Con la legitimidad de integrar un cuerpo colegiado que defiende sus atribuciones y competencias, se construye una ciudadanía crítica y deliberante ante los derroteros, programas y proyectos planteados por el Gobernante de turno.
La Propuesta de Bogotá Humana prevé el incremento de los ingresos corrientes equivalente a $6,4 billones de pesosdurante el período, financiación soportada en una mayor carga impositiva del Impuesto Predial Unificado, del Impuesto de Industria y Comercio, derechos de edificabilidad, el parqueo en vía, el cobro del alumbrado público y las tasas por congestión. Adicional a ello, se proyecta acudir a recursos de crédito equivalentes a $4.3 billones de pesos, como un monto “Global” para la financiación de proyectos que se circunscriben exclusivamente a inversiones en materia de movilidad e infraestructura; muy alejado de su compromiso de campaña de focalizar la inversión social en salud y educación, teniendo en cuenta sus retornos para las futuras generaciones.
Los principios del liberalismo, como postura ideológica y plataforma de partido, permiten advertir la contradicción entre el ánimo hacendario de incrementar los ingresos corrientes del Distrito vía tasas de congestión, conocidas comúnmente como peajes urbanos para acceder a sectores del interior de la ciudad, mientras se erige una talanquera que impide desarrollar autopistas urbanas por concesión y se obstruye además la interconexión del Distrito con la ciudad región, a través de vía perimetral de oriente y de los llanos, de la región del Guavio y la muchas veces mencionada, Avenida Longitudinal de Occidente.
Paradójico también resulta el discurso en materia de servicios públicos, toda vez que el Alcalde Mayor y la Empresa de Acueducto, anunciaron elocuentemente desde febrero, la entrada en funcionamiento del mínimo vital de 6 m3 agua para los estratos 1 y 2. Frente a dichos anuncios mediáticos, es oportuno aclarar que este descuento ya había sido aprobado,para el estrato 1,por el Concejo desde el año 2011. Lo más desconcertante, es que a la fecha, a más del 90% de los usuarios de estos estratos, no se les haya visto reflejado dicho descuento en sus facturas.
Las decisiones de una Administración que se jacta de construir políticas públicas alrededor del hombre, no puede contemplar la interrupción del suministro e interconexión del agua potable para los municipios y habitantes de la región (venta de agua en bloque), con el argumento de un presunto vacío normativo para este fin. La Gerencia de la EAAB está enceguecida cuando considera que las concesiones de captación son la patente de corso para proveer exclusivamente a Bogotá. La mayoría de las fuentes naturales del agua están ubicadas en municipios de Cundinamarca,no nace en la Plaza de Bolívar ni en la Jiménez con Carrera Séptima, por eso recae en Bogotá una corresponsabilidad de suministro con aquellos entes territoriales donde el recurso es deficitario o su estructura de costos resulte altamente onerosa. No sobra advertir que lo históricamente facturado atiende exclusivamente los costos de producción y conducción del agua.
Asimismo, es incomprensible el discurso de la gratuidad cuando se contempla el cobro del alumbrado público como mecanismo de financiamiento del Plan de Desarrollo. Se trata de un servicio en el cual ha perdurado el concepto de bien público desde la modernidad; su definición hace parte de un postulado económico fundamental donde el acceso a este servicio por parte de un ciudadano, no excluye su disfrute de otros y bajo ninguna forma el Distrito puede eludir el costo de este servicio, pensando erróneamente trasladarlo a cada habitante.
Merece un capítulo especial la liviandad con que se menciona el proyecto Ciudad Salud por parte del Gobierno, no contempla metas claras, estrategias, ni recursos específicos para esta iniciativa; como elemento estratégico de cara al desarrollo regional y la renovación urbana, se trunca la consolidación de centros de excelencia en los hospitales ubicados en el eje de la Avenida Primera (Cancerológico, Samaritana, Santa Clara, Dermatológico, Misericordia, Instituto Materno Infantil y San Juan de Dios), la posibilidad de desarrollar procesos investigativos, docente asistenciales y se impide integrar un “Cluster” – Zona Franca, para la prestación de servicios de salud a escala hemisférica.
La frontera de oportunidades para Bogotá y Cundinamarca puede ampliarse al constituir una Región Administrativa de Planificación Especial – RAPE, aprovechando los beneficios de la Ley 1454 de 2011; en vez de limitarse a la visión sesgada de la Secretaría de Planeación, de conformar un área metropolitana con municipios conurbanos o relaciones funcionales directas, excluyendo de tajo al Departamento.
La RAPE es una apuesta más ambiciosa que exige consensos en la organización del territorio, usos del suelo yla nivelación tributaria entre los entes territoriales. Son múltiples los retos regionales en materia de movilidad, productividad, salud, abastecimiento alimentario, competitividad, recurso hídrico y protección ambiental, seguridad y convivencia, el fomento de clústers para el crecimiento económico y la promoción de exportaciones.
Estos elementos al quedar por fuera del articulado del proyecto de plan de desarrollo, permiten prever que la integración regional será una meta nuevamente aplazada por el Gobierno de turno.
/ Jorge Ernesto Salamanca
Concejal de Bogotá por el Partido Liberal