Por Albeiro Caro Fernández / Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo de la CNAI
Actualmente, por parte de diversos medios y candidatos se intenta posicionar el tema de la seguridad ciudadana como cuestión decisiva de la campaña electoral en Bogotá; como piedra de toque para el presente y el futuro de la ciudad. Sin lugar a dudas, este es un tema crucial que toca situaciones, sensibilidades, percepciones e intereses personales, familiares y sociales de la vida cotidiana. No obstante, se justifica la reflexión acerca de su importancia en relación con otros temas y con los móviles que inspiran a quienes lo presentan, de manera tan sesgada pretendiendo oscurecer problemáticas que, incluso, pueden contribuir a concertar soluciones estructurales y transversales que, también conciernen a la seguridad, a la convivencia, a la paz total y a la justicia social.
Si se pregunta a cada persona que habita o visita la ciudad de Bogotá: ¿Qué es para usted seguridad ciudadana? Probablemente, se encontrarán infinidad de respuestas dependiendo de las condiciones de existencia, de las relaciones, factores de riesgo y conflictos del contexto en que se vive. El común denominador puede ser coherente con el sentido de integridad y dignidad personal, con la protección de sus pertenencias y el nivel de goce efectivo del derecho a vivir, a subsistir, estudiar o trabajar, a transitar y disfrutar con tranquilidad de los servicios, bienes públicos y equipamientos dispuestos en la ciudad, como aspectos relevantes de la vida cotidiana en diferentes horarios, espacios y tipo de aglomeraciones, así como del ejercicio de las libertades democráticas.
Además, en tiempos de predominio de la psicología subjetiva, el concepto de seguridad está íntimamente relacionado con percepciones, representaciones sociales e imaginarios que cada quien construye a lo largo de su vida. Incide el tipo de relacionamiento con otros, el grado y dinámica de participación individual y grupal en la vida ciudadana. También influyen, a menudo de manera determinante, los medios de comunicación y las redes sociales con su tipología y sentido de mensajes, así como la manera de concebir, de sentir y de ejercer por parte de cada quien el derecho a la ciudad y de valorar la convivencia pacífica. Incluso, así se puede observar en la síntesis de respuestas ciudadanas, condensadas en el Informe 2022 de Bogotá Cómo Vamos [1], en relación con el tema de percepción de seguridad y convivencia en la ciudad de Bogotá, donde la preponderancia del papel de los medios y de las redes sociales en la sensación de inseguridad tiende a ser más relevante que la experiencia personal o familiar.
En efecto, con base en una muestra de 7.437 personas, residentes habituales mayores de 18 años, habitantes de 19 localidades urbanas y en correspondencia con los 6 estratos socioeconómicos, con un nivel de confiabilidad del 99.4% y un margen de error del 1.2% tiende a volver a crecer, en el uso de fuentes de información, el papel de los noticieros de televisión como “formadores de opinión” en seguridad. El papel de estos medios había decaído del 51% al 27%, durante 2019 y 2020, en tiempos de protesta social y de pandemia. Pero, volvió a subir y su nivel de incidencia se ha ubicado en un 40% en 2022, se acerca otra vez al nivel de 2018, cuando llegó al 43%. Mientras tanto, las redes sociales, aunque muestran una disminución en 2022, al ubicarse en el 23%, venían en un crecimiento sostenido del 13% al 34% en 2021.
En contraste, la experiencia personal ha oscilado entre el 17% en 2018 y pasado al 15% en 2022 cuando se volvió a elevar luego de haberse ubicado en el 7% en 2021, mientras que las experiencias familiares se han mantenido entre el 6%, el 7% y el 5% donde se ubicaron en 2021 y 2022. Esto evidencia que los delitos en la ciudad sí han crecido y conllevan riesgo para la mayoría de personas, aunque afortunadamente no han logrado afectar directamente a parte significativa de la población.
Es bastante llamativo que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia del Distrito (SDSCJ) [2] presente un consolidado estadístico desde 1962, con una disminución de los índices de homicidios en 2022. Se destaca que el número de asesinatos tuvo una disminución de 133 casos, con relación a 2021, equivalente a una reducción del 12%. En proporción, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes resultó ser la más baja en 60 años.
En términos de cifras absolutas y porcentajes, la estadística es como se muestra en las gráficas de izquierda y derecha, respectivamente. Llaman la atención el pico de violencia de 1984 y los declives posteriores:
Esto, no significa desconocer lo grave de la situación de seguridad, que se ha complicado en 2023, como muestra la propia Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Al respecto, su Boletín Mensual de junio de 2023 [3], muestra un incremento en el número de asesinatos entre el 01 de
enero y el 30 de junio de 2023, con relación al mismo período de 2022. En el caso de los feminicidios, estos disminuyeron en un 24%. Pero, los homicidios aumentaron en un 15%, lo que significó un incremento del 10,9%, en el consolidado total. Los días más peligrosos son los viernes, sábados y domingos en la madrugada y en la noche. Es notable la reducción del índice de lesiones personales en 2023 en todas las localidades, con una disminución global del 11,1% en el consolidado total. Los días con mayores incidentes siguen siendo los sábados y domingos, especialmente, en la madrugada, en la tarde y en la noche.
En cuanto a la violencia intrafamiliar hubo una disminución del 34% en el consolidado, con baja del 46.2% en agresión a mujeres y del 2,2% en el caso de hombres, a partir de un total de 15.094 casos denunciados en 2023, frente a 22.975 en 2022. Sin embargo, los datos históricos no aseguran tendencias sostenibles si no se trabaja en el terreno de la cultura ciudadana, los derechos humanos y la transformación pacífica de conflictos. Hay una tendencia al incremento de las riñas en un 1,7%, especialmente, en Teusaquillo, Barrios Unidos y Fontibón. En Suba hay un incremento del 1%. De 210.434 casos en 2022, se pasó a 215.762 casos en 2023, con un incremento general del orden del 2,5% entre enero y junio de 2023. La sanción por porte ilegal de armas se elevó a 85.720 casos.
Con relación al hurto a personas hay un incremento del 28,2% entre enero y junio 30 de 2023, con relación al mismo período de 2022. Se pasó de 57.395 casos a 73.563. Sólo hubo reducción del 2,4% en Bosa y del 20,2% en Tunjuelito. Excepto en Sumapaz, donde las cifras son cero para ambos períodos considerados, en las demás localidades hubo incremento en este delito. Los días de menos peligro son los domingos y, durante la semana, el mayor riesgo es en la mañana y en la noche.
El mayor índice de hurto a residencias ocurrió en enero de 2023, con 786 casos y ha venido disminuyendo, pero, se mantiene igual o superior a 2022, en todos los meses, por encima de los 500 casos. En todas las localidades hay incremento, excepto en Ciudad Bolívar donde hubo disminución del 1,6%, al pasar de 185 casos en 2022 a 182 entre enero-junio de 2023.
El hurto de vehículos ha aumentado en un 7,8% entre enero y junio de 2023, con relación al mismo período de 2022. En el caso de víctimas mujeres, se ha reducido el hurto de sus vehículos en un 15,8%, al pasar de 285 casos a 240, en el período considerado. Pero, en el caso de los hombres hay un aumento de 182 casos, al pasar de 1.496 a 1.678, lo que implica un incremento del 12,2% durante el período de referencia. Los incrementos mayores se dan en Antonio Nariño, Teusaquillo, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Usme y Suba. En el caso de las motos, el hurto tiene una disminución del 1,9% al pasar de 2.538 casos en 2022 a 2490 en el período considerado de 2023. El mayor incremento es en Usaquén, con un índice de crecimiento del 60%; le siguen, Tunjuelito con un incremento del 25,6%, Engativá, con el 19,8% y Fontibón con el 16,9%. El día de mayor riesgo es el miércoles en horas de la noche.
En robo de celulares hay una disminución del 6,2%; va de 28.848 casos entre enero-junio de 2022 a 27.705 casos entre enero-junio de 2023. El mayor riesgo es en horas de la mañana y en la noche; pero, todos los días evidencian alto nivel de riesgo, excepto los domingos. En hurto de bicicletas hay una disminución del 1,3% al pasar de 4.124 casos a 4.071. Las cifras se presentan oscilantes, pero, superiores a los 600 casos por mes. También se presenta disminución de casos en Chapinero, Tunjuelito, Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Usaquén y Usme e incremento en Barrios Unidos, Fontibón y Teusaquillo. Todos los días son riesgosos, especialmente, los miércoles y jueves en la mañana y en la noche.
En relación con las medidas de seguridad, el 27 de julio de 2023, ante citación de la Personería Distrital, los Secretarios de Gobierno y de Seguridad acudieron para informar acerca de las estrategias adoptadas, frente a la oleada de inseguridad de las últimas semanas. Al respecto, se definió el “Plan Bogotá 60” [4] consistente en la priorización de 60 barrios. El 47% de estos barrios están en Kennedy, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Engativá. Se han asignado mil policías, 300 servidores de la Secretaría de Seguridad y 300 fiscales para realizar 1.904 intervenciones mensuales de prevención y control para combatir las rentas criminales, contener y reducir el índice de delitos, promover la denuncia y el desarme ciudadano, entre otras medidas. Se pretende reforzar los comandos nocturnos, las caravanas por la vida, la desactivación de riñas, los planes guitarra de la Policía y los operativos de inspección. Se cuenta con 9.147 cámaras de video-vigilancia; el análisis de 95 estructuras delincuenciales desmanteladas, la información de Gestores de Convivencia en 1.171 zonas catastrales. Esta actividad cuenta con el apoyo de 800 redes ciudadanas y el trabajo de siete comandos especializados: Comando Nocturno, Comando Centro, Comando Corabastos, Comando Púrpura, Comando Ambiental, Comando Bogotá Limpia y Comando Transmilenio) y la puesta en operación del Comando Élite y el Grupo de Reacción Bancaria.
A manera de reflexión, el tema de la seguridad ciudadana es más notable en escenarios de incertidumbre, tan característicos de la vida contemporánea, donde la complejidad de los factores que confluyen inciden en la calidad de vida y vuelven impredecibles los pronósticos. Es decir, la incertidumbre ha llegado para quedarse; a la vez, presiona la psicología de la vida cotidiana, donde el común de la gente procura tranquilidad, estabilidad, certeza, a la par que necesita capacidad de adaptación y de confianza.
Sin embargo, el tema de la seguridad ciudadana adquiere mayor relieve allí donde los lazos sociales son más frágiles, donde cunden el individualismo, la fragmentación social o existe influencia de bandas criminales y grupos multicrimen. Pero, el esmero en el tratamiento de cifras no puede llevar a soslayar la incidencia de pactos armados de silencio, negociación de esferas de influencia e intimidación a la ciudadanía que calla o es controlada por dichos grupos que operan en actividades de narcotráfico, comercio de armas, trata de personas, de especies, extorsión y crédito gota a gota, entre otras rentas ilegales, en actividades de fraude financiero o corrupción de la gestión pública. En varios casos, es necesario distinguir el asesinato a ciudadanos, por razones de riñas o hurtos, del ajuste de cuentas entre bandas criminales. El sicariato se ha venido practicando en Bogotá, como parte de vendettas y lucha por el control territorial, por parte de bandas criminales de alcance nacional y transnacional.
Esto se aprovecha, por ejemplo, en la actual coyuntura electoral de la ciudad y del país para que, desde el populismo punitivo, surjan narrativas que evocan ambientes de miedo mediante mensajes y discursos intimidantes que tienden a generalizar la gravedad de la situación. En efecto, se construyen analogías con monstruos e infiernos, como manera de apoyarse en eventos luctuosos y en hechos trágicos, con el fin de anteponer como producto político, como única alternativa, las psicologías caudillistas que, supuestamente, llegan a “salvar a Ciudad Gótica”. Así, se intenta reciclar y representar personalidades míticas, teatrales; se juega con símbolos, en apariencia salvadores que a la postre paralizan la voluntad social al exigir que se les delegue la potestad de “combatir el crimen” con lo que menoscaban el derecho a participar. En cambio, nada se dice con respecto al papel de las bandas multicrimen, al riesgo de reclutamiento de sectores de la juventud, a la par que vanamente intentan ocultar sus trayectorias autoritarias y los hechos luctuosos provocados, como la muerte de jóvenes en jornadas de protesta social, las lesiones oculares y los falsos positivos judiciales y los consabidos actos de corrupción, así como la agresión física y la segregación social.
Bien podría pensarse que este tipo de soluciones serían inconcebibles en el siglo XXI, en sociedades que han aprendido a reírse del cine de terror y de las películas del oeste donde “el caballo del malo es más lento”. Sin embargo, las cercanas experiencias y simpatías desde grandes medios y voceros de la ultraderecha por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, no dan lugar a dudas acerca de la amenaza que puede configurar este tipo de opción política autoritaria, con menoscabo para la convivencia democrática y para la vida digna.
En síntesis, la respuesta más precisa al interrogante inicial estaría relacionada con la variedad existencial y cultural de las personas, familias y organizaciones que habitan la ciudad. Esto se expresa en cómo los territorios y sectores sociales viven, perciben y satisfacen sus necesidades, expectativas y deseos de manera diferente; en diversos contextos culturales de definición de estándares y dinámicas de calidad de vida; en su múltiple relación con el modelo económico, con el entramado social, lo que conlleva el juego de intereses y el involucramiento en los conflictos propios de una ciudad capital forjada a través de múltiples confluencias poblacionales surgidas desde la migración, del desplazamiento por violencia en el país y, en menor medida, del crecimiento vegetativo, entre otros factores. Bogotá, es una ciudad que requiere dignificación de sus territorios y comunidades, que demanda inclusión social en el entendido que, si no es acogedora y de calidad de vida para sus habitantes, tampoco puede ofrecer calidad de vida para sus visitantes.
Una condición relevante para plantear políticas, incluida la de seguridad ciudadana tiene que ver con que Bogotá es heterogénea, fragmentada y diversa. Está inserta en el contexto global y posee sus propias lógicas de narrativas urbanas, experiencias y simbologías construidas a lo largo de las vivencias y experiencias individuales, grupales y territoriales, que cobran significado en la cultura, interpelan la convivencia, lo que vuelve más rica y retadora la capacidad de dialogar, de encontrarse y de reconocerse mutuamente en identidades, expectativas y agendas compartidas de ciudad.
También, habría que tener en cuenta los factores de riesgo, los peligros, incidentes y eventos que pueden afectar la calidad de vida individual, grupal y social. Estos presentan trayectorias y comportamientos diversos y contradictorios, según el momento histórico y tienen que ver con la manera como se controlan dichos factores desde el punto de vista del autocuidado y desde el servicio público de protección de la ciudadanía. La ciudad es cambiante; no es lo misma aquella Bogotá que padeció los atentados de Pablo Escobar, a la de la “guerra sucia” que acompañó indignada e insumisa, el sepelio de infinidad de líderes políticos y candidatos presidenciales de oposición, ni la que fue escenario de la intervención del Bronx, por parte de la administración Peñalosa, así como su impacto en la propagación de las denominadas “ollas” desplazadas a más de once zonas de la ciudad. Tampoco aquella de la noche de miedo. De la falsa invasión de los conjuntos residenciales, en medio del 21-N de 2019, tras el asesinato de Dylan Cruz, o la de los estallidos sociales del 2020, tras la muerte de Javier Ordóñez a manos de agentes policiales y la del estallido social del 2020.
Como es evidente, la ciudad necesita de un programa de reencuentro y reconciliación, como parte fundamental de la política de seguridad, paz y convivencia. En este marco, el servicio público, normalmente, corresponde a las autoridades y a los organismos de seguridad, así como a los mecanismos de convivencia y justicia. Son trágicas las experiencias de pretensión privatizadora del servicio de seguridad, como lo recuerda la reciente historia del paramilitarismo en el país y su penetración soterrada en la ciudad, a través del Bloque Capital y de dinámicas de construcción de redes de contactos territoriales y virtuales, con aprovechamiento y cooptación de espacios, como los Frentes de Seguridad, en algunas zonas de la ciudad. Tampoco son tan lejanas las trágicas experiencias de “limpieza social” en zonas estigmatizadas de Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy, Barrios Unidos y Usaquén, entre otras, que llevaron en 2010 a la juventud de aquellos días a tomar iniciativas culturales, como la realización de las “Noches Púrpura” y las “Noches Sin Miedo”, que llegaron a convertirse en verdaderos festivales de reencuentro y resistencia juvenil contra el paramilitarismo, a la luz de la luna.
Llegados a este punto, también, cabe afirmar desde una perspectiva de desarrollo a escala humana [5], que la seguridad ciudadana está íntimamente relacionada con la satisfacción de la necesidad de protección en los ámbitos existenciales del ser, del tener, del hacer y del estar. Esto, lleva a dinámicas del cuidado, a los sistemas de garantía de derechos; de cooperación, prevención, planificación y control de factores de riesgo en la fuente que los produce, en el entorno vital donde pueden impactar, en su probable o real incidencia en las personas potencialmente afectables, así como en la priorización de la investigación y destrucción de las cadenas criminales, especialmente, con el foco de atención estratégico puesto en sus eslabones determinantes. Es decir, es fundamental en la estrategia de seguridad, el fortalecimiento de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, con aplicación dedicada de talento humano y recursos técnicos, para identificar y judicializar las cadenas de mando relacionadas con el crimen organizado, con la obtención de rentas criminales, así como la corrupción de agentes estatales y privados; actores que, normalmente, no habitan los territorios “peligrosos”.
La satisfacción de la necesidad de protección, idealmente concebida en un escenario sinérgico exento de fricción y juego de intereses, podría pensarse que es el producto de procesos de consenso y concertación, libre de conflicto y coacción. Pero sucede que, en las sociedades complejas y turbulentas, como la bogotana, en que se desenvuelve la vida cotidiana confluyen dimensiones psicológicas, culturales, políticas, económicas, sociales, grupales y jurídicas, para dar respuesta a las problemáticas de seguridad. Respuestas, que están mediadas por intereses contradictorios, no solamente en relación con el concepto, sino con la hegemonía del poder centrado en élites y grupos que se valen de zonas grises y vacíos para implantar soluciones autoritarias, en contraste con la democratización de soluciones sociales, desde el Estado de Derecho.
A menudo, como sucede ahora en medio de la campaña por la Alcaldía de Bogotá, las soluciones de seguridad, entendidas como satisfactores de la necesidad de protección, están determinadas por dos factores: 1) por concepciones, legislaciones, intereses políticos y económicos de los grupos de poder y sus narrativas que sesgan datos, resaltan efectos y ocultan causas y 2) por las dinámicas del mercado de bienes y servicios tangibles e intangibles de la industria de la seguridad que, cada vez más, se articula con los dispositivos institucionales, la logística de contextos, de infraestructura, de transportes, de dotación y equipo hasta llegar a una cadena productiva internacional, en el mundo de las TIC y de la ingeniería artificial.
El primer factor es, tal vez, el más problemático. Como lo afirma De Sousa [6] refiriéndose a la Incertidumbre de la Dignidad,
“Todos los Estados y organizaciones internacionales proclaman la exigencia de los derechos humanos y se proponen defenderlos. Sin embargo, como la Alicia de Lewis Carroll en A Través del Espejo, atravesando el espejo que esta narrativa consensual propone, o mirando el mundo con los ojos de Blimunda en la novela de José Saramago, Memorial del convento, que veían en la oscuridad, nos encontramos con algunas comprobaciones inquietantes: la gran mayoría de los seres humanos no son sujetos de derechos humanos, sino objetos de los discursos estatales y no estatales de derechos humanos; hay mucho sufrimiento humano injusto que no se considera una violación de derechos humanos; la defensa de los derechos humanos a menudo ha sido invocada para invadir países, saquear sus riquezas, extender la muerte entre víctimas inocentes; en el pasado, muchas luchas de liberación contra la opresión y el colonialismo se llevaron a cabo en nombre de otros lenguajes y narrativas de emancipación sin hacer referencia a los derechos humanos..”.
En tal sentido, es común encontrarse con campañas encaminadas a “sembrar miedo para vender seguridad”. Con base en esto, las soluciones se sustentan en la teoría de la seguridad nacional, en la burocracia y en el autoritarismo, con afectación del derecho a la vida, a la participación y a las libertades democráticas. Los portavoces de tales soluciones se erigen en héroes salvadores, solucionadores de problemas, patriarcas o “vigilantes de la noche”, al estilo Batman o Superman y llevan a estereotipos, al adoctrinamiento, al fanatismo y a la militarización.
En contraste, la ciudadanía bogotana tiene potencial para construir proyectos colectivos zonales, locales y de ciudad, así como para remontar situaciones desfavorables, de riesgo o amenaza contra su bienestar y tranquilidad, en medio de su diversidad social y territorial. Ha sido capaz de construir relaciones sociales de vecindad, a pesar de la fragmentación propia de la segregación espacial, del tamaño de la ciudad y de la tradicional desconfianza para el relacionamiento entre personas desconocidas.
Este factor medular plantea el reto de asumir, como respuesta a los escenarios de incertidumbre, los enfoques prospectivos que en el terreno de lo público son capaces de movilizar talentos y voluntades, en apuestas de visiones compartidas de futuros deseables y posibles.
En este marco, un elemento relevante tiene que ver con los ajustes que se requieren desde el ámbito jurídico para que el Estado Social de Derecho se fortalezca; para que su componente jurídico se desarrolle en aspectos y elementos relacionados con la protección de las víctimas del hurto callejero. Es necesario procurar en el corto, mediano y largo plazo la judicialización de los victimarios, su resocialización y la superación de elementos socio-económicos, educativos y culturales que llevan a la reincidencia. Este es un cuello de botella a superar desde los ámbitos de la justicia retributiva que penaliza y castiga al delincuente y la restaurativa, que pone al centro a la víctima, como necesidad del desarrollo judicial alternativo.
Fuentes:[1] Bogotá Cómo Vamos. Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá. 2022.
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/items/94d96ed3-f99e-4b79-a529-8046e65ca73f[2] Fernández Anibal. SDSCJ. Bogotá terminó el 2022 con la menor cantidad de homicidios desde 1962: estas son las cifras. Infobae. Enero 02 de 2023.
https://www.infobae.com/america/colombia/2023/01/02/bogota-termino-el-2022-con-la-menor-cantidad-de-homicidios-desde-1962-estas-son-las-cifras/[3] Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos OAIEE. SEDSCJ. Boletín Mensual de Indicadores de Seguridad y Convivencia. Junio 30 de 2023.
https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_oaiee/Reporte_bogota_2023_06.pdf[4] Secretaría de Seguridad y Convivencia. El Plan Bogotá focalizado en 60 barrios, muestra una tendencia a la baja en 8 delitos de alto impacto en los primeros 28 días de implementación. Comunicado de Prensa. Julio 31 de 2023.
https://scj.gov.co/es/noticias/plan-bogot%C3%A1-focalizado-60-barrios-muestra-tendencia-la-baja-8-delitos-alto-impacto-los[5] Max-Neef Manfred, Elizalde Antonio y Hopenhayn Martín. Desarrollo a escala humana Opciones para el future. Edición de Biblioteca CF+S, Madrid, Marzo de 2010.
http://habitat.aq.upm.es/deh/adeh.pdf[6] De Sousa Santos Boaventura. La incertidumbre, entre el miedo y la esperanza. La difícil democracia. Una mirada desde la periferia europea. Ediciones Akal. 2016.