho cuotas entre el 2024 y el 2025 y que se utiliz\u00f3 para gastos corrientes. Adem\u00e1s del d\u00e9ficit del fondo de estabilizaci\u00f3n de los combustibles, la crisis de las EPS y la desfinanciaci\u00f3n de las IPS, la crisis en tarifas de energ\u00eda, el d\u00e9ficit en la financiaci\u00f3n de la educaci\u00f3n p\u00fablica y en la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas del conflicto armado, que solo en indemnizaciones requiere de cerca de $ 150 billones, entre otros. Tambi\u00e9n, en lo relacionado con el control que se pretendi\u00f3 para mantener una Junta Directiva de Ecopetrol ajena al nuevo Gobierno, con el fin de esconder las realidades de la primera empresa del pa\u00eds, as\u00ed como en el ocultamiento de los temas de seguridad nacional.<\/p>\n\n\n\n En los 26 meses transcurridos del Gobierno Petro \u2013 Francia, como se ha dicho, estas organizaciones aliadas han publicado dos informes. El primero, con respecto al primer a\u00f1o de Gobierno, se denomin\u00f3 \u201cLos Laberintos del Cambio. Derechos humanos, paz y democracia. Un a\u00f1o de avances y desaf\u00edos\u201d y formul\u00f3 81 recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional, a los organismos de investigaci\u00f3n y control, al Ministerio P\u00fablico y a los movimientos sociales. Dichas recomendaciones est\u00e1n y se eval\u00faan, como se ha dicho, en un apartado del Segundo Informe; se enfocan en la paz, la democracia y los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n Con respecto a la paz, ese Informe del primer a\u00f1o del Gobierno del Cambio abord\u00f3 el nivel de cumplimiento del Acuerdo Final de Paz (AFP) suscrito en 2016 y la pol\u00edtica de Paz Total. Frente al AFP. El Primer Informe enfatiza en la necesidad de cumplir con lo pactado, de implementar la Reforma Rural Integral, el derecho a la alimentaci\u00f3n, con las disposiciones de g\u00e9nero, el cap\u00edtulo \u00e9tnico y en la importancia de adoptar las recomendaciones de la Comisi\u00f3n de la Verdad, poner en marcha la Comisi\u00f3n Nacional de Garant\u00edas de Seguridad y, como parte de ello, proceder al desmonte de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, a la lucha contra la impunidad, en relaci\u00f3n con los cr\u00edmenes en contra de los firmantes del AFP y de las personas defensoras de derechos humanos, as\u00ed como actualizar el Plan Marco de Implementaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Sin que se haya presentado en el segundo informe, una metodolog\u00eda para evaluar las pol\u00edticas p\u00fablicas, el documento hace alusi\u00f3n a la metodolog\u00eda bar\u00f3metro del Instituto Kroc, para referirse a los niveles de implementaci\u00f3n de los compromisos, a partir de las formulaciones jur\u00eddicas respectivas, hasta la implementaci\u00f3n definitiva. Es decir, las recomendaciones no se refieren a productos, a resultados ni a impactos de las pol\u00edticas. En tal sentido, el nivel de cumplimiento en los temas de paz, a juicio de los analistas, muestra un estado medio-bajo, en raz\u00f3n de la persistencia de los conflictos armados, la disputa por el control de territorios y el retraso en la implementaci\u00f3n del AFP. Sin embargo, el segundo informe valora expresamente que el 24 de mayo de 2024 haya sido expedido el Decreto 0665 que adopta la pol\u00edtica p\u00fablica y el plan de acci\u00f3n para el desmantelamiento de las estructuras criminales.<\/p>\n\n\n\n En materia de pol\u00edtica de Paz Total, las recomendaciones derivadas del primer informe se refieren a los ceses bilaterales al fuego, como respuesta a la solicitud de las comunidades. Sin embargo, anota la falta de protocolos o mecanismos adecuados de verificaci\u00f3n y a los incumplimientos por parte de actores ilegales.<\/p>\n\n\n\n Todav\u00eda, en octubre de 2024, el segundo informe se refiere a una nota del peri\u00f3dico El Espectador de diciembre de 2023, que alude a la vigencia de ceses al fuego con el ELN y el EMC. No alcanza a recoger la escisi\u00f3n del EMC, la continuidad de dicho cese con el sector de Calarc\u00e1 y la ruptura, del proceso de negociaci\u00f3n, desde abril de 2024, con el sector de \u201cIv\u00e1n Mordisco\u201d. Mucho menos, hace alusi\u00f3n a la intervenci\u00f3n integral del Estado en el Corregimiento del Plateado en el Cauca, en el contexto de la Misi\u00f3n Cauca iniciada en 2024 y la reciente entrada de una fuerza militar de 1.400 unidades del Ej\u00e9rcito, a comienzos del mes de octubre, como punta de lanza para iniciar la implementaci\u00f3n de programas econ\u00f3micos y sociales, para la posibilitar la participaci\u00f3n incidente de la comunidad en la transformaci\u00f3n de su territorio, con apoyo del Estado, sin la coerci\u00f3n del Frente Carlos Pati\u00f1o del EMC-Sector de \u201cIv\u00e1n Mordisco\u201d.<\/p>\n\n\n\n El Segundo Informe, tampoco incluye la ruptura del cese al fuego bilateral con el ELN cuyo per\u00edodo culmin\u00f3 el 3 de agosto pasado, en una din\u00e1mica de negociaci\u00f3n que ya ven\u00eda congelada desde finales del 2023, a ra\u00edz del proceso que se adelantaba, por parte del Gobierno, con el Frente Comuneros del Sur, una fracci\u00f3n escindida de los elenos y que se recrudeci\u00f3 a partir del mes de febrero de 2024 con el anuncio de di\u00e1logos regionales de paz en Nari\u00f1o. La negociaci\u00f3n sigui\u00f3 calific\u00e1ndose como \u201ccongelada\u201d, por parte de la Delegaci\u00f3n Negociadora del ELN pese a que, el 25 de mayo, se firm\u00f3 el Acuerdo 28 sobre Participaci\u00f3n de la Sociedad Civil. Nuevamente, se inician contactos para volver a dialogar en el mes de noviembre, despu\u00e9s de diversos hechos de confrontaci\u00f3n y acciones militares, con su respectivo saldo luctuoso de v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n, el segundo informe le atribuye un nivel medio de implementaci\u00f3n de acciones a la pol\u00edtica de drogas y protecci\u00f3n de los derechos humanos. En los aspectos relacionados con la exigencia de cese al fuego, fin de las hostilidades, no reclutamiento ni\u00f1os y ni\u00f1as, participaci\u00f3n de las v\u00edctimas, investigaci\u00f3n de m\u00e1ximos responsables y claridad en los derechos de las v\u00edctimas en las negociaciones, el segundo informe considera que las recomendaciones relacionadas con el primero est\u00e1n en un estado de bajo cumplimiento, m\u00e1xime, cuando persisten las masacres, el desplazamiento y el confinamiento de comunidades. Tambi\u00e9n, subraya que no es posible observar que las recomendaciones hayan avanzado hacia un nivel medio-alto, en raz\u00f3n de la persistencia de las disputas territoriales entre grupos armados ilegales, por el control y la apropiaci\u00f3n de rentas, donde no se pactan ceses al fuego entre ellos, mientras se mantienen los retrasos en la implementaci\u00f3n del AFP.<\/p>\n\n\n\n En lo relacionado con los temas relevantes que conforman el Segundo Informe a continuaci\u00f3n, se desglosan los elementos medulares de los respectivos cap\u00edtulos.<\/p>\n\n\n\n 1. La Pol\u00edtica Social.<\/strong> Al respecto, este Informe le confiere al Plan de Desarrollo \u201cColombia Potencia Mundial de la Vida\u201d, el car\u00e1cter de eje central para evaluar la situaci\u00f3n de derechos humanos, en especial, en lo relacionado con los derechos econ\u00f3micos, sociales, culturales y ambientales. En este \u00e1mbito, encuentra obst\u00e1culos parlamentarios en los proyectos de reforma a los sistemas de salud, pensiones, derechos laborales y educaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Encuentra que, a pesar del logro de un 75,27% de las metas anuales en 2023 y de un 33,66% de los objetivos cuatrienales, los mayores avances se establecen en los temas de subsidios y transferencias monetarias, lo que sugiere el predomino de un enfoque asistencialista del Estado hacia los sectores m\u00e1s vulnerables.<\/p>\n\n\n\n El Informe valora los esfuerzos de reforma del sistema de seguridad y protecci\u00f3n social con el paso de un monto mensual de $ 80.000, del Programa de Familias en Acci\u00f3n a $ 225.000 con el Programa Renta Ciudadana en 2023, lo que ha permitido una reducci\u00f3n de la pobreza monetaria en 6.7 puntos porcentuales (p.p.) y con una disminuci\u00f3n de la pobreza extrema de 2.4 (p.p.). Tambi\u00e9n, se pas\u00f3 de un Gini de 0.563 en 2021 a 0.546 en 2023, lo que muestra una disminuci\u00f3n de la desigualdad social. Pero, en 2023, el 33% de la poblaci\u00f3n segu\u00eda viviendo en condiciones de pobreza monetaria, con ingresos mensuales inferiores a $ 435.375. el 11.4% de esta poblaci\u00f3n se encontraba en situaci\u00f3n de pobreza extrema, con ingresos mensuales inferiores a $ 218.846.<\/p>\n\n\n\n En el tema social, es conocida la prioridad que el Gobierno le ha conferido a la reforma de la salud. Sin embargo, el Congreso la archiv\u00f3 y el Gobierno debi\u00f3 implementar medidas a trav\u00e9s del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Salud y la ADRES. Tambi\u00e9n, se ha reducido la mortalidad materna, ha mejorado la salud comunitaria, con 2.444 equipos en 2023 y la meta de incremento a 2.482 en 2024, con \u00e9nfasis de atenci\u00f3n primaria y prevenci\u00f3n. As\u00ed mismo, se tiende a mejorar la red p\u00fablica hospitalaria, para beneficio de 107 municipios en 27 departamentos, con 147 proyectos de infraestructura.<\/p>\n\n\n\n En lo que respecta a los derechos de las mujeres, se reporta un incremento del feminicidio en 2024, con 271 casos durante los primeros cinco meses, con un promedio mensual de 54 casos, frente al promedio mensual de 2023, que fue de 43 casos de feminicidio.<\/p>\n\n\n\n En violencia intrafamiliar y sexual, se registra una leve disminuci\u00f3n en el primer trimestre de 2024, con 19.924 casos reportados, lo que significa una reducci\u00f3n del 0.41% con relaci\u00f3n al id\u00e9ntico per\u00edodo de 2023. En violencia sexual, se registra una disminuci\u00f3n del 6,63% en 2024, al pasar 5.550 ex\u00e1menes medicolegales en 2023, por presunto delito sexual a 5.182 en 2024.<\/p>\n\n\n\n El Informe destaca que el incremento del feminicidio, junto con la leve disminuci\u00f3n de otros tipos de violencia permite mostrar los limitados avances de los mecanismos del Plan de Desarrollo, en especial, del liderazgo del Viceministerio de las Mujeres. Tampoco presenta avances en su reestructuraci\u00f3n la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n (UNP), ni avanza en la implementaci\u00f3n de recomendaciones de protecci\u00f3n con enfoque de g\u00e9nero.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed mismo, el avance en la implementaci\u00f3n del AFP en medidas de g\u00e9nero es insuficiente, pues se reporta un avance del 30,89% en indicadores de g\u00e9nero, para 2023.<\/p>\n\n\n\n En relaci\u00f3n con los derechos de personas LGBTIQ+ se observa una disminuci\u00f3n del 1,24% en 2023, en actos de violencia, los homicidios y feminicidios aumentaron en 156 casos. Hubo 155 incidentes de violencia policial y los actos de hostigamiento y discriminaci\u00f3n se elevaron a 1.998 casos, lo que muestra un incremento del 14,79% en agresiones contra personas trans, en comparaci\u00f3n con 2022. El Plan de Desarrollo estableci\u00f3 la creaci\u00f3n de mecanismos para prevenci\u00f3n y atenci\u00f3n de violencias y discriminaci\u00f3n hacia la poblaci\u00f3n LGBTIQ+, a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad. Sin embargo, esto no se ha realizado.<\/p>\n\n\n\n En lo que respecta a las pol\u00edticas gubernamentales en derechos del pueblo afrocolombiano, el Plan Nacional de Desarrollo establece el mecanismo de las alianzas p\u00fablico-populares para contrataci\u00f3n directa de Consejos Comunitarios, en proyectos gubernamentales. Tambi\u00e9n, se aprob\u00f3 la Ley de Jurisdicci\u00f3n Especial Agraria y Rural, para contar con jueces especializados frente a conflictos sobre tierras, en territorios afrocolombianos. As\u00ed mismo, se estrecharon lazos comerciales, educativos y de transici\u00f3n energ\u00e9tica con pa\u00edses africanos y se lanz\u00f3 la estrategia para fortalecer el cap\u00edtulo \u00e9tnico del AFP, a trav\u00e9s del Ministerio de Igualdad.<\/p>\n\n\n\n En derecho al agua, el Plan Nacional de Desarrollo, mediante los art\u00edculos 274 y 275 favorece a las comunidades organizadas, al simplificar los tr\u00e1mites para concesi\u00f3n de aguas en peque\u00f1os caudales, con prioridad para consumo humano y subsistencia rural, con enfoques diferencial y de g\u00e9nero. Sin embargo, todav\u00eda no se cuenta con normas que prioricen lo comunitario sobre lo empresarial.<\/p>\n\n\n\n Frente a la crisis clim\u00e1tica, el IDEAM destaca que solo quedan seis nevados en Colombia, los cuales juegan un papel fundamental en la regulaci\u00f3n de los ecosistemas de agua dulce. Los cambios en los patrones de precipitaci\u00f3n tienen consecuencias en crisis de sequ\u00edas, con afectaci\u00f3n de doce departamentos y declaratoria de calamidad p\u00fablica mediante el Decreto 220 de 2023, frente al riesgo para la seguridad alimentaria. En contraste, el pa\u00eds vivi\u00f3 inundaciones a comienzos de 2024, en raz\u00f3n de intensas lluvias que afectaron infraestructura y viviendas.<\/p>\n\n\n\n La incorporaci\u00f3n de energ\u00edas renovables no convencionales, concreta las modificaciones al sistema energ\u00e9tico. Sin embargo, las comunidades plantean la existencia de impactos negativos sobre la naturaleza, lo que va en detrimento de la acogida social de esta opci\u00f3n energ\u00e9tica. La aprobaci\u00f3n del Acuerdo de Escaz\u00fa, mediante Ley 2273 de 2022 es un logro favorable para la protecci\u00f3n de las personas defensoras de derechos humanos en temas ambientales.<\/p>\n\n\n\n Frente a la COP16, el Informe es cr\u00edtico con respecto al uso de mecanismos econ\u00f3micos como los bonos de carbono, dado que eluden las causas estructurales de la problem\u00e1tica ambiental.<\/p>\n\n\n\n 2. El Derecho a la Vida.<\/strong> El Informe establece avances limitados y obst\u00e1culos en la pol\u00edtica de Paz Total. Primero, en raz\u00f3n de los l\u00edmites impuestos por la Corte Constitucional, a las facultades del Gobierno para definir los t\u00e9rminos de sometimiento de estructuras criminales de alto impacto y la designaci\u00f3n de voceros de paz. Se\u00f1ala que la Corte no ha publicado su sentencia, que la Fiscal\u00eda en tiempos de Barbosa se opuso a la Ley de Paz Total y que el Congreso ha sido reticente para legislar sobre el sometimiento de los grupos criminales. En contraste, se evidencia la reducci\u00f3n en homicidios en Medell\u00edn; Buenaventura y el avance en Quibd\u00f3 donde se logra que no haya extorsi\u00f3n en los sectores de salud y educaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n, se destacan el Acuerdo 28 sobre Participaci\u00f3n de la sociedad Civil en la negociaci\u00f3n con el ELN y la aprobaci\u00f3n del servicio social para la paz, remunerado, en lugar del servicio militar obligatorio. Sin embargo, el Informe reconoce la existencia de estancamiento en los procesos de negociaci\u00f3n. Resalta el papel err\u00e1tico de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que genera incertidumbre acerca del avance de los procesos, a la par que no se avanza en las regiones de Paz y en la activaci\u00f3n de Comisionados Regionales de Paz. Tambi\u00e9n, se\u00f1ala retrasos significativos en la implementaci\u00f3n del AFP. Subraya que el 49% de los compromisos suscritos siguen sin avances, a pesar de haber asignado 50,4 billones de pesos de los cuales 41,6 billones est\u00e1n destinados a la Reforma Rural Integral.<\/p>\n\n\n\n El Informe subraya que el fortalecimiento de los grupos armados ilegales, la actividad de estructuras urbanas y la desprotecci\u00f3n de las personas defensoras de derechos humanos, por parte del Estado en comunidades rurales permite que los liderazgos sociales sean instrumentalizados o eliminados. En 2023 hubo 765 agresiones individuales, lo que incluye 168 homicidios, que afectaron liderazgos ind\u00edgenas, comunales y defensores de derechos humanos y llev\u00f3 a un incremento del 33% en el asesinato de mujeres defensoras. El Informe destaca 145.049 personas desplazadas por violencia en 2023, lo que significa un incremento del 18% en relaci\u00f3n con 2022. Tambi\u00e9n, hubo 222 v\u00edctimas de desaparici\u00f3n, en relaci\u00f3n con el conflicto armado.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la Defensor\u00eda del Pueblo, el Clan del Golfo aument\u00f3 su cobertura de 213 municipios en 2019 a 392 en 2024. Las disidencias de las Farc pasaron de 124 a 299 municipios y el ELN pas\u00f3 de 139 a 142 municipios. Los niveles de violencia cr\u00edtica pasaron de 156 en 2021 a 206 en 2023, seg\u00fan la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. As\u00ed mismo, la participaci\u00f3n de civiles en tareas de seguridad estimula el imaginario paramilitar en los territorios.<\/p>\n\n\n\n El Informe resalta la falta de resultados en materia de garant\u00edas acordadas con el Gobierno. Seis de doce temas est\u00e1n sin avances y la instalaci\u00f3n tard\u00eda de la Mesa Nacional de Garant\u00edas limita la participaci\u00f3n de las personas defensoras.<\/p>\n\n\n\n La herencia de violencia e inseguridad de gobiernos anteriores persiste en el Gobierno Petro, pese al esfuerzo por implementar la Seguridad Humana. Sigue pesando en la din\u00e1mica policial la doctrina del \u201cenemigo interno\u201d; contin\u00faa la vulneraci\u00f3n de derechos humanos, as\u00ed como los v\u00ednculos con estructuras paramilitares en amplias regiones. El Ministerio de Defensa retir\u00f3 a 65 generales por violaci\u00f3n de derechos humanos y corrupci\u00f3n. Hay resistencia en la reforma de la Polic\u00eda y \u00e9sta se mantiene dentro del Ministerio de Defensa. La creaci\u00f3n de la Unidad de Di\u00e1logo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), en lugar del ESMAD, todav\u00eda est\u00e1 en el \u00e1mbito de lo cosm\u00e9tico, sin mayor distinci\u00f3n de la estructura anterior. No obstante, hay mejores garant\u00edas para la protesta social, con menores casos de violencia y de lesiones de manifestantes.<\/p>\n\n\n\n 3. Las Regiones Urgen el Cambio.<\/strong> El incremento de la presencia de grupos armados, especialmente, de paramilitares en los territorios, tales como el Clan del Golfo, recrudece la violencia. La baja implementaci\u00f3n del AFP lleva al incremento de las econom\u00edas ilegales, a la falta de implementaci\u00f3n de los PDET y, todav\u00eda, siguen sin implementarse las recomendaciones de la Comisi\u00f3n de la Verdad sobre reparaci\u00f3n integral de los pueblos \u00e9tnicos.<\/p>\n\n\n\n El Informe muestra que el Cauca es una de las regiones m\u00e1s afectadas por la violencia, con 25 defensores de derechos humanos asesinados en 2023 y 21 l\u00edderes sociales, m\u00e1s 8 firmantes de AFP asesinados en entre enero y agosto de 2024. Se destaca la violencia en contra de la poblaci\u00f3n ind\u00edgena.<\/p>\n\n\n\n A la par, organizaciones como las Autodefensas Gaitanistas invierten en infraestructura b\u00e1sica para las comunidades, cooptan liderazgos locales y crean v\u00ednculos familiares, a trav\u00e9s de lazos afectivos con miembros de la comunidad, en la \u00f3ptica de insertarse en el tejido social y de cooptar a las comunidades. En contraste, la Fuerza P\u00fablica, en vez de proteger a la poblaci\u00f3n, prioriza el cuidado de la infraestructura de las empresas extractivistas o la base militar estadounidense en la Isla Gorgona.<\/p>\n\n\n\n Frente a ello, las organizaciones sociales buscan articularse mediante mecanismos como la Mesa Territorial de Garant\u00edas (MTG). Pero, su implementaci\u00f3n es desigual y no se consolida en todas las regiones, lo que evidencia limitaciones en la acci\u00f3n gubernamental en los territorios m\u00e1s afectados.<\/p>\n\n\n\n 4. Los otros Poderes del Estado, los Derechos Humanos y el Cambio.<\/strong> Con relaci\u00f3n a las otras ramas del poder p\u00fablico, el Informe se refiere a los desaf\u00edos y expectativas con respecto a la nueva Fiscal General de la Naci\u00f3n, al balance del Congreso General de la Rep\u00fablica, al bloqueo de las Cortes y la politizaci\u00f3n de la rama judicial y al incumplimiento en la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas del conflicto armado.<\/p>\n\n\n\n En relaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda, en su nueva etapa, se destaca el reto de reconstruir la su institucionalidad, as\u00ed como recuperar la confianza de las v\u00edctimas y de la ciudadan\u00eda. Los desaf\u00edos mayores est\u00e1n en la superaci\u00f3n de los altos \u00edndices de impunidad, frente a la violaci\u00f3n de los derechos humanos, la instrumentalizaci\u00f3n del sistema judicial y la obstrucci\u00f3n del AFP. Tambi\u00e9n, se refiere a la importancia de construir una agenda frente a los delitos ambientales, ante un incremento del 13% en denuncias relacionadas con delitos ambientales, entre 2022 y 2023. Se requiere del fortalecimiento de la Direcci\u00f3n Especializada contra la violaci\u00f3n de los Derechos Humanos, la Unidad Especial de Investigaci\u00f3n y dar respuesta ante el incremento en la tasa de feminicidios.<\/p>\n\n\n\n El Informe llama a que la Fiscal\u00eda construya indicadores de avance con base en el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades, en vez del uso de criterios cuantitativos que disimulan la impunidad. As\u00ed, dice el Informe, en administraciones pasadas se usaron t\u00e9rminos como \u201cesclarecimiento\u201d para el reporte de capturas o imputaciones como avances de investigaciones. Seg\u00fan la Corte Constitucional, deben ser las sentencias que determinen responsabilidades penales, las que deben considerarse como verdaderos resultados institucionales.<\/p>\n\n\n\n En lo referente al Congreso de la Rep\u00fablica, el bajo nivel de eficacia legislativa y de oposici\u00f3n pol\u00edtica se evidencia en que, durante la legislatura de julio de 2023 a junio de 2024, de un total de 747 proyectos de ley entre C\u00e1mara y Senado, solo el 7,36% fueron aprobadas. Proyectos relacionados con derechos humanos, tales como la Ley Estatutaria de Educaci\u00f3n, la prohibici\u00f3n del fracking y la reforma de la salud fueron hundidos. Como dice el Informe, solamente, seis leyes que fueron aprobadas tienen un impacto directo en los derechos humanos. Entre ellas est\u00e1n: la reforma pensional, la ley de matr\u00edcula cero en la educaci\u00f3n superior y la ley de pasivos ambientales. Aunque el Informe no lo menciona, vale la pena rese\u00f1ar que la correlaci\u00f3n de fuerzas en el Congreso sigue siendo muy desfavorable, dados los resultados electorales y el predominio de las bancadas de ultraderecha, as\u00ed como el pragmatismo de otros sectores parlamentarios, que se rigen por intereses clientelistas. El Gobierno, a menudo se ve atrapado en arenas movedizas.<\/p>\n\n\n\n En lo que respecta a la rama judicial, se evidencia su reticencia a satisfacer los procesos de reforma que surgen del mandato popular. Por el contrario, se alinean con los sectores conservadores y el poder econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n Como afirma Alberto Yepes, \u201cEn tanto guardianas de la voluntad del constituyente primario, las cortes tienen la obligaci\u00f3n de estar atentas a los cambios que la sociedad demanda\u201d. [3<\/a>]. En tal sentido, deben ser flexibles y audaces para llevar el texto constitucional a regulaciones coherentes con los cambios sociales que sirvan para ampliar los derechos de la ciudadan\u00eda.<\/p>\n\n\n\n En contraste, las Cortes adoptan posturas conservadoras; por ejemplo, frente a la Reforma Tributaria (Ley 2277 de 2022), que estipulaba que las regal\u00edas mineras y petroleras no ser\u00edan deducibles del impuesto de renta y la corte fall\u00f3 en favor de los empresarios afectando el presupuesto los ingresos del fisco en m\u00e1s de siete billones de pesos, permiti\u00e9ndoles deducir un activo que es patrimonio nacional. As\u00ed mismo, al permitir los Pactos Sindicales, en detrimento del derecho de asociaci\u00f3n sindical y al obrar con rigidez al fallar en contra de la creaci\u00f3n del Ministerio de la Igualdad, que tambi\u00e9n es un producto del estallido social y de una emergencia social que vive el pa\u00eds. Tambi\u00e9n, al avalar la facultad disciplinaria de la Procuradur\u00eda en contra de los funcionarios elegidos por voto popular, en contrav\u00eda de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, el Consejo de Estado ha limitado la capacidad del Gobierno al remover congresistas del Pacto Hist\u00f3rico, al anular nombramientos en embajadas y consulados. Tambi\u00e9n, al suspender decretos favorables a la contrataci\u00f3n local de obras p\u00fablicas con la comunidad, en provecho de grandes empresas.<\/p>\n\n\n\n Frente a la reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas, pese a la asignaci\u00f3n presupuestal de 4,4 billones de pesos destinados por el Plan de Desarrollo para enfrentar el rezago, sigue siendo un obst\u00e1culo la fragmentaci\u00f3n institucional. Se mantienen los obst\u00e1culos en la definici\u00f3n de v\u00edctima, particularmente, en lo relacionado con v\u00edctimas de agentes estatales, lo que dificulta la inclusi\u00f3n en el RUV. Tambi\u00e9n, con la JEP se deben enfrentar procedimientos adicionales que complican el proceso de reparaci\u00f3n. Aunque el informe se centra en la reparaci\u00f3n colectiva de los sujetos LGBTIQ+, dadas las vulneraciones graves y manifiestas a los derechos humanos y las violaciones a los derechos colectivos, es de recalcar que los sujetos de reparaci\u00f3n colectiva correspondientes a los pueblos \u00e9tnicos, campesinos, sindicales, de periodistas y de ONG\u00b4s afectadas por el conflicto armado han tenido procesos de reparaci\u00f3n discontinuos y fragmentarios y burocr\u00e1ticos, con impacto en din\u00e1micas de revictimizaci\u00f3n, por parte de la propia Unidad de V\u00edctimas. A menudo, la propia mentalidad de los funcionarios, ajena a procesos sociales, confunde, descontextualiza y afecta la din\u00e1mica y sentido de la reparaci\u00f3n colectiva. Otro reto que surge se refiere al desplazamiento causado por la crisis clim\u00e1tica y que afecta a las v\u00edctimas del conflicto armado.<\/p>\n\n\n\n 5.<\/strong> Adem\u00e1s de las recomendaciones derivadas del Primer Informe y evaluadas en el Segundo Informe, para su implementaci\u00f3n, como se han presentado al comienzo del texto, como base de an\u00e1lisis, el Segundo Informe plantea Nuevas Recomendaciones:<\/p>\n\n\n\n Al Gobierno Nacional:<\/p>\n\n\n\n Al Congreso de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n A la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n A la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n A la Defensor\u00eda del Pueblo.<\/p>\n\n\n\n 6. Los Movimientos Sociales y los Derechos Humanos<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Informe parte de valorar el papel y trascendencia de los movimientos sociales y sus luchas en el reconocimiento e institucionalizaci\u00f3n de diversos tipos de derechos. Resalta su importante espacio en la sociedad y en la vida pol\u00edtica. Retoma la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional sobre la poblaci\u00f3n l\u00edder y defensora de derechos humanos, que resalta el papel fundamental de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, para profundizar la participaci\u00f3n y eliminar las formas de vulneraci\u00f3n a los derechos humanos y crear espacios para el di\u00e1logo. En tal sentido, confiere a los movimientos sociales un plano pol\u00edtico estrat\u00e9gico.<\/p>\n\n\n\n El Informe resalta hitos de avances en la agenda social, en temas claves de derechos humanos, en recuperaci\u00f3n de bienes p\u00fablicos, mediante el Plan Nacional de Desarrollo, en los esfuerzos por mantener la agenda de paz, as\u00ed como sus din\u00e1micas sectoriales y territoriales en la lucha contra la pobreza. Valora que la movilizaci\u00f3n social no sea reprimida por parte del actual Gobierno y llama al aprovechamiento de m\u00faltiples escenarios de participaci\u00f3n de la sociedad civil. Al tiempo, destaca el ejercicio de autonom\u00eda e independencia frente a decisiones adoptadas por el Gobierno. Igualmente, advierte que se han presentado factores de estancamiento y de poco avance en la agenda de cambio.<\/p>\n\n\n\n Llama al acuerdo en unificaci\u00f3n de la ponencia sobre protesta social, para la presente legislatura. En tal sentido, expresa que un n\u00famero importante de organizaciones considera v\u00e1lido el escenario de presionar cambios pendientes, mediante acciones de denuncia y movilizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Reconoce, asimismo, que los derechos humanos son un terreno de disputa interna y externa que desaf\u00eda percepciones dominantes y visibiliza tensiones relacionadas con la clase social, la etnicidad, el g\u00e9nero, la nacionalidad y otras expresiones identitarias.<\/p>\n\n\n\n Por tales razones, llama a la articulaci\u00f3n de esfuerzos para que desde el Estado se fortalezcan las organizaciones sociales, a partir del respeto de sus intereses, de su autonom\u00eda y capacidad de incidencia para el cumplimiento y garant\u00eda de derechos humanos, como agentes de cambio social.<\/p>\n\n\n\n Cabe afirmar que, desde esta perspectiva, los movimientos y organizaciones sociales son, tambi\u00e9n, escuelas de formaci\u00f3n de la cultura democr\u00e1tica y de la proyecci\u00f3n de nuevos liderazgos integrados con sus din\u00e1micas generales, sectoriales y territoriales. En tal sentido, tambi\u00e9n configuran un potencial de transformaci\u00f3n social y cultural, as\u00ed como de una nueva institucionalidad democr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n Fuente:[1<\/a>] Javier Giraldo, David Mart\u00ednez, Mauricio Torres, Sandra Mu\u00f1oz, V\u00edctor Ram\u00edrez, Organizaciones Afro nacional y territoriales, Mesa Territorial Putumayo y Programa Somos Defensores. EL CAMINO DEL CAMBIO Avances y tropiezos de la paz, los derechos humanos y la democracia. Segundo a\u00f1o del gobierno de Gustavo Petro y Francia M\u00e1rquez. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD); Coordinaci\u00f3n Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) y Alianza de Organizaciones Sociales y A\u00adfines (Alianza). Editor, Hern\u00e1n Dar\u00edo Correa. Octubre 9 de 2024.<\/p>\n\n\n\n https:\/\/informesderechoshumanos.com\/<\/a>[2<\/a>] Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, democracia y Desarrollo. M\u00e1s de 500 organizaciones sociales piden al Gobierno reestructurar pol\u00edtica de Paz Total<\/p>\n\n\n\n https:\/\/ddhhcolombia.org.co\/2024\/10\/09\/mas-de-500-organizaciones-sociales-piden-gobierno-reestructurar-politica-paz-total\/<\/a>[3<\/a>] Orozco Tasc\u00f3n Cecilia. \u201cLa presidencia de Petro es producto del estallido social\u201d: Alberto Yepes Palacio. El Espectador. Octubre 13 de 2024<\/p>\n\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n