Por Walter Aldana
El objetivo central de la movilización realizada a Bogotá desde nuestro departamento, tuvo como fin la consecución de un decreto denominado Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA), que reconoce a las autoridades tradicionales de los 12 pueblos agrupados en la organización indígena regional su carácter de autoridad económica y ambiental en los territorios que habitan.
Inmediatamente se supo la noticia de que el gobierno nacional, por intermedio de su ministro del Interior Juan Fernando Cristo, había iniciado conversaciones con los movilizados en la búsqueda de un acuerdo que recoge las aspiraciones de los pueblos originarios, se generaron variadas opiniones al respecto, desde quienes dicen que es la ratificación del espíritu del artículo 287 de la Constitución Política Colombiana que reconoce las entidades territoriales indígenas y las facultades de las autoridades como administradores en las áreas educativas, ambientales, de salud y de derecho propio, en diálogo con la justicia ordinaria.
Es necesario diferenciar las comunidades y pueblos étnicos (indígena, afro y rom) del campesinado, que acaba de ser reconocido como sujeto diferencial de derechos, y avanzará en el inmediato y mediano futuro en su lucha por ser reconocidos como autoridades en sus territorios, sea desde las juntas de acción comunal, los movimientos cívicos, los territorios agroalimentarios, las zonas de reserva campesina y otras formas de organización campesina.
Otro sector en Cauca señala hoy con preocupación, con sustento en el largo trajinar de diferencias entre sectores sociales, conflictividades y enfrentamientos, además de que páramos, lagunas (incluida la que da vida al río Magdalena), y zonas de conservación ambiental, se encuentran mayoritariamente ubicadas en los territorios de resguardo, preguntándose cómo será la determinación sobre políticas medio ambientales en esas áreas protegidas, sustentadas en el contenido del decreto ley número 1094 del 28 de agosto de 2024, en relación a temas tales como antecedentes del reconocimiento al CRIC, el mandato de las autoridades, competencia y coordinación, principios, alcances del decreto, su protección en el bloque constitucional, la aplicación, autonomía y financiación.
¿En las agendas de las organizaciones sociales restantes, se coloca en concordancia con lo sucedido al orden del día, la brega por conseguir reconocimientos similares para AISO, los consejos comunitarios afro y las organizaciones del campesinado?
El presidente Petro trinó: «El decreto ATEA está listo. Ahora es importante lograr el gran pacto interétnico».
¡No hay otra ruta, otro camino, el pacto NO sólo es interétnico, es intercultural, debe contemplar la existencia del campesinado, el sector agro-industrial, la institucionalidad ambiental, los procesos de organizaciones de mujeres, etc … para construir un acuerdo real de paz y no la continuidad de la conflictividad social y económica de nuestro Cauca!!!