Por Walter Aldana Q.
Las transferencias del Gobierno nacional al departamento del Cauca por concepto del Sistema General de Participaciones en 2025 fueron de $ 1 billón aproximadamente. Los recursos del Sistema General de Regalías para el mismo año alcanzaron los $ 200 mil millones, a lo que se suman los recursos de capital (empréstitos, donaciones y rendimientos financieros, entre otros), más los derivados del esfuerzo fiscal propio del departamento, utilizados como libre inversión, que constituyen la disponibilidad presupuestal total del ente territorial regional, a todas luces insuficiente para atender las necesidades de nuestros cuarenta y dos municipios.
En búsqueda de mayor descentralización administrativa y financiera con relación a los recursos de la nación, el Gobierno progresista presentó una reforma constitucional ante el Congreso para modificar el Sistema General de Participaciones aumentando los giros a las entidades territoriales de manera progresiva hasta llegar al 39.5% al cabo de una década. La reforma fue aprobada por el Congreso mediante el Acto Legislativo # 3 de 2024, pero su entrada en vigor fue condicionada a la aprobación de la Ley de competencias que la reglamente y defina la transferencia de funciones a los entes territoriales.
En diciembre de 2025, el Gobierno progresista presentó a consideración del Congreso el proyecto de Ley de competencias, mediante la cual se establecen normas para fortalecer e incentivar la autonomía y el desarrollo territorial mediante la asignación de competencias a los entes territoriales receptores de los recursos del Sistema General de Participaciones, priorizando la garantía de los derechos y servicios de salud, educación y agua apta para el consumo humano y saneamiento básico. Así mismo, el proyecto incluye normas para ajustar la estructura de la administración pública, para contribuir al cierre de brechas territoriales de índole social, económico e institucional.
El retiro del proyecto de Ley de competencias por parte del nuevo Gobierno genera preocupación dada la visión de esta administración, contraria a la realización de los derechos sociales, y la parsimonia estatal para la definición de políticas, lo que incluye la presentación, discusión y aprobación de los proyectos de Ley.
La Constitución Política de 1991 estableció la transferencia del 50% de los recursos de la nación a los entes territoriales, pero las reformas a la Constitución aprobadas en 2001 y 2007 redujo al 24% el monto de las transferencias. Ahora, cuando mediante el Acto Legislativo 03 de 2024 se pretendió avanzar en el aumento del porcentaje de recursos de transferencia de la nación a los entes territoriales y en la redefinición de competencias para fortalecer la descentralización administrativa y financiera, por obra y gracia de “Firmes por la Patria” se aplaza la discusión en el legislativo y el “País Milagro” parece condenar a las regiones al destino de los parias.
Definitivamente aunque este es un país de regiones… Dios está en todas partes, pero atiende desde Bogotá.
