Líderes sociales pagan la paz con la vida

Con la firma de la Paz entre el gobierno y las FARC se incrementó el asesinato a líderes sociales en Colombia. Desde el llamado DÍA D (día después de la firma del acuerdo final en Bogotá) hasta este 8 de marzo, 31 líderes más han sido víctimas de homicidio.  La Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública niegan “la sistematicidad” y existencia del paramilitarismo en Colombia. O bien, se mantienen silencio sin mostrar avances en investigaciones o medidas de protección a quienes están defendiendo la paz con su propia vida. Primera entrega de la Campaña “¿Y si me matan?”

Estamos leyendo o publicando la información más reciente sobre un nuevo lídere asesinado en Colombia y, al tiempo, llegan las noticias de otros más. Es abrumadora la cantidad de comunicados y notas de protesta que cada semana emiten organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos en todo el país. Sus denuncias van en aumento, y en ellas hay, además de quejas de amenazas, noticias sobre más y más homicidios a esos líderes populares quienes, aun sabiendo el riesgo que corrían, defendieron el Proceso de Paz con las Farc en territorios donde ni la Fuerza Pública ni la costosa pedagogía de paz del gobierno han llegado.

Para quienes apoyaron el Acuerdo de Paz logrado en La Habana e invitaron a respaldarlo en las urnas, su papel se convirtió en un verdadero problema. Allí -en ríos, llanos y montañas que en las oficinas de Bogotá recuerdan apenas para otorgar concesiones a compañías mineras internacionales- las voces críticas y que denuncian violación de Derechos Humanos han sido siempre incómodas y perseguidas por fuerzas ilegales y el Estado mismo, que ha llevado incluso a la cárcel a miles de campesinos o líderes urbanos acusándolos de tener vínculos con la subversión.

La situación se agrava pues, ya estando en marcha el acuerdo de paz firmado en Bogotá, las diversas medidas pactadas allí para evitar la ola de homicidios actual no han entrado en marcha. Instalada la Comisión de Garantías no presenta ningún resultado a la fecha. O, como en el caso de la Unidad para investigar el paramilitarismo de la Fiscalía, inició pero quedó en pañales con pocos casos –que siguen en manos de otras unidades- y con escasos funcionarios.

En la última semana, mientras posteamos sobre una de las últimas víctimas, Ruth Alicia, conocemos de otro caso más, el de Fabián Rivera, asesinado en Bello, Antioquia, y dos días después estamos ante nuevos nombres para agregar a la fatídica lista: los hermanos José Antonio y Luz Ángela Anzola, en Caquetá. No podemos más. Llevamos casi un año reuniendo nombres y esperando que funcionarios nos respondan qué están haciendo. ¿Y si nos amenazan o nos matan a nosotros, también defensores de esta paz, tampoco dirán nada? ¿Los colegas pasarán nuestra mejor foto a blanco y negro y ya? ¿Seremos titular de un día y nada más?

O será que, si las balas tocaran nuestras redacciones, las autoridades continuarán esquivando sus respuestas y nos señalarán de pertenecer a grupos ilegales como ocurrió con Alicia asesinada este 2 de marzo en una comuna de Medellín y, ante la pregunta de la prensa, la directora de Fiscalías en Medellín respondió que solo sabían que había sido integrante de las milicias urbanas (Cap) que hicieron presencia en la Comuna 13. ¿Entonces de nosotros, que también defendemos la verdad sobre la Operación Orión, irán a decir lo mismo? ¿Así «concluirá» la no iniciada investigación de Fiscalía?

Aparece la pregunta que motiva este especial periodístico o campaña informativa ¿Y si me matan? ¿Nos matarán a todos ? Y nos sumamos a la pregunta de tantos desde hace un par de años cuando -a medida que en La Habana se empezó a avanzar con paso firme- la curva de incremento de homicidios a defensores de derechos humanos hacía lo mismo en Colombia. ¿Esta paz nos costará la vida?

El panorama

Somos Defensores reportó 80 asesinatos de este tipo en 2016. Y este año, según las cuentas del portal Pacifista.Co serían ya 31 los líderes sumando los dos de Meta. La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha sumado 500 homicidios a defensores desde 2015. Y emitió una escandalosa alerta el pasado 3 de marzo: 120 líderes ya fueron asesinados en 14 meses, entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017. Esto equivale a ocho líderes por mes, dos cada semana.

Además de los homicidios, la Defensoría del Pueblo también reportó 33 atentados y 27 agresiones.

Las víctimas pertenecen a las regiones donde el conflicto se ha vivido con mayor agudeza donde cada líder y lidereza es, de por sí, un sobreviviente. Hablamos de Cauca, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Son diferentes regiones, pero con un rasgo común: liderazgo social y trabajo arduo en la defensa de los Derechos Humanos junto a organizaciones que hoy realizan actividades de construcción de paz.

Los organismos internacionales también muestran su preocupación. Según Amnistía Internacional, el 28% de los defensores de Derechos Humanos asesinados en el mundo en 2016 eran colombianos.

En este contexto, Colombia lidera la lista de países en el continente con el 36% de total de las muertes de líderes en la región. Esto demuestra que ser defensor de derechos humanos en Colombia es una labor de alto riesgo.

Asegura el Instituto Popular de Capacitación y agrega que la muerte de defensores de derechos humanos afecta la implementación de los acuerdos de Paz de La Habana sobre Participación Política.

Qué dice gobierno. Qué hace gobierno.

Pero mientras los números hablan, las autoridades guardan silencio. Consultados por VerdadAbierta.Com las siguientes personas se negaron a hablar: Vice fiscal General, María Paulina Riveros; Paula Gaviria, ex directora de la Unidad de Víctimas y hoy consejera presidencial para los Derechos Humanos, y como Todd Holland Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En una audiencia citada en el Congreso por el Polo Democrático y la Alianza Verde, el pasado 7 de diciembre, el Fiscal General negó que los casos tuvieran patrones criminales comunes a lo que sumó el Vice Ministro de Defensa, Aníbal Fernández Soto también negando la “sistematicidad” en el actual “genocidio” que recuerda el exterminio de los integrantes de la Unión Patriótica, partido de izquierda.

Entre tanto, el presidente Santos reconoció recientemente la complicidad del Estado en la persecución, muerte y desaparición de cientos de miembros de la UP. A mediados de febrero, cuando en Cauca fue asesinado Faver Cerón, el primer mandatario exhortó a las autoridades desde Popayán:

Les pido a todos, a la Fiscalía muy respetuosamente, porque no puedo ordenarle a la Fiscalía, pero sí a los miembros de nuestras Fuerzas Militares, a nuestra Policía, que avancen más, no solamente en el esclarecimiento de todos y cada uno de estos casos, sino también en la protección y prevención de casos futuros (…) Tenemos que hacer mucho más. La sangre de Faver Cerón y de tantos caídos por trabajar por la paz y las libertades nos lo exige.

Pero siguen matando. Y alarman no solo los continuos funerales y la indiferencia del Estado sino la pasividad de los ciudadanos que, aun que conocemos la terrible historia de la Unión Patriótica, nos quedamos con el control del televisor o el mouse en la mano sin saber qué podemos hacer ante un posible nuevo genocidio.

¿Qué es un genocidio?

En 1951 las Naciones Unidas definieron que:

Genocidio significa cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tales como: (a) exterminio de miembros de un grupo; (b) atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros de un grupo; (c) sometimiento deliberado del grupo a condiciones de existencia que puedan acarrear su destrucción física, total o parcial; (d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en un grupo; (e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

De acuerdo con esto, sería indiscutible que el asesinato de líderes de izquierda configuran el inicio de un nuevo genocidio, pues, según el informe de la Defensoría de Pueblo aquí citado, “estas violaciones a los derechos humanos son generalizadas al tener un número significativo de víctimas, pertenecientes a grupos de características semejantes, y sucedidas en un mismo periodo y espacio geográfico”.

Un mes atrás, el 3 de febrero de 2017, el monseñor Hugo Torres Marín, de la Iglesia Peregrina de Córdoba y Urabá, también mostraba su asombro ante tantos hechos criminales contra líderes sociales del país, en contraste con la pasividad del Gobierno Nacional, la Policía, la Fiscalía y las Fuerzas Militares.

Es inaudito que reaparezca este fenómeno que se creía ya superado.

Comentó el religioso.

Y no es para menos. El país ya sufrió un caso de genocidio contra la UP que sufrió la eliminación física de más de 1.500 de sus miembros entre las décadas de los 80 y los 90. Muchos se enfilaron en las Farc o el ElN para salvarse y hoy están a la espera de regresar a la vida civil y las calles y campos colombianos sin armas, en medio de la plomacera actual contra los líderes desarmados. ¿Qué estarán pensando?

Los más afectados

Fundado en el 21 de abril de 2012, en pleno inicio del Proceso de Paz con FARC, el movimiento Marcha Patriótica ha sido el más afectado con los homicidios. Este grupo político terminó 2016 denunciando 125 de sus miembros habían sido asesinados hasta esa fecha.

Pero la preocupación no proviene solo de las organizaciones sociales, la guerrilla y la Defensoría del Pueblo. También de la ONU y de la Unión Europea. Algunos de sus voceros le han manifestado al gobierno su profunda intranquilidad al respecto. Al igual la guerrilla de las Farc, próxima a dejar las armas, ha levantado su voz de preocupación. Para “Iván Márquez”, número dos de las FARC, es alarmante que en Colombia se siga asesinando por las ideas.

No puede haber paz si se sigue asesinando a los dirigentes políticos y sociales del país.

Expresó Luciano Martín el pasado 4 de febrero.

Mientras corre la sangre de los atrevidos que defendieron sin armas el sufrido Acuerdo de Paz en comunidades abandonadas por el Estado, el presidente Santos recibió en Europa el Premio Nobel de Paz junto a las víctimas, algunas de las cuales han estado o están en listas de amenazas. Porque el drama de los que están defendiendo la paz con la vida no es solo el homicidio. En panfletos firmados por Rastrojos, Urabeños, Nueva Generación y otros herederos del paramilitarismo, aparecen nombres de cabezas visibles del campesinado y hasta periodistas.

De acuerdo al rastreo de los lugares de donde nos llegan las denuncias, al menos en 22 departamentos de 32 en Colombia los líderes son perseguidos, amenazados y asesinados al parecer por respaldar la premiada política de paz. Es claro que desde el DÍA D, uno después de la firma del nuevo acuerdo de paz en Bogotá, la curva de los homicidios va en aumento.

El 1 de diciembre servirá no solo para el conteo regresivo de la histórica dejación de armas de las Farc, sino para llevar la vergonzosa lista de quienes, con su pecho humilde y pies hinchados por el desplazamiento forzado y la exclusión, están pagando esta paz con su vida. ¿Nos matarán a todos? Nos volvemos a preguntar los colaboradores de este medio independiente que nació como apuesta periodística, artística y estética para respaldar los acuerdos de La Habana y su implementación. Por eso presentamos contenidos como el que acaba de leer y lanzamos una campaña informativa y humana pues, aunque no somos Fiscalía ni Presidencia ni Ejército ni Policía, también tenemos responsabilidad ante un posible nuevo genocidio. Quedarnos callados nos haría cómplices. Y, además, necesitamos a nuestra #GeneraciónPaz viva y libre para continuar defendiendo nuestro derecho a la paz.

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