Si el año pasado fue el de la negociación de paz, este año es el del alistamiento y los primeros pasos para la ejecución de los acuerdos. El desafío es grande.
Para aterrizar los seis puntos del acuerdo pactado entre el Gobierno y las Farc, no solo hay que aprobar por lo menos 40 leyes de aquí a junio vía fast-track. Arrancan también los primeros pasos para implementar los acuerdos en entidades que, como mostramos, salieron perdiendo con el presupuesto de 2017, y a las que crea el acuerdo, como la Jurisdicción Especial de Paz, les falta un largo trecho para ser realidad.
De las leyes que el Gobierno tiene que aprobar, se han presentado cuatro: la ley de amnistía, que ya tiene luz verde; el acto legislativo que crea la jurisdicción especial de paz y otro que obliga a los gobiernos que vienen a implementar el acuerdo y a respetarlo; y la modificación a la ley quinta del Congreso, para que los miembros de “Voces de paz”, la agrupación política que debe velar porque lo que se apruebe en Senado y Cámara sí sea lo pactado, puedan tener derecho a la réplica.
De resto, todo está por hacer. La Silla habló con expertos en cada punto del acuerdo y esto es lo que tiene que pasar este año para que cada punto del acuerdo despegue:
Fondo de tierras
Qué hay que hacer: El acuerdo crea este fondo para darle tierras a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Como debe tener tres millones de hectáreas que vienen de tierras expropiadas, con extinción de dominio, inexplotadas, de baldíos, donadas, o que salgan luego de actualizar la frontera agrícola, lo primero es hacer planes de ordenamiento de la propiedad rural por municipios para saber en qué estado están los predios. Es decir, predio a predio, saber si tiene o no dueño, si lo ocuparon, si un grupo indígena está peleando por tenerlo, etc. Con esa información, ya se sabría cuáles tierras pueden entrar al fondo y cuáles no.
Quién se encarga: La Agencia Nacional de Tierras, ANT, que reemplazó al Incoder, es la que tiene que hacer esos planes. Hasta ahora solo se ha hecho un plan piloto que es el de Ovejas, en Sucre.
El reto: La meta que tienen es hacer los planes de ordenamiento de 70 municipios este año. Miguel Samper, director de la ANT, le contó a La Silla que van a arrancar con once municipios en la región de La Mojana, que queda entre Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia. De ahí siguen con otros cuarenta municipios en Cundinamarca y están definiendo con la gobernación de Antioquia otros 28. Hacer ese barrido para ordenar las tierras toma tiempo. A cada municipio mandan una cuadrilla de un ingeniero catastral, un topógrafo, un abogado, un agrónomo y un trabajador social. Cada uno se demora mínimo una semana por predio levantando la información. Fuera del tiempo, también es caro. Solo el plan de Ovejas, según datos de la ANT, costó cinco mil millones de pesos. En este momento, la Agencia tiene 160 mil millones de pesos de presupuesto para hacer esta y otras tareas. “La verdad vamos a necesitar más plata”, dijo a La Silla Samper.
Sistema general de información catastral multipropósito
Qué hay que hacer: El acuerdo dice que ese sistema tiene un plazo máximo de 7 años para hacer el barrido de todos los predios del país, y para lograrlo el Igac tiene que empezar a hacer los pilotos de barrido predial. Eso, básicamente, es ir municipio por municipio, finca por finca, no solo para saber dónde empieza y dónde termina cada predio para ir armando un mapa de todo el país, sino también para recoger información sobre quién es el dueño de la tierra, hace cuánto, quienes viven ahí, etc.
Quién se encarga: El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, es la entidad encargada de hacer esos barridos. La idea es que vayan no sólo funcionarios del Igac, sino también de la ANT y la Superintendencia de Notariado y Registro para que mientras los primeros hacen el catastro, los otros vayan resolviendo los conflictos de la tierra si los hay y vayan formalizando.
El reto: Sin una información detallada que mida todos los predios y los ubique en un mapa, es muy difícil tomar cualquier decisión sobre tierras. Por eso el catastro es casi que la base para que otros temas de ese punto como el fondo de tierras y la formalización, aterricen bien. Para hacer ese catastro,el Igac tiene un presupuesto de 14 mil millones de pesos.
Formalización
Qué hay que hacer: De aquí al 2028, el país debe tener siete millones de hectáreas formalizadas. Es decir, con títulos de propiedad. Para lograr eso, el primer paso es dedicar todo este año a ir a los predios de unos municipios que la ANT define como prioritarios porque tienen muchos predios rurales y porque la mayoría no tienen títulos. Este año, la ANT espera intervenir 400 mil predios. Lo otro es resolver las solicitudes de formalización acumuladas del Incoder, más las nuevas que les han entrado para formalizar predios, que son más de 54.500.
Quién se encarga: La Agencia Nacional de Tierras.
El reto: Más del 60 por ciento de las tierras del país no tienen títulos. Superar eso en doce años, que es justo lo que se propone el acuerdo, es ambicioso porque se trata de resolver el problema más estructural del conflicto que es la propiedad de la tierra.
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs)
Qué hay que hacer: Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdets, son para dieciséis regiones del país donde hay mucha pobreza, el conflicto las tiene rezagadas, no hay casi presencia del Estado y tienen cultivos ilícitos, minería ilegal o ambas. La idea es planear con los habitantes de esas regiones proyectos productivos y que sean los primeros en la fila para llevarles bienes públicos: desde carreteras, distritos de riego, paneles de energía, hasta arreglarles el puesto de salud o el colegio. Antes de febrero, según supo La Silla, la idea es tener el listado definitivo de cuales son las regiones escogidas para esos programas, porque todavía no se sabe. Lo más probable, según nos contaron por aparte dos personas, es que los Pdets queden casi todos en las regiones donde hoy las Farc están concentradas dejando las armas.
Quién se encarga: La Agencia para la Renovación del Territorio, que se creó en julio es la que tiene en sus manos hacer los planes de acción por cada región escogida. Para eso tiene que mandar funcionarios a sentarse con los líderes de las veredas y los alcaldes y secretarios de los municipios para que entre todos decidan a qué se quieren dedicar en ese lugar, cuanto cuesta y qué se necesita.
El reto: Con los Pdets hay un reto doble. Por un lado, toma tiempo porque hacer realidad apenas un programa en una región toma entre ocho meses y un año aproximadamente y la idea es hacerlo en 16 lugares. Pero también está el reto político porque seguramente habrá una puja entre los alcaldes por lograr que su municipio quede en una región Pdet, porque de entrada implica que van a tener más inversión que otros. Por ahora, La Silla supo que la ANT tiene planeado arrancar a trabajar en las 26 veredas donde las Farc están concentradas. Eso, según nos contó una persona que trabaja allí: “es la puerta de entrada mientras sabemos el listado definitivo de donde serán los Pdets”. Para lograrlo, tienen 87 mil millones de pesos para invertir y una planta de 315 personas que le acaban de poner a la directora, Mariana Escobar.
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