Los indígenas y los afros cuentan con dos decretos ley para solicitar la restitución de sus derechos territoriales. La Dirección de Asuntos Étnicos se encarga de documentar sus casos.
Llegar a manglares, caños, bosques y zonas limítrofes no es tarea fácil. Menos cuando allí grupos guerrilleros o bandas criminales intentan imponer sus dictaduras, buscan hacerse a recursos valiosos o manejan negocios ilegales. No obstante, investigadores de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras documentan casos de 17 comunidades indígenas y afros, que han solicitado que se les reconozcan oficialmente sus derechos territoriales sobre un millón 200 mil hectáreas de tierra que en algún momento la guerra les arrebató o los forzó a abandonarla.
A diferencia de los campesinos, los indígenas y los afros no hablan de restitución de tierras sino de reconocimiento de derechos territoriales, dice Luis Azcárate, director de Asuntos Étnicos de la Unidad porque, como explica la cartilla pedagógica de esta dependencia, no es solo la tierra lo que reclaman, “el territorio parte de una relación social y cultural que los grupos han construido históricamente”. Eso significa que para estas comunidades su espacio no solo tiene que ver con la cantidad de hectáreas sino con los hábitos que han generado en ese espacio: vivir, cultivar, preservar la naturaleza, pescar o celebrar un ritual.
Los procesos de restitución que adelanta la Unidad de Restitución con campesinos han sido más ágiles que los que lleva en favor de comunidades étnicas. La mayoría de los casos fallados por los jueces son individuales, excepto por algunas demandas en las que el gobierno ha solicitado la restitución colectiva de parcelas para grupos de adjudicatarios del antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) a quienes los violentos les quitaron sus predios.
Hasta febrero de 2014, los jueces especializados de tierras habían proferido 386 sentencias que devolvieron 20 mil hectáreas a campesinos reclamantes.
El proceso con comunidades étnicas comenzó en 2013 y aunque hasta el momento no ha habido ninguna sentencia, la Unidad ya ha presentado ante los jueces especializados tres demandas de reconocimiento de los derechos territoriales. Estas demandas se basan en los Decretos Ley 4633 y 4635, que cobijan a las comunidades indígenas y afros de forma respectiva. Una es para el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera en Tumaco, Nariño que reclama 46 mil hectáreas, y les enfrentan oposición ante la justicia empresarios de palma africana (Lea: Comunidades afro, tras tierras ancestrales en Nariño)
Las otras dos demandas corresponden al resguardo Alto Andágeda en Bagadó, Chocó, donde el pueblo Embera Katío reclama 50 mil hectáreas en territorio donde la minería ilegal está haciendo estragos; y la más reciente, radicada a principios de marzo de 2014, es de la comunidad Nuevo Espinal, en Barrancas, Guajira por la cual los indígenas Wayúu reclaman 703 hectáreas de terrenos, parte de los cuales hoy sirven a grupos criminales de corredor para sus tráficos ilícitos y movimientos.
La Dirección de Asuntos Étnicos estima que entre junio y julio de 2014 el juez de tierras fallará sobre el caso del Alto Andágueda, y en agosto, del Nuevo Espinal. Sobre la primera demanda, la del Bajo Mira, el juez la rechazó argumentando que ésta no se ajustaba a la Ley 1448 o Ley de Víctimas, que permite la restitución a campesinos despojados por el conflicto. La Unidad apeló la decisión argumentando que las reclamaciones de esta comunidad se ajustan al Decreto Ley 4635, que permiten la restitución de derechos territoriales a comunidades afro. Ahora, la Unidad de Restitución espera una decisión del Consejo Superior de la Judicatura.
Aunque la Dirección reconoce que documentar regiones como el Urabá donde la minería y las bandas criminales tienen azotadas a las comunidades o como Puerto Gaitán, Meta, donde antiguos hacendados y actuales empresarios no están interesados en que haya un proceso de reconocimiento de los grupos étnicos, aseguran que bajo riesgo hacen todo el esfuerzo para documentar los casos y presentarlos ante los jueces especializados.
La demanda que involucra el territorio más grande (688 mil hectáreas) está siendo estudiada por la Unidad de Restitución y es la presentada por la comunidad indígena Sikuani del territorio Alto Únuma en Puerto Gaitán, otro municipio donde los grupos violentos han controlado territorio desde hace 30 años.
Solicitaron protección
Todas las solicitudes de comunidades indígenas y afro para reconocimiento de derechos territoriales son estudiadas por la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad, dice Azcárate. Sin embargo, explica, el orden de prioridad para tramitarlas es el que recomienden los propios representantes de los grupos étnicos.
Con los indígenas, este proceso se realiza en la Mesa Permanente de Concertación y con los afrodescendientes, la Unidad establece diálogos a través de organizaciones como Proceso de Comunidades Negras (PCN) o la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes). Cuando las condiciones de seguridad lo permitan, la Unidad documenta los casos en terreno, completa los documentos necesarios y cuando tiene listo el reclamo lo presenta en una demanda de restitución ante un juez.
En este proceso algunas comunidades pueden correr el riesgo de ser desplazadas o despojadas y en ese caso, el gobierno solicita al juez medidas cautelares, es decir, medidas de protección mientras comienzan los juicios. Estas medidas impiden que las tierras sean comercializadas. Hasta marzo de 2014, los jueces especializados han brindado estas medidas a cinco grupos étnicos: a los afros de Bajo Mira y Frontera, a los indígenas Embera Katío del Chocó así como a los consejo comunitario Renacer Negro en Timbiquí, en Cauca; Alto Mira y Frontera en Tumaco, Nariño; y las comunidades indígenas Saliva, Sikuani y Amorúa que integran la comunidad Kanalitojo en Puerto Carreño, Vichada. En total, 192 mil hectáreas han sido protegidas y 6 mil familias han sido beneficiadas con las medidas.
La Dirección de Asuntos Étnicos, informa que en la actualidad está documentando once solicitudes de comunidades indígenas ubicadas en Unguía, Chocó; Codazzi y Becerril, en Cesar; en Mapiripán y la ya citada de los Sikuani en Puerto Gaitán, en Meta; y en la zona de Telembí, que comprende cuatro resguardos y dos territorios en Ricaurte, Nariño. Estas reclamaciones suman unas 775 mil hectáreas.
Esa Dirección también documenta seis casos de reclamaciones de comunidades afro en Tumaco, Nariño; Suárez y Timbiquí, en el Cauca; y Riosucio, Bagadó, Lloró y Atrato, en el Chocó. Las solicitudes suman 323 mil hectáreas.
A diferencia de los casos de comunidades campesinas, en las que algunos empresarios o particulares les han propuesto alianzas productivas o contratos de arrendamiento sobre las tierras reclamadas; con los grupos étnicos esto es inconstitucional al considerarse que dichos acuerdos pueden legitimar un despojo y vulnerar el derecho de consulta previa. Las normas que protegen a estas comunidades advierten que “los derechos territoriales de los grupos étnicos son inembargables, imprescriptibles e inalienables”.
Según la Dirección de Asuntos Étnicos, empresarios o particulares pueden llegar a estos acuerdos sólo después de que un juez de restitución haya emitido un fallo y además se garantice la intermediación del Ministerio del Interior como garante de la negociación. “Aquí se aplica la autodeterminación de los pueblos, pero este es un proceso en que debe haber consulta previa con la mediación del Ministerio”, explicó un funcionario de la institución.
En la actualidad, la Dirección de Asuntos Étnicos tiene sedes regionales en los departamentos de Cesar, Magdalena, Antioquia, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Norte de Santander y Tolima.