Por Albeiro Caro / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
El lamentable asesinato del director de la Modelo vuelve a poner en el ojo del huracán los temas relacionados con la política criminal, el control de los establecimientos de reclusión, la protección de los distintos actores implicados, así como la seguridad en los entornos, particularmente en las ciudades. Este es el caso de Bogotá, con la localización en ella de tres Establecimientos Nacionales de Reclusión -ERON- conocidos como El Buen Pastor, la Picota y la Modelo; además, la Cárcel Distrital y las Unidades de Reacción Inmediata –URI-, así como Estaciones de Policía, donde también se encuentran Personas Privadas de la Libertad– PPL-, supuestamente de manera transitoria, donde llegan a permanecer durante largos períodos, sin el goce efectivo del derecho a soluciones jurídicas justas y oportunas.
El contexto del crimen en contra del Teniente Coronel (R), Elmer Fernández, muestra un río revuelto donde tiende a difuminarse la persona víctima. En la coyuntura, salta a la palestra pública el juego de intereses entre diversos grupos de poder, del entorno y del ámbito interno de la vida carcelaria, con sus veleidades burocráticas y sus restricciones logísticas, que afectan a los distintos actores, a la par que se abren zonas grises por donde transitan la ilegalidad, la desinformación e, incluso, el monopolio de los carros blindados y el servicio de protección de la UNP, como muestra de estatus, privilegio y efecto demostración, por parte de personas que no lo requieren.
En principio, los medios han difundido como presuntos responsables del asesinato a individuos conocidos como “Pedro Pluma”, con un amplio prontuario delictivo relacionado con hurto, el tráfico de drogas y de armas, recluido en el Pabellón No. 4 de la Modelo al momento del crimen del director y “Pipe Tuluá”, en la Picota, supuestamente ambos vinculados al Grupo MAGO (Muerte a Guardianes Opresores), y, también, a la Banda la Inmaculada de Tuluá, en el caso del segundo [1].
Ambos PPL negaron su implicación en los hechos, así como también lo hizo el Grupo MAGO, pese a los carteles de amenaza supuestamente firmados por Pedro Pluma, días previos al asesinato. Presuntamente, según otras versiones, dado que Pedro Pluma se había convertido en cacique del Pabellón Cuatro, los carteles fueron puestos por otras personas privadas de la libertad que buscaban derrocarlo provocando su traslado, como efectivamente sucedió, después del crimen.
Días antes del asesinato del director de la Modelo ocurrido el jueves 16 de mayo, hubo disparos contra la fachada de Establecimiento de Reclusión, en horas de la noche. Así mismo, dadas las amenazas contra su vida y la de su familia, el director tramitó el 14 de mayo una denuncia a través de la Fiscalía; el Inpec no pidió seguridad para él, como lo reconoció el Coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto, mientras se completaba la información para activar el protocolo respectivo [2] lo que, teniendo en cuenta los procedimientos predominantes, limitó la toma de medidas urgentes para brindarle la debida protección al Coronel Fernández, a través de la Unidad Nacional de Protección –UNP-, como lo demostró Augusto Ramírez, su Director, ante los medios de comunicación [3].
Desde otra perspectiva de investigación del asesinato en contra del Coronel Fernández, surge otro frente de análisis a partir de la trayectoria del Coronel. Su ejercicio en calidad de director de la Modelo apenas tenía cuarenta días de actividad. Supuestamente, las amenazas surgieron a raíz de los controles disciplinarios en los pabellones y el decomiso de celulares y otros implementos. Cabe anotar que estos controles son frecuentes en todos los establecimientos de reclusión, lo que genera inconformidad en contra del personal de custodia, en razón de la molestia de los PPL y, también (como punto de tras escena), abre oportunidades en diversos frentes para el tráfico de estos artefactos, bienes de consumo, sustancias e influencias, por parte de elementos corruptibles de la guardia, para beneficio de los PPL que cuentan con poder económico y político, en el contexto de las consabidas asimetrías típicas de la sociedad y, especialmente, de la vida en reclusión.
Como lo afirma Norbey Quevedo, Director de API [4] en referencia a entendidos en la materia, en tan corto tiempo de ejercicio de dirección de la Modelo es improbable que su actuar pudiera traducirse en enemistades, por más drásticos que fueran los controles. Paralelamente, según afirma este medio periodístico, el Coronel Fernández inició un proceso de humanización de la Modelo, en relación con la calidad de la alimentación y la dignificación de las personas visitantes de las familias, en procura de superar los malos tratos y la forma de requisas a las que eran sometidas, especialmente las mujeres, por parte del personal de guardia.
Su actividad anterior, tiene que ver con su papel de director de la cárcel de Guaduas, establecimiento de reclusión donde le correspondió sortear los problemas relacionados con la pandemia en 2020, en medio de carencias del servicio de agua, la restricción de las visitas de familiares y una crisis humanitaria derivada de la situación, que provocó un elevado número de demandas y acciones de tutela.
Elmer Fernández fue retirado del servicio policial en 2009, después de 32 años de vinculación, bajo el pretexto de no haber superado el requisito de trayectoria profesional, por lo que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa no lo recomendó para ascender al grado de Coronel. La junta de generales había soportado su decisión en supuestas versiones de paramilitares y narcos que relacionaban al oficial Fernández y a otros de sus compañeros con Carlos Castaño.
No obstante, ante demanda de nulidad del acto administrativo y restablecimiento del derecho, el juzgado administrativo de Santander ordenó su reintegro en septiembre de 2012, con confirmación un año después. Paralelamente, el presunto paramilitar alias “Gordo Lindo”, señaló al oficial de ser un aliado de Carlos Castaño.
No obstante, esto tiene relación con disputas por la apropiación de un apartamento ubicado en el edificio Mirador del Country número 2, ubicado al norte de Bogotá. Este apartamento era parte de los 22 inmuebles que Gordo Lindo prometió entregar para la reparación de las víctimas y era en el que esperaba residir Carlos Castaño, en caso de lograr su sometimiento a la justicia. El apartamento fue transferido al Coronel Fernández en 2011, por parte de quien figuraba como su propietario y por parte del abogado intermediario. Sin embargo, Gordo Lindo los incriminó como agentes de Carlos Castaño.
Elmer Fernández debió iniciar, entonces, tres procesos judiciales: 1) para su reintegro al servicio policial. 2) para garantizar la propiedad del apartamento y 3) para lograr su ascenso a Coronel.
Después de varios procesos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que Gordo Lindo había mentido al pretender vincular a Elmer Fernández con la estructura de Carlos Castaño. No obstante, Elmer Fernández no tuvo éxito con la propiedad del inmueble. El avalúo del apartamento, por parte de la Corte, se tasó en $ 2.000 millones, muy superior a la promesa de compraventa pactada en $ 659.5 millones. La Corte también cuestionó que un oficial de la trayectoria de Elmer Fernández, quien había sido secretario privado del General Gilibert cuando era Director de la Policía, se hubiera metido en un negocio inmobiliario sin conocer la tradición y libertad de un inmueble. Además, le resultó extraño a la Corte que el Coronel hubiera solicitado un crédito de $ 400 millones para pagarlos en cuotas de $ 16.6 millones cuando su salario no llegaba a $ 15 millones. Luego de varias gestiones y trámites jurídicos, la Sala de Justicia y Paz decretó medidas cautelares sobre el apartamento en 2012 y en 2014, el Tribunal Superior de Medellín mantuvo la medida, que ratificó la Corte en el mismo año, para regresar el apartamento al Fondo de Reparación de Víctimas.
A pesar de este revés, en 2015 luego de dos años de litigios, logró la reincorporación a la Policía Nacional y el pago de los salarios que había dejado de percibir. No obstante, el fallo no ordenaba su ascenso, por lo que inició mediante recurso de tutela, su trámite para lograr el ascenso al grado de Coronel. El Consejo de Estado ordenó convocarlo para curso de ascenso, lo que no implicaba su ascenso automático.
A partir de 2015 inició un litigio de carácter civil con Carlos Hernán Moreno, Administrador Policial acreditado ante la Superintendencia de Vigilancia por un préstamo que el Coronel le hizo con soporte basado en un pagaré firmado por el deudor. Un juzgado civil de Bogotá ordenó el embargo del apartamento, secuestro y remate de un inmueble. Moreno interpuso un recurso de tutela, dado que el juzgado le ordenaba pagar al Coronel $ 430 millones en 2016 y el deudor alegaba tener una situación especial. El deudor perdió los recursos de apelación y de tutela, pese a argumentar que la caligrafía de las letras de cambio correspondía a la de la abogada del oficial.
El caso llegó en situación de litigio hasta noviembre 29 de 2023 cuando el juzgado suspendió el proceso por trámite de insolvencia de Moreno, lo que le daba sesenta días más de margen de maniobra, término de tiempo que venció en enero de 2024. En el juzgado quedó constancia que las partes se mantenían en proceso de negociación de la deuda y que seguía pendiente la fecha de remate del inmueble. Como registra el mencionado periodista Quevedo, el pleito quedó en dicho estado, sin haberse reactivado.
Otro elemento que llama la atención, como lo registran las pesquisas realizadas por los organismos de seguridad, mediante estudios realizados por el Cuerpo Técnico de la Fiscalía – CTI -, se refiere a la presunta participación de seis personas que se movilizaron en tres motocicletas. El reporte periodístico, como lo sintetiza Infobae [5], con base en los informes de los organismos de investigación, registra el análisis de más de 50 cámaras de seguridad para mostrar el seguimiento realizado al director para cometer el atentado. Hubo acciones de relevo entre dos motocicletas a lo largo del camino, desde la Modelo hasta el tramo de la calle 63 con NQS donde aparece la tercera moto con el conductor y el pistolero encargado de dispararle al director.
Entre de las hipótesis de los investigadores del CTI se plantea que el asesinato fue planificado durante varias semanas y pudieron haber participado miembros de la fuerza pública, conocedores de la rutina del Coronel Fernández.
Este elemento es bastante llamativo, dado que en la ciudad de Bogotá el homicidio viene en aumento. Solamente, en enero la cifra fue inferior a la de 2023, al pasar de 94 asesinatos en 2023 a 71 en enero de 2024. En febrero de 2024 el homicidio pasó de 78 en 2023 a 87 en 2024. En marzo de 2024, la cifra de 85 asesinatos es similar a la de 2023 y en abril de 2024 el número de asesinatos ascendió a 111, mientras que en 2023 fue de 92 personas asesinadas [6]. Aunque no todos los casos de asesinato son atribuibles al sicariato, también es cierto que desde hace varios años se ha venido desarrollando este método de disputa y ajuste de cuentas por parte de grupos en contienda. Se estima que actualmente, el 50% de los asesinatos obedecen a hechos de sicariato.
Como se puede observar, en el caso del director de la Modelo, los métodos de operación de los sicarios se han refinado en materia logística, de comunicaciones y de operación.
Al tiempo, esta problemática deja en mayor evidencia el alto nivel de exposición del personal de justicia y seguridad, que tienen relación con la persecución y control de la criminalidad, fuera y dentro de los establecimientos de reclusión. Según datos, en 2023 hubo 7 homicidios en contra de funcionarios del Inpec en Colombia y en 2024 van cinco asesinatos. Entre 2022 y 2024 se han presentado 506 amenazas a miembros del Inpec, de las cuales 237 casos se encuentran en estudio; hay 27 directivos del Inpec amenazados, empezando por el director general. A la fecha, se han aprobado 63 esquemas de seguridad.
Es notable la situación de indefensión en que el Coronel Fernández fue asesinado. En un vehículo sin blindaje, con el acompañamiento de un conductor del Inpec, no habilitado para proteger al personal directivo, dada la naturaleza de la institución y sin la claridad de cómo proceder en un trámite de solicitud urgente de protección.
Teniendo en cuenta esta tragedia, el Ministro de Justicia plantea que se eliminarán los largos estudios de seguridad y que se fortalecerá, con carácter de emergencia, la dotación de esquemas de protección. Es de tener en cuenta que, a la fecha, la UNP solamente dispone de tres mil carros blindados, los cuales son acaparados, a menudo, por parte de personas que no los necesitan, en contraste con el nivel de vulnerabilidad en que se encuentran personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales e integrantes de cuerpos de seguridad expuestos a retaliaciones, por parte de grupos delincuenciales.
Esto requiere de una política formalizada, segmentada y proactiva, para anticipar factores de riesgo, protocolizada en términos de simplificación de trámites y dotación oportuna de los mecanismos de protección. Esto requiere de capacidad permanente para diferenciar los niveles de riesgo y amenaza individual y colectiva, con el propósito de neutralizarlos en la fuente, en la labor de control del entorno y del contexto con mecanismos de inteligencia y contrainteligencia y asignación de los recursos pertinentes.
Al tiempo, la extorsión representa el 41% de los delitos que se cometen desde las cárceles. Es una problemática en aumento y se requieren medios tecnológicos apropiados para el bloqueo de señales, sin afectar a las comunidades circundantes. Esto requiere de introducción de nuevas alternativas tecnológicas, a la par de la identificación de los responsables de la extorsión carcelaria. A la fecha, se ha logrado identificar a 30 personas, entre ellas varios líderes de “La Inmaculada”. El Presidente Petro plantea que todo miembro de banda delincuencial que siga delinquiendo desde la cárcel “debe ser ubicado en sitios sin comunicación de manera inmediata”.
No obstante, también es pertinente tener en cuenta que la movilidad de funcionarios de custodia entre establecimientos de reclusión y la movilidad de personas privadas de la libertad entre establecimientos trae y lleva conflictos de un contexto a otro, con las implicaciones correspondientes en materia psicosocial y de seguridad.
El tema de la política criminal pasa por una política de seguridad humana capaz de proteger al personal de las instituciones encargadas del servicio de custodia, a la par que se lucha en contra de la corrupción. También tiene relación con las políticas y estrategias de desmantelamiento de las bandas delincuenciales, por la vía de la justicia punitiva (retributiva) y de la justicia restaurativa, por la vía de la política penitenciaria y la universalización de los programas de resocialización de la población privada de la libertad.
Esto implica trabajar en la superación de los sesgos y privilegios en procesos de redención de tiempo de condenas por trabajo, estudio o enseñanza. Para ello, se requiere superar el daño que provoca en la logística de protección del personal privado de la libertad y del personal al servicio del Inpec, así como en la dotación de infraestructura, la separación existente entre el Inpec y la Uspec, ente que evidencia el ejercicio lento y tardío en materia de logística, con efecto negativo en la dinámica penitenciaria.
Esto incluye, además, la descongestión de los centros de reclusión mediante la implementación de procesos de alternatividad penal, a la para que se avanza en procesos de resocialización y la debida protección de la ciudadanía.
Por lo general, predomina en Colombia la concepción punitivista que pretende esconder de la sociedad a las personas privadas de la libertad y que entiende a lo que denominan las cárceles como parqueaderos de presos. A la par, la vida del personal de custodia no se entiende o se asume de manera intimidante. Pero, las cosas cambian cuando las familias se ven abocadas al afrontamiento de situaciones de pérdida de la libertad de un familiar o cuando corresponde desempeñar actividades laborales en establecimientos de reclusión. La sociedad colombiana requiere avances en materia de comprensión de estos contextos, para sacarlos de las visiones encriptadas, de intimidación, de segregación, de estigmatización y de odio, visiones que son distorsionadas por la propia soberbia, incapacidad investigativa y sensacionalismo de los grandes medios de comunicación.
_______________[1] Lancheros Katherine. Asesinato del director de La Modelo: ‘Pedro Pluma’ y ‘Pipe Tuluá’ y sus conexiones con este crimen. Infobae. Mayo 16 de 2024.
https://www.infobae.com/colombia/2024/05/17/asesinato-del-director-de-la-modelo-pedro-pluma-y-pipe-tulua-y-sus-conexiones-con-este-crimen/[2] Redacción Judicial. Inpec confirmó que no pidió seguridad para director de La Modelo, pese a amenazas. El Espectador. Mayo 17 de 2024.
https://www.elespectador.com/judicial/inpec-confirmo-que-no-pidio-seguridad-para-director-de-la-modelo-pese-a-amenazas/[3] Noticias UNP. Caso director de la cárcel Modelo: director de la UNP explicó cómo y por qué una persona es beneficiaria con un esquema de protección. Unidad Nacional de Protección. Mayo 17 de 2024.
https://www.unp.gov.co/caso-director-de-la-carcel-modelo-director-de-la-unp-explico-como-y-por-que-una-persona-es-beneficiaria-con-un-esquema-de-proteccion/[4] Quevedo Norbey. Cabos sueltos en asesinato del director de la cárcel Modelo: un lujoso apartamento y un millonario litigio. Agencia de Periodismo Investigativo – API-. Mayo 20 de 2024.
https://www.agenciapi.co/investigacion/justicia/cabos-sueltos-en-asesinato-del-director-de-la-carcel-modelo-un-lujoso-apartamento-y-un-millonario-litigio?twclid=2-4map7h6yxk7aw7y7casj8wkgf[5] Rodríguez Mario Alejandro. Seis personas habrían participado en crimen de Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo: se conocen más detalles. Infobae. Mayo 19 de 2024.
https://www.infobae.com/colombia/2024/05/20/seis-personas-habrian-participado-en-crimen-de-elmer-fernandez-director-de-la-carcel-la-modelo-se-conocen-mas-detalles/[6] Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional SIEDCO – PONAL. Información suministrada el día. 07/05/2024. Fecha de corte: 30/04/2024. Cálculos: Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios.