«Desde el pasado 21 de julio, doce mil personas entre los que se encuentran campesinos, mineros, indígenas y familias que subsisten de la extracción minera de la región, dieron inicio a un paro convocado por la Mesa Minera de carácter indefinido y pacífico, con el objetivo de exigir garantías y condiciones a los pequeños mineros que, ante los permisos ya otorgados, con títulos mineros a la multinacional, han sido advertidos que en próximos meses, bajo amparos administrativos, serán cerradas las minas y entables de los dos municipios que no tengan los permisos para trabajar».
Dicha información es emitida por medio de un comunicado, este miércoles 2 de octubre, en el que la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño -Cahucopana-, que acompaña las comunidades mineras y campesinas de los municipios de Remedios y Segovia, “rechaza enfáticamente el tratamiento dado por la fuerza pública a los manifestantes que llevan 12 días en cese de actividades en dichos municipios y se solidariza con las justas reivindicaciones de los mineros urbanos organizados en la Mesa Minera”.
La Corporación hace un breve recuento de los casos en que la fuerza pública ha llevado a cabo actividades que atentan contra la comunidad, “en el mes de marzo del presente año, la fuerza pública realizó una serie de operativos en las veredas Lejanías y Ojos Claros, jurisdicción del municipio de Remedios, con la supuesta excusa de querer desmantelar las finanzas de los grupos insurgentes, acciones que dejaron como resultado varias detenciones arbitrarias, la quema de tres retroexcavadoras y quince dragas, además de una serie de allanamientos de viviendas sin orden judicial y más de un centenar de familias sin sustento económico. Estos hechos conllevaron a que la comunidad se declarara en un plantón permanente, donde, como Corporación insistimos en la construcción de una ruta, una política pública para la formalización de la explotación de pequeña minería que se practica en la región, solicitudes que a la fecha no han tenido ninguna solución por parte de las autoridades departamentales ni municipales”, se menciona en el comunicado.
Cabe resaltar que el Gobernador de Antioquia Luis Pérez informó, el día martes 1 de agosto, «de la movilización de 500 hombres entre policías y Ejército, cuatro unidades del Escuadrón Móvil Anti Disturbios – ESMAD, 240 uniformados de prevención, toques de queda, en medio de señalamientos a los dirigentes de la protesta y la vinculación de la misma a actores armados ilegales», motivo por el que «las comunidades de las zonas rurales de las veredas: Rancho Quemado, de la vereda el Carmen, Carrizal, Altos de Manilas y Mina Nueva de la vereda Panamá Nueve del municipio de Remedios y los indígenas del Resguardo Tagual la Pó (Segovia) se solidarizaron manifestando su vinculación al paro por decisión autónoma».
El documento expone que «la información de la Mesa Minera confirma que se generó por parte de la fuerza pública un exceso de la fuerza ya que en medio de la manifestación hubo uso de armas de fuego; denuncian la infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte de los agentes del ESMAD quienes se metieron de manera arbitraria en el Hospital San Juan de Dios en Segovia, desde donde lanzaban gases lacrimógenos y hacían disparos hacia los manifestantes; así mismo la violación a los derechos humanos, entre ellos los de los niños que quedaron atrapados en medio de gases lacrimógenos en el colegio Ignacio Yepes Yepes de Remedios».
Por todo lo anterior Cahucopana hace un llamado al diálogo y la concertación entre las autoridades departamentales y municipales, los manifestantes y representantes de la empresa para llegar a acuerdos respetando los derechos laborales de los mineros y los derechos humanos de las comunidades; además de ello, exigen el respeto por parte de la fuerza pública frente al uso desmedido dado a los manifestantes, recordando su deber de mantener el orden sin violar los derechos humanos ni infringir el Derecho Internacional Humanitario.
CAHUCOPANA, convoca a la comunidad nacional e Internacional, a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y a la comunidad en general, para estar atentos, acompañar y denunciar de manera permanente y oportuna, los graves atropellos de que están siendo objeto las comunidades mineras de Remedios y Segovia.
Ver Comunicado público – Paro minero en Segovia
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