Por Albeiro Caro
Son dantescas las escenas del exhibicionismo triunfal protagonizado por Abelardo de la Espriella, en ejercicio de funciones presidenciales, acompañado de su séquito gubernamental y militar caminando entre 23 cadáveres metidos (empacados) en bolsas blancas; entre ellos los de dos menores, después de un bombardeo en el Guaviare.
Tales imágenes degradantes evocan los aciagos días del imperio de los chulavitas y de los pájaros azules; escuadrones de la muerte al servicio de los gobiernos conservadores de Mariano Ospina y Laureano Gómez. Ellos retomaron el poder a mediados del siglo pasado, en el marco de la restauración conservadora, después del declive de la república liberal y de la revolución en marcha encabezada por los dos gobiernos liberales de López Pumarejo.
En su texto, “De los pájaros azules a las águilas negras. Estética de lo atroz. Psicohistoria de la Violencia política en Colombia” [1], Edgar Barrero Cuellar, su autor, hace un abordaje crítico del despotismo y de la crueldad, como base moral del cinismo y de la impunidad basado en instituciones que avalan y solapan la humillación de quienes son considerados “enemigos de la patria”.
El pasado puede medirse en términos de décadas, aunque siga como presente continuo en las realidades trágicas.
Si bien la nota predominante de la presente confrontación del siglo XXI, entre grupos armados ilegales entre sí y con la Fuerza Pública, nada tiene de sublime o de altruista y, por el contrario, profundiza su tendencia a la degradación, al colocarse al centro la pugna por el control de rentas ilegales provenientes del narcotráfico, de la minería ilegal, del secuestro, la extorsión y el tráfico de personas, así como la captura del erario y de bienes públicos, en regiones y programas sectoriales, no es posible homogenizar la naturaleza de tales grupos con la etiqueta reduccionista de “terroristas” y borrar la universalidad de los derechos humanos para legitimar el ejercicio de la fuerza desmedida por parte del Estado.
Así lo reconoce la propia Corte Constitucional al declarar exequible el núcleo de la Ley de paz total (Ley 2272 de 2022) y al establecer un clara diferencia jurídica y conceptual entre los denominados grupos insurgentes que, todavía se rigen por fines políticos y las bandas criminales de alto impacto. Sin embargo, reconoce la pertinencia de lo punible, de lo restaurativo, así como de la posibilidad de negociar acuerdos con los primeros y de dialogar hacia el sometimiento a la justicia, con los segundos.
Reconocer los problemas, limitaciones y frustraciones de la implementación de la política de paz total no puede opacar la validez de fortalecer la protección de los derechos humanos en general, de víctimas y de combatientes, de las comunidades territoriales, étnicas, urbanas y campesinas, del Derecho Internacional Humanitario y de la protección estatal de los niños y las niñas en contra del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales, así como del debido proceso de los distintos integrantes de los grupos armados ilegales, para su judicialización. Incluso, del respeto por los cadáveres de quienes han perdido la vida en medio de la confrontación.
Colombia padece de bucles históricos donde los conflictos se repiten como una especie de condena a retornar al pasado. Cambian los contextos, pero siguen los problemas y las causas. Cambian los nombres de los protagonistas, gracias a los ciclos vitales humanos y entran nuevos sujetos en la trama, a menudo en el marco de relaciones de consanguinidad y afinidad, con las mismas prácticas culturales, simbólicas y patriarcales, ahora expansibles con base en los nuevos púlpitos facilitados por las redes sociales, los medios de comunicación y la inteligencia artificial, lo que les facilita incentivar el fanatismo, desde la guerra cognitiva, ahora denominada “batalla cultural”.
En efecto, los nexos familiares predominantes siguen siendo los mismos, aunque el actual dice llamarse el gobierno de los “nunca”. Después de la independencia de España, los apellidos se repiten en la élite, como abolengo de unas dinastías inventadas mediante privilegios heredados a partir de la concentración de la tierra, de la práctica violenta del despojo, de la formación de entramados con economías ilegales, de roscas de poder y de la captura de las instituciones públicas, a diversos niveles en lo nacional y territorial.
De tal linaje se ufana el flamante vicepresidente, José Manuel Restrepo, mostrando las fotos de su bisabuelo y del “trastatarabuelo”, quienes fueron cancilleres de la República. Da para pensar que Colombia viene de la Patria Boba y ha recalado en la Patria Milagro que, en buena medida, la recicla.
En tal contexto del gobierno de “los nunca” emergen del pasado con sus banderas, consignas y prácticas políticas, los nietos y bisnietos de Laureano Gómez, con toda su carga de nepotismo, elitismo, homofobia y cristofascismo. Así, el Senador Enrique Gómez Martínez, nieto de Laureano es el Padre de Nicolás Gómez Arenas, Jefe del Despacho Presidencial y es hermano del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.
De hecho, Abelardo de la Espriella, como expresión de sectores emergentes, se integra a la élite, a raíz de roles y prácticas análogas a las que en su respectivo momento llevaron a cabo personajes como César Gaviria, Néstor Humberto Martínez o Álvaro Uribe, entre otros. Aunque el Laureanismo no pesaba como sector político en el país, la adhesión a De la Espriella le permitió llegar al Congreso y al gobierno.
El sentido está en cumplir una agenda favorable al modelo económico y al poder político, en un momento histórico específico de correlación de fuerzas entre actores de conflicto, juego de intereses y agendas elitistas, en lo nacional e internacional.
El gobierno de Abelardo retoma en sus discursos la consigna laureanista heredada de la Encíclica Quas Primas de Pío XI, de la guerra cristera de México en 1925, de la lucha contra la república por parte del Carlismo español y del franquismo, de “Viva Cristo Rey”, como una frase de batalla para arreciar una especie de cruzada guerrera confesional, que contradice la naturaleza laica y pluralista del Estado colombiano.
Se trabaja en el terreno de las emociones para justificar la violencia y potenciar la reacción de personas en espacio social y con ayuda de bots en las redes, en contra de las voces discrepantes, con respecto a los mensajes e intereses predominantes de lo que empieza a configurarse como un régimen autoritario en la forma y en el fondo, sin autonomía, al estar subordinado a las políticas e intereses del Gobierno Trump, en el marco de la estrategia del Escudo de las Américas.
Tal entronque internacional invita a recordar que, en 1951 el Gobierno de Laureano Gómez involucró al país, como el único país de América Latina, participante en la guerra de Corea, como una estrategia para congraciarse y obtener apoyo financiero y militar de la potencia norteamericana, después que el conservatismo colombiano estuviera en el bando de apoyo al nacifascismo europeo derrotado en la segunda guerra mundial.
Como ayer, hoy se está en el terreno de la guerra psicológica; se manipula la fe y se trabajan intensamente las emociones; en especial, el miedo, las sensaciones de inseguridad y los sentimientos de odio encaminados a asegurar la fragmentación social, las pasiones irracionales y el fanatismo que inhibe la capacidad de reflexión.
Así, mientras se aborda como factor generador de impulso gubernamental el tema de la seguridad y, como método operacional relevante el bombardeo, el Gobierno De la Espriella busca resultados inmediatos cuya medición se concentra en bajas, especialmente, de cabecillas de grupos armados ilegales.
La meta es eliminar o capturar, al menos a diez cabecillas en los primeros cien días de gobierno. Los objetivos principales son los comandantes del ELN, de las disidencias Pos Farc de Iván Mordisco y Calarcá y del Clan del Golfo, así como la controvertidamente lograda eliminación de alias Bendito Menor, su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona y dos escoltas, con una puesta en escena similar a la presentada en el Guaviare.
Esto parece tender a convertirse en ritual, así existan versiones encontradas acerca de una supuesta operación dentro de las propias filas de la ACSN, o de la coordinación con la policía o, incluso, de un seguimiento y preparación de seis meses atrás para su captura o aniquilación en caso de resistencia armada, según versiones del anterior ministro de Defensa; o también, de pasos ante la Fiscalía para someterse a la justicia adelantados por parte de Rosa Angélica Tarazona.
En ese contexto, de asombro y crítica, se viene presentando el fenómeno de la mordaza a los medios. Mediante la definición de una directriz que centraliza la comunicación gubernamental, se prohíbe a los ministros y, ahora, al director del DANE, realizar ruedas de prensa sin contar con un visto bueno; la centralización de la vocería gubernamental queda en cabeza del abogado Miller Soto y la revisión previa, desde presidencia, con respecto a los mensajes de los ministerios a publicar en redes sociales.
A la par, se cierran programas periodísticos como el de Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo de Blu radio; además, fueron suspendidas las emisiones informativas y culturales de veinte emisoras surgidas del Acuerdo de Paz, con el pretexto de hacer revisiones administrativas.
Al tiempo, el espacio del conocido caricaturista, Vladdo, fue cancelado en RCN Televisión, presumiblemente, por haber reproducido en blanco y negro una captura del video en el que De la Espriella camina entre bolsas de cadáveres.
En su columna de El Tiempo [2], Vladdo escribe “La imagen de un presidente dizque católico pavoneándose ante las cámaras entre hileras de cuerpos envueltos en bolsas plásticas blancas, y con el gesto de quien muestra un botín de guerra, no puede ser más tétrica. Ni más indolente. En cualquier civilización, el cadáver marca un límite. A los muertos se les lava, se les nombra, se les cubre”.
La controversia escala hasta el campo jurídico, tanto en relación con la afectación de niños en bombardeos, como en relación con la exhibición de Abelardo de la Espriella, caminando en medio de cadáveres empacados. En respuesta a tutela interpuesta por el Congresista Santiago Osorio, el Juzgado Catorce Laboral del circuito de Bogotá [3] ordenó ocultar los videos de referencia la cuenta oficial de Presidencia en Instagram y vinculó a la Comisión de Regulación de comunicaciones, al MinTIC y al ICBF en la óptica de proteger el derecho a la integridad personal de los niños, las niñas y adolescentes del país, con base en el artículo 18 de la Ley 1098 de 2006, para amparar a los menores de edad frente a contenidos que pueden generar daño o sufrimiento psicológico.
Pero, la agenda regresiva en seguridad, por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella profundiza su dinámica de desmonte de la Paz Total, llegando a desmantelar las mesas de negociación y de diálogo con los diversos grupos. Hasta el extremo de acabar con la Zona de Ubicación Temporal de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en el Putumayo donde se concentran 99 excombatientes, quienes hicieron dejación de armas. El cierre está previsto para el 30 de septiembre. Ahora se remite a las personas para atención individual por parte de la Agencia Nacional de Reincorporación.
Simultáneamente, el gobierno emite resoluciones para revocar nombramientos de voceros gubernamentales en las mesas de negociación con el ELN, El Clan del Golfo o Ejército Gaitanista. Es de resaltar que dichos delegados ya habían renunciado para dejar en libertad al gobierno entrante, con respecto a los pasos a dar dentro de su política de seguridad.
Igualmente, el Gobierno De la Espriella desmontó el proceso adelantado con Comuneros del Sur y los diálogos con las bandas de Medellín, cuyos voceros fueron trasladados a otros Establecimientos de Reclusión.
En su procacidad, Abelardo de la Espriella arremete en contra del gobernador de Nariño, Luís Alfonso Escobar, supuestamente, por realizar negociaciones clandestinas con grupos armados ilegales, en el departamento.
No obstante, el gobernador se defiende mostrando que el gobierno Petro había autorizado diálogos territoriales, pero, la política corresponde al gobierno nacional. Enfatiza, como muestra Sandra Segovia [4] en que no puede haber contradicción entre paz y seguridad. Los diálogos departamentales realizados son con las comunidades e invita a De la Espriella a explorar cómo trabajar de manera diferenciada y no homogénea en las regiones. Máxime, cuando en el departamento de Nariño hay más de 3.200 hombres en armas y más de 2,000 negociaron con el gobierno Petro. Pero, la paz no se hace con el actor armado.
En este contexto ocurre la visita de Marco Rubio al país, muy temprano en relación con la posesión de De la Espriella. Esto tiene su asidero en la firma de compromisos para apropiarse de tierras raras, en un contexto en que el gobierno Trump intenta romper el cuello de botella que representa el control chino de estas riquezas y su importancia para la industria aeroespacial, de telecomunicaciones y militar, en medio de su escasez de misiles motivada por las guerras en Ucrania e Irán y la pérdida de ventajas competitivas del complejo militar-industrial de USA.
En el plano relacionado con el Escudo de las Américas, De la Espriella procura posicionar el país como el principal socio de Estados Unidos en seguridad hemisférica y lucha en contra de lo que denomina, el narcoterrorismo. En dicho contexto, pide a Estados Unidos implementar un “Plan Patriota del Siglo XXI”, como segunda versión de apoyo financiero y logístico suministrado por el gobierno de Estados Unidos a comienzos del siglo, para combatir a la guerrilla.
A pesar del hermetismo y negacionismo por parte del gobierno y del Consejo de Estado, acerca de presuntas operaciones conjuntas con fuerzas militares de Estados Unidos, en suelo colombiano, sin autorización del Senado, el periódico digital MiOriente [5] divulga que dos helicópteros UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos realizaron sobrevuelos de evaluación operacional sobre el espacio aéreo del puerto de Tumaco en Nariño, el pasado 27 de agosto.
La noticia se conoció a través del Comando Sur y la reportaron como “una evaluación o prueba operacional sobre la zona rural y urbana del Puerto. El Comando Sur plantea, entre otros aspectos, que estas operaciones se realizan con el objeto de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria mediante una presencia continua.
Con base en solicitud de la Organización Temblores ONG, a través de sus directores, el Consejo de Estado emitió respuesta el 7 de septiembre en la que confirma la no recepción de solicitudes encaminadas a que este tribunal emita concepto en relación con el ingreso, tránsito, permanencia o participación de tropas extranjeras en territorio colombiano ni en relación con eventuales operaciones militares conjuntas con USA.
Después, Temblores ha recibido respuestas de Mindefensa al derecho de petición. En todos los casos, se niega la realización de operaciones conjuntas. Sin embargo, el Secretario de Guerra de USA afirma que el gobierno colombiano, las autorizó.
El último hecho político relevante en materia de seguridad, en el primer mes de gobierno De la Espriella, tiene que ver con el levantamiento de prohibiciones para el porte legal de armas lo que, a juicio de varios analistas, constituye el reconocimiento del fracaso, como sociedad, para controlar desde el Estado los factores de riesgo. Esto seguramente va a impactar en los espacios de convivencia familiar, vecinal, laboral y escolar. Un país que no ha aprendido a tramitar sus conflictos y apuesta por la guerra es presa fácil de las riñas y confrontaciones personales, como lo muestran los indicadores de tipos de intervención policial.
Así que el futuro de la convivencia ciudadana y del conflicto armado muestra importantes retos por superar desde políticas de paz y desarrollo de la cultura de la negociación.
Fuentes:[1] Barrero Cuellar Edgar. De los pájaros azules a las águilas negras. Estética de lo atroz. Psicohistoria de la Violencia política en Colombia. Corporación Cátedra Libre Ignacio Martín-Baró. Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología –ALFEPSI–. 2011.
www.catedralibremartinbaro.org
catedralibremartinbaro@gmail.com[2] Vladdo. Las bolsas del fracaso. El Tiempo. Septiembre 08 de 2026.
