Esta semana el Colectivo de Abogados José Álvear Restrepo, junto con 14 organizaciones más, suscribieron un comunicado en el que hacen referencia a “la designación de nuevos fiscales dentro de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP” que se llevó a cabo “sin un proceso de convocatoria y verificación pública que permitiera conocer los criterios y requisitos para ejercer dichos cargos”.
En el documento a la opinión pública se manifiesta que el pasado lunes 12 de febrero se posicionaron a los primeros cinco fiscales que integrarán esta Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, elección que se realizó, como se expone en el comunicado, sin “mecanismos para la participación de la sociedad civil a través de intervenciones ciudadanas, como ocurrió en la exitosa experiencia del Comité de Escogencia”.
Cabe mencionar que entre las tareas a realizar por parte de la Unidad de Investigación y Acusación están: delitos de violencia sexual, daño ecológico producto del conflicto armado, reclutamiento y utilización indebida de menores de edad; así lo manifestó el director de la Unidad, Giovani Álvarez Santoyo.
¿Cuál es la preocupación?
Que el país siga viviendo la impunidad. El riesgo que se corre es que “tanto la distribución de los fiscales que investigarían a los responsables como los delitos priorizados para las investigaciones, se concentren en un solo actor, y que se replique de esta manera la impunidad que ha caracterizado las investigaciones de graves crímenes de Estado en la jurisdicción ordinaria”.
¿Qué se solicita?
Los firmantes instan a la Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, al Secretario Ejecutivo y al Director de la Unidad de Investigación y Acusación:
Revisar los procedimientos de elección de los fiscales de la JEP, para una amplia participación de los ciudadanos.
Abrir espacios “de diálogo con las víctimas y organizaciones en la priorización de los temas a investigar, pues su participación en la determinación de estos criterios es un presupuesto y obligación constitucional para la satisfacción del derecho a una reparación integral (Sentencia C 408 de 2017)”. (Ver Comunicado a la opinión pública sobre la designación de nuevos fiscales dentro de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP)